RTE. nombre reservado VILCHEZ RDO: CORPORACION ADM PODER nombre reservado

Rancagua, tres de enero de dos mil diecisiete VISTOS:

Que a fojas 27 se presenta doña nombre reservado, Asistente Social, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone la acción constitucional de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en su favor, expresando- en síntesis- que con fecha 01 de diciembre del actual fue notificada de la no renovación de su contrata anual, puesto que el día 15 de noviembre se le había notificado verbalmente por el nombre reservado interino, que ella seguía en su cargo por su antigüedad laboral de 14 años 6 meses, siendo que el 01 de diciembre cambia el listado de prelación, donde queda en el último lugar, donde claramente en el punto 2 del oficio de la Corporación Zonal de Santiago dice que se tomará en cuenta 2 factores relevantes: el primero antigüedad en el servicio 50% y las tres últimas calificaciones; por lo cual le tomaron en cuenta los años que lleva en la Unidad Administrativa, no el total en el servicio lo que consta en el ingreso en sus liquidaciones de sueldo y en la intranet de esta institución. Además, señala que se encuentra hoy en día con un embarazo de diez semanas, donde el administrador tenía conocimiento de ello, en forma verbal lo cual están vulnerando su derecho arbitrariamente, Hace presente que está interpuesta demanda de tutela laboral en el Juzgado del Trabajo. Solicita se deje sin efecto dicha resolución y que se le respete los años de servicio que lleva dentro del Poder nombre reservado, ya que ingresó el 6 de junio de 2002.

A fojas 1 y 40 rola Oficio ZR Nº1542 de 01 de diciembre de 2016, emanado del nombre reservado.

A fojas 3 y 36 rola Circular Nº 6 RH 202 de 10 de noviembre de 2016, que tiene como antecedente el Acuerdo del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado de 03 de noviembre de 2016, emanado de don nombre reservado en su calidad de Director de la corporación en referencia y direccionado a los señores Administradores Zonales que en él se indican.

A fojas 6 y 7 rolan listado en borrador y definitivo del orden de prelación de los funcionarios de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Rancagua.

A fojas 8, 47 y 48 rola notificación de no renovación de contrato a la recurrente, por parte del recurrido de fecha 01 de diciembre de 2016.

A fojas 9 rola ficha personal de la recurrida A fojas 10 y siguientes corren liquidaciones de remuneraciones de la recurrente, emanadas de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado.

A fojas 30 se leen instrucciones de la Contraloría General de la República para la aplicación de los dictámenes Nºs 22.766 y 23.618, ambos de 2016.

A fojas 39 y 42 corren borrador de listado de prelación de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Rancagua como, asimismo, el listado definitivo A fojas 43 se lee Hoja de Vida funcionaria de la recurrente, emitida el 07 de diciembre de 2016, a las 10:34:50 por el Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado.

