Protección contra CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
- Fecha
- 12 de julio de 2022
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 506-2022, sentencia de 12 de julio de 2022
Resumen
Se rechaza la protección pues la licitación fue dejada sin efecto y se llamó a una nueva, y la impugnación corresponde al Tribunal de Contratación Pública.
Texto íntegro
C.A. de Rancagua.
Rancagua, doce de julio de dos mil veintidós.
VISTOS:
Con fecha 14 de marzo de 2022, comparece Luis Alberto Arenas Moreno, abogado, en representación EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA HARRISON HIDALGO E.I.R.L., representada legalmente por nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS TRASPASADOS DE RANCAGUA, organismo de la Administración del estado y persona jurídica de derecho público, representado por su alcalde Juan Ramon Godoy Muñoz; de nombre reservado, Asesora del departamento jurídico; de nombre reservado, Coordinador técnico de educación y de nombre reservado, Jefe departamento de estudios y proyectos, todos con domicilio en domicilio reservado.
Señala que el 15 de febrero del año 2022, la Corporación Municipal de Servicios Públicos traspasados de la comuna de Rancagua, pública en la página web “www.mercadopublico.cl” el llamado a licitación “REPARACIÓN MULTICANCHAS SOLUCIÓN ACRÍLICA, 6 COLEGIOS DE LA CORMUN”, bajo la identificación Nº557639-21-LQ, la que se encuentra regulada en el documento “Bases Administrativas y Técnicas de Licitación: Reparación Multicanchas Solución Acrílica, 6 Colegios De La Corporación Municipal De Servicios Públicos Traspasados De Rancagua”.
Menciona que las citadas bases, regulan y reglamentan el proceso de evaluación técnica de los oferentes que postulan a la licitación, encontrándose en el punto 19 del mismo los ítems y criterios de evaluación. Entre los criterios y ponderación de evaluación de cada uno se encuentran los siguientes: a) Oferta económica (30%); b) Plazo de entrega (40%); c) Experiencia (15%); d) Presencia local (10%); e) Cumplimiento de requisitos formales (5%). Para efectos de la realización de la referida evaluación, en el punto 14 del mencionado reglamento se establece una comisión de evaluación, la cual está compuesta por los siguientes funcionarios de la corporación: 1) Asesor Jurídico; 2) Un representante de la división de educación; 3) Un representante del departamento de estudios, quienes para el caso de la licitación mencionada en el presente recurso corresponden a la Sra. nombre reservado (Asesora del Departamento jurídico); el Sr. nombre reservado (Coordinador técnico de Educación) y el Sr. nombre reservado (Jefe departamento de estudios y proyectos).
Explica que la evaluación realizada otorgó los siguientes puntajes: a la recurrente 78,43 y a la adjudicada, 93,02. Resultando como criterio de mayor diferenciación aquel que dice referencia con “Menor plazo ofertado”. Posteriormente, con fecha 07 de marzo de 2022, la comisión formada por la Sra. nombre reservado (Asesora del departamento jurídico); el Sr. nombre reservado (Coordinador técnico de educación) y el Sr. nombre reservado (Jefe departamento de estudios y proyectos), adjudica, ilegal y arbitrariamente, la licitación pública ID557639-21-LQ22 a la empresa DISTRIBUIDORA DOÑA nombre reservado, por un monto total de $244.302.240 IVA incluido, con un plazo de entrega corridos desde la emisión de la orden de compra, que a la fecha no se ha emitido.
Alega que el plazo establecido en la licitación, hace referencia como plazo total del contrato, sin embargo, en la postulación de la empresa Distribuidora Doña nombre reservado se ofrece como plazo para la obra a realizar 20 días, vulnerando las bases de licitación en el punto 16 que los oferentes que presenten ofertas temerarias con un plazo de ejecución inferior o superior al 30% del plazo estimado se les declarará inadmisible o fuera de bases, rechazándose las ofertas a través del Portal y por ende eliminándoseles en forma definitiva e irreversible del proceso de licitación, por lo que la oferta propuesta por la ejecutada equivale a un 44,4% del plazo establecido, siendo inferior al 70% establecido como plazo mínimo en las bases, lo que es ilegal.
