nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Rancagua, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 6 de junio del año 2019, comparece ante esta Corte don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala que día 24 de junio de 2013 solicitó a la Caja de Compensación Los Andes un crédito por $2.524.287, que pagaría en 60 cuotas, de las cuales sólo pagó algunas, motivo por el cual fue demandado ejecutivamente ante el Primer Juzgado de Letras de Rancagua, bajo el Rol C-4297-2014, juicio que aún se encuentra en estado de tramitación, sin embargo, y sin esperar la resolución del juicio, la recurrida procedió a cobrar dicho crédito descontándole de su remuneración del mes de marzo la suma de $184.282 y de mayo la suma de $92.141, conducta que es arbitraria e ilegal, ya que no puede proceder a cobrar una deuda de hace seis años cuya acción de cobro judicial se encuentra en tramitación, ejerciendo un descuento ilegal y desproporcionado ya que equivale al 20% de su sueldo bruto, vulnerando con ello el derecho establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y los artículos 57 y 58 del Código del Trabajo, solicitando en definitiva que se ordene a la recurrida cesar con los descuentos y se proceda a la devolución de los dineros descontados ilegalmente, con costas.

Acompaña a su recurso liquidaciones de remuneraciones de los meses de febrero, marzo y mayo del año 2019 además del contrato de trabajo.

El 10 de junio de 2019 se declara admisible el recurso, concediendo esta Primera Sala orden de no innovar el 12 de junio de 2019.

El 25 de junio la recurrente informa que en la causa civil seguida en su contra, Rol C-4297.2014 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua, se dictó sentencia el 11 de junio de 2019, acogiendo la excepción del artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil, rechazándose la demanda ejecutiva deducida en su contra.

Con fecha 2 de julio la recurrente informa que la recurrida procedió a efectuar otro descuento en su remuneración del mes de junio por $123.648, acompañando la liquidación de sueldo respectiva.

Al momento de evacuar su informe, Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, solicita el rechazo de la acción.

En primer término aclara que la deuda del recurrente es producto de un crédito vigente el cual fue reprogramado en junio de 2014, venciendo la última cuota recién el 30 de junio de 2019, y que si bien se dedujo demanda ejecutiva, ello no obsta a que el cobro de las cuotas del crédito social haya de efectuarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Luego, se refiere al carácter social que poseen los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, tal como se aprecia de las disposiciones contenidas en la ley 18.833, por lo que la legislación ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales, en el sentido de que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Por lo anterior, a través del procedimiento de descuento, se ejerció un derecho que la propia ley establece.

Depone que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por consiguiente, el actuar de su representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Menciona que por la naturaleza de su crédito no se aplican las limitaciones que establece el Código del Trabajo.

Acompaña anexo de reprogramación del crédito suscrito por el recurrente.

Se solicitó al Primer Juzgado Civil de Rancagua que remitiera la causa Rol C- 4297-2014, la que se guarda en custodia de esta Corte.

Con fecha 22 de julio de 2019 se ordena la acumulación a la presente causa el Rol Ingreso Corte N°6288-2019, causa iniciada por el mismo recurrente en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el 12 de julio de 2019, por el mismo acto impugnado.

Con fecha 21 de agosto de 2019 se prescinde del informe solicitado al empleador del recurrente, la Empresa de Montajes Industriales Salfa, por no evacuarlo en el plazo señalado para ello.

El 22 de agosto de 2019 Se trajeron lo autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que, en relación con el análisis del asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

2°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

3°.- Que es un hecho no discutido que, durante el año 2013 el recurrente obtuvo de la recurrida un crédito de consumo, el cual no pagó en su oportunidad, acreencia que fue objeto de un procedimiento ejecutivo en el cual se declaró prescrita la acción de cobro, sentencia que de acuerdo a la causa que se tuvo a la vista, no fue apelada por la parte ejecutante.

4°.- Que de lo consignado fluye que la recurrida actuó de manera arbitraria, caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé en el artículo 22 de la Ley N°18.833 que establece un estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar, para el cobro oportuno de una deuda vigente y no como ocurre en este caso, respecto de un crédito cuya acción ejecutiva se declaró prescrita, por lo que resulta antojadiza su actual decisión, conclusión que ha sido sostenida por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, Roles N° 20.505-2018 y 18.930-2018.

5°.- Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del actor sobre el monto de la remuneración a la que tiene derecho, lo que está amparado por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en consecuencia, se ordena el cese de los descuentos efectuados de las remuneraciones del recurrente que tengan relación al crédito cuya acción de cobro fue declarada prescrita, debiendo la recurrida proceder a la devolución al actor de los dineros descontados por este concepto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°5172-2019.