A fojas 54 y siguientes, informa el recurrido y señala que doña nombre reservado asevera que es arbitraria la decisión de no renovarle su contrata anual que se le notificó con fecha 01 de diciembre en curso, no obstante que días antes, el 15 de noviembre, el nombre reservado interino de la Corporación Administrativa en Rancagua le había notificado verbalmente que ella seguía en el empleo por su antigüedad de catorce años y medio en el servicio. Agrega que se encuentra en su décima semana de embarazo, vulnerándose también por ello su derecho arbitrariamente, por lo que interpondrá una acción de tutela en el juzgado laboral. Divide su informe en los siguientes capítulos: I.-) Ausencia de Acto Arbitrario o Ilegal. Refiere que en realidad, no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en la decisión de terminar el 31 de diciembre de 2016 el empleo a contrata que sirve la recurrente. Consta en el Oficio Circular 6RH-202, de 10 de noviembre último, enviado por el Director de la Corporación a los diez Administradores Zonales que indica, que: "en sesión de 3 de noviembre de 2016 el Consejo Superior tomó conocimiento de los efectos que ha tenido en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a Juzgados Civiles la implementación de la primera etapa de la ley de tramitación electrónica, y como consecuencia la necesidad de disminuir las dotaciones de personal." La decisión de terminar algunos empleos a contrata obedece, entonces, a la necesidad de disminuir las dotaciones de personal, y para ello debía procederse según lo previamente acordado para tales casos en acuerdos del Consejo Superior adoptados en sesiones de los días 10 y 17 de diciembre del año 2015. Dichos acuerdos constan en las Actas N°s 575 y 576, respectivamente, cuyas copias se acompañan en el otrosí tercero. Conforme los acuerdos citados, debe tenerse en consideración el tiempo de servicio de los empleados eventualmente afectados, según se explica en el Oficio Circular 6RH-202, cuya copia también se acompaña en el otrosí tercero. No es efectivo que doña nombre reservado tenga 14 años 6 meses de "antigüedad" en el servicio, porque según consta en su hoja de vida que adjunta en el otrosí tercero, ella tenía una antigüedad de sólo tres años y medio a la fecha en que se hizo el cálculo, en la contrata que sirve sin interrupción, porque ingresó el 01 de abril de 2013 a su empleo de Administrativo a contrata grado XIV en la Unidad Administrativa de apoyo a los Juzgados Civiles de Rancagua, empleo en el cual registra los nombramientos que siguen: Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2013 (Resolución Exenta N° 263); Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Resolución Exenta N° 637); Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Resolución Exenta N° 479); Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Resolución Exenta N° 978); con anterioridad al 01 de abril de 2013, la recurrente Sra. nombre reservado sirvió como oficial 4° a contrata entre junio de 2002 y diciembre de 2008 en el Juzgado del Crimen de Rancagua; como oficial 4º a contrata el año 2009 y entre enero y septiembre de 2010 en el 1' Juzgado Civil de Rancagua; y posteriormente registra sólo otras prestaciones de servicios discontinuas o esporádicas, como suplente externo, en el 2° Juzgado Civil de Rancagua: 20 días el año 2011 y 60 días el año 2012; y en el Juzgado de Familia de Rancagua: 15 días el año 2012. Concretamente, el acuerdo de 10 de diciembre de 2015 que consta en el Acta N° 575, respecto de los empleados con menos de cinco años de antigüedad dispone "notificar y poner término a la contrata". Es por ello que en aplicación de dicho acuerdo, el Oficio Circular 6RH-202 señala: "Las personas que tengan menos de cinco años de antigüedad o no cumplan el requisito de estar calificados en lista de mérito durante los últimos cinco períodos, serán notificadas del término de sus contratas a partir del primer día del mes siguiente a la notificación." Señala que como se puede advertir, no se trata de una decisión que por mero capricho o arbitrariamente pone fin a la contrata que sirve la Sra. nombre reservado, sino que responde a una adecuación razonable del personal con sueldo fiscal, para ajustarlo a la necesidad actualizada según la carga de trabajo de los Juzgados Civiles de Rancagua, que ha disminuido por la implementación de la tramitación electrónica. II.-) El Listado de Prelación. En sesión ordinaria de 3 de noviembre de 2016, el Consejo Superior que dirige a la Corporación, en relación con la terminación de las contratas de 22 funcionarios de las Unidades de Apoyo a los Juzgados Civiles de regiones según el impacto en la carga de trabajo que ha significado para estas unidades la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, acordó que la elección del personal a desvincular se efectuará mediante una lista de prelación que considere la antigüedad en el servicio (50%) y las últimas tres calificaciones (50%). En caso de empate en puntaje final, se dirimirá por la desvinculación del funcionario de menor antigüedad. En todo caso se mantendrán vigentes las contratas hasta el 31 de diciembre de 2016. Como se señala en el Oficio Circular 6RH-202, el Consejo Superior que dirige a la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, en cumplimiento del citado acuerdo instruyó que para determinar a las personas afectadas por la disminución de personal, "deberá elaborarse un listado de prelación que ordene a los funcionarios considerando dos factores: a) Antigüedad en el servicio, 50%; y b) Últimas tres calificaciones, 50%. En caso de empate en el puntaje final, se ubicarán por orden de antigüedad. Conforme al resultado obtenido se ordenarán los empleados y los que obtengan mayor puntaje podrán decidir si desean continuar en el cargo." El listado de prelación del personal sujeto a la medida de terminación de contratas en cada una de las diez Administraciones Zonales a que se envió el citado Oficio Circular, se adjuntó a éste y es manifiesto que se incurrió en error respecto de las fechas de ingreso a las respectivas cuatro contratas en Rancagua, consignado una fecha que no correspondía. El error fue corregido en el nuevo listado que se adjuntó al Oficio 6RH-6997, de 28 de noviembre de 2016, remitido al nombre reservado en Rancagua, en el que aparece la Sra. nombre reservado en el cuarto lugar de prelación y, en consecuencia, su contrata era una de las dos plazas que el 31 de diciembre de 2016 debían terminarse en Rancagua. Y ello se notificó a la Sra. nombre reservado el 01 de diciembre en curso. En el otrosí tercero que acompaña, copia de este oficio y del listado de prelación corregido, y de la notificación referida. Como se puede constatar, la determinación de terminar dos plazas a contrata en Rancagua, una de ellas la que sirve la Sra. nombre reservado, responde a una necesidad objetiva, fundada y transparente de ajuste del personal transitorio que se necesita en Rancagua, y en ningún caso obedece a una decisión arbitraria o ilegal. III.-) El presunto embarazo de la Sra. nombre reservado y su fuero En su recurso de protección la Sra. nombre reservado afirma que tiene un embarazo de 10 semanas, aunque hasta ahora se tiene al respecto sólo su dicho porque no ha presentado certificado médico alguno que lo acredite. Más aún, el 14 de diciembre en curso el nombre reservado en Rancagua ha informado al Departamento de Recursos Humanos que la Sra. nombre reservado le señaló que no presentará certificado de embarazo para tramitar fuero maternal y esperará el resultado de su recurso de protección. Su representada tiene la convicción de que el fuero maternal rige respecto de una funcionaria a contrata, incluso de una funcionaria a contrata que reemplaza a otro funcionario a contrata ausente. Así lo ha dictaminado en forma reiterada la Contraloría General de la República, señalando que una funcionaria a contrata que se encuentra embarazada está amparada por el fuero laboral previsto en el artículo 201 del Código del Trabajo, no resultando posible a la autoridad poner término a la relación funcionaria por propia voluntad o por la llegada del plazo, sino que debe renovar el nombramiento por todo el tiempo que dure el beneficio de la inamovilidad, a menos que estime necesario, para poner término a sus servicios, requerir la autorización judicial que permita la remoción, conforme al artículo 174 del Código del Trabajo. Además, según el ya citado artículo 201 en su inciso cuarto, si por ignorancia del embarazo, se dispone el término del contrato en contravención a ese precepto, la medida ha de quedar sin efecto y la trabajadora volver a sus labores, para lo cual basta la sola presentación del correspondiente certificado médico o de la matrona. El organismo contralor también ha señalado que de acuerdo con los artículos 174 y 201 del Código del Trabajo y 89 de la ley 18.834, durante el período en el que la mujer se encuentra embarazada y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora está amparada por el fuero laboral, cualquiera sea el estatuto al que se encuentre afecta en el desempeño de sus funciones y con independencia, asimismo, de la calidad jurídica en que esté prestando sus servicios. Luego, es improcedente poner término al contrato de una funcionaria amparada por fuero maternal por la causal de vencimiento del plazo convenido, debiendo renovarse la contratación por todo el lapso de inamovilidad, salvo que exista autorización expresa del Juez competente. Así las cosas, en el supuesto de que la Sra. nombre reservado esté efectivamente grávida y así lo acredite con el correspondiente certificado de médico o matrona a que alude el artículo 201 inciso cuarto del Código del Trabajo, habrá de concluirse entonces que está amparada por fuero maternal y la contrata que sirve deberá por ello renovársele sin más trámite, siguiendo la reiterada doctrina administrativa antes citada. IV.