Alude que la fecha de publicación de la licitación, esto es, el día 15 de febrero del año 2022, coincide con el mismo día en que la empresa Distribuidora Doña nombre reservado realiza ante el Servicio Nacional de Impuestos Internos una incorporación a su giro comercial referida a “Terminación y acabado de edificios”, según consta en su información tributaria obtenía a la fecha 09 de marzo de 2022, lo que afecta el cumplimiento de uno de los requisitos de la evaluación pertinente para adjudicarse la licitación, que dice relación con comprobar la experiencia que el postulante mantenía frente al trabajo, hecho que la recurrida acreditó mediante un certificado extendido por Carabineros de Chile, quienes expresan haber recibido servicios de la empresa adjudicataria, por el concepto de pintura en dependencia de los edificios institucionales y Reparación de superficie y pintura en multicanchas de establecimiento recreacionales de la institución, todo lo anterior en un periodo de tiempo comprendido entre el mes de enero del año 2018 y diciembre del año 2021, época en la que la mencionada empresa no contaba precisamente con el giro comercial incorporado.
Explica que por lo anterior la adjudicación efectuada por la recurrida a la empresa ya mencionada, no cumple con los requisitos legales para le hubiese sido adjudicada, porque no se ha acreditado experiencia en obras “realizadas” en fechas anteriores a la apertura del giro comercial vigente de “Terminación y acabado de edificios”.
Indica con el actuar de las recurridas se vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, respetando las normas legales que la regule y el derecho a la no discriminación arbitraria; además de vulnerar el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 52 de la Ley 18.575.
Finalmente solicita lo siguientes: 1) Que, se deje sin efecto la resolución de fecha 7 de marzo de 2022 que adjudica la licitación pública ID 557639 – 21 – LQ22 denominada Reparación de Multicanchas Solución Acrílica, 6 colegios de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua”. A la empresa Distribuidora Doña nombre reservado; 2) Que, en consecuencia, se adjudique la licitación a su representada por ser la mejor evaluada en relación con el cumplimiento de las bases, o en su caso deberá realizarse nuevamente el proceso de ID 557639 – 21 – LQ22 denominada Reparación de Multicanchas Solución Acrílica, 6 colegios de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua”. esta vez con estricta sujeción a las normas que regulan la materia; 3) Que, se oficie a la Contraloría Regional de la Rancagua, para que, tomando conocimiento de los hechos materia del presente recurso, determine la procedencia de investigar posible responsabilidades administrativas de los intervinientes en el proceso de licitación al que se ha hecho mención; 4) Que, se oficie a la Fiscalía Regional de la Rancagua , para que, tomando conocimiento de los hechos materia del presente recurso, determine la procedencia de investigar posible responsabilidades penales de los intervinientes en el proceso de licitación al que se ha hecho mención; 5) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.
Con fecha 31 de marzo de 2022, se evacua informe por parte de Carabineros de Chile, señala que el Suboficial Mayor, llamado al servicio, nombre reservado, en calidad de encargado de vehículos de la citada unidad policial, reconoce, que ante el requerimiento realizado por el propietario de la empresa “Ingecom”, identificado como nombre reservado, con fecha 29 de enero de 2022, le extendió un certificado que acredita que dicha empresa efectuó trabajos de pintura, reparaciones estructurales, reparaciones perimetrales y desabolladora, señalando que dichas reparaciones se realizaron entre mayo y septiembre de 2021,documentos que lleva la firma del señalado Suboficial Mayor y el sello de la Primera Comisaria de Rancagua, desconociendo la veracidad de los otros dos certificados extendidos supuestamente por él, ni firma contenida en ellos.
Agrega que consultado el departamento de Apoyo a la Operaciones Policiales de la VI Zona de Carabineros del Libertador Bernardo O’Higgins, se corroboró que la mencionada empresa no ha realizado trabajos en cuarteles de Carabineros de esas dependencias.
Finalmente, indica que al Suboficial Mayor, ya mencionado, se le aplicó la medida disciplinaria consistente en la “Baja de las Fila de la Institución, con efectos inmediatos”, por conducta mala, a raíz de haber extendido el cuestionado certificado.
Con fecha 3 de abril de 2022, comparece Marjorie Natalia Mejias Muga, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Servicios públicos Traspasados de Rancagua, solicitando el rechazo del recurso.
Señala que en este caso existe un procedimiento y Tribunal especial que le corresponde conocer la materia que se ventila en este recurso, que es el Tribunal de Compra Públicas.
