nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rancagua, cuatro de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 15 de mayo del año en curso, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Tesorería General de La República, institución pública representada por doña nombre reservado, Tesorera General, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de Universidad Católica de La Santísima Concepción, institución de educación, representada por su rector don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Cabe hacer presente, que durante la tramitación del proceso, respecto a éste último recurrido, el actor se desistió de su acción.

Funda su recurso, en que debido a la situación sanitaria provocada por el COVID 19, el Presidente de la República, entre otras medidas, instruyó a través del Decreto N°420, de fecha 30 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda, establecer medidas de índole tributaria para apoyar a las familias, los trabajadores y las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile y en lo especifico en el artículo 1° N° 7, “Instruyó al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 N° 2, 78,83,89,97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

En tal sentido, el Servicio de Impuestos Internos informó a la Tesorería General de la República que le devolviera la suma de $416.528.- para ser depositado en su cuenta bancaria.

Menciona que al ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos, se enteró que con fecha 24 de abril de 2020, la recurrida Tesorería General de la República, procedió a retener esa suma, por concepto de deuda por fondo solidario con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Expone, que el hecho descrito no ha respetado el procedimiento reglado establecido en el artículo 1 de la Ley 19.989 y 17 de la Ley 20.027.

Manifiesta, que de la normativa señalada se puede desprender que se facultó a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley N° 19.287, que creó el fondo solidario de crédito universitario, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Para llevar a efecto esa retención debe observarse el procedimiento dispuesto en el Reglamento de la Ley, contenido en el Decreto Supremo N° 297 del Ministerio de Educación, el que no fue respetado.

Además, se han vulnerado las disposiciones que establece la Ley de la Renta, ya que se trata de una obligación de carácter anual, que debe ser cumplida en el mes de abril de cada año. Depone que en ella se deben considerar todos los ingresos obtenidos en el año comercial, es decir, los obtenidos por regla general de enero a diciembre.

Reconoce que es deudor del crédito de Fondo Solidario. Así, en cada año, en el proceso de devolución de impuesto, la Tesorería le retiene la devolución de impuestos y posteriormente remite los fondos a la institución de educación superior.

Expone que se vulneró su derecho de propiedad, estando ante un acto que califica de expropiatorio, la garantía del debido proceso.

Finaliza pidiendo, que se deje sin efecto la retención de $416.528, de modo que se ordene el depósito de dicha suma en su cuenta bancaria; todo ello, con expresa condenación en costas.

Se declaró admisible el recurso, se pidió informe a los recurridos y además al Servicio de Impuestos Internos.

En el folio 26, comparece el representante del Servicio de Impuestos Internos, exponiendo que con fecha 21 de abril de 2020, este Servicio procedió a informar, a la Tesorería General de la República, la procedencia de la devolución anticipada de los montos retenidos por el MINEDUC, en virtud de las medidas adoptadas ya señaladas, por un monto de $416.528 y que con fecha 24 de abril de 2020, la Tesorería General de la República, en virtud de sus facultades legales, procedió a realizar la retención de dicha devolución.

Aclara que el único rol que le cabe, respecto de esta materia, es el envío a la Tesorería General de la República, de la orden devolución de impuestos y de la información relativa al cálculo de los impuestos retenidos en virtud de por las Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas durante los meses señalados.

Manifiesta que la retención de la devolución de impuestos, se ha efectuado en el ejercicio de las facultades legales que la ley le ha conferido a la Tesorería General de la República.

Agrega que el recurrente no tiene un derecho indubitado sobre su devolución de impuestos, sino una mera expectativa.

En el folio 28, informa el representante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, exponiendo que el actor mantiene una deuda de 290,626 UTM por concepto de crédito universitario de fondo solidario, el que no ha pagado voluntariamente, procediendo entonces a la retención de su devolución de impuestos.

Agrega que el 13 de enero de 2020, al actor se le remitió carta, en donde se le informa que mantiene una morosidad, comunicando dicha situación a Tesorería para que proceda a la retención desde su devolución anual de impuesto a la renta.

Depone que su parte dio estricto cumplimiento al Decreto N° 297. Aclara que habiendo cumplido con el deber de señalar el listado de morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario con anterioridad a la dictación, promulgación y publicación del Decreto 420 del Ministerio de Hacienda, nunca mandató a la Tesorería para que retuviera de la devolución de impuestos de los meses de enero y febrero del 2020, como lo señala el artículo 1 N°7 del DL 420, por concepto de deuda de fondo solidario de crédito universitario de la UCSC, por lo que no existe una actuación ilegal o arbitraria por su parte.

Agrega, que de todas maneras, al tratarse de una devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 de Ley de Impuesto a la Renta, resulta inequívoco que en los meses de enero y febrero de 2020 se está en presencia de una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que resulta procedente respecto a ella la retención practicada legalmente por Tesorería, no existiendo violación al derecho a la propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de la Tesorería no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, sino que más bien se trata de un derecho eventual o condicionado que se hace efectivo solo si se cumplen todos los requisitos legales, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención.

Que, por resolución de fecha 17 de julio del año en curso, se tiene por desistido al actor del recurso deducido en contra de Universidad Católica de la Santísima Concepción.

En el folio 29, comparece el recurrido, Tesorería General de la República, exponiendo que su servicio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.989 y su reglamento, procedió a retener la totalidad de las devolución a que tenía derecho don nombre reservado, y remitió la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de La Santísima Concepción.

Lo anterior, fue de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, por lo que el acto que califica de ilegal o arbitrario no es de su responsabilidad, pues no emanó de su parte, por lo que alega que la acción es inadmisible.

Manifiesta que en la especie al tratarse de una devolución de la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, resulta inequívoco que estamos en presencia de una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que resulta procedente respecto de ellas que Tesorería cumpla con lo mandatado por el artículo 1° de la ley N° 19.989, norma que establece en términos amplios la posibilidad de retención.

Expone que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de Tesorería, no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°.- Que, el acto impugnado por el recurrente, radica en que Tesorería General de la República, procedió, en virtud de una deuda por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario, a retenerle la devolución de impuestos excepcional establecida en el Decreto Supremo 420 del Ministerio de Hacienda.

3º.- Que, del mérito de lo aseverado por el actor en su recurso y conforme a lo expresado en los informes incorporados en estos antecedentes, quedó asentado que el Sr. nombre reservado presenta una deuda por concepto de fondo de crédito universitario y que la existencia de dicha acreencia fue informada oportunamente a Tesorería.

4º.- Que al respecto, se debe hacer presente que el artículo 1 de la Ley 19.989, faculta al reclamado, para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario. Además, establece que los dineros retenidos por ese concepto deberán ser remitidos al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

5º.- Que, el Decreto Nº 420, estableció una serie medidas de índole tributaria para apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19 en Chile. Entre las múltiples decisiones adoptadas, en lo que interesa, instruyó al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020.

6º.- Que, la norma recién mencionada, no se refiere o regula ninguna limitación a la posibilidad de efectuar una retención de la devolución de impuestos anticipada regulada en el Decreto en análisis. Tampoco contiene directrices, en el sentido de que aquélla no pueda ser considerada por los acreedores del contribuyente para solucionar una deuda determinada, de lo que se colige que la devolución podría ser perfectamente embargable, objeto de medidas precautorias e incluso ser retenida por obligaciones alimenticias impagas, en los términos que permite la Ley 14.908.

7º.- Que, resulta un principio reconocido, que cuando la ley no distingue no le es licito al intérprete distinguir. Así, en virtud de lo anterior, la institución recurrida no podría haber desatendido la obligación que pesa sobre ella, en cuanto debía efectuar la retención que le mandata la Ley 19.989, pues en caso de no cumplir con ese medida, incluso podría ser perseguida la responsabilidad administrativa del funcionario público que haya incumplido sus obligaciones expresas, reguladas y establecidas en una ley vigente.

