nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Rancagua, cuatro de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 28 de abril de 2020, compareció don Jorge Andrés Cerda Godoy, abogado, en representación de don nombre reservado, ingeniero en construcción, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorera Nacional doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Funda su acción en que el recurrente cursó sus estudios superiores de Ingeniería en Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y para efectos de financiar estos estudios, solicitó un Crédito con Aval del Estado(CAE).

Señala que al año 2019, el actor mantenía una deuda morosa ascendente a $8.564.264 con la Tesorería General de la República (TGR) por el no pago del CAE. Por ello, con fecha 31 de octubre de 2019, suscribió un Convenio de Pago con la Tesorería para regularizar la deuda que se mantenía morosa hasta dicha fecha. Lo anterior, quedó plasmado en la Resolución N° 58.630 emitida por la Tesorería para el contribuyente, convenio que se mantiene vigente hasta la fecha.

Es así, como el recurrente comenzó a pagar cuotas por un monto de $100.000, las cuales ha cancelado en forma regular y, por tanto, el Convenio de Pago se encuentra al día y sin mora alguna.

Da cuenta que con fecha 9 de abril de 2020, el recurrente efectuó su Declaración de Renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente al año tributario 2020, solicitando una devolución de $100.552.

Añade que es así, que con fecha 15 de abril de 2020, el SII autorizó la devolución del monto antedicho, no obstante, con fecha 21 de abril pasado, la TGR retuvo dichos montos por supuestas deudas del CAE que el recurrente ya había regularizado ante la misma Tesorería, en el mes de octubre de 2019.

Expone que la retención de la devolución de impuestos solicitada por el actor por parte de la recurrida, es un acto ilegal, que vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privarlo del monto de la devolución, toda vez que al existir un Convenio de Pago vigente, el cual se encuentra con todas sus cuotas al día, no da derecho a la Tesorería a efectuar la retención, debido a que no se cumple a cabalidad con los requisitos para ella, esto es, que se trate de aquellos deudores con créditos impagos o en mora, caso que no ocurre con el señor nombre reservado.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que deje sin efecto la retención y lo devuelva al recurrente, con expresa condena en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 28 de mayo de 2020 informó don Rodrigo Hernán Soto Maturana, abogado, en representación de la recurrida, dando cuenta que la devolución de impuestos requerida, que fundamenta el recurso, no se verificó, puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989 y su Reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra el recurrente, según lo informado por la entidad acreedora e imputara dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Agrega que el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la referida universidad.

Hace presente que de acuerdo a los registros del Servicio de Tesorerías, el actor es deudor de dos sistemas de financiamiento de Educación Superior: Crédito Solidario y Crédito con Aval del Estado, este último regulado en la Ley N° 20.027, del año 2005. Y, es del caso, que la deuda por crédito solidario, no se encuentra comprendida en el convenio al que hace referencia el recurrente Expone que el artículo 1° de la Ley N° 19.989, facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Indica que de lo expuesto, queda de manifiesto que la actuación del suscrito no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso que certificó la deuda del recurrente por Crédito Solidario. Asimismo, tampoco es ilegal en virtud de la facultad expresa contenida en el artículo 1° de la precitada Ley N° 19.989.

Añade que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente mantiene con la referida casa de estudios.

Por todo lo anterior, solicita rechazar el presente recurso de protección, por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto por el cual se recurre en contra de la Tesorería General de República, consiste en la retención de un monto de $102.060, correspondiente a la devolución de impuestos de renta del recurrente nombre reservado, la que a juicio de éste, resulta ilegal y arbitraria, dado que al existir un convenio de pago entre él y dicho organismo, la retención resulta improcedente y vulneratorio de su derecho de propiedad sobre dicho monto.

TERCERO: Que, a su vez, la recurrida da cuenta que procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en cumplimiento a la Ley N° 19.989, su Reglamento y de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora. Además, hace presente, que el actor es deudor de dos sistemas de financiamiento de Educación Superior: Crédito Solidario y Crédito con Aval del Estado y, es del caso, que la deuda por crédito solidario, no se encuentra comprendida en el convenio al que hace referencia el recurrente.

CUARTO: Que, tal como lo expone la recurrida, el artículo 1° de la Ley N° 19.989, faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario de la Ley 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora, montos que se imputan al pago de la mencionada deuda.

Así las cosas, la recurrida al efectuar la retención de la devolución de renta del actor en el presente año y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, actuó en el ejercicio de una facultad legal y en cumplimiento a lo requerido por la referida entidad acreedora. Máxime si se considera que Tesorería dio cuenta que la deuda por crédito solidario del recurrente, no se encuentra comprendida en el convenio al que hace referencia éste. Es por lo expuesto, que la actuación de la recurrida no puede constituir un acto ilegal o arbitrario, que afecte el derecho de propiedad de la recurrente, pues tal acción se dio dando cumplimiento a las facultades establecidas en la Ley N° 19.989 y su Reglamento.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, de las presentaciones del recurrente y recurrida de marras, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- la recurrida negó enfáticamente que la acción que se les atribuye sea ilegal y arbitraria, sino que se realizó bajó el amparo de la Ley N° 19.989 y su Reglamento, haciendo presente la deuda por crédito solidario del recurrente, no se encuentra comprendida en el convenio de pago al que hace referencia éste, y por ello sería procedente su cobro, por lo que la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta, tal como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Jorge Andrés Cerda Godoy, abogado, en representación de don nombre reservado y en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 4621-2020 Protección.