-) Garantías Constitucionales Supuestamente Vulneradas. En el recurso no se invoca la vulneración de una garantía constitucional determinada, lo que dificulta la inteligencia de cuál se habría perturbado. No se advierte en realidad qué garantía de aquellas a que alude el artículo 20 de la Carta Política se encontraría perturbada o amenazada en este caso, en que podría afectarse el fuero maternal en la eventualidad de acreditarse el embarazo. Sin perjuicio de que —como se ha dicho— no ha existido acto arbitrario ni ilegal atribuible a su representada, lo que por sí solo impide que este recurso de protección pueda prosperar, es posible asumir que se reclame de una supuesta vulneración a la igualdad ante la ley por cuanto se ha decidido poner fin a la contrata servida por la Sra. nombre reservado y no a otras contratas análogas servidas por otras personas; o bien, que se reclame de una supuesta vulneración del derecho de propiedad de la recurrente respecto del empleo que sirve. Pero ninguna de estas hipotéticas infracciones constitucionales existe en el caso de la especie, como se concluye de la exposición que sigue. En relación con la igualdad ante la ley el Tribunal Constitucional ha dicho que "Este principio garantiza la protección constitucional de la igualdad 'en la ley', prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien pro​duzcan un resultado de carácter arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, sino que se inclinó por establecer como límite a la arbitrariedad, prohibiendo toda discriminación arbitraria" (STC Rol 986-2007, c. 30°). La Constitución Política no prohíbe que la ley o cualquier otra autoridad establezcan diferencias. Lo que proscribe es que las distinciones sean arbitrarias y, por tal "ha de entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común" (STC Rol 811-2007, c. 20'; STC Rol 1204-2008, c. 19°). Para determinar si en un caso concreto hay o no infracción a la igualdad ante la ley, la jurisprudencia constitucional considera un triple examen: de diferenciación, arbitrariedad y fundamentación. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que "(...) es necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar para, luego, examinar si tal diferencia tiene el carácter de arbitraria importando una transgresión a la Carta Fundamental. Así, debe analizarse si tal diferencia carece de un fundamento razonable que pueda justificarla y si, además, adolece de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador" (STC Rol 1340-2009, c. 30'; STC Roles 790​2007, 825-2007 y 829-2007). En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, cabe tener presente que tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos del Estado —como lo es la recurrente—, no es posible alguna privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad, toda vez que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter, por lo que no es posible incluirlo en el campo del derecho privado en el que el derecho de propiedad se inserta y respecto del cual se establece la referida garantía constitucional. (Por ejemplo: C.A. de Chillan, sentencia de 06/02/2003, en protección rol N° 2.760-2002, confirmada por la C. Suprema el 11/03/2003, en apelación rol N° 708-2003; C.A. de Rancagua, sentencia de 17/02/2003, en protección rol N° 2.293-2002, confirmada por la C. Suprema el 12/03/2003, en apelación rol N° 847-03; C.A. de Talca, sentencia de 03/11/2011, en protección rol N° 950-2011, confirmada por la C. Suprema el 12/12/2011, en apelación rol N° 11.361-2011). En sentencia de 22 de enero de 2004, pronunciada en apelación de protección ingreso N° 5039-2003, la Excma. Corte descartó que el cargo de los funcionarios públicos "pueda ser objeto de una apropiación patrimonial como aquélla que proporciona el dominio, según la definición que de este derecho real se formula en el artículo 582 del Código Civil, puesto que las facultades que dicha disposición reconoce a sus titulares no se avienen con la naturaleza de la función pública y de los cargos destinados a servirla, para cuya protección y resguardo el ordenamiento consagra otros derechos, como enseguida se verá, mas no el derecho de propiedad" (consid. 13°). En síntesis, los tribunales superiores han fallado reiteradamente que el nombramiento de un funcionario público como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio. A fortiori la doctrina citada es aplicable a los empleos a contrata, cargos que son esencialmente transitorios y su duración no excede del año fiscal presupuestario, o sea, no excede del 31 de diciembre, sin perjuicio de que puedan renovarse para el año siguiente. Solicita tener por presentado el informe requerido a la recurrida Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, al tenor del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, y sin perjuicio de que ella acredite su gravidez con el correspondiente certificado de médico o matrona en cuyo caso la contrata se le renovará sin más trámite, con el mérito de lo informado y documentos acompañados, por no existir acto arbitrario o ilegal alguno atribuible a la recurrida, ni perturbación de alguna garantía constitucional, solicito el rechazo del recurso de protección.‑ A fojas 59 se decretaron medidas para mejor resolver, suspendiéndose el estado de acuerdo, en el intertanto A fojas 61 rola certificado emanado de Dr. nombre reservado, quien certifica que la recurrente al 30 de noviembre de 2016, presentaba un embarazo de 10 semanas.

A fojas 62 corre resultado ecotomografía obstétrica primer triemestre de la recurrida de 15 de noviembre de 2016, en el cual se concluye un embarazo intrauterino, unifetal de 8 semanas, acorde con FUR, fijándose como fecha probable de parto el 27 de junio de 2017.

A fojas 64 y siguientes, corren las Hojas de Vida funcionaria de los otros funcionarios que figuran en el Listado de Prelación.

A fojas 73 la causa vuelve al estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme ha quedado relacionado en la parte expositiva de este fallo, la recurrida pretende por esta vía cautelar de excepción, dejar sin efecto el Oficio ZR Nº 1542 de 01 de diciembre de 2016, emanado del señor nombre reservado (I) de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, en virtud de la cual se corrigió su antigüedad en el servicio judicial y, como consecuencia de ello, se procedió a la no renovación de su contrato, decisión que le fue notificada por el recurrido don nombre reservado en la data antes referida, fundándose dicha decisión administrativa, en la Circular 6 RH de 10 de noviembre de 2016 y en lo acordado por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa en sesión de 03 de noviembre de 2016, en orden a adecuar dotación de Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles de Rancagua ( Listado de Prelación)

SEGUNDO: Que son hechos establecidos o no sustancialmente controvertidos en la presente acción constitucional cautelar, los siguientes:

1.-) Que en sesión de 03 de noviembre de 2016, el Honorable Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, tomó conocimiento de los efectos que ha tenido en la carga de trabajo de las Unidades de Apoyo a los Juzgados Civiles la implementación de la primera etapa de la Ley Nº 20.886 sobre Tramitación Electrónica y, como consecuencia, la necesidad de disminuir las dotaciones de personal.

2.-) Que el Honorable Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, para determinar el personal que sería afectado por dicha medida, acordó e instruyó al Director de la corporación en referencia, en general, y al Departamento de la Recursos Humanos de aquella, la confección de un listado de prelación que ordene a los funcionarios afectados, considerando dos factores: A.-) Antigüedad en el Servicio, con una ponderación de 50% y b) Últimas tres calificaciones, con idéntica ponderación del 50%.

3.-) Que la recurrente el día 15 de noviembre de 2016, conforme al punto Nº 3 del oficio que corre a fojas 3, y en cumplimiento a lo ordenado por el señor Director de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, fue notificada del Borrador del Listado de Prelación de los funcionarios de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles, en el cual figuraba en el primer lugar en el orden antes referido, obteniendo el más alto promedio de las calificaciones anuales, conforme al criterio acordado por el Honorable Consejo Superior de la corporación en referencia, esto es, Lista Sobresaliente, con un promedio de 6,93.

4.-) Que de la abundante instrumental acompañada por la recurrente a estos autos de protección como, asimismo, de la adjuntada por la propia recurrida, constituida básicamente por sendas liquidaciones de remuneraciones y hoja de vida funcionaria, todas ellas emanadas del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, se desprende que la recurrente ingresó al Servicio nombre reservado el día 06 o 14 de junio de 2002.

5.-) Que al 15 y 30 de noviembre de 2016, la recurrente presentaba un embarazo en desarrollo de 8 y 10 semanas, respectivamente, con fecha probable de parto para el día 09 de julio de 2017.

6.-) Que el día 01 de diciembre de 2016, el Administrador (I) Zonal de Rancagua de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, don nombre reservado, comunica a la recurrente que ha existido un error de cálculo en la antigüedad considerada en el orden de prelación que le fuere notificado primitivamente, pues según el recurrido, aquella ingresó al Servicio nombre reservado (que es uno de los factores de ponderación que ordenó el Honorable Consejo Superior para confeccionar el listado con el orden de prelación) el 01 de abril de 2013. Que, como consecuencia de ello, la recurrente pasaba de ocupar el 1er lugar en el tantas veces citado orden de prelación, al 4º lugar. Conforme al punto 3, del oficio de fojas 3, “…quienes se ubiquen en los últimos lugares del listado deberán ser notificados durante “de la” (sic) primera semana de diciembre acerca de la supresión de sus cargos y como consecuencia la no continuidad de sus contratos.”

