Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

O´’ITWSC.A. de Rancagua Rancagua, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 9 de enero del año 2026, comparece el abogado Matías Reinoso Miranda, en favor de nombre reservado, cédula de identidad boliviana N°NUM000 y de [nombre reservado], cédula de identidad boliviana N°NUM001, y domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar ni notificar el acto de inicio del procedimiento sancionatorio ni el acto terminal que resuelva la situación migratoria de los recurrentes. Expone, que los actores ingresaron a la República de Chile en el mes de febrero de 2023, procedentes del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de establecer en el país un proyecto de vida estable, seguro y digno. Agrega que, por lo anterior, la autoridad migratoria les otorgó a ambos la Tarjeta de Infractor Migrante, con fecha 11 de febrero de 2023, en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Migración y Extranjería. Aclara que, actualmente, los actores conviven junto a sus tres hijos, una de ellas nacida en territorio nacional, y que no poseen antecedentes penales en su país de origen. Alega que, desde la emisión de la tarjeta de extranjero infractor, después de casi 3 años, la autoridad recurrida no ha realizado actuación alguna tendiente a dar curso a un procedimiento administrativo sancionatorio, ni ha emitido resolución que determine la situación migratoria de los afectados, manteniéndolos en un estado de incertidumbre jurídica absoluta. Menciona lo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 y cita jurisprudencia al respecto. Arguye que, en la especie, la Administración ha incumplido sobradamente el estándar temporal y de racionalidad que exige la Ley 19.880, no procediendo la causal de caso fortuito ni fuerza mayor. Señala lo establecido en los artículos 3, 7 y 12 de la Ley N°21.325; y alega que la omisión reclamada es particularmente grave, si se considera que los recurrentes mantienen un profundo arraigo familiar, social y laboral en Chile, circunstancia que necesariamente debe ser ponderada por la autoridad al momento de evaluar cualquier eventual medida de expulsión. Agrega que, dadas las circunstancias del caso, no resulta procedente aplicar dicha sanción, pero lo cierto es que la inacción de la autoridad impide ejercer cualquier defensa o impugnación, puesto que no existe acto administrativo ni procedimiento formal alguno que pueda ser objeto de reclamo y que, por ende, vulnera los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, reconocidos en la Constitución y en la Ley N°19.880, citando jurisprudencia al efecto. Arguye que la omisión reclamada, además vulnera lo establecido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), norma plenamente aplicable en virtud del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, así como el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, así como el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2. Menciona lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 23, 27 y 40 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finaliza solicitando que se acoja su acción y, en virtud de ello, se ordene a la recurrida que, dentro del plazo de 30 días corridos, o el que se determine, emita un pronunciamiento expreso, escrito, fundado y notificado respecto de la situación migratoria de los afectados, resolviendo si iniciará o no el procedimiento sancionatorio correspondiente y, en su caso, disponiendo las actuaciones que procedan conforme a la ley, considerando en su decisión el arraigo familiar, social y educacional de la familia en Chile, así como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados, resguardando la unidad familiar y la proporcionalidad de cualquier medida, con costas. Acompaña antecedentes en que se funda la presente acción. A folio 6, compareció el Servicio Nacional de Migraciones e indicó que, respecto de la recurrente doña [nombre reservado], revisado sistema B3000, no existe la persona extranjera registrada, sin embargo, se efectuó la consulta a Policía de Investigaciones de Rancagua, quien indicó que existe registro de parte Policial N°NUM002, de 16 de abril de 2023, el que fue registrado con error en sistema B3000, registrándose erróneamente el nombre [nombre reservado], con fecha 30 de mayo de 2023. Agregó que no consta en sistema información respecto de acta establecida en el artículo 132 bis de la Ley N°21.325 y aclaró que el Servicio Nacional de Migraciones no registraba en sistema la denuncia aducida, la cual debe ser ingresada debidamente en el sistema, a fin de iniciar el procedimiento sancionatorio respectivo. Respecto de don nombre reservado, indicó que, revisado el sistema B3000, no se visualiza registro de parte policial ingresado por la Policía de Investigaciones de Chile y que, consultada la PDI de Rancagua, se informó que existe registro de parte Policial N°NUM003, de 27 de abril de 2023, que no se encuentra registrado en la ficha extranjero. Agregó que no consta en el sistema información respecto de acta establecida en el artículo 132 bis de la Ley N°21.325 y aclaró que el Servicio Nacional de Migraciones no registraba en sistema la denuncia aducida, la cual debe ser ingresada debidamente en el sistema, a fin de iniciar el procedimiento sancionatorio respectivo. Por todo lo anterior, hace presente que no existe la omisión ilegal o arbitraria, especificada por los recurrentes de autos, teniendo en cuenta que no existe registro de ingreso de parte policial y del acta de notificación de inicio de procedimiento sancionatorio, gestiones que no corresponden al Servicio Nacional de Migraciones, siendo incompetente para informar sobre lo reclamado por los actores. Expuso sobre el proceso sancionatorio de expulsión de extranjeros en Chile y precisa que es la autoridad policial la que actualmente, bajo la causal en específico señalada por el legislador, deberán iniciar el procedimiento sancionatorio al momento de efectuar la denuncia sobre la infracción de ingreso clandestino. Finaliza