nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LA ARAUCANA

SEQ CHAPTER \h \r 1Rancagua, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 15 de septiembre de 2018 comparece don Marcelo Figueroa Rivera, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado contra de la Caja de Compensación La Araucana, representada legamente por su Gerente General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de Bice Vida, Compañía de Seguros, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que con fecha 17 de agosto del presente año, el recurrente recibió el pago de su pensión y se percató que venía menos dinero que el que acostumbra a recibir. Era un monto de $150.000 más o menos. Consultando se dio cuenta que correspondía a una deuda contraída con la Caja de Compensación La Araucana el año 2012 y que nunca fue cobrada. Además sostiene que con dicho cobro se supera el porcentaje mínimo de cuota que señala la ley 18.833.

Refiere que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que contiene el Estatuto Orgánico de la C.C.A.F., establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Arguye que no cabe duda que dicha norma es aplicable a aquellas deudas que son exigibles, pero de ninguna manera transformar tales obligaciones en imprescriptibles, puesto que si ese hubiese sido el objeto, el legislador debió haberlo dicho de manera expresa y frente al silencio del legislador rigen necesariamente las disposiciones contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil sobre la prescripción como medio de extinguir las obligaciones.

Sostiene que, así las cosas, tratándose de obligaciones respecto de las cuales la Caja de Compensación La Araucana carece de acciones para exigir el cobro de las mismas, puesto que ellas se encontraban prescritas, forzoso es concluir que también se había extinguido su potestad de hacerse pago de esas acreencias a través del mecanismo de descuento previsto por el artículo 22 de la Ley N° 18.833 antes transcrito. En consecuencia, el descuento en las remuneraciones del actor efectuado por las recurridas para hacerse pago de las cuotas pendientes del crédito, que se encontraba en mora hace más de 6 años, resulta ser ilegal.

Afirma que esta acción vulnera el derecho de propiedad del recurrente consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de La Republica, por lo que en definitiva solicita se deje sin efecto los descuentos realizados y que sean devueltos los dineros descontados, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 evacua el informe solicitado el apoderado de la recurrida Bice Vida, exponiendo que en cumplimiento a las disposiciones legales que rigen esta materia y a requerimiento expreso y en beneficio de la CCAF LA ARAUCANA, procedió a descontar del monto de la pensión del mes de Agosto de 2018 del recurrente la cantidad de $ 166.229, realizándose hasta la fecha sólo ese descuento.

Añade que como entidad pagadora de pensiones, se encuentran legalmente obligada a efectuar descuentos a las pensiones cuando éstos tengan el carácter de obligatorios.

Puntualiza que su único rol es el de descontar un monto informado por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, no pudiendo tener otra conducta que proceder al descuento y remitir lo descontado a la caja respectiva, por lo no existe beneficio alguno para BICE VIDA descontar o suspender de plano el descuento al recurrente.

Luego, arguye que por lo señalado no es correcto que Bice Vida haya efectuado un acto ilegal ni actuado de manera arbitraria, dado que existe un crédito social solicitado por el recurrente, una deuda derivada del mismo e informado a su representada por la CCAF La Araucana, la solicitud de descuento y la indicación del monto a descontar, por lo que conforme a la Ley 18.833 que establece el estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, la Circular 2052 de 10 de abril de 2003 y sus modificaciones posteriores, dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) que regula el régimen de crédito social, se encuentra obligada a efectuar el descuento y luego remesarlo a la acreedora.

Por lo expuesto, solicita rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 31 de octubre último informa la apoderada de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, luego de dar cuenta de la normativa que la rige y que a su juicio ampara el descuento de la pensión que se impugna, expone que el 3 de abril de 2013 -y no año 2012 como señala el recurrente-, se le otorgó al afiliado don nombre reservado, en su calidad de pensionado, un crédito social por la suma de $4.569.176, pactado en 60 cuotas mensuales de $166.229.

Señala que al inicio de esta relación contractual, es decir durante el año 2013, el Sr. nombre reservado cumplió con el pagó mediante descuento en su liquidación de pensión de su entidad pagadora de pensiones A.F.P. Capital S.A., pero sólo respecto de las cuota N°1 y N°2, correspondientes a los meses de junio y julio del 2013 respectivamente, para posteriormente no recibir su representada más pagos por dicho concepto, a pesar de que se enviaban las planillas de descuento a dicha entidad pagadora. Lo anterior siguió aconteciendo, hasta que en el mes de julio de 2018, es posible ubicarlo, por haberse traspasado a una renta vitalicia con Bice Vida, Compañía de Seguros S.A.

Refiere que es en virtud de lo anterior que se procede en el mes de julio de 2018 a enviar la respectiva nómina de descuento a Bice Vida Compañía de Seguros S.A.; entidad que remesó a La Araucana el descuentos practicados en el mes de agosto y septiembre ambos del 2018, por la suma de $166.229 respectivamente, con lo que se procedió a pagar las cuota N°3 y N°4.

