nombre reservado con SOFRUCO ALIMENTOS LIMITADA

Rancagua, veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que comparece doña nombre reservado, chilena, divorciada, operaria, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, cuyo representante legal es nombre reservado, en adelante simplemente “CAJA 18”; y en contra de SOFRUCO ALIMENTOS LTDA., RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado cuyo representante es nombre reservado en su calidad de jefe RR.HH. Corporativo, a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho:

Señala que actualmente es trabajadora de la empresa SOFRUCO, vínculo que mantiene mediante contrato de trabajo de fecha 13 de febrero del año en curso, para desarrollar labores relacionadas a la agro-industria. En atención al vínculo laboral antes dicho, SOFRUCO debe pagar mensualmente sus remuneraciones. Refiere que en su liquidación de sueldo del mes de abril del presente año, aparece un descuento bajo la siguiente nomenclatura “Préstamo C.C.A.F.” por una suma total de ciento dos mil trescientos noventa y nueve pesos ($102.399), que corresponde a descuentos en razón de dos créditos de “CAJA 18”.

Agrega que la oficina de recursos humanos le señaló que aquel descuento se producía porque el empleador recibía mensualmente instrucciones por parte de “CAJA 18”, la que le indicaba por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores deberían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.

Reconoce que efectivamente solicitó dos créditos a la recurrida “CAJA 18”, el primero fue otorgado con fecha 21 de diciembre del año 2005, Folio Crédito 630017799 y el segundo con fecha 01 de junio del año 2006, Folio Crédito 630018641, los que le fueron otorgados mientras se hallaba presentando servicios para AGROSUPER S.A., lugar donde ya no trabaja.

En relación al primer préstamo fue solicitado en conjunto con la Sra. nombre reservado, Rut RUT reservado, afirmando haber pagado la parte que le correspondía, pues de lo contrario la CAJA 18 no le habría otorgado otro préstamo; agregando que en la actualidad le están descontando de su sueldo cuotas de $28.023, lo que correspondería a la parte de la Sra. nombre reservado.

En cuanto al segundo préstamo, éste fue solicitado junto a la Sra. nombre reservado, Rut RUT reservado, respecto del cual le estarían descontando la parte que le correspondería a ella (valor cuota $37.188) y la de la Sra. nombre reservado (valor cuota $37.188), dando un total entre ambas la suma de $74.376.

Concluye, que si se suman las tres cuotas que le están descontando con motivo de ambos préstamos, da un total de $102.399, lo que correspondería a un 25% de su sueldo imponible.

Indica que presuntamente amparadas por la ley de Cajas de Compensaciones, la recurrida realiza descuentos que no le han sido informados de forma alguna y que corresponderían a una deuda que en todo caso -y para todos los efectos legales- se halla prescrita de acuerdo a las reglas del derecho civil. Además, agrega que nunca se le ha notificado acción judicial alguna tendiente al cobro de dicha deuda, ni menos demanda alguna.

En cuanto a las garantías conculcadas, estima que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales: 3, 16 y 24.

En definitiva, solicita se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando a la recurrida, Caja de Compensación CAJA 18, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas ilegal y arbitrariamente de su remuneración, por un monto que a la fecha asciende a $102.399, al que habrán de sumarse los montos descontados durante la secuela de la acción constitucional, con costas.

Que evacúa informe la Caja de Compensación recurrida, rechazando haber efectuado alguna actuación ilegal o arbitraria en perjuicio de la actora, oponiéndose también a la prescripción alegada.

En tal sentido, hace presente que en su condición de afiliada a la C.C.A.F. 18 de Septiembre, la señora nombre reservado , le solicitó una operación de crédito, el día 01 de junio de 2006, por $398.402, pagadera en 12 cuotas de $37.188; folio 630018641, además de señalar otra serie de deudas en que la actora figura como codeudora.

Agrega que el pago parcial de los créditos se ha realizado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833, esto es, mediante la deducción del valor de la cuota por su empleadora y su posterior remesa a la C.C.A.F. acreedora, por lo que, respecto de las cuotas impagas no ha operado modo de extinguir alguno, errando la actora al asegurar que las acciones de cobro se encuentran “prescritas”.

Indica que el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

A su turno, el artículo 22 de la ley 18.833 establece que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, el cobro de las cuotas del crédito efectuado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833, de una obligación vigente, no es sino la forma en que puede y debe pagarse lo adeudado por la recurrente a esta C.C.A.F.; de conformidad a la normativa que regula la materia.

Añade que este mecanismo de cobro constituye un especial beneficio para sus afiliados; en tanto no sólo promueve el ordenamiento financiero e inhibe el sobreendeudamiento de sus deudores, sino además, su aplicación se restringe únicamente al monto nominal de las cuotas, no a los recargos provenientes de la mora.

No obstante lo señalado precedentemente, y sin reconocer los fundamentos que esgrime la actora en el presente recurso de protección, indica haber dispuesto el cese del cobro que actualmente se dirige contra la actora, respecto de las cuotas de los créditos que adeuda a esta Caja; excluyéndose tales operación de las planillas de crédito de cobro que se dirigen a su actual empleadora. Asimismo, manifiesta que se restituirá a la deudora la suma total que ha sido descontada en sus remuneraciones desde el mes de abril de 2019 en adelante.

Que evacúa informe la recurrida Sofruco Alimentos Ltda., alegando la improcedencia del recurso de protección, respecto de dicha sociedad, por no existir actuaciones arbitrarias y/o ilegales.

Señala que la propia recurrente en su presentación reconoce que la CAJA 18 ha instruido a SOFRUCO que practicara los descuentos por planilla y como consecuencia de aquello su representada ha procedido en conformidad a la Ley, encontrándose obligada de actuar de la forma como lo ha ejecutado.

En este sentido señala que la retención y pago del crédito se ha realizado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo.

Recalca que las disposiciones legales citadas, establecen la expresión “deberá” por lo tanto, no es facultativo para SOFRUCO, efectuar o no el descuento, una vez recibida la instrucción por parte de la Caja de Compensación.

Finalmente, niega que exista una vulneración de garantías constitucionales de su parte.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que de lo consignado en la parte expositiva, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.883 de manera ilegal y arbitraria, por cuanto si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado, por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que si existían deudas insolutas, debieron haberse ejercido las acciones ejecutivas tendientes al cobro de las sumas adeudadas, y no proseguir con los descuentos ante la nueva empleadora, sobre todo considerando el tiempo transcurrido desde que aquellos se hicieron exigibles.

TERCERO: Que tal como se ha dicho, la Caja de Compensación recurrida ha manifestado en su informe, que sin perjuicio de oponerse al recurso, se encuentra llana a dejar de practicar las retenciones señaladas, e inclusive restituir las sumas indebidamente percibidas, lo que demuestra la efectividad de la alegación realizada por la recurrente.

CUARTO: Que, de conformidad a lo anterior, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

QUINTO: Que en relación a la empleadora recurrida, no se visualiza ninguna afectación de dicha garantía constitucional, por cuanto obró en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el arbitrio intentado por doña nombre reservado sólo en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE y, en consecuencia, se ordena que ésta deberá abstenerse de solicitar al empleador de la recurrente realizar descuentos por deudas pasadas, además de efectuar la devolución de las cuotas indebidamente descontadas en las remuneraciones a contar de la liquidación de sueldo del mes de abril del presente año, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 5147-2019-Protección.