nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, comparece OCTAVIO ANDRÉS PÉREZ DONOSO, abogado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en nombre y a favor de nombre reservado domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos en su calidad de representantes de la sucesión quedada a la muerte de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado; ya que de forma arbitraria e ilegal han impedido el uso de la servidumbre de acueducto y postación legalmente constituida a favor de su representada, vulnerando, privando y perturbando derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República.

Indica que el recurrente que para realizar un Proyecto de Riego en el rio Tiguiririca con fecha 19 de mayo de 2017, celebra un contrato de constitución de servidumbre con la sucesión quedada al fallecimiento de don nombre reservado para el paso subterráneo de una tubería de conducción de agua de riego.

Agrega que a su vez, se constituyó en el mismo instrumento, servidumbre de postación y cableado eléctrico sobre la misma franja del acueducto a un precio por ambas servidumbres de $20.000.000 que se pagaron al momento de la suscripción del contrato; realizándose en unos meses las obras de instalación de ductos, quedando pendiente la instalación de los postes de luz.

Señala que con fecha 13 de enero del presente, envió a su personal a trabajar en las mediciones de la servidumbre, pero le fue negado el ingreso por nombre reservado, por una deuda pendiente que tendría un tercero don nombre reservado, persona que no tiene ningún tipo de relación con ellos, ya que sólo se contrató por un servicio específico teniendo poder para suscribir instrumentos aclaratorios, complementarios o rectificatorios, que digan relación con la servidumbre, pero carecía de facultades para realizar negociaciones anexas al contrato, como fijar un nuevo precio, lo que le es inoponible.

Finalmente expone que la sucesión recurrida el día 19 de enero, se opuso que se continuara con el trabajo de postación, en un acto claramente arbitrario e ilegal, a pretexto de hechos ajenos a su representado, y que vulneran claramente la fuerza obligatoria de los contratos celebrados legalmente, ocasionando una merma tanto en la actividad económica como en su derecho de propiedad, ambos protegidos constitucionalmente.

En cuanto a los derechos conculcados, invoca el consagrado en el artículo 19 número 21, cuales es, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; artículo 19 número 24 en cuanto al derecho de propiedad y en específico el que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, ya sea del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación y pide se restablezca el uso, goce y disposición de la propiedad de su representada, todo con expresa condena en costas.

Informando la recurrida señala que efectivamente se celebró la servidumbre en los términos y condiciones señalados por la recurrente sin embargo al estar bien avanzada la obra de instalación de la tubería la empresa que realizaba dicha obra se percató que se ocuparía y gravaría una superficie mayor a la pactada, desembocando en la propiedad de un tercero en circunstancias que la servidumbre debía desembocar en una propiedad de dominio del recurrente por lo que no habría que pagar dinero extra alguno;

Explica que con el objeto de realizar la obra de manera correcta y evitar todo tipo de problemas, el recurrente, a través de don nombre reservado, mandatario o intermediario, al menos, del primero, ofreció un pago extra equivalente a la suma de $15.000.000.- para poder ocupar una franja mayor de superficie y así llegar con la instalación de tuberías hasta el Canal El Alto existente en el lugar. Dicha suma ofrecida fue aceptada por la sucesión de los recurridos, suscribiéndose, con fecha 15 de diciembre de 2017, un acuerdo ante la Oficial del Registro Civil de la comuna de Pichidegua.

Sin embargo lo anterior, señala que el recurrente se percata que, si se sigue la línea originalmente establecida, las tuberías desembocarían en el predio de un tercero, por lo que con el objeto de no tener que pagar una nueva indemnización y a escondidas de los recurridos, deciden desviar el último tramo de instalación de las tuberías, haciendo desembocar estas en el predio contiguo, justamente de propiedad del recurrente don nombre reservado

nombre reservado que jamás se han opuesto a realización de obra alguna que se deba ejecutar en la franja de terreno gravada con la servidumbre; niegan que haya existido alguna acción u omisión con tal fin, afirmando que quienes efectivamente se han visto vulnerados en su derecho de propiedad son precisamente los recurridos, ya que su predio se ha visto precariamente intervenido, gravado por la instalación de tuberías por una franja donde no existe servidumbre de acueducto alguna. Sin embargo, y paradójicamente, es el dueño del predio dominante quien se siente vulnerado en sus derechos.

Señala que la intención de la recurrente es aparentar una vulneración, de derechos fundamentales y evitar el pago de una cantidad de dinero ya acordada entre las partes, y en este caso se trata más bien de un incumplimiento de contrato que la partes se imputan mutuamente siendo la vía idónea un juicio de lato conocimiento, solicitando rechazar el recurso de protección incoado, con expresa condena en costas Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Esta acción cautelar, procede sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer ante otras autoridades o los tribunales, la razón que permite descartar la alegación de incompetencia alegada por la recurrida, más aún en este caso en que la misma se basa en un argumento de fondo y no de forma o materia.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado; se trata en definitiva de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

TERCERO: Que, en la especie, la temática planteada se origina en una controversia en que la recurrente señala por su parte que es dueña de un derecho de servidumbre y que se le ha impedido su uso arbitrariamente pretendiendo imponerle un acuerdo de la recurrida con un tercero ajeno a ella; por su parte la recurrida reconoce la existencia de la servidumbre pero con una modificación en las condiciones originalmente pactadas por un tercero que tenía facultades de representar al recurrente, señalando que en nada ha impedido el uso de la servidumbre legítimamente constituida. Lo anterior hace concluir que lo discutido no dice relación con amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que existe justamente una discrepancia en el contenido de dicha servidumbre, en la capacidad de actuar del tercero involucrado que habría modificado dicho derecho, y ambas partes estiman existir incumplimientos desde el punto de vista contractual, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece a lo menos controvertido; no concurriendo entonces los requisitos que la Constitución exige para que la acción de protección prospere, por lo cual será rechazada.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección deducido por Octavio Andrés Pérez Donoso, en nombre y a favor de nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos en su calidad de representantes de la sucesión quedada a la muerte de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol IC N° 565 -2019-Protección.