nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

C.A. Rancagua.

Rancagua, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 5 de abril del año en curso, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, representada legalmente por su Alcalde, don Yamil Andrés Ethit Romero, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del acto administrativo que dispone el cese de 34 horas de docencia, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en abril del 2015, asume en calidad de Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del Liceo Municipal de Adultos de Santa Cruz, cargo que desempeñó hasta el año 2020, ya que en esa anualidad fue nombrado en calidad de docente encargado del mismo establecimiento educacional, cargo que ejerció hasta el abril del 2024. Añade que, en mayo del mismo año, fue designado para ejecutar labores de apoyo a inspectoría general, por 34 horas semanales, además de labores de docencia en la asignatura de lenguaje, por 10 horas semanales, mediante Orden de Servicio N° 723 de 25 de abril de 2024.

Hace presente que, mediante Oficio N° 926.441 Folio E522.055/2024, de 1 de agosto de 2024, la Contraloría General de la República estableció que el actor cumple con todos y cada uno de los requisitos para que la recurrida reconozca su titularidad de las 44 horas a contrata, argumentando que ha estado “contratado por a lo menos cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas semanales”. Agregando que, para el cumplimiento de lo anterior, el ente fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del Oficio.

Refiere que el 30 de diciembre de 2024, la recurrida emitió el Decreto Exento N° 3.328, en el cual se le ofrece la renuncia voluntaria del recurrente al total de sus horas, en virtud de la supresión de horas establecidas en el PADEM 2025 y el 6 de marzo de 2025 se le notifica del Decreto N° 1.051, de 27 de febrero de 2025, el que dispone la supresión de horas ya referida y ordena el cese parcial de sus funciones.

Explica que el acto administrativo contra el cual recurre es el decreto N° 1.051, de 27 de febrero de 2025 que suprime 34 horas de la asignatura de Lenguaje en el Liceo Municipal de Adultos de Santa Cruz, no obstante que el año 2024 fue nombrado en 34 horas de apoyo a inspectoría general, y sólo en 10 horas como docente de asignatura, agregando que su fundamento es el instrumento PADEM 2025, por lo que se resolvió la supresión de 69 horas de la asignatura de Lenguaje y Comunicación del Liceo Municipal en razón a que dicha cantidad excede las horas requeridas por los cursos existentes y que justifica la reorganización de la entidad de administración educacional, conforme el artículo 22 inciso 1° número 4, de la ley 19070, sin mayor fundamentación toda vez que el precepto legal utilizado no corresponde sea aplicado en el presente caso, ya que se refiere a la fusión de establecimientos educacionales.

Afirma que la reducción o disminución horaria consideradas en el PADEM, se refiere a una variación generalizada en la comuna y no estrictamente en el establecimiento educacional en particular, por lo que si se hubiere considerado -de manera objetiva- que existe una sobredotación docente en el establecimiento, debió proceder con su reubicación en otro establecimiento de la comuna.

Expresa que, resulta contradictorio que -en los hechos- sólo se suprimieron las 69 horas de Lenguaje y Comunicación, compuestas por sus 34 horas docentes y las 35 de su colega nombre reservado, lo que parece indicar que se está utilizando una herramienta legal para justificar -de modo negligente y erróneo- una decisión antojadiza, cual es reducir unilateral y caprichosamente sus 34 horas semanales.

Considera conculcas las garantías del derecho a la integridad psíquica y su derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando se declare ilegal y/o arbitrario el acto administrativo -y su notificación- que dispone el cese parcial de las 34 horas de docencia y se ordene su reincorporación a un establecimiento educacional dependiente del Departamento de Administración de la Educación Municipal, correspondiente a la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, con costas.

A Folio 10 comparece OSCAR RICARDO CONTRERAS CALDERÓN, abogado, en representación, de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, quien evacua el informe requerido, pidiendo el rechazo del recurso.

