nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES

Rancagua quince de enero de dos mil diecinueve VISTOS:

Con fecha 8 de octubre del año 2018, comparece don Miguel Ángel Reyes Poblete, abogado, domiciliado en la ciudad y comuna de Concepción, domicilio reservado, en representación por mandato judicial de don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Héctor Espinosa Valenzuela, ambos domiciliados en la comuna y ciudad de Santiago, General Mackenna 1314 y en Rancagua, Senador Florencio Duran 580, y judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, representado a su vez por la procuradora fiscal de Rancagua doña nombre reservado, abogada, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que su mandante es funcionario de la Policía de Investigaciones desde el 1 de febrero de 2001, y que con fecha 19 de noviembre de 2016 se ingresó denuncia de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua en atención a que éste fue desvinculado de la Institución por salud incompatible, acción que fue acogida parcialmente encontrándose firme la sentencia con la dictación del cúmplase de fecha 20 de agosto de 2018.

Agrega que en la parte resolutoria de la sentencia se dispuso: “I.- Que se ACOGE la acción de tutela con ocasión del despido interpuesta por don MIGUEL ANGEL REYES POBLETE, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, funcionario público de la Policía de Investigaciones de Chile, en contra de POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada por su Director General y se declara que el denunciado afectó la garantía establecida en el artículo 485 del Código del Trabajo relativa al derecho a la integridad psíquica del actor al no haber notificado legalmente el Decreto N°174 de fecha 18 de febrero de 2016 que dispone su RETIRO ABSOLUTO de la Policía de Investigaciones de Chile por presentar SALUD INCOMPATIBLE con el desempeño del cargo dejando de pagar su remuneración o licencia a contar del 21 de septiembre de 2016.- debiendo proceder a su debida notificación una vez ejecutoriado el presente fallo y ajustarse tal declaración de Salud Incompatible a la actual normativa legal al respecto (artículo 151 Ley 18.834) y mientras ello no ocurra y quede totalmente tramitado el decreto el denunciante se mantendrá como miembro de tal cuerpo policial.”

Afirma que en síntesis y como se colige fundamentalmente de los considerandos vigésimo cuarto al trigésimo quinto, ambos inclusive, a su mandante nunca se le notificó la resolución que disponía su retiro absoluto de la institución, sino que se enteró cuando no le pagaron sus licencias médicas en septiembre 2016, aseverando que la enfermedad de su representado cesó tras su última intervención quirúrgica y está médicamente apto para trabajar conforme a certificaciones médicas.

Indica que tras decretarse el cúmplase de la sentencia por el Juzgado del Trabajo de Rancagua su mandante se presentó a trabajar a su última destinación (Rancagua), indicándosele que iban a consultar a Santiago y que se retirara a la espera de comunicación. Desde esa fecha hasta el momento su representado ha continuado presentándose todos los días a la unidad con la misma respuesta, dejándose constancia en el libro 1-A “Novedades de la Guardia”, instrumento público, foliado, en que se deja registro de todo lo ocurrido en cada turno.

Asegura que su representado no ha recibido remuneración desde septiembre 2016 hasta la fecha, a pesar de no haber cesado formalmente nunca de pertenecer a la institución por haberse dejado sin efecto las resoluciones que disponían el retiro absoluto por no cumplir con la normativa, así como tampoco desde que se ha presentado tras la dictación del cúmplase de la sentencia referida de la causa de tutela laboral Rit T-76-2016 del Juzgado del Trabajo de Rancagua, produciéndose una afectación económica tanto por los recursos económicos empleados para concurrir a trabajar como por la ausencia de pago de sus remuneraciones al haber asistido a trabajar sin que se le asignara funciones y se le enviara de regreso a su casa a la espera de instrucciones.

Asegura que esto ha redundado en una afectación psíquica al verse privado de las remuneraciones que le correspondían afectando su expectativa razonable, basada en la sentencia firme ya indicada y en la jurisprudencia en el mismo sentido de parte de la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para la institución recurrida.

