Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad S

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 11 de abril de 2025 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto consistente en el rechazo de sus licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, vulnerando así las recurridas su derecho a la integridad psíquica.

Expone que lleva años luchando por la aprobación de sus licencias médicas, acompañando todos los antecedentes que le solicitan las recurridas pero, aun así, sus licencias médicas son rechazadas.

Señala que las patologías psicológicas no son demostrables mediante exámenes científicos, sino sólo con los controles médicos, medicamentos y atención psicológica y, en ese contexto, refiere que se mantiene en control de salud mental en el Cesfam de Mostazal como paciente GES, y que incluso debió renunciar a su trabajo, por el hostigamiento que sufría por parte de su jefatura.

Solicitó a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene el pago de las licencias médicas individualizadas.

A folio 5 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins que durante el año 2021 la recurrente presentó 14 licencias médicas, de las que se autorizaron 12, por un total de 235 días de reposo. Las dos licencias restantes se encuentran rechazadas por reposo prolongado y licencia médica superpuesta, respectivamente.

Agrega que durante el año 2022 presentó 7 licencias médicas, 4 de ellas autorizadas por un total de 37 días de reposo. Las tres restantes fueron rechazadas por reposo prolongado.

Indica que solicitó antecedentes a la usuaria para dictaminar con fundamento y rigurosidad, pero los informes y peritaje médico estudiados y evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del reposo ya autorizado. La ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, la no justificación del rol terapéutico del reposo, la no descripción de la evolución clínica y de la respuesta o ajustes del tratamiento farmacológico, etc., no justifican la extensión del reposo.

Sostiene que, durante los años 2023, 2024 y 2025, la actora presentó 18 licencias médicas, las que se encuentran autorizadas, por un total de 361 días de reposo.

Finalmente, comenta que la recurrente apeló ante la Suseso, la que mantuvo el rechazo de las licencias médicas.

A folio 8 informó la Superintendencia de Seguridad Social alegando en primer lugar la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, sino que se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, informó sobre el fondo del recurso, señalando que el presente caso ha sido conocido por la Superintendencia en cinco oportunidades, según detalla.

Explica que, según consta en el expediente administrativo código R-28148-2022, la interesada recurrió con fecha 14 de febrero de 2022, reclamando por cuanto la Compin confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 111 días a contar del 10 de diciembre de 2021, por reposo no justificado. La Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, dictando la Resolución Exenta N° R-01-UME-61357-2022. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 192 días por la misma patología. En efecto, el informe médico presentado no da cuenta de ajustes al plan de tratamiento compatibles con el periodo de reposo reclamado, ni determina un plan claro de reintegro laboral.

Luego, la actora recurrió con fecha 25 de mayo de 2022 a la Superintendencia solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-61357-2022 de fecha 16 de mayo de 2022, solicitud rechazada mediante Resolución Exenta N° R-01-DFS-113006-2022, que confirmó el rechazo de las licencias médicas, por cuanto no se presentan nuevos antecedentes clínicos en la documentación adjunta, que permitan revertir las causas del rechazo previamente dictaminado.

Posteriormente, la recurrente compareció nuevamente con fecha 17 de octubre de 2022, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-DFS-113006-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, confirmando el rechazo de las licencias médicas una vez más, a través de la Resolución Exenta N° R-01-DFS-12044-2023. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, entre los que se encuentran los informes médicos emitidos por médico general con fecha 21 de enero de 2022, y el peritaje médico con fecha 26 de octubre de 2021 no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 192 días, lo que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. En efecto, los informes médicos anteriormente mencionados resultan insuficientes, en tanto no logran justificar el rol terapéutico asociado al reposo que permita a los profesionales de la Superintendencia justificar su prórroga, por cuanto no describen evolución clínica a lo largo del reposo laboral, no describen respuesta o ajustes del tratamiento farmacológico y no se exponen terapias pendientes que justifiquen la extensión del reposo.

Comenta que, luego, con fecha 06 de mayo de 2024, nuevamente la actora solicitó que se reconsidere el dictamen N° R-01-DFS-12044-2023 de fecha 27 de enero de 2023, manteniendo la decisión, toda vez que el reposo ya autorizado de 192 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la reclamación. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral, dictando así la Resolución Exenta N° R-01-IBS-116346-2024.

Por último, detalla que la usuaria recurrió a la Superintendencia con fecha 21 de febrero de 2025, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-IBS-116346-2024 de fecha 24 de julio de 2024, alcanzando la recurrida la misma conclusión que las oportunidades anteriores, dictando la Resolución Exenta N° R-01-S-32240-2025 de 13 de marzo de 2025, que se fundó en que en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 192 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, el nuevo informe médico aportado con fecha 24 de enero de 2025 no evidencia manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante durante el período de reposo.