Agrega que los descuentos se han practicado conforme al porcentaje o tope legal establecido en la Circular N° 2052 del año 2003 relativa al Régimen de Crédito Social y Circular N° 1669 del año 1998 referente al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las pensiones de los pensionados afiliados.

Añade que, los descuentos practicados en la liquidación de pensión, tienen su origen en el crédito social contraído por el recurrente con La Araucana C.C.A.F., el que era de su pleno conocimiento, al practicarse los descuentos en su pensión a partir del año 2013, los que cesaron no por un hecho imputable a su parte sino en razón del cambio de modalidad de pensión efectuado por el pensionado desde la Administradora de Fondo de Pensiones Capital S.A. a Bice Vida Compañía de Seguros S.A., hecho que debió ser puesto en conocimiento de esta Caja de Compensación, conforme lo dispone el Numeral 6% de la Circular N° 1669 del año 1998 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por otra parte, señala que las deudas de crédito social constituyen obligaciones que de acuerdo al artículo 16 inciso 3 de la Ley N° 19.539, en concordancia con el artículo 11 inciso 2° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22 inciso 1 de la Ley N° 17.322, deben ser deducidas de la entidad pagadora de la pensión, por ende la nueva entidad pagadora, tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación acreedora la suma que el pensionado adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

Sostiene que, a mayor abundamiento, en la propia solicitud de crédito que acompaña, consta la autorización por parte del deudor para proceder al descuento respecto de sus pensiones.

Afirma que, en consecuencia, no existe acto ilegal o arbitrario que amenace o afecte alguna garantía constitucional del recurrente, no existiendo justicia por propia mano, sino simplemente la regularización de una obligación contraída legalmente, por lo que solicita rechazar la acción de protección incoada.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que la actora acciona en contra de Bice Vida y la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana por realizar descuentos provenientes de un crédito social que data del año 2012, que le fue otorgado por esta última entidad y que nunca fue cobrado, por lo que atendido el tiempo transcurrido, carece de acciones para exigir el cobro de las mismas, afectando de esta forma su derecho de propiedad, por lo que requiere se deje sin efecto los descuentos realizados y que le sean devueltos los dineros que le fueron descontados, con costas.

TERCERO: Que, a su vez, la primera recurrida solicita el rechazo del recurso con costas, pues no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, dado que existe un crédito social solicitado por el recurrente, una deuda derivada del mismo e informado a su representada por la CCAF La Araucana, la solicitud de descuento y la indicación del monto a descontar, por lo que conforme a la normativa que regula el régimen de crédito social, se encuentra obligada a efectuar el descuento y luego remesarlo a la acreedora como en la especie ha ocurrido.

CUARTO: Que, por su parte, la Caja mencionada solicita igualmente el rechazo de la acción, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la pensión del deudor, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que amenace o afecte alguna garantía constitucional del recurrente.

QUINTO: Que, primeramente, en lo que concierne a la recurrida Bice Vida, Compañía de Seguros, la acción será desestimada sin más disquisiciones, pues esta institución se encuentra obligada como entidad pagadora de pensiones, para realizar descuentos a las pensiones cuando éstos tengan el carácter de obligatorios y le fueran solicitados en cumplimiento de los requisitos legales y remesarlos, como en la especie ocurrió.

SEXTO: Que, en cuanto la Caja recurrida, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley 18.833, dispone que lo adeudado por concepto de crédito social otorgado por una Caja de Compensación, deberá ser deducido de las remuneraciones por la entidad empleadora, rigiéndose lo anterior por las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, haciendo presente que, tal como lo señala el artículo 1 de la ley ya mencionada, las Cajas de Previsión son entidades de previsión social.

SÉPTIMO: Que, tal como lo ha resuelto esta Corte en casos de similar naturaleza, habiéndose determinado la procedencia del cobro, tampoco cabe aquí acoger la alegación en cuanto a una eventual prescripción de la deuda, ya que dicha manera de extinguir las obligaciones debe ser necesariamente declarada en la sede judicial, pues dicha institución jurídica requiere de discusiones latas y de probanzas que escapan al ámbito del presente recurso.

OCTAVO: Que, de hecho resulta evidente que esta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que sólo de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y que requiera cautela urgente cuyo no es la situación de la especie, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

NOVENO: Que, finalmente, resulta pertinente recordar lo preceptuado en el artículo 1545 del Código Civil en cuanto prescribe: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”, por lo que existiendo un contrato vigente entre el recurrente y la recurrida Caja de Compensación La Araucana, por el cual se autorizó el cobro futuro del crédito que le fue otorgado a la recurrente, no puede ahora desconocerse tal obligación que fue válidamente contraída, según se desprende de los documentos acompañados.

DÉCIMO: Que por todo lo anteriormente razonado se rechazará el presente arbitrio, tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, Ley 18.833 y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, el recurso intentado con fecha 15 de septiembre de 2018 por don Marcelo Figueroa Rivera en contra de la Caja de Compensación La Araucana y de BiceVida Compañía de Seguros, sin costas por haber tenido la actora motivo plausible para recurrir, sin perjuicio de otros derechos que la recurrente pueda ejercer en las instancias respectivas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 4856-2018-Protección.