RECURRENTE:nombre reservado RECURRENTE:TRIBUNAL DE GARANTIA DE RANCAGUA

Rancagua, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que, con fecha 24 de septiembre de 2018, compareció ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, don nombre reservado, sacerdote, Párroco de Nuestra Señora de la Inmaculada de Concepción de Viña del Mar y Vicario Judicial de la Diócesis, Juez del Tribunal Eclesiástico de Valparaíso, domiciliado en domicilio reservado deduciendo recurso de protección en contra del Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, don Luis Barría Alarcón.

Funda su recurso, en que el Sr. Fiscal de Graneros, don “Diego” nombre reservado, el día 13 de septiembre de 2018 a las 11:30 horas, llegó hasta las oficinas del Tribunal Eclesiástico Regional, en donde desempeña sus funciones como Vicario Judicial de la Diócesis y Juez de primera instancia en los casos de anulación de matrimonio.

Agrega, que para sustentar la diligencia en comento, se presentó una fotocopia de la orden de entrada, registro e incautación de fecha 10 de septiembre de 2018, suscrita por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, don Luis Barría Alarcón, dictada durante la tramitación de una causa, en la que se indagan todas las denuncias e investigaciones constitutivas de delito sexual contra menores de edad que se hubiesen presentado ante el Obispado de Valparaíso.

Depone, que el lugar en donde se efectuó el registro e incautación se trata de un lugar religioso, por lo que debía cumplirse con lo dispuesto en el artículo 209 del Código Procesal Penal, lo que no sucedió.

Denuncia que tampoco se cumplió con lo enunciado en el artículo 182 del cuerpo legal antes citado, ya que la actuación en referencia debían ser secretas para los terceros ajenos al procedimiento, ya que durante su desarrollo se apersonaron medios de comunicación.

Señala que se procedió a la incautación del computador con el que trabaja en los juicios de anulación matrimonial, como el de la Secretaria del Tribunal, por lo que todo su trabajo judicial quedó detenido indefinidamente.

Cita como vulnerada las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, y finaliza pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de protección y se ordene el Juzgado de Garantía de Rancagua que haga llegar a su domicilio los computadores incautados apenas haya copiado toda la información que en ellos está registrada sobre los procesos de anulación del matrimonio canónico que se encuentran pendientes.

Acompaña documentación que se encuentra incorporada en el expediente virtual.

Que, la Corte de Apelaciones de Valparaíso se declaró incompetente para conocer del asunto, y en su oportunidad ésta Corte aceptó la competencia y declaró admisible el recurso.

Que, con fecha 9 de octubre del año en curso, atendido lo dispuesto en el numeral 3° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección, se dispone pedir informe al Fiscal Regional del Ministerio Público y al Fiscal Adjunto Sergio Pérez Nova, que practicó la diligencia cuestionada por el recurrente.

En primer término evacua el informe solicitado don Luis Barría Alarcón Juez Titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, el que se refiere a lo obrado en la causa RIT 6451-2018, en la que se investiga la comisión de delitos de abuso sexual, en la que se han decretado diversas diligencias investigativas y medidas intrusivas., entre ellas la que motiva la interposición del recurso, la que fue autorizada y ejecutada sin reparo.

Menciona que conforme a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los que tiene el carácter se reservado, procedió a dictar la resolución de fecha 10 de septiembre de 2018.

Expone que no ha existido un acto que pueda ser catalogado como arbitrario y/o ilegal, pues se ha limitado a ejercer las facultades propias de la jurisdicción que ejerce, en el marco de su competencia y previa valoración de los antecedentes expuestos es que accedió a la diligencia, realizando un control respecto a la necesidad, procedencia de la medida y de su forma de su ejecución.

Menciona que ante la existencia de un eventual vicio, o de la afectación de derechos mencionados durante la ejecución de la medida, también tiene competencia el Juzgado de Garantía para hacer un control posterior, conforme lo disponen los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal.

Agrega, que hasta la fecha no ha existido reclamo alguno y que en todo caso la devolución de la especie pretendida por el recurrente debe ser solicitada al Ministerio Público y ante su eventual negativa, al Juez de Garantía.

Luego, evacua informe el Sr. Fiscal don Sergio Pérez Nova, quien solicita el rechazo del recurso, por no existir un acto arbitrario y/o ilegal.

Señala que efectivamente el día 13 de septiembre del año en curso concurrió al Obispado de Valparaíso para ejecutar la resolución judicial que autorizaba la incautación y registro de los documentos que indica.

Agrega que con esa misma fecha el Magistrado don Luis Barría Alarcón se pronunció respecto a la omisión de comunicación previa de conformidad al artículo 209 del Código Procesal Penal.

Detalla la forma en que se ejecutó la diligencia, la que respetó la legalidad del procedimiento, sin que se hayan vulnerado las garantías mencionados por el reclamante.

Compareció el Sr. Fiscal Regional de la región de O´Higgins, don Emiliano Arias Madariaga, quien también insta por el rechazo del recurso.

Transcribe la petición que se le realizó el Sr. Juez de Garantía en las que se sustentó la petición de entrada, registro e incautación de documentos, haciendo hincapié en que se solicitó la omisión de la comunicación establecida en el artículo 209 del Código Procesal Penal, ello, con el objeto de impedir la destrucción u ocultamiento de cualquier clase de evidencia.

