nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Rancagua, cuatro de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 30 de abril de 2020, compareció don Jorge Andrés Cerda Godoy, abogado, en representación de doña nombre reservado, ingeniera, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorera Nacional doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Funda su acción en que la actora cursó sus estudios superiores de Ingeniería en Minas e Ingeniería en Ejecución de Bioprocesos y para efectos de financiar estos estudios, solicitó un Crédito con Aval del Estado (CAE).

Señala que la señorita nombre reservado mantiene un crédito con Banco Estado, no obstante, el mismo aun no comienza a devengarse, dado que de acuerdo al portal www.ingresa.cl, la primera cuota se devengará el día 5 de julio de 2020, por lo que este crédito no se encuentra en mora.

Da cuenta que con fecha 1 de abril de 2020, la recurrente efectuó su Declaración de Renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente al año tributario 2020, solicitando una devolución de $70.868. Añade que es así que con fecha 15 de abril de 2020, el SII autorizó la devolución del monto antedicho. No obstante, con fecha 21 de abril pasado, la TGR retuvo dichos montos por supuestas deudas del CAE.

Expone que la retención de la devolución de impuestos por parte de la recurrida, es un acto ilegal, que vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privarla del monto de la devolución, toda vez que dicha retención únicamente procede respecto de aquellos créditos que se encuentran en mora, por tanto, sólo estaría facultada a efectuar la retención cuando efectivamente el deudor está en un incumplimiento del pago del CAE y no en casos en donde la deuda está al día, tal como ocurre en este caso, y ni siquiera se ha devengado la primera cuota.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que deje sin efecto la retención y lo devuelva al recurrente, con expresa condena en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 28 de mayo de 2020 informó don Rodrigo Hernán Soto Maturana, abogado, en representación de la recurrida, dando cuenta que la devolución de impuestos requerida, que fundamenta el recurso, no se verificó, puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Playa Ancha, solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, y su Reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra la recurrente, según lo informado por la entidad acreedora e imputara dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Agrega que el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario ya indicado.

Hace presente que la contribuyente indica que cursó sus estudios superiores de Ingeniería en Minas e Ingeniería en ejecución en bioprocesos, sin indicar universidad y señala que solicitó un crédito con Aval del Estado, comúnmente denominado CAE, señalando que su deuda se devenga el 5 de julio del 2020, planteando todo su recurso bajo el supuesto que se trata de una deuda CAE, regulada por la Ley 20.027 del año 2005.

No obstante, hace presente que la recurrente a la fecha, de acuerdo a lo informado por las autoridades respectivas y conforme a los registros del Servicio de Tesorerías, es deudora del sistema de financiamiento de Educación Superior de Crédito Solidario.

En tal sentido, para todas las retenciones institucionales de carga masiva, como son las que se verifican en el pago de deudas para el financiamiento de la educación superior, el procedimiento es que en marzo o abril de cada año, las autoridades respectivas les remiten mediante archivo computacional las nóminas de sus deudores. Una vez validadas la Tesorería elimina todas las del año anterior y carga las del año en curso, quedando las retenciones en estado activa, a la espera de algún egreso para ser aplicadas.

Añade que la administración de las nóminas de deudores es de exclusiva competencia de cada institución. Ellas son las que les informan, eliminan o modifican sus datos. El servicio de Tesorería recepciona esta información y la registra.

Expone que el artículo 1° de la Ley N° 19.989, facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Indica que de lo expuesto, queda de manifiesto que la actuación del suscrito no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario respectivo, que certificó la deuda de la recurrente por Crédito Solidario. Asimismo, tampoco es ilegal en virtud de la facultad expresa contenida en el artículo 1° de la precitada Ley N° 19.989.

Añade que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente mantiene con la referida casa de estudios.

Por todo lo anterior, solicita rechazar el presente recurso de protección, por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto por el cual se recurre en contra de la Tesorería General de República, consiste en la retención de un monto de $70.868, correspondiente a la devolución de impuestos de renta de la recurrente nombre reservado, la que a juicio de ésta, resulta ilegal y arbitraria y vulneratoria de su derecho de propiedad sobre dicho monto, dado que aquél proviene de un crédito CAE con el Banco Estado que aún no comienza a devengarse.

TERCERO: Que, a su vez, la recurrida da cuenta que procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Playa Ancha, en cumplimiento a la Ley N° 19.989, su Reglamento y de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora. Hace presente que la recurrente a la fecha, de acuerdo a lo informado por las autoridades respectivas y de acuerdo a los registros del Servicio de Tesorerías, es deudora del sistema de financiamiento de Educación Superior de Crédito Solidario. En tal sentido, para todas las retenciones institucionales de carga masiva, las autoridades respectivas les remiten mediante archivo computacional, las nóminas de sus deudores, lo que es de exclusiva competencia de cada institución.

CUARTO: Que, tal como lo expone la recurrida, el artículo 1° de la Ley N° 19.989, faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario de la Ley 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora, montos que se imputan al pago de la mencionada deuda.

Así las cosas, la recurrida al efectuar la retención de la devolución de renta de la actora en el presente año y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Playa Ancha, actuó en el ejercicio de una facultad legal y en cumplimiento a lo requerido por la referida entidad acreedora, respecto de la recurrente, que según los registros de Tesorería, figura como deudora del sistema de financiamiento de Educación Superior de Crédito Solidario.

Es por lo expuesto, que la actuación de la recurrida no puede constituir un acto ilegal o arbitrario, que afecte el derecho de propiedad de la recurrente, pues tal acción se dio dando cumplimiento a las facultades establecidas en la Ley N° 19.989 y su Reglamento.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, de las presentaciones de la recurrente y recurrida de marras, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- la recurrida negó enfáticamente que la acción que se les atribuye sea ilegal y arbitraria, sino que se realizó bajó el amparo de la Ley N° 19.989 y su Reglamento, al ser la recurrente deudora del crédito solidario, por lo que la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta, tal como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Jorge Andrés Cerda Godoy, abogado, en representación de doña nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 4755-2020 Protección.