señalando que no es posible exigir o perseguir por la vía del recurso de protección que se dicte o no una sanción administrativa, cuando no se ha iniciado un procedimiento sancionatorio de ninguna naturaleza contra los recurrentes de acuerdo con la facultad de ese Servicio, razón por la cual el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas. A folio 9, compareció la Policía de Investigaciones de Chile, quien informó que los actores fueron sorprendidos por personal Carabineros, pertenecientes a la 2ª Comisaría de Pozo Almonte, Subcomisaría de Colchane, el día 11 de febrero del año 2023, en compañía de sus hijos nombre reservado, documento de identidad N°NUM004 y nombre reservado, documento de identidad N°NUM005, cuando hacían ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo el control migratorio, por lo que fueron derivados a dependencias de la Avanzada Policial y entregados a funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Iquique. Agrega que los actores fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones mediante los informes policiales N°NUM006, de fecha 27 de abril de 2023 y N°NUM007, de fecha 16 de abril de 2023, respectivamente. Aclara, que los datos de los recurrentes fueron ingresados al sistema B3000 con errores en sus nombres y hace presente que el sistema B300 es una base de datos del Servicio Nacional de Migraciones, al cual la PDI tiene acceso de lectura, no pudiendo los funcionarios policiales hacer ingresos o modificar la información contenida en dicho sistema. Menciona lo dispuesto en el artículo 132 bis de la Ley N°21.325 y explica que dicho artículo fue agregado el 18 de agosto del año 2023 y, el ingreso clandestino de los recurrentes fue el 11 de febrero del mismo año, por lo que no existía la posibilidad de llevar a cabo dicha notificación al momento de realizar la denuncia por ingreso clandestino. Concluye que, de los antecedentes expuestos en el presente informe, no existen en criterio de esta recurrida, antecedentes que permitan determinar un actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones, por lo que solicita el rechazo del recurso. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO. 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, mediante el presente recurso, se reprocha la excesiva dilación en el procedimiento administrativo sancionatorio, por ingreso clandestino, en contra de los actores, hecho que fue denunciado en el año 2023, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, tal procedimiento no ha sido iniciado por la autoridad administrativa. 3° Que, en su informe, el Servicio Nacional de Migraciones informó que, actualmente, se encuentra pendiente el inicio del procedimiento sancionatorio de los recurrentes, debido a que el nombre de uno de ellos fue ingresado con error por parte de la Policía de Investigaciones de Chile al sistema B3000 y, respecto de ambos actores, no existe registro de ingreso de parte policial y del acta de notificación de inicio de procedimiento sancionatorio, gestiones que no corresponden a dicho Servicio. 4° Que, a su turno, la Policía de Investigaciones de Chile, solicitó el rechazo del recurso fundado en que mediante los informes policiales N°NUM006, de fecha 27 de abril de 2023 y N°NUM007, de fecha 16 de abril de 2023, denunció a los recurrentes ante el Servicio Nacional de Migraciones, ingresándolos al sistema B3000 con errores, los que no puede corregir por no tener la facultad para ello. Agregó que, a la fecha del ingreso clandestino de los recurrentes, no se encontraba vigente el artículo 132 bis de la Ley N°21.325. 5° Que, es necesario hacer presente que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo establecido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir la solicitud migratoria y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que establece la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 6° Que, de acuerdo con lo informado por los recurridos, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la falta de inicio del procedimiento sancionatorio y, consecuencialmente, su pronta terminación, obedece a errores de la autoridad administrativa -Policía de Investigaciones de Chile- institución que no puede justificar su actuación en no estar facultada para corregir su propio error, argumento inaceptable para el administrado, por lo que su actuar desconoce la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado el inicio del procedimiento sancionatorio, sin causa justificada y razonable, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

En tal sentido se orientan las causas Rol N°24.827-2020 y Rol N°250.598-2023 de la Corte Suprema. Debe considerarse además que, sin perjuicio de que existe pronunciamiento respecto de que el plazo establecido en el citado artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, los recurridos informaron que la situación de los actores fue denunciada en el año 2023, lo que no puede sino considerarse como una infracción al principio de celeridad, lo cual permite acoger el presente recurso, en la forma que se expresará en lo resolutivo. 7° Que, por tanto, la dilación del Servicio Nacional de Migraciones en el inicio del procedimiento sancionatorio por ingreso clandestino en contra de los actores, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de los recurrentes en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido ejercer sus argumentaciones y defensas en este tipo de procedimiento, obteniendo una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, cédula de identidad boliviana N°NUM000 y de [nombre reservado], cédula de identidad boliviana N°NUM001, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto se dispone que éstos deberán realizar todas las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento sancionatorio por ingreso clandestino en contra de los actores, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 49-2026 Protección. Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44- 2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.