Agrega que uno los requisitos de la presente acción constitucional es que se aleguen derechos indubitados, por lo que al referirse al proceso de adjudicación que no se encuentra concluido, no existen aún derechos adquiridos para las partes, por lo que no se cumpliría con el requisito señalado.
Menciona que el proceso de licitación cuestionado fue dejado sin efecto, en usos de la facultad contenida en el punto N°26 de las bases de licitación, con el objeto de efectuar un nuevo proceso licitorio. En ese sentido, el recurrente al momento de ofertar aceptó de forma expresa la Bases Administrativas y Técnicas, según se señala en el punto N° 7 de las mismas, en concordancia con el principio de estricta sujeción a las bases.
Expresa que respecto de la licitación cuestionada fue adjudicada, mediante resolución N° 233, de fecha 7 de marzo de 2022, respecto de la cual se recibieron una serie de denuncias y reclamos a través de mercado público, en el que se indica que los documentos acompañados por la empresa adjudicataria son falsos, por lo que la Corporación revocó el proceso licitatorio mencionado, mediante resolución N°254, de fecha 11 de marzo de 2022.
Con fecha 11 de mayo de 2022, evacuan informe los recurridos, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado nombre reservado, solicitando el rechazo del presente recurso, utilizando los mismos argumentos señalado por la Corporación Municipal de Servicios públicos Traspasados de Rancagua, con costas.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.
2° Que, el acto ilegal o arbitrario que es objeto de reproche es la Resolución N° 233, de fecha 7 de marzo de 2022, emitida por la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, la que adjudica la licitación pública ID557639-21-LQ22 a la empresa Distribuidora Doña nombre reservado, la cual no cumple con los requisitos establecidos en la Bases de Licitación pública, en especial, el que dice relación con la experiencia de la empresa cuestionada.
3° Que, la recurrida, refiere que el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que se dictó la Resolución N°254, de fecha 11 de marzo de 2022, que revocó el proceso licitatorio ID557639-21-LQ22, por una serie de reclamos y denuncias recibidas mediante la página de mercado público.
4° Que de lo señalado anteriormente y de acuerdo al mérito de los documentos acompañados por la recurrida, es posible concluir que el acto objeto de reproche ya no existe, pues dicha autoridad revocó la Resolución N°233 de fecha 7 de marzo de 2022, que adjudicó la Licitación Pública cuestionada, ordenando en la misma llamar a una nueva licitación para la contratación de la “Reparación de Multicanchas solución acrílica, 6 colegios de Corporación Municipal de Rancagua”. Por consiguiente, la acción constitucional intentada ha perdido oportunidad, pues ya no hay medida que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, al encontrarse ya satisfecha la pretensión de la recurrente.
5° Que, a mayor abundamiento, cabe señala que, en el reproche trascrito, se advierte que lo pretendido por el recurrente es el pronunciamiento sobre la ilegalidad y arbitrariedad en que se incurrió en el proceso de licitación en cuestión, requerimiento que tiene un procedimiento especial establecido en la Ley 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones, que en su artículo 24 señala que el Tribunal competente para conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación, es el Tribunal de Contratación Pública.
6° Que, además, según se desprende las alegaciones del recurrente, se solicita que sea esta Corte quien proceda a efectuar derechamente la adjudicación materia de la licitación, a su parte, cuestión que excede las facultades del recurso en análisis, pues ello es competencia directa de una entidad distinta, e igualmente ello supone el análisis de las bases de licitación pública y el cumplimiento o no de los requisitos allí exigidos, materias que, como se dijo, deben ser conocidas en la sede correspondiente.
7° Que, de cualquier modo, toda resolución respecto de la licitación cuestionada resultan improcedentes, toda vez que según se ha informado por la recurrida, aquella fue dejada sin efecto, por lo que jurídicamente es inexistente, y se ha llamado a una nueva licitación, como la misma resolución revocatoria N° 252 de fecha 11 de marzo de 2022 lo indica.
Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por la Empresa de Servicios de Ingeniería y Actividades Conexas De consultoría Técnica Harrison Hidalgo E.I.R.L., en contra de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.
Sin perjuicio de lo anterior, remítanse los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, para los fines que estimen pertinentes.
Regístrese y comuníquese.
Rol I. Corte 506-2022 Protección