En cuanto a la conculcación de garantías fundamentales indica que se ven afectadas tanto el derecho de propiedad, del N°24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, en tanto por una omisión se ha privado a su representado de su sueldo desde septiembre 2016 a la fecha y también se ha impedido que este desempeñe efectivamente la función para la cual está estatutariamente designado, vulnerando el derecho a la propiedad en el empleo y a la función pública, junto con ello y considerando que su representado tiene la legítima expectativa de trabajar en el trabajo para el cual está vinculado, con el respectivo desazón al verse impedido de ello, así como encontrarse sin recibir remuneración desde septiembre 2016 hasta la fecha se ha afectado tanto su derecho a la vida como el de su grupo familiar, compuesto tanto por su cónyuge como por sus dos hijos al dificultársele por la omisión de la institución policial recibir el sueldo con el que solventar los gastos vitales de su grupo familiar, consagrados en el artículo N° 1 de la Constitución Política de la Republica, omisiones que califica de arbitrarias e ilegales y junto con ello vulneradoras del principio de confianza legítima.

Finalmente alega la independencia del juicio de cobranza laboral, puesto que la presente acción es claramente independiente de la ejecución eventual que puede desarrollarse ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua, en su competencia de cobranza laboral y previsional, pues está referida específicamente al no pago de la remuneración con sus respectivas consecuencias en tanto afectan garantías constitucionales y no a otros que podrían requerir eventual ejecución.

Solicita ponderar los antecedentes conforme a los principios interpretativos de derechos fundamentales, en particular los: Pro actiones, prefiriendo la alternativa interpretativa más favorable a permitir la interposición de pretensiones en la materia; Indubio pro personae, pues al tratarse de derechos vulnerados tan sensibles como el derecho a la vida en su faceta vinculada a los bienes de la vida necesarios para la subsistencia así como el derecho de propiedad tanto a la función pública como al sueldo, debe interpretarse la normativa de la forma más favorable a las personas afectadas; Indubio pro operario, al estar referidas al ámbito laboral en sede pública de su representado debiese escogerse la opción más compatible con el desarrollo de su labor, alegando que por último, independiente de la burocracia interna de los servicios públicos, no puede argumentarse la lentitud y, en este caso, la omisión o inactividad administrativa para soslayar infundadamente el respeto de los derechos fundamentales pues están obligados por el principio constitucional tanto de juridicidad como de protección de las personas y la familia, lo que en la especie no han cumplido.

Concluye su presentación indicando que la última remuneración de su representado ascendió a $1.733.630.-, su última destinación fue la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Rancagua y su último grado el de Subcomisario grado 9.

Previas citas legales solicita se acoja en definitiva el recurso incoado admitirlo a tramitación, reestableciéndose el imperio de los derechos vulnerados disponiendo que la recurrida pague las remuneraciones devengadas en el tiempo desde que se le cesó el pago de remuneraciones (septiembre de 2016) o desde septiembre 2018 según esta I. Corte determine conforme a derecho, con costas para el caso de oposición Por su parte y con fecha 8 de noviembre del año 2018, comparece don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y procede a evacuar el respectivo informe afirmando primeramente que la pretensión incoada no puede prosperar, toda vez que ya existe un procedimiento en tramitación para ello, esto es, la causa de cumplimiento laboral, RIT C-229-2018, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado del Trabajo de Rancagua, en plena tramitación, cuya última resolución, de fecha 30 de octubre de 2018, establece: “De oficio, atendido lo resuelto con fecha 22 de octubre de 2018 en la causa antecedente RIT T-76-2016 se deja sin efecto la suspensión de la presente ejecución decretada el 12 de octubre pasado y para proseguir dándole curso, Ofíciese al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de remitirle copias digitales integras de la sentencia definitiva de 08 de enero de 2018 su rectificación de 09 de enero de 2018 de la causa RIT T-76-2016, de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, resolviendo el recurso de nulidad de dicha causa, del cúmplase respectivo y del certificado de ejecutoriedad correspondiente, para los efectos del cumplimiento de la sentencia precitada, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civi” por lo que en el sentido indicado, esto es, si el asunto está judicializado, el recurso de protección no es la vía idónea.

Indica que con fecha 20 de agosto de 2018, se dictó el “cúmplase”, por el Juzgado del Trabajo de Rancagua, el 26 de septiembre de 2018, se certificó por la Jefa de Unidad de dicho Tribunal, que la sentencia se encontraba firme y ejecutoriada, luego, el 5 de octubre de 2018, se certificó por la misma funcionaria, que la demandada no dio cumplimiento a la sentencia en el término legal, el que venció, así las cosas, con misma fecha el Juzgado del Trabajo de Rancagua ordenó el cumplimiento de la sentencia, y la remisión de los antecedentes dentro de 5 día a la Unidad de Cumplimiento para su ejecución, de conformidad al Libro V, Capítulo II, Párrafo 4°, del Código del Trabajo, finalmente, con fecha 12 de octubre de 2018, se inició en el Juzgado la causa de cumplimiento laboral RIT C-229-2018, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, en actual tramitación.

Señala que efectivamente, el recurrente se ha presentado en la Brigada de Investigación Criminal Rancagua, con el objeto de comenzar nuevamente sus funciones, y ello no se había verificado, haciendo presente que se dispuso que desde el día 8 noviembre de 2018, este retome sus funciones normales, en la Brigada de Investigación Criminal Rancagua, cumpliendo así con lo resuelto por el Juzgado del Trabajo de Rancagua en la causa RIT T-76-2016.

Afirma que el pago de las remuneraciones devengadas del 20 de agosto de 2018 (cúmplase) a la fecha, se verificará el mes de noviembre (día 19), junto con el pago mensual, el que seguirá recibiendo mes a mes, como todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, por lo que no vislumbra de qué manera existiría un actuar arbitrario o ilegal, razón por la cual solicita el rechazo del presente recurso.

Por su parte consta informe de fecha 18 de octubre del año 2018, evacuado por el Consejo de Defensa del Estado el que se limitó a señalar que no es parte en el presente recurso y que a ésta le correspondió previo requerimiento de la recurrida, su defensa y representación en sede laboral, respecto de la cual y a propósito del rechazo del recurso de nulidad ventilado antes esta I. Corte no recurrió de unificación encontrándose en la actualidad en etapa de cumplimiento en sede laboral de Rancagua.

Finalmente y con fecha 12 de noviembre del año en curso compareció don nombre reservado, Jefe Regional de la Región Policial del Libertador Bernardo O’Higgins, evacuando el respectivo informe limitándose a reiterar lo informado por su par de Santiago, adhiriéndose a lo informado por el Director Regional de la Policía de Investigaciones de Chile.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que de las presentaciones del recurrente y recurrido de marras, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama, en efecto fueron materia de un juicio previo de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua bajo el Rit T-76-2016, en la que se dictó sentencia definitiva que acogió parcialmente la demanda, laudo que a su vez fue objeto de recurso de nulidad, el que se ventiló ante esta I. Corte, desechándose el mismo en NIC 22-2018-reforma laboral con fecha 25 de junio del año 2018.

Junto con ello consta que con fecha 5 de octubre del año en curso el Juzgado del Trabajo de Rancagua ordenó el cumplimiento de la sentencia, y la remisión de los antecedentes dentro de 5 día a la Unidad de Cumplimiento para su ejecución, donde con fecha 12 de octubre de 2018, se inició la causa de cumplimiento laboral Rit C-229-2018, procedimiento en el cual se ofició al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de remitirle copias digitales integras de la sentencia definitiva de 8 de enero de 2018, su rectificación de 9 de enero de 2018, de la sentencia dictada por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, resolviendo el recurso de nulidad de dicha causa, del cúmplase respectivo y del certificado de ejecutoriedad correspondiente, para los efectos del cumplimiento de la sentencia precitada, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, en actual tramitación.

TERCERO: Que de las consideraciones previas es posible determinar que estamos ante una materia que no corresponde dilucidarla por la presente vía cautelar, la que por su propia naturaleza es de urgencia y brevísima y no constituye una instancia declarativa de derechos o bien de cumplimiento forzado de los mismos, sino que, como su nombre lo indica, de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentran afectados por algún acto ilegal o arbitrario, circunstancias que no concurren en este caso, razón por la cual la presente acción de cautela no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos, que en la actualidad se están haciendo valer justamente ante las entidades correspondientes.

CUARTO: Que como consideración final se debe tener presente lo afirmado por la recurrida al momento de evacuar el respectivo informe en el sentido de que el pago de las remuneraciones devengadas desde el 20 de agosto de 2018 a la fecha, se verificarán desde el día 19 de noviembre del año 2018, lo que se corrobora amén de la presentación del propio recurrente con fecha 3 de enero del presente año, donde acompaña liquidación de remuneraciones del mes de noviembre del año 2018, por lo que se deduce que la recurrente en efecto logró aquello que perseguía por la vía de esta acción cautelar, esto es, el pago de sus remuneraciones adeudadas, perdiendo en consecuencia oportunidad y vigencia el presente recurso, por lo que no cabe más alternativa que rechazar el mismo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado don en nombre y en favor de don nombre reservado, en contra de la Policía De Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Héctor Espinosa Valenzuela.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 5261-2018 Protección.