Protección contra COMPIN Región de O’Higgins y de la SUSESO

C.A. de Rancagua Rancagua, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºNUM000, con domicilio en domicilio reservado, Región de O’Higgins, funcionaria pública y directora de un jardín infantil municipal, y viene en deducir recurso de protección en contra de la COMPIN Región de O’Higgins y de la SUSESO, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Indica que viene en impugnar el rechazo de sus licencias médicas extendidas entre marzo y comienzos de junio de 2025, las que fueron otorgadas por una situación de salud mental grave que le impedía ejercer su trabajo con normalidad.

Señala que durante ese período fue diagnosticada con un trastorno severo de ansiedad y depresión, acompañado de crisis de pánico, añadiendo que su médico le indicó tratamiento farmacológico y la derivó a terapia psicológica y kinesiología, y que en todos sus informes dejó establecido que el reposo era una medida necesaria para evitar una descompensación mayor y que su cuadro se volviera crónico.

Agrega que presentó todas las apelaciones dentro de plazo, acompañadas de informes médicos, exámenes y antecedentes solicitados, destacando que si bien su empleador pagó sus remuneraciones durante esos meses, éste le informó que se comenzará a descontar de su sueldo actual aproximadamente seis millones de pesos, lo que afecta gravemente su estabilidad económica y familiar.

Hace presente que, gracias al tratamiento, pudo recuperarse y reintegrarse a sus funciones, aunque a la fecha continúa en controles médicos.

Solicita que se deje sin efecto el rechazo de sus licencias médicas.

Con fecha 5 de marzo del año 2026, comparece la recurrida COMPIN Región de O’Higgins, quien evacuó el respectivo informe indicando -en síntesis- que en los años 2023 y 2024 la recurrente presentó 9 licencias médicas, todas autorizadas, con un total de 392 días de reposo; y que en el año 2025 presentó 8 licencias médicas, de las que se autorizaron 2, por un total de 27 días de reposo, encontrándose las otras 6 rechazadas porque los antecedentes presentados no justifican el reposo.

Añade que, para resolver con fundamento y rigurosidad, solicitó a la usuaria antecedentes médicos que justificaran el reposo reclamado, pero que el estudio de éstos no logró demostrar incapacidad laboral más allá del período de reposo ya autorizado, no describe la disfuncionalidad que no permite el reintegro laboral, ni ajustes farmacológicos que permitan aclarar el rol terapéutico del reposo y dirigido al reintegro laboral.

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social evacuó su informe, alegando, en primer término, la extemporaneidad de la acción, por cuanto ésta fue interpuesta con fecha 21 de febrero de 2026, en circunstancias que la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias desde, a lo menos, el 19 de noviembre de 2025, y que el plazo para recurrir de protección es objetivo y no puede quedar entregado a la voluntad del recurrente.

Añade, en subsidio, la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con el sistema de seguridad social; porque la recurrente no identifica el acto que impugna ni las garantías constitucionales que estima vulneradas; y porque no existe un derecho de propiedad sobre un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración mientras las licencias médicas no se encuentren autorizadas.

En subsidio de ambas alegaciones, y en cuanto al fondo, indica que la actuación de la Superintendencia se ajustó a sus atribuciones legales; que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 389 días de reposo ya autorizados por la misma patología; que los antecedentes médicos acompañados no describen de manera suficiente la disfuncionalidad laboral, no acreditan un rol terapéutico efectivo del reposo, no evidencian intervenciones de mayor complejidad acordes al tiempo de reposo y dan cuenta de un tratamiento farmacológico y seguimiento clínico no concordante con la extensión del reposo. En este contexto, no fue posible establecer una correlación clínico-funcional suficiente que permita justificar una incapacidad laboral temporal durante el período de reposo reclamado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha a las instituciones recurridas está dado por el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, extendidas por un total de 105 días a contar del 1 de marzo de 2025, por reposo no justificado, todo lo cual produce una grave vulneración a sus derechos consagrados en la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que primeramente y en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción deducida por la recurrida, y al margen de lo referido por ésta, lo cierto es que el ultimo pronunciamiento respecto a las licencias materia de controversia es la Resolución Exenta NUM006, de 29 de enero de 2026, y habiéndose deducido el presente recurso con fecha 25 de febrero del año 2026, este se encuentra dentro del plazo establecido para ellos lo que determina la improcedencia de la acción incoada.

Respecto de la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, ésta será rechazada, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N°18 de la Constitución Política como indica la recurrida, sino la comprendida en el número 24, el derecho de propiedad, o eventualmente la del número 1 de dicho artículo, esta es, la integridad física o psíquica.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, debemos señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada.

QUINTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

SEXTO: Que, del análisis de los documentos acompañados, se constata un acabado análisis de la institución recurrida.

En efecto se plantea que, de los antecedentes médicos y administrativos analizados se concluyó que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado.

Se plantea que consta que la recurrente registra 389 días de reposo previamente autorizados por la misma patología, lo que da cuenta de un cuadro de evolución prolongada en el cual el reposo pierde su carácter curativo y temporal.

Asimismo, los antecedentes médicos acompañados no describen de manera suficiente la disfuncionalidad laboral, no acreditan un rol terapéutico efectivo del reposo, no evidencian intervenciones de mayor complejidad acordes al tiempo de reposo y dan cuenta de un tratamiento farmacológico y seguimiento clínico no concordante con la extensión del reposo.

En este contexto, se indica que no fue posible establecer una correlación clínico-funcional suficiente que permita justificar una incapacidad laboral temporal durante el período de reposo reclamado.

Junto con ello se planteó que, los antecedentes adjuntos, incluyendo informe médico de noviembre de 2025, no describen de manera amplia y detallada la disfuncionalidad que limitaba el reintegro laboral durante el periodo mencionado. Los antecedentes médicos no señalan tampoco ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo, del que se pueda desprender el rol terapéutico y dirigido al reintegro del periodo reclamado. No se certifica tampoco derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad concordante con el tiempo en reposo médico.

OCTAVO: Que de lo referido y, en conclusión, no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores.

NOVENO: Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por el organismo recurrido no es arbitraria ni ilegal, desde que aquél únicamente se limitó a aplicar la normativa vigente en la materia.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve que:

I.- Que, se rechazan las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción, alegadas por la Superintendencia recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Compín y la Superintendencia de Seguridad Social.

Lo anterior acordado con el voto en contra del abogado integrante Sr. Lobos quien estuvo por disponer el ejercicio de un nuevo peritaje con los antecedentes actualizados, en razón de lo siguiente: 1° Que, del análisis de los antecedentes, se desprende que el acto impugnado adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación, por cuanto la autoridad recurrida ratificó el rechazo de las licencias médicas de la actora basándose exclusivamente en la revisión de los documentos preexistentes, omitiendo decretar medidas para mejor resolver —tales como peritajes, evaluaciones clínicas directas o informes complementarios— que permitieran desvirtuar fundadamente la prescripción de los facultativos tratantes. 2° Que, al prescindir de estos elementos técnicos mínimos de contraste, la decisión deviene en un acto carente de contenido y razonabilidad que infringe las exigencias de la Ley N° 19.880, traduciéndose en una privación ilegal del subsidio de incapacidad laboral que merma el patrimonio de la trabajadora y lesiona directamente su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte N°510-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.