Primeramente, se refiere en detalle a la elaboración del PADEM 2025, precisando que, de su exhaustivo análisis técnico-pedagógico consignado, se identificó la existencia de exceso de dotación docente actual en relación con las horas docentes que se requieren de forma efectiva en el liceo municipal de adultos, determinando un excedente total de 87 horas docentes, compuesto por 69 horas de Lenguaje y Comunicación y 18 horas de Educación Básica.

Explica, por lo anterior, se efectuó una supresión de horas docentes en base al numeral 5° del artículo 22 de la Ley 19.070: "Reorganización de la entidad de administración educacional", que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y ajustar la dotación docente a las necesidades reales del establecimiento.

Seguidamente, se refiere al Decreto de ofrecimiento de renuncia voluntaria, indicando que, una vez aprobado el PADEM 2025 y determinado el excedente de 69 horas en Lenguaje y Comunicación, se identificó que los únicos docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el Liceo Municipal de Adultos eran el actor y don nombre reservado, ambos con 44 horas titulares cada uno, en dicha asignatura. Añade que, al no existir criterios diferenciadores entre ambos docentes, el artículo 73 inciso 2° de la Ley 19.070 establece taxativamente que se debe "ofrecer la renuncia voluntaria a quienes se desempeñan en la misma asignatura, nivel o especialidad de enseñanza en que se requiere disminuir horas".

Relata que, al no aceptar ninguno de los docentes la renuncia voluntaria, y manteniendo la igualdad de condiciones entre ambos, el 27 de febrero de 2025, se dictó el Decreto Exento N° 1.051, que estableció el cese parcial de funciones el actor por 34 horas, manteniendo su titularidad de 10 horas en la asignatura de Lenguaje, el que se fundamentó en el artículo 22 N° 5, que establece: “Reorganización de la entidad de administración educacional” y 72 letra j) de la Ley 19.070, distribuyéndose equitativamente el excedente entre ambos docentes dada la inexistencia de criterios diferenciadores, precisando que si bien hay un error formal en dicho decreto en el considerando Nº 1 -al citar el artículo 22 inciso 1° número 4, de la ley 19070, pues la causal de supresión, según el PADEM del año 2025, corresponde al número 5- no hace que el decreto carezca de fundamento, pues está claro que la causal de supresión que se está aplicando es la del artículo 22 número 5 de la ley 19.070, esto es, Reorganización de la entidad de administración educacional, según el mismo texto del decreto, argumentando que dicho decreto está suficientemente fundado. Seguidamente se refiere a la notificación al docente y que éste cobró un cheque por $19.461.130 correspondiente a su indemnización establecida en el artículo 73 de la ley 19.070, por la supresión de las horas.

En cuanto al derecho, indica que el recurrente incurre en un error sustancial al señalar que se aplicó el numeral 4 del artículo 22 (fusión de establecimientos), ya que el decreto fue correctamente fundado en el numeral 5 y artículo 72 letra j), indicando que la supresión parcial de horas constituye una de las causales legales de término de la relación laboral para funcionarios docentes, lo que legitima el acto administrativo, agregando que se cumplió rigurosamente el artículo 73.

Posteriormente refiere que no existe vulneración a las garantías constitucionales del actor, destacando que el cobro de la indemnización legal constituye el cumplimiento final y total de los efectos del Decreto N° 1.051, añadiendo que el pago y recepción voluntaria del monto indemnizatorio implica la aceptación de los efectos patrimoniales del acto administrativo y no puede pretenderse dejar sin efecto un acto administrativo cuyos efectos económicos ya fueron percibidos por el afectado.

Hace además presente que el 20 de marzo de 2025, la COMPIN de la Región de O'Higgins emitió la Resolución de Evaluación con Folio N° 18626096, declarando que el recurrente "presenta un estado de salud irrecuperable", constituyendo esta circunstancia sobreviniente una causal específica de término de la relación laboral establecida en el artículo 72 letra h) de la Ley N° 19.070, por lo que la recurrida debe notificar del cese total de funciones del actor, puntualizando que en el hipotético caso que se acogiera el presente, dejando sin efecto la supresión parcial de horas, igualmente procedería el cese total de funciones del recurrente por la causal de salud, lo que resultaría perjudicial para el actor cuanto dicha causal no contempla el pago de indemnización alguna.

