nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

Rancagua, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 15 de febrero del 2021, comparece María Alejandra Quintero Moros, abogada, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Chimbarongo y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, todos profesores de Educación General Básica, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, representada por su Alcalde, don Marco Contreras Jorquera, ambos domiciliados en domicilio reservado.

El recurso se funda en que los recurrentes son docentes de la comuna de Chimbarongo y se acogieron al beneficio de retiro voluntario de la Ley 20.822, por ello recibieron los emolumentos por concepto de indemnización por años de servicios y bonificación por retiro voluntario en enero de 2021. Añade que mediante diversos Decretos Alcaldicios se dispuso que el término de las funciones de los docentes era a contar del 31 de diciembre de 2020.

Explica la abogada recurrente que previo a recibir dicho dinero, a sus representados se les comunicó de manera informal que no se les pagaría la prórroga de enero y febrero de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 41 bis del Estatuto Docente, por lo que el Directorio Comunal del Colegio de Profesores de la comuna, hizo una presentación al respecto, la que fue respondida mediante el Oficio de la recurrida N° 36 de 13 de enero de 2021, en el que se indica que los actores no tienen derecho a dicho beneficio, por cuanto éste sólo favorece a los educadores incorporados a la dotación como contratados y no a los titulares, como es el caso de los recurrentes.

Menciona que la Dirección del Trabajo ha dicho que tal prórroga es procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 75 del Código del Trabajo, aplicado supletoriamente conforme lo establecido en el artículo 71 del Estatuto Docente.

Acusa que con lo antes descrito se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante ley pues la negativa de la recurrida importa una discriminación arbitraria sin sustento legal, mejorando la condición de contratado por sobre la de titular, sin un fundamento o justificación razonable, pues la norma no hace la distinción. Además, acusa que se ha producido un detrimento patrimonial respecto de la expectativa de recibir sus remuneraciones, lo cual es contrario al objetivo de dicha ley, que en su historia fidedigna introdujo modificaciones al Estatuto Docente para proteger y reconocer los años de servicios de las personas que se acogen al beneficio del retiro voluntario.

Solicita que se declare que el acto administrativo denominado Oficio N°36 de fecha 13 de enero de 2021 dictado por la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, es ilegal y arbitrario, ordenándose el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2021 a los recurrentes, con costas.

Por su parte, al evacuar su informe la recurrida pide el rechazo del presente recurso.

En primer término, hace presenta que la inquietud formulada por el Directorio del Colegio de Profesores de Chimbarongo fue presentada sin individualizar a los docentes que supuestamente se encontraban afectados.

Luego, explica que para tener derecho a la prórroga del citado artículo 41 bis, es necesario que el docente se encuentre incorporado al cuerpo de profesores de algún establecimiento de la comuna a través de algunas de las modalidades de contrato establecidas en el artículo 25 de la Ley 19.070 para cumplir labores transitorias, de reemplazo de titulares, optativas, experimentales o especiales; que cumpla con una permanencia de más de seis meses continuos de servicios; y, finalmente, que dicha contratación se encuentre vigente al mes de diciembre respectivo. En tanto, en el caso de los recurrentes, ellos tenían la calidad jurídica de docentes titulares, calidad superior, con estabilidad en el empleo y mejoras remuneratorias.

Explica que la Contraloría General de la República ha indicado que el beneficio de prórroga del artículo 41 bis del Estatuto Docente solo favorece a los educadores incorporados a la dotación como contratados.

Menciona que carece de razonamiento lógico y jurídico el hecho que se pretenda hacer pervivir las calidades de docentes titulares más allá de lo que la propia ley de incentivo al retiro autoriza, pues ello significaría que continuarían ligados contractualmente con el nuevo sostenedor educacional, Servicio Local de Educación Colchagua.

Argumenta que el Oficio N°36/2021 es solo una mera constancia de un mandato establecido por la ley por haber sido finiquitados los docentes en razón del beneficio de indemnización especial en virtud de la Ley 20.822 y 20.976, por lo que no se advierte la supuesta discriminación que se denuncia.

Finalmente, hace presente que solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la legalidad y procedencia de la solicitud formulada por el gremio docente, sin haber obtenido respuesta a la fecha.

También evacuó informe la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, indicando que los recurrentes fueron beneficiarios de los cupos del 2018 de la Ley 20.976 que permite acceder a la bonificación por retiro voluntario establecido en la Ley 20.822, además, indica que la Ley 20.976 no contempla un precepto similar al artículo transitorio de la Ley 20.501.

Asimismo, se ordenó como trámite pedir informe a la Contraloría General de la República, respecto de su pronunciamiento sobre la materia de autos, ante lo cual el ente contralor adjunta oficio Nº E104447/2021, en el que se consigna que la jurisprudencia de dicha entidad fiscalizadora, contenida en los dictámenes números 100.135, de 2014 y 56.188, de 2016, entre otros, ha precisado que para acceder a la prórroga cuestionada, es necesario, entre otros supuestos, que el servidor se encuentre incorporado a la dotación docente en calidad de contratado, por consiguiente, en la medida que los docentes de que se trata tengan la calidad de titulares, no les resulta aplicable el beneficio de la prórroga que concede el artículo 41 bis de la ley N° 19.070.

Igualmente, se solicitó informe al Servicio Local de Educación de Colchagua al tenor del recurso de autos, quien expone la luz de los antecedentes y de la normativa vigente, no es posible dar aplicación al artículo 41 bis del Estatuto Docente a los docentes titulares que se han acogido a retiro voluntario, de conformidad a la Ley N° 20.976, de 2016, que permite a los Profesionales de la Educación que reúnan los requisitos, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.822, pues ella procede respecto del servidor se encuentre incorporado a la dotación docente en calidad de contratado. Tampoco estima que la materia sea de competencia de la Dirección del Trabajo dado que su competencia se limita al personal docente que se desempeña en establecimientos educacionales administrados por una corporación municipal, las que constituyen personas jurídicas de derecho privado y el personal que labora en ellas no reviste la condición de funcionarios municipales, lo que dista de la situación de los actores.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas, que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, los recurrentes reprochan como ilegal y arbitrario el Oficio N° 36 de 13 de enero de 2021, suscrito por el Sr. Alcalde de la Comuna de Chimbarongo, por el cual éste comunica al Directorio Comunal del Colegio de Profesores de dicha comuna, que no resulta procedente aplicar el beneficio de la prórroga del pago de remuneraciones por los meses de enero y febrero del año en curso, dispuesta en el artículo 41 bis del Estatuto Docente, respecto de los siete docentes que se acogieron a retiro voluntario en virtud de las leyes 20.822 y 20.976, por cuanto al momento del cese de funciones se encontraban incorporados a la dotación en calidad de titulares y no de contratados, estimando los recurrentes que con ello se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, requiriendo el pago respectivo.

TERCERO: Que, en primer término, cabe precisar que el oficio impugnado sin duda tiene la calidad de acto administrativo, al tenor del artículo 3° de la Ley 19.880, por cuanto se trata de una respuesta del Sr. Alcalde a la directiva del Colegio de Profesores de la comuna, que se ajusta al concepto de constancia a que se refiere el inciso sexto del citado artículo, la que, por lo demás, se refiere con precisión a los siete docentes que se acogieron a retiro voluntario, quienes corresponden -precisamente- a los recurrentes de autos.

CUARTO: Que, asimismo, conviene señalar que la circunstancia que el municipio recurrido se ampare en el criterio sustentado por la Contraloría General de la República, respecto de la aplicación del artículo 41 bis del Estatuto Docente a los profesores titulares que se acogen a retiro voluntario, citando el Dictamen N° 56.188 de 2016, no impide revisar la legalidad del acto administrativo impugnado, por cuanto el carácter obligatorio de los dictámenes del ente contralor sólo es aplicable a los Órganos de la Administración, entre ellos los municipios, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, efecto que, sin embargo, no puede extenderse a los tribunales de justicia, los que, en consecuencia, pueden efectuar el control de la legalidad del acto, con independencia de los pronunciamientos de la señalada Contraloría.

QUINTO: Que, por otra parte, el hecho que a partir del 1 de enero de este año, el servicio educacional que presta la municipalidad haya sido traspasado por el solo ministerio de la ley 21.040, al Servicio Local de Educación de Colchagua, tampoco es un obstáculo para examinar la pretensión de los recurrentes, por cuanto no cabe duda que la prórroga por los meses de enero y febrero de este año, en caso de ser procedente, debe ser asumida por quien tenía la calidad de empleador al 31 de diciembre de 2020, fecha de cesación de las funciones conforme al retiro voluntario al que se acogieron los docentes a cuyo favor se recurre.

SEXTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo del recurso, cabe consignar que es un hecho no discutido que los siete recurrentes se desempeñaron como profesionales de la educación de la Municipalidad de Chimbarongo, en calidad de docentes titulares, hasta el 31 de diciembre de 2020, tras acogerse a retiro voluntario de conformidad a lo dispuesto en las leyes 20.822 y 20.976, recibiendo con fecha 15 de enero de 2021, el pago de sus indemnizaciones por años de servicios y la bonificación por retiro voluntario.

