Protección contra SEREMI de Obras Públicas

C.A. de Rancagua Rancagua, cuatro de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 2 de marzo de 2024 comparece el abogado Diego Rivera Gómez, en representación de nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SEREMI de Obras Públicas, Región de O´Higgins, representada por doña nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario -respecto de la primera- de haber realizado trabajos con maquinaria pesada en propiedad privada sin autorización de sus respectivos dueños y sin mediar expropiación previa; y -en el caso de la segunda- por hostigamientos constantes hacia doña nombre reservado, actuaciones que consideran ilegales, arbitrarias y vulneradoras de los derechos fundamentales de los numerales 2, 3 inciso quinto, 4, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes de la acción, menciona que nombre reservado es dueña de una porción de terreno que corresponde al LOTE A de la subdivisión del predio denominado "El Arenal", ubicado en Toquihua, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, cuya propiedad adquirió por compra que para ella hizo su padre en el año 1988. Por su parte, doña nombre reservado es dueña de derechos sobre tres propiedades, entre las cuales se encuentra la propiedad colindante a la de la recurrente nombre reservado, denominada "San Luis". Ambas propiedades son agrícolas, colindan entre sí y con el río Cachapoal, no presentan viviendas habitacionales y en sus deslindes sur, este y poniente no hay asentamientos humanos.

Indica que entre ambas propiedades existe una huella de camino, de origen privado, usada principalmente por los propietarios de ambos inmuebles, destinado primitivamente al servicio interno de un fundo. Dicho camino, a su juicio, no es un bien nacional de uso público, aunque sus propietarios permitan el uso a la comunidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 592 del Código Civil. Asimismo, afirman que no ha existido procedimiento expropiatorio a favor del Estado para construir un camino público que divide en dos una propiedad de más de 15 hectáreas.

Expone que la recurrente señora nombre reservado elevó una solicitud a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de San Vicente para realizar el cierre del predio denominado LOTE A, debido a que el camino particular existente es utilizado para ir a botar basura y escombros a las riberas del río Cachapoal, así como también para ir a abandonar perros y para el consumo de drogas y alcohol de gente que llega en vehículos. Ante dicha solicitud, la Dirección de Obras Municipales, mediante ORD Nro. 193 de 3 de abril 2023, autorizó el cierre del predio en cuestión, sin eliminar el libre acceso peatonal al río Cachapoal y sujeto a cambio según lo que estipule el Departamento de Vialidad. En virtud de dicha respuesta, la recurrente procedió a cerrar el inicio del camino particular para evitar el acceso vehicular a su terreno y a las riberas del río Cachapoal, manteniendo siempre el acceso peatonal al bien nacional de uso público. Sin embargo, una vez cerrado, los vecinos del sector rompieron el cierre instalado.

Adiciona que la presidenta de la junta de vecinos, señora nombre reservado, reunió a los vecinos indicándoles que la propiedad colindante al Arenal le pertenece a una familiar suya, y que ésta deslinda con un camino público, lo que considera falso, pues se basa en los deslindes de un título nulo. Además, señalan que en el cargo que detenta se ha encargado de vulnerar la honra de la recurrente nombre reservado cada vez que tiene la oportunidad, a través de lenguaje soez usado en su contra, así como también el desprestigio de su imagen frente a la comunidad a través de injurias y calumnias.

En este contexto, aduce que el 19 de enero de 2024, la recurrida Seremi de Obras Públicas, Región de O´Higgins, se apersonó en el lugar en conflicto, ingresando a las propiedades de las recurrentes para realizar la instalación de un tubo de desagüe entre las propiedades "El Arenal" y "San Luis" sin autorización de las propietarias, sin decreto o resolución que ordenare dicho trabajo. Posteriormente, arguye que el 23 de enero de 2024 y a la fecha de presentación del recurso, se desarrollan trabajos dentro de la propiedad denominada LOTE A de la subdivisión del "El Arenal" y en parte del deslinde poniente de la propiedad denominada "San Luis" con maquinaria pesada abriendo un nuevo camino.

Califican los actos de la autoridad recurrida como ilegales y arbitrarios, por la ejecución de trabajos con maquinaria pesada en propiedad privada sin autorización de sus respectivos dueños y sin mediar expropiación previa, afectando a dos propietarios y dividiendo físicamente el Lote A de la subdivisión del inmueble denominado "El Arenal". Asimismo, considera vulnerada la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que la autoridad se habría constituido como comisión especial para resolver un conflicto entre parte de la comunidad y privados relativo al acceso a un bien nacional de uso público, saltándose la institucionalidad.

Argumentan, además, que los actos de la recurrida vulneran el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, lo que no ha ocurrido en el caso de autos. Asimismo, indican que se habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 Nro. 2 de la Carta Fundamental, dado que la Seremi de Obras Publicas de O´Higgins habría actuado precipitadamente, de forma ilegal y arbitraria, favoreciendo a un grupo de personas por haber participado en un reportaje televisivo. Además, el actuar de la recurrida atenta contra la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reconocida en el artículo 19 Nro. 8 de la Constitución, al realizar un movimiento de tierra en el lugar con maquinaria pesada, dañando el ecosistema presente en la ribera del rio y en las islas del lugar. Finalmente, respecto de doña nombre reservado, alegan la vulneración del derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consagrado en el artículo 19 Nro. 4 de la Constitución Política, por cuanto en virtud del cargo que inviste atacó, difamó y calumnió públicamente a doña nombre reservado, organizando a la comunidad a entrar a la propiedad de la recurrente y realizando constantes hostigamientos a su persona.

Finaliza solicitando se ordene a la recurrida paralizar toda obra o ejecución de trabajo que esté efectuando en las propiedades individualizadas, de manera personal o por medio de terceras personas; la abstención de seguir ejecutando obras de apertura de caminos con maquinaria pesada, como de cualquier otro tipo de trabajo que embarace o turbe el legítimo derecho de las ofendidas; abstención de ingresar a las propiedades y que se le ordene que deje de obstaculizar, paralizar, impedir o entorpecer el normal acceso a la propiedad; el retiro de toda maquinaria, herramientas o insumos de trabajo, u otro afín que mantenga en los inmuebles referidos; abstención y cese de toda obra o trabajo por parte de la recurrida que no sea precedido de una autorización por parte de la autoridad competente, con costas.

A folio 9, con fecha 15 de marzo de 2024 comparece la recurrida nombre reservado evacuando informe, negando cada uno de los hechos contenidos en el recurso.

Indica que jamás ha participado en ningún tipo de conducta delictual y menos en aquellas que dicen relación con el delito de injurias y calumnias que se le han atribuido, las que, además, escapan de la esfera de competencia de la presente acción. Precisa que en el recurso es mencionada en sólo 3 numerales y se omite petición alguna en relación con su persona, lo cual es suficiente para desechar el recurso con costas.

A folio 18, con fecha 28 de marzo de 2024, evacua informe don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial Subrogante de Obras Públicas, en representación del Ministerio de Obras Públicas de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condena en costas.

En primer lugar, expone que el camino denominado Ruta H-594 es parte del catastro de la Red Vial Regional que atiende la Dirección Regional de Vialidad de O'Higgins, siendo parte de la Red Oficial Única (ROU) de ésta. Indica que, de acuerdo con la Resolución Exenta DV Nº 322 de 11.02.2022, dicho domicilio reservado,812 del domicilio reservado. Al respecto, hace presente que si bien la monografía de caminos acompañada por las recurrentes, del año 1967, señala como término del domicilio reservado, el kilometraje ha variado con el paso del tiempo debido a que el cauce del río es variable, especialmente en los últimos años producto del cambio climático.

Por otra parte, controvierte la alegación de las recurrentes en orden a que sus predios formarían parte de una subdivisión que colinda entre sí, siendo el tramo final del camino H-594 de carácter privado y destinado al servicio interno de un fundo. Explica que, revisada la cartografía digital del Servicio de Impuestos Internos, los lotes correspondientes a los roles señalados en las inscripciones de dominio acompañadas no colindan entre sí, y el camino H-594 no divide ambas propiedades. Agrega que en la inscripción de derechos de doña nombre reservado se indica que ésta es dueña de derechos sobre tres sitios, sin señalar que alguno de ellos sea el Lote B como afirman las recurrentes.

Seguidamente, aclara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 inciso 1º del DFL MOP Nro. 850 de 1997, todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido, correspondiendo a la Dirección de Vialidad ordenar y hacer cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera sea el tiempo durante el cual haya permanecido sustraído al uso público. Añade que, si bien se trata de una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario, la reclamación de dominio por parte del particular debe efectuarse judicialmente y no por esta vía cautelar.

En este escenario, afirma que la Dirección Regional de Vialidad no ha actuado arbitrariamente, toda vez que el domicilio reservado, correspondiendo a dicha repartición su proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización, en virtud del mandato legal contenido en el artículo 18 del DFL MOP Nro. 850 de 1997, so pena de incurrir en una falta de servicio. En cumplimiento de dicho mandato, el referido camino se encuentra inserto en un contrato de obra pública denominado "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, de la Región de O'Higgins", adjudicado a través de la Resolución DRV VI Nº 21 de 05.06.2023 a la empresa Maestranza y Áridos Rio Maípo S.A.

Alega la improcedencia de la acción de protección para efectuar el reclamo de dominio sobre el supuesto camino privado, pues sostiene que, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 inciso segundo del DFL MOP Nro. 850 de 1997, dicha reclamación debe efectuarse a través de una acción judicial de lato conocimiento, donde las partes involucradas puedan aportar todas las pruebas que obren en su poder.

Concluye que no existe un acto ilegal o arbitrario de su parte, ni de la Dirección de Vialidad de la Región de O'Higgins, que entorpezca, limite o amague las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes, de modo que la presente acción de protección debe ser desestimada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que vulnera las garantías denunciadas por las recurrentes es, respecto de la recurrida nombre reservado, los constantes hostigamientos hacia la actora nombre reservado; y, en el caso de la SEREMI de Obras Públicas, el recurso se interpone por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber realizado trabajos con maquinaria pesada en propiedad privada sin autorización de sus respectivos dueños y sin mediar expropiación previa.

TERCERO: Que, por su parte, ambas recurridas solicitaron el rechazo del recurso con costas.

La recurrida doña nombre reservado, señaló que no tiene participación alguna en los delitos de injurias y calumnias que se le han atribuido, las que, además, escapan de la esfera de competencia de la presente acción. Precisa que en el recurso es mencionada en sólo 3 numerales y se omite petición alguna en relación con su persona.

Por su parte, la recurrida SEREMI de Obras Públicas, controvierte la alegación de las recurrentes en orden a que sus predios formarían parte de una subdivisión que colinda entre sí, y sostiene que el camino H-594 no divide ambas propiedades. En este escenario, afirma que la Dirección Regional de Vialidad no ha actuado arbitrariamente, toda vez que el domicilio reservado, correspondiendo a dicha repartición su proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización, en virtud del mandato legal contenido en el artículo 18 del DFL MOP Nro. 850 de 1997, so pena de incurrir en una falta de servicio. Por último, alega la improcedencia de la acción de protección para efectuar el reclamo de dominio sobre el supuesto camino privado, conforme al artículo 26 inciso segundo del DFL MOP Nro. 850.

CUARTO: Que, en el caso de la recurrida doña nombre reservado, atendido el tenor del recurso y lo informado por ella, corresponde desestimar la acción intentada en autos, por cuanto no se acompañó ningún antecedente que acreditara la imputación que se hizo a su respecto, lo que además fue negado por la Sra. nombre reservado.

QUINTO: Que, en el caso de la recurrida SEREMI de Obras Públicas, forzosamente debe concluirse, que toda declaración sobre la existencia o titularidad de derechos no es materia de las acciones constitucionales, pues ello implica la no concurrencia de un elemento importante para su interposición, y es que se trate de la vulneración de un derecho indubitado, y en este caso, justamente, se trata de un derecho en discusión.

En efecto, la acción de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, que busca amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, indubitados, a través de los mecanismos de resguardo que se soliciten y se consideren idóneos para tal efecto, cuando un acto arbitrario o ilegal ha impedido, perturbado o amenazado su libre ejercicio, resultando determinante para acoger la acción, la constancia del carácter preexistente e indiscutido del derecho supuestamente afectado o vulnerado, situación que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se solicita por esta vía, no tiene el carácter de indubitado.

La falta del carácter de indubitado del derecho afectado implica que la discusión de éste debe permitir a las partes la posibilidad de rendir prueba suficiente para acreditar los hechos que sustenten su derecho, lo que, en el caso concreto de los recursos constitucionales, no es posible atendida su naturaleza cautelar y no declarativa de derechos.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, de los documentos acompañados por las recurrentes y específicamente las inscripciones de dominio de sus respectivas propiedades, consta que la de doña nombre reservado se menciona expresamente colindar con un camino público, y en relación a las de doña nombre reservado si bien su inscripción menciona tener derechos sobre tres sitios, ésta sólo menciona dos roles de avaluó de fiscal que efectivamente se encuentran muy distantes de la propiedad de la otra recurrente, todo lo cual además permite señalar que sus alegaciones no se encuentran acreditadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado en contra de la SEREMI de Obras Públicas, Región de O´Higgins, representada por doña nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 500-2024 Protección.