7.-) Que, atendido lo expuesto en el 6.-) que precede, el Administrador (I) Zonal antes individualizado, procedió a notificar a la recurrente su no renovación de contrato, con fecha 01 de diciembre de 2016.

TERCERO: Que de los hechos establecidos en la reflexión que antecede y apreciadas las pruebas reunidas en la presente acción constitucional de urgencia, conforme a las reglas de la sana crítica, se advierte con claridad meridiana que el nombre reservado (I) de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado recurrido, que fue quien notificó la decisión de desvincular laboralmente a la recurrente, sobre la base del segundo Listado de Prelación de que se trata, confeccionado por el Departamento de Recursos Humanos, por orden del señor Director Nacional de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, hizo caso omiso o bien desatendió derecha y expresamente los términos claros de una orden impartida por el Honorable Consejo Superior, en ejercicio legítimo de sus atribuciones, cuyos miembros acordaron y fijaron el 03 de noviembre de 2016, inconcusos criterios que se debían considerar u observar para la confección del listado de prelación tantas veces referido. Así, el Director, en general, y el Departamento de Recursos Humanos en lo que nos concierne, en particular, de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, en su calidad de órganos ejecutores por definición de las decisiones que adopta el Honorable Consejo de la corporación citada, conforme a los artículos 506 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, al fijar para la confección del listado de prelación, como antigüedad de la recurrente en el Servicio judicial, el día 01 de abril de 2013 (fecha de ingreso a la contrata) -obrando expresamente contra sus propios actos, pues de la instrumental reunida en la presente acción de emergencia, emanada incluso del Departamento de Recursos Humanos de la corporación de que se trata, resulta manifiestamente claro que la recurrente ingresó al servicio en referencia el 06 o 14 de junio de 2002- se apartaron, desobedecieron y/o desatendieron en forma abierta una orden del Honorable Consejo tantas veces citado, que debía cumplirse en los términos dispuestos por aquel, exponiendo con su accionar eventual e innecesariamente al Poder nombre reservado a ser sujeto pasivo de acciones judiciales laborales. En las condiciones descritas, forzoso resulta concluir que al desestimar o alterar por sí y ante sí, el Director, en general, y el Departamento de Recursos Humanos, en particular, de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, un acuerdo adoptado por el Honorable Consejo de aquella, no hicieron otra cosa que atribuirse funciones de las cuales no se encuentran legal y válidamente investidos, transgrediendo así lo prevenido en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, en general, y violentado flagrante y derechamente el artículo 510 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, que gobierna su actuar y que reza “Compete al director impartir instrucciones al subdirector y demás personal de la Corporación; supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las mismas y, en general, realizar todos los actos y gestiones necesarias para dar cumplimiento y eficacia a los acuerdos del Consejo Superior así como instar por el cumplimiento de los fines de la Corporación conforme a las decisiones generales del referido consejo” , sin perjuicio de advertir, además, que la inconducta del recurrido infringe en forma abierta y manifiesta el principio de jerarquía, que resulta ser una de las bases que informa el actuar ministerial de los miembros del Poder nombre reservado y sobre el cual descansa el referido poder del Estado. Así las cosas, no es posible concluir- sin violentar las reglas mínimas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados- que una persona que ingresó al Servicio nombre reservado el 06 o 14 de junio de 2002, resulte ser menos antigua en el servicio de que se trata, que aquellos que ingresaron a él, el 01 de marzo de 2011, 29 de septiembre de 2010 y 01 de marzo de 2011, respectivamente.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, considerar como fecha de ingreso al Servicio nombre reservado, el de la contrata respectiva, como lo pretende la recurrida, importa y /o supone necesariamente concluir que los funcionarios a quienes se les renueva anualmente su contrata o desempeñan funciones en distintas calidades, esto es, propietarios, interinos o suplentes, ingresan al Servicio todos los años, con ocasión de la renovación de la contrata respectiva o bien cada vez que son nombrados o designados en cualquiera otra condición, conclusión que debe desecharse, pues habrían tantos ingresos al Servicio nombre reservado, cuantos sean los nombramientos o designaciones de que sea objeto un miembro del Poder nombre reservado, lo cual no resiste análisis alguno.

QUINTO: Que, en las condiciones descritas, el acto cometido por el Administrador (I) Zonal de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado recurrido, con ocasión del Listado de Prelación ordenado confeccionar por el señor Director de la referida corporación al Departamento de Recursos Humanos de la misma, constituye – a no dudarlo- una infracción al derecho de igualdad ante la ley que, en los hechos, importa establecer una diferencia arbitraria efectuada por la autoridad, en perjuicio de la recurrente en relación a los otros funcionarios de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles que conforman el listado de prelación de que se trata, acción que aquella no se encuentra legalmente autorizada a tolerar y para cuya comisión no se encuentra legal y válidamente facultado el recurrido, por lo que el acto que sirve de fundamento al presente recurso, debe ser enmendado a través de la acción constitucional cautelar de urgencia en estudio, razón por la cual la misma debe ser, necesariamente, acogida, respecto de la garantía constitucional estatuida en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

SEXTO: Que, sin embargo, el acto perpetrado por el recurrido resulta de la mayor gravedad aún, si se considera que en su virtud, aquel procedió a desvincular laboralmente a la recurrida con manifiesta inobservancia de las normas que gobiernan el fuero maternal, en especial, los artículos 174 y 201 del Código Laboral, aplicable al los miembros del Poder nombre reservado, por así desprenderse de la redacción del artículo 1° inciso 3º del texto legal en referencia, pues aquella tanto a la fecha de confección del primer y segundo listado de prelación, se encontraba en estado de gravidez, producto de un embarazo en desarrollo de ocho y diez semanas, respectivamente, violentando con su actuar, además, la garantía constitucional estatuida en el artículo 19 Nº 1 incisos 1º y 2ª de nuestra Carta Política que estatuye “ La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. Así, el recurrido con su inconducta afectó la garantía en comento, pues no resulta difícil advertir que su decisión, importó socavar gravemente la salud psíquica de la recurrente, al verse privada ésta última de su empleo y, consecuencialmente, de la remuneración que recibe como contraprestación y, además, de los beneficios que el legislador laboral y previsional ha previsto para dichos casos, afectando indirectamente a una persona humana indefensa, que se encuentra en etapa de gestación. De otro lado, la gravedad del accionar del recurrido es aún mayor, si se considera que- como es de dominio público en el Servicio nombre reservado- tanto nuestra Excma., Corte Suprema como, asimismo, cada uno de los miembros de ese Excmo., Tribunal, se encuentran permanentemente preocupados del bienestar de cada uno de los miembros del Poder nombre reservado, implementando programas, capacitación y acciones tendientes a que los funcionarios de este poder del Estado, obtengan un adecuado desarrollo personal, familiar y profesional, para así cumplir con nuestra visión y misión institucional y satisfacer adecuadamente las inquietudes de nuestro público objetivo externo, que no son otros que los usuarios del sistema. En otros términos, resulta de una gravedad extrema que el Poder nombre reservado, siendo titular por mandato constitucional y legal de las facultades conservadoras, en lo que respecta a las garantías constitucionales de los ciudadanos de este país, acepte o tolere que un órgano interno administrativo – que debe estar al servicio de lo jurisdiccional- como lo es la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, en contravención a una orden expresa de su Honorable Consejo Superior, a la sazón constituido por Ministros de la Excma., Corte Suprema, afecte los derechos constitucionales de uno de sus miembros, por lo que no corresponde sino acoger la acción constitucional en estudio, respecto de este segundo capítulo, en los términos que se dirán en la parte resolutiva de este fallo.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.-) Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, en su calidad de Administrador (I) Zonal de la Corporación Administrativa del Poder nombre reservado, VI Región, todos ya individualizados, en lo principal de fojas 27, consecuencialmente, SE DEJA SIN EFECTO la notificación de no renovación de contrato de 01 de diciembre de 2016, que se lee a fojas 8, debiendo adoptar el recurrido las medidas administrativas destinadas a renovar – sin más trámite- la contrata de que es titular la recurrente.

II.-) Que no se condena a la parte recurrida al pago de las costas de la presente acción constitucional de excepción, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

III.-) Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Redacción del Ministro Interino don Álvaro Saavedra Sepúlveda.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº4690-2016.

No firma el abogado integrante Sr. Moreno, por no encontrarse integrando el día de hoy, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.