Finalmente, pide declarar la improcedencia del recurso de protección por existir un procedimiento especial establecido en el artículo 75 de la Ley 19.070.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como arbitrario e ilegal, corresponde a la dictación por parte de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz del Decreto Exento N° 1.051, de 27 de febrero de 2025, mediante el cual se dispuso el cese parcial de funciones del recurrente, reduciendo su carga horaria de 44 a 10 horas semanales como docente de Lenguaje y Comunicación, lo que conculca las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la Constitución Política de la República.

3.- Que, la recurrida solicita el rechazo del recurso, indicando que la supresión de horas se efectuó en base al numeral 5° del artículo 22 y 72 letra j) de la Ley 19.070: "Reorganización de la entidad de administración educacional", que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y ajustar la dotación docente a las necesidades reales del establecimiento, argumentando que el respectivo decreto está suficientemente fundado, agregando que el actor cobró un cheque por $19.461.130 correspondiente a su indemnización establecida en el artículo 73 de la ley 19.070, por la supresión de las horas, lo que implica la aceptación de los efectos patrimoniales del acto administrativo. Además, como hecho sobreviniente refiere resolución COMPIN que declara que el recurrente "presenta un estado de salud irrecuperable", lo que constituye una causal específica de término de la relación laboral por lo que, de acogerse el recurso, no tendría derecho a indemnización. Finalmente, pide declarar la improcedencia del recurso de protección por existir un procedimiento especial establecido en el artículo 75 de la Ley 19.070.

4.- Que, para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, se contempla la obligación de la Municipalidad o Corporación que fija la dotación docente de cada comuna, realizar las adecuaciones que procedan, por una serie de circunstancias de carácter técnico-pedagógico.

5.- Que, por su parte, el artículo 77 de la citada ley, dispone que: “Si por aplicación del artículo 22 es adecuada la dotación y ello representa una supresión parcial de horas, los profesionales de la educación de carácter titular que sean afectados, tendrán derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número de horas que dejen de desempeñar.”.

La misma norma, en su inciso tercero, contempla el monto de indemnización y los requisitos para percibirla, en relación con el monto de las remuneraciones correspondientes a las horas que el profesional de la educación deja de servir, además de contemplar un procedimiento de reclamo del trabajador que considera que, en su caso, ha existido una ilegalidad, debiendo reclamar conforme al procedimiento establecido en el artículo 75 de la misma ley, y que es aquel destinado a reclamar ante el tribunal del trabajo competente, por la inobservancia de las condiciones y requisitos de las causales de término de la relación laboral.

6.- Que, de este modo, cabe rechazar la acción constitucional de autos, ya que el tribunal encargado de resolver la situación planteada por el actor es el juzgado laboral competente, conforme a las reglas contenidas en el artículo 423 del Código del Trabajo, mediante un juicio de lato conocimiento que determine la efectividad de haberse producido una reducción de las horas de trabajo y el fundamento de ello, y, en su caso, el cálculo que corresponda por concepto de indemnización, atento lo dispuesto en el citado artículo 77 del denominado “Estatuto Docente”.

7.- Que, a mayor abundamiento, el propio recurrente reconoce haber recibido una indemnización por la rebaja de sus horas académicas, lo que de acuerdo al artículo 75 ya mencionado, supone aceptar la causal, a lo que debe agregarse que habiéndose emitido por la Compin una resolución que declara su salud irrecuperable, lo que tal como lo alegó la parte recurrida lleva al término de su relación contractual, razón por la cual esta Corte no podría dar lugar a lo solicitado en este recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 507-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.