Sostiene que, de lo anterior, es posible colegir que el caso de la recurrente ha sido ampliamente estudiado por el Servicio recurrido, en cinco oportunidades consecutivas, existiendo fundamentación y motivación en el acto administrativo que pone término al procedimiento, considerando antecedentes técnicos y jurídicos entregados a partir de guías clínicas referenciales. De tal manera, es posible sostener que existe por parte de la actora un concepto errado del reposo médico prescrito que, por esencia, es de carácter temporal apuntando al reintegro laboral que, en la especie, no se ha dado.

Puntualiza que, de los antecedentes médicos disponibles, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas no se encuentra médicamente justificado, según consta en la ficha médica creada especialmente para la resolución del caso, por lo que es procedente su rechazo, considerando además la existencia de un peritaje.

Continúa señalando el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción, haciendo presente que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Sostiene que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

Agrega que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y, en este caso, el “derecho a licencia médica” de la usuaria no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, sino que por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, apreciándose que la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo, no incurriendo en vulneración alguna de derechos de la recurrente.

Finalizó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos.

3.- Que, el acto recurrido corresponde a la dictación por parte de la Superintendencia de seguridad Social de la Resolución Exenta N° R-01-S-32240-2025 de 13 de marzo de 2025, mediante la cual mantuvo el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 111 días a contar del 10 de diciembre de 2021, por estimar que el reposo no se encontraba justificado.

4.- Que, informando la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins, señaló que solicitó antecedentes a la usuaria para dictaminar con fundamento y rigurosidad, pero los informes y peritaje médico estudiados y evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del reposo ya autorizado, de 192 días. La ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, la no justificación del rol terapéutico del reposo, la no descripción de la evolución clínica y de la respuesta o ajustes del tratamiento farmacológico, etc., no justifican la extensión del reposo.

Por su parte, informando la Superintendencia de Seguridad Social, solicitó el rechazo del recurso, fundado en que luego de haber estudiado y evaluado los antecedentes médicos y administrativos de la recurrente en cinco oportunidades, así como el peritaje que le fuera realizado con fecha 26 de octubre de 2021, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 192 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. En efecto, los informes médicos presentados por la actora resultan insuficientes, en tanto no logran justificar el rol terapéutico asociado al reposo que permita a los profesionales de la Superintendencia justificar su prórroga, por cuanto no describen evolución clínica a lo largo del reposo laboral, no describen respuesta o ajustes del tratamiento farmacológico y no se exponen terapias pendientes que justifiquen la extensión del reposo, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral.

5.- Que, debe tenerse presente que la acción de protección de autos se dirige en contra de la quinta resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que se pronuncia respecto de un cuarto recurso de reconsideración, interpuesto con fecha 21 de febrero de 2025 por la recurrente de autos, para reclamar por lo resuelto por la SUSESO en el mes de julio de 2024 en conocimiento, precisamente, del resultado del recurso de reconsideración administrativo interpuesto con anterioridad, de los que tuvo conocimiento cierto en las fechas en que todos fueron resueltos, según consta en notificaciones por correo electrónico en los expedientes acompañados por la recurrida SUSESO, por lo que la presente acción resulta manifiestamente extemporánea, correspondiendo su rechazo por dicha causa.

Que sostener lo contrario, implicaría que al instar por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, y aún agotado en todas sus instancias el procedimiento administrativo, lo que contraviene la finalidad de la presente acción cautelar, por lo que habiéndose deducido el recurso de protección con fecha 11 de abril de 2025, y habiéndose agotado el procedimiento administrativo con fecha 16 de mayo de 2022, ha transcurrido con creces el plazo exigido por el Auto Acordado que regula la materia, de treinta días, por lo que, con los antecedentes agregados al proceso no cabe más que rechazar el presente recurso, por haber sido deducido, manifiestamente, fuera del plazo dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia.

6.- Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

7.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

8.- Que, debe tenerse presente que, en este caso, se efectuó un peritaje médico a la actora por un médico de la especialidad, el que concluyó que los antecedentes de la paciente no permiten establecer una incapacidad laboral temporal más allá del periodo autorizado previamente, constatando ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, recomendando el reintegro laboral en un plazo máximo de 15 días posteriores a la finalización de la licencia médica que, al momento del peritaje, mantenía.

De esta manera, se tiene que ambas recurridas fundaron la decisión reclamada en estos autos en dicho peritaje, sumado a los antecedentes clínicos de la recurrente, descartándose de esta manera alguna arbitrariedad en el acto, ya que éste se funda en las opiniones de sus profesionales médicos, teniendo a la vista los antecedentes aportados por la propia reclamante, y realizando un peritaje o evaluación a la paciente que permitiese determinar si su reposo se encuentra o no justificado.

9.- Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por los recurridos se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalan, lo que le da contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, siendo dable discernir que aquélla se basta a sí misma, ofreciendo los elementos de juicio necesarios que permiten comprenderla y entender la razón por la cual la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados.

10.- Que, en estas circunstancias, el actuar de los recurridos no amenaza los derechos reclamados por la recurrente en su arbitrio, motivo por el cual éste será rechazado, según se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 543-2025 Protección.