Se refiere a la forma en que se dispuso el cumplimiento de la diligencia, que se realizó con estricto apego y observancia a la normativa vigente, sin que exista vulneración a los derechos constitucionales del recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º.- Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer la vigencia del derecho, ante una situación anormal y evidente, que conculque alguna de las garantías que especialmente protege nuestra Carta Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnerare un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura.

2°.- Que, de los hechos expuestos en el libelo, se puede inferir que los actos objeto de reproche, consisten básicamente en que durante el desarrollo de una diligencias de entrada, registro e incautación de un lugar religioso, no se respetó la exigencia contenida en el artículo 209 del Código Procesal Penal, el desarrollo de la misma se hizo público y se requisaron dos computadores, los que resultan indispensables para el desarrollo de las labores que desempeña el actor, instando por su devolución.

3°.- Que, en ese contexto, es del caso señalar, (a modo general por cierto, para no entorpecer la reserva decretada en la causa en que se dictaminó la diligencia cuestionada), que ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 209, 217 y 218 del Código Procesal Penal, se solicitó por parte del Ministerio Público la autorización de entrada y registro de ciertos lugares, con el objeto de incautar las denuncias o investigaciones que se hubiesen iniciado por hechos que constituirían delitos que afecten la integridad e indemnidad sexual de menores de edad, cometidos, entre otros, por miembros del Obispado de Valparaíso, que figuren tanto en papel como en soporte digital. No está demás decir que la petición en comento se encuentra latamente fundada, cumpliendo de esta manera los requisitos legales que resultan necesarios para acceder a esta clase de diligencias intrusivas. Por último, y no por eso menos importante, se debe destacar que en el segundo otrosí, el ente persecutor penal, pidió autorización para omitir la omisión de la comunicación de a lo menos 48 horas de anticipación, ello, con el fin de impedir la destrucción u ocultamiento de cualquier tipo de evidencia, aprehensión que encontraba sustento en la existencia de redes de protección y en la negativa de la Iglesia Católica de entregar los antecedentes requeridos.

4°.- Que, en tal orden de ideas, el Sr. Juez recurrido, con fecha 10 de septiembre de 2018 dictó una resolución, accediendo a lo pedido por el ente persecutor penal y posteriormente, con fecha 13 del mes y año antes señalado, hizo lugar a la omisión de la comunicación a la que se refiere el artículo 209 del código de enjuiciamiento penal, subsanando en consecuencia el reparo que efectúa el recurrente en cuanto a la omisión de dicha comunicación.

5°.- Que, no está controvertido que la diligencia se efectuó el día 13 de septiembre de 2018, oportunidad en que el Fiscal a cargo de aquella, en conjunto con personal policial, concurrieron a dependencias del Obispado de Valparaíso procediendo al cumplimiento de la orden judicial que los habilitada para la entrada, registro e incautación de las especies detalladas en la resolución respectiva.

6°.- Que, tampoco está en entredicho, que la resolución en que se funda el recurso fue dictada durante un proceso legalmente tramitado, pronunciada por un tribunal competente y dentro de la esfera de sus atribuciones. Así, si lo que se pretende cuestionar es el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 209 del Código Procesal Penal, lo pertinente para tal fin, es plantear la discusión en el mismo procedimiento en que dictó la decisión cuestionada.

7°.- Que, entonces, los fundamentos y peticiones esgrimidos por el actor, en caso alguno se condicen con la naturaleza especialísima de la presente acción, por cuanto la acción de protección no es sustituta de las acciones ordinarias que permitan el debate de diferencias jurídicas con la plenitud de igualdades procesales que debe brindar un debido proceso. Por lo anterior, se ha ido limitando su ámbito de aplicación y excluyendo de ella cuestiones que tienen en el procedimiento común, el medio procesal para debatirlas, lo que necesariamente lleva a concluir que ésta no resulta la vía idónea para discutir lo planteado por el recurrente.

8°.- Que, aún en caso de estimarse que a través del presente arbitrio se podría cuestionar o invalidar lo obrado en un proceso jurisdiccional, no se advierte de las actuaciones realizadas por el Sr. Juez o por los representantes del Ministerio Público, la existencia de un acto arbitrario y/o ilegal, requisito fundamental para que la acción de protección pueda prosperar, ya que ambos se ciñeron a las facultades y atribuciones que la propia ley les otorga, y tampoco pueden ser calificadas como antojadizas o carentes de razón.

9°.- Que así las cosas y conforme el mérito de los antecedentes allegados a la presente causa, en la especie no se cumple el requisito indispensable para que la presente acción prospere, es decir, que nos encontremos frente a un actuar ilegal que restringa las garantías del recurrente, pues, en la especie, no ha existido ningún atisbo de un acto contrario a derecho, lo que conlleva necesariamente al rechazo del presente recurso, tal como se dirá.

10°.- Que, en cuanto a la petición concreta del recurso que nos convoca, es decir la devolución de los computadores, se encuentra regulada en el artículo 189 del Código Procesal Penal, existiendo en consecuencia la vía jurisdiccional pertinente para la pretensión incoada, que no es la acción excepcional de protección.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I).- Que se rechaza, el deducido por don nombre reservado, en contra del Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantía de Rancagua, don Luis Barría Alarcón.

II).- Que atendido el mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada en esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 4997-2018- Protección.