Es a partir de tales hechos no discutidos que es posible analizar si resulta ilegal la negativa de la Municipalidad recurrida de pagar a los actores la prórroga de los meses de enero y febrero del año en curso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 bis del Estatuto Docente, en relación con lo establecido en las leyes 20.822 y 20.976.

SÉPTIMO: Que, al respecto, se debe recordar que la Ley 20.976 en virtud de la cual se acogieron a retiro voluntario los docentes recurrentes, dispone en su artículo 3°: “A los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro voluntario se les aplicará lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 20.822”.

A su vez, el artículo 4° de la Ley 20.822, estatuye: “Los profesionales de la educación que, a las fechas señaladas en el artículo 2º, se encuentren en la situación descrita en los artículos 41 bis u 82 del decreto con fuerza de ley Nº1, de 1997, del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período en que estas últimas disposiciones señalan”.

Por último, el artículo 41 bis del Estatuto Docente, consagra que: “los profesionales de la educación con contrato vigente al mes de diciembre, tendrán derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal”.

OCTAVO: Que, conforme a tales disposiciones, los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro y que tengan contrato vigente al mes de diciembre, tienen derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero.

El derecho antes indicado se consagra, entonces, a favor de “los profesionales de la educación” que accedan a un cupo de la bonificación por retiro voluntario.

Por consiguiente, el tenor de la ley es claro en cuanto a quienes son los docentes acogidos a retiro voluntario beneficiarios del derecho a la prórroga y para saber quiénes quedan comprendidos dentro de dicho concepto, se debe recurrir al artículo 25 del Estatuto Docente, en cuanto dispone que: “Los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados”.

Luego, no cabe duda alguna que la ley no hace distingo alguno respecto de los profesionales de la educación que tienen derecho a la prórroga con motivo de su retiro voluntario, los que, como se dijo, se refieren tanto a los docentes titulares como a los contratados, conclusiones que, por lo demás, guardan estrecha relación con lo sostenido reiteradamente por la Corte Suprema en materia de unificación de jurisprudencia, por ejemplo, en el Rol 11.472-2013, cuando se expresa que: “conceder el beneficio de la prórroga únicamente a los profesionales de la educación que ostentan la calidad de contratados, importa una discriminación arbitraria, sin sustento legal, no sólo por los raciocinios vertidos en la sentencia impugnada, sino porque supone mejorar la condición de contratado por sobre la de titular, contrasentido inaceptable en la labor de interpretación de la ley”.

NOVENO: Que, ahora bien, siendo un hecho establecido que los recurrentes se encuentran en la situación fáctica descrita en las normas legales antes señaladas, se concluye que la negativa de la Municipalidad de Chimbarongo a reconocer a los docentes acogidos a retiro voluntario, el beneficio de la prórroga y el pago de los meses respectivos, constituye un acto ilegal, pues contraría el texto expreso de la legislación e importa una discriminación arbitraria, que atenta en contra de la garantía de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad de los recurrentes respecto del pago de los meses comprendidos en la prórroga, todo lo cual justifica acoger el presente recurso.

DECIMO: Que, por último, cabe señalar que la circunstancia que la recurrida controvierta la procedencia del beneficio de la prórroga, no es óbice para acoger la presente acción constitucional, por cuanto tal actitud se basa en una discriminación arbitraria, carente de justificación normativa, contexto en el que, conforme se razonó, surge con nitidez la existencia de una vulneración a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, que debe ser corregida mediante esta acción constitucional, máxime si, como se dijo, también se produce una afectación al derecho de propiedad de los actores, sin que lo anterior implique declarar la existencia de un derecho que los recurrentes no detentaban antes del ejercicio de la presente acción, sino sólo reconocer el ejercicio legítimo de los derechos que las leyes consagran a favor de los recurrentes.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por María Alejandra Quintero Moros, abogada, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo, sólo en cuanto se ordena que la recurrida pague a los recurrentes sus remuneraciones por los meses de enero y febrero de este año, con motivo de la prórroga de su relación laboral, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley 20.976 y 4° de la Ley 20.822.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero Rol 5156-2021 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte Apelaciones, integrada por los Ministros Sr. Pedro Caro Romero, Sr. Michel González Carvajal y abogado integrante Sr. Claudio Sepúlveda Delaigue.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Claudio Sepúlveda Delaigue, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar el día de hoy.