8°.- Que, por lo demás, cuando el legislador, también en situaciones excepcionales, como es la reforma constitucional introducida por la Ley N° 21.248, quiso establecer limitaciones al derecho de prenda general o derechamente establecer la inembargabilidad de los montos retirados, lo dijo expresamente, reserva que no se plasmó en el Decreto N° 420.

9º.- Que, conforme al análisis que se viene realizando, se debe descartar de plano la existencia de alguna ilegalidad, ya que estando acreditada la existencia de una deuda vigente por concepto de crédito universitario, la recurrida estaba facultada para retener la devolución de impuestos del deudor, tal como lo hizo. Así, Tesorería se limitó a cumplir el encargo que le reconoce la ley, sin que entonces nos encontremos ante un atisbo de un acto contrario a derecho.

9°.- Que, el recurrido tampoco actuó arbitrariamente, pues no ha realizado actos carentes de razonabilidad o actuó de forma caprichosa, ya que tal como se expuso en las consideraciones precedentes, su obrar se ajustó a una orden legal, cuyo cumplimiento le resultaba imperativo, lo que lleva al rechazo del recurso, tal como se dirá.

10°.- Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente, que lo pretendido por el recurrente, es que a través del recurso de protección se interprete y se fije el sentido y alcance de una norma, cuestión que excede con creces los fines de la acción, pues ésta no constituye una instancia para aclarar hechos, ni constituir ni declarar derechos, sino para proteger derechos no discutidos, requisito que no se cumple en la especie.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

Que se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Tesorería General De La República, sin costas.

Lo anterior, acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Pairicán, quien estuvo por acoger el recurso, en base a los siguientes argumentos:

1°.- Que, tal como se expuso, el Decreto Supremo 420 del Ministerio de Hacienda estableció una serie de medidas de índole tributaria para paliar los efectos económicos que trajo consigo la enfermedad Covid-19 en Chile. En tal sentido, se hace especial referencia, a que el objeto de la dictación de la norma en comento, fue ayudar a las personas que han visto afectadas sus fuentes de ingresos o la pérdida del empleo producto de la paralización o drástica reducción de sus faenas o trabajos.

2°.- Que, en virtud de lo recién expuesto, a juicio del disidente, queda de manifiesto lo excepcional y extraordinario de la devolución de impuestos que se debía efectuar en el mes de abril del año en curso y el fin de la misma.

3°.- Que, en virtud de ese carácter especialísimo, razón tiene el recurrente en estimar que resulta improcedente la retención efectuada por Tesorería. Recordemos, si el fin de la devolución anticipada fue intentar morigerar las perniciosas consecuencias económicas que ha traído aparejada la situación sanitaria que enfrenta nuestro país, no tendría sentido otorgar la posibilidad de obtener un beneficio, para que éste no cumpla el objeto con el que fue creado.

4°.- Que desde luego, las normas, cualquiera que sea el carácter de estas, debe ser interpretadas en el sentido que sean útiles y produzcan los efectos prácticos deseados, en los destinatarios de las mismas. Así, si existía la intención de que esta devolución anticipada también fuese considerada para garantizar el pago de las deudas del contribuyente, se habría establecido expresamente, tal como ocurrió con la Ley N° 21.248, norma que deja vigente, sobre los montos objeto de retiro, las deudas originadas por concepto de obligaciones alimenticias.

5°.- Que, en tal orden de ideas, Tesorería General de la República, en forma previa a retener la devolución de impuestos del actor, debió necesariamente considerar los fines y el carácter excepcional del Decreto N° 420, lo que no hizo, actuando de manera arbitraria, carente de razón, menoscabando la legitima expectativa del contribuyente de incorporar a su patrimonio, el monto objeto de devolución.

Redacción del Ministro Sr. Fernández.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 5325-2020 Protección.