Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. Rancagua Rancagua, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 8 de abril del año 2025, comparecieron nombre reservado

Arredondo y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados, a favor de doña nombre reservado, DNI N° NUM000, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el artículo 26 y siguientes de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados Refiere que la recurrente es una ciudadana venezolana, que se vio forzada a escapar de Venezuela e ingresar por pasos inhabilitados al país, ya que su libertad y seguridad fue amenazada por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que, han perturbado gravemente el orden público en su país de origen, dejando a la población y en especial a la actora, sin posibilidades de subsistir con la dignidad básica de un ser humano.

Agrega que con fecha 5 de enero de 2024, la recurrente solicitó el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, sin embargo con fecha 13 de marzo de 2025, recibió la Resolución Exenta N° NUM001, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, aun cuando realizó la correspondiente subsanación de aquélla con fecha 5 del mismo mes y año y sin haber derivado los antecedentes del caso a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado Refiere que la recurrente nunca manifestó expresamente su intención de desistirse de su solicitud de condición de refugiado, agregando que el artículo 2 Nº 2 de la Ley Nº20.430, señala: “Concepto de Refugiado. Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país.”, cumpliendo la actora con dicho requisito.

Finalizó solicitando que se acoja su recurso, declarando, se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº NUM001, de fecha 13 de marzo del presente año, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente de autos, resolviendo también que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32 de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

Posteriormente, a folio 4, compareció en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de la recurrente, señala que está ingresó al territorio nacional por paso no habilitado según se constata en Parte Policial N° NUM002 de fecha 27 de septiembre de 2023 y su solicitud de formalización de refugio refiere que ingresó por paso no habilitado con fecha 28 de octubre de 2022.

Agrega que con fecha 2 de octubre de 2024, la actora manifestó ante el servicio recurrido su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y en la primera atención realizada, al llenar el formulario respectivo, declaró que un tuvo periodo de residencia de 3 años en Perú, señalando expresamente: “Salí de Venezuela el día 14 de febrero del 2019, pase por Colombia, Ecuador, Perú donde permanecí casi 3 años, luego pase por Bolivia hasta llegar a Chile”.

Indica que, dado lo anterior, por medio de la Resolución Exenta N° 25090135, de fecha 18 de febrero de 2025, se dio a conocer a la extranjera que no cumplía con los requisitos formales y se solicitaron nuevos antecedentes bajo apercibimiento del artículo 31 de la Ley 19.880 otorgándosele un plazo de 15 días para desvirtuar las siguientes circunstancias: a. “Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. c. Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.”

Refiere que con fecha 28 de mayo de 2024, la extranjera acompañó una carta explicativa, la que transcribe textualmente, agregando que no acompañó la documentación requerida y pertinente, no dando cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430 y el artículo 26 N° 3 del mismo cuerpo normativo, por lo que, mediante Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 13 de marzo de 2025 se tiene por desistida la solicitud.

Además, hace presente que no ha dictado sanción administrativa, orden de abandono, expulsión u otra sanción de ninguna naturaleza que se haya adoptado en contra de la recurrente. Indica que el artículo 6 de la Ley N° 20.430 y los artículos 8° y 35° del Reglamento de la Ley N° 20.430 señalan que, en el caso de aquellos extranjeros que ingresen de manera clandestina al territorio nacional o cuya residencia actual fuese irregular y que deseen formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, podrán realizarlo sin perjuicio de la infracción cometida, presentándose ante la autoridad contralora de fronteras, a saber, Policía de Investigaciones, dentro del término de 10 días, contados desde la infracción migratoria, a objeto de alegar una razón justificada para ello. Agregando que el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 señala como último requisito para declarar la admisibilidad y formalización de una solicitud de refugio es que ésta se encuentre fundada, la que se entenderá fundada siempre y cuando los motivos expuestos por el solicitante para acogerse al procedimiento de refugio respectivo se condigan con aquellas hipótesis establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 20.430.

Finaliza señalando que se pretende a través de la acción constitucional que se reconozca a la extranjera la calidad de refugiada por la vía judicial, materia que la propia Ley 20.430 determina como órgano competente a la Secretaría Técnica, previa observancia de una serie de requisitos de forma y fondo, que no son cumplidos por la recurrente y solicita el rechazo del recurso, por carecer de todo sustento normativo y siendo totalmente improcedente.

Se acompañaron los documentos que obran en autos.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2.- Que, lo que motiva la acción de protección es la dictación por parte de la Autoridad Administrativa, de la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 13 de marzo de 2025, mediante la cual se tiene por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado realizada por la actora vulnerando con ello sus derechos consagrados por la Constitución Política de la República. 3.- Que, al respecto, el recurrido señala que efectivamente rechazó la solicitud, fundado en síntesis en que la extranjera no cumple suficientemente con los requisitos que la habilitan para residir en el país, toda vez que, no ha presentado documentación para entender por subsanado los requisitos formales faltantes mencionados en su oportunidad, no dando cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430 y el artículo 26 N°3 del mismo cuerpo normativo. 4.- Que, de los antecedentes analizados, resulta acertado el razonamiento de la recurrida en los actos administrativos que ahora se impugnan, puesto que sólo se limitó a revisar la concurrencia de los requisitos que para tal efecto establece el ordenamiento jurídico, dentro del marco de sus atribuciones y esfera de competencia.

En este sentido, el recurrido informó debidamente a la recurrente que no cumplía con los requisitos formales para acceder a su solicitud y en consecuencia se solicitó nuevos antecedentes bajo apercibimiento del artículo 31 de la Ley 19.880, esto es, tener por desistida las solicitudes de refugio, por haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal y junto con ello exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430, y del análisis de la carta de descargo es posible concluir que en efecto no se dan mayores razones para justificar el incumplimiento de la normativa vigente y de los requisitos para acceder al beneficio del refugio, en especial cuando existen otras alternativas de regulación migratoria. 5.- Que así las cosas no se vislumbra el acto u omisión arbitraria y/o ilegal que denuncia la recurrente, lo que justifica rechazar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción de amparo intentada en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 521-2025-Amparo. “Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada”