RECURRENTE: SERVICIO INDUSTRIAL REFINERIA Y FUNDICION LIMITADA. RECURRIDO: CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, DIVISION EL TENIENTE.

Rancagua, nueve de junio de dos mil catorce.

Vistos:

A fs. 4, en estos antecedentes, acumulados a los roles 582-2014, 722-2014, 791-2014 y 881-2014 de esta Corte, comparecen nombre reservado, factor de comercio, por si y obrando en nombre y representación de “Servicio Industrial Refinería y Fundición Ltda”, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, por sí y en su calidad de Presidenta del Sindicato de Servicio Industrial Refinería y Fundición Ltda, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurso al que a fs. 169, se adhirieron a dicho recurso, en calidad de empleados de la sociedad recurrente, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y posterior ampliación de fs. 199, deduciendo recurso de protección en contra de Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente, representada por su Gerente General, nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los actos ejecutados por nombre reservado, en su calidad de Jefe de Departamento Contratación de Servicios, Dirección de Abastecimientos de Codelco, División El Teniente.

En cuanto al primer recurso, fundan su acción, en que su parte suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, sin embargo, con fecha 17 de marzo del presente año, Codelco, le comunicó la cesación o término anticipado del contrato en cuestión, aduciendo que la administración por subrogación del contrato efectuada por la recurrida se ha hecho insostenible, sin agregar mayores explicaciones.

Depone, que su empresa no está bajo ninguna resolución que declare la quiebra, ni existe petición alguna en tal sentido, denunciando la nulidad e incoherencia jurídica de la terminación anticipada del contrato, pues la declaración de insolvencia quedó entregada al arbitrio de la recurrida y que en todo caso, para que opere la caducidad del plazo debe tratarse de notoria insolvencia, calificando el actuar de la recurrida como de autotutela. Así Codelco intenta hacer efectiva boletas de garantía o bloqueara los estados de pago, obrando unilateralmente, provocando la imposibilidad de solucionar compromisos de su parte con terceros proveedores, pidiendo que se liberen los estados de pago, indebidamente retenidos.

Denuncia como vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 Nº 2, Nº 5, Nº 12, Nº 21 y Nº 24 de nuestra Constitución, manifestando que el recurrido no tiene título jurídico que le permita justificar la facultad por sí de dar término anticipado a un contrato sin mayores explicaciones ni fundamentos jurídicos.

Finaliza pidiendo que Codelco se abstenga por sí y ante sí de hacer efectiva una declaración unilateral de insolvencia, sin que previamente ocurra y obtenga en sede jurisdiccional una resolución judicial revestida de cosa juzgada, que fundamente tal pretensión, que se le permita continuar con las obras, en forma razonable, absteniéndose de dar término al contrato, tal como resolvió con fecha 17 de marzo, que se reiteren los actos de arbitrariedad, autotutela y abuso de poder cometidos por la recurrida, que la recurrida ocurra ante Tribunal competente en su caso o bien se ha deducido demanda, que invoque la cesación de servicio por insolvencia y que se adopten las demás providencias que juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto al recurso de fs. 150, se funda en que la recurrida no cancela las remuneraciones, imposiciones y cada una de las prestaciones, en obrar que califica como una respuesta innecesaria a la acción deducida en forma primigenia. Reitera los hechos invocados en el anterior recurso, citando como infringidas las garantías del artículo 19 Nº 2, Nº 24 y Nº 12, pidiendo que se ponga fin a la omisión de cancelar remuneraciones, finiquitos a todos y cada unas de las personas que están ligadas jurídicamente, que se le informe si continuarán las obras en los contratos que se dieron término anticipado y cuáles serán las empresas continuadoras de las obras.

Respecto al recurso de fs. 199, se señala, que la recurrida se negó a otorgarle información solicitada en virtud de la Ley de Transparencia, la que decena relación con la continuidad de los contratos celebrados, en particular se habían sido adjudicados a un tercero, la individualización de éste, montos pactados y copia íntegra de los antecedentes.

A fs. 250, expone que se le han retenido remuneraciones, sin resolución judicial que justifique su actuar, pidiendo que se liberen los dineros incautados, pidiendo la remisión de los antecedentes a la Inspección del Trabajo y demás providencias necesarias para la protección del derecho.

Posteriormente, a fs. 329, se acciona en virtud del cobro intempestivo de las boletas de garantía emitida por su parte, ya que al momento de interponer el primer recurso de protección se decretó una orden de no innovar, sin embargo, estas igualmente se hicieron efectivas, denunciando que hasta la fecha dichas boletas no han sido restituidas, y finaliza pidiendo que en lo sucesivo la recurrida se abstenga de hacer efectiva las boletas de garantía y retenciones.

A fs. 27 el recurrido, informa, invocando como argumentos de defensa los siguientes:

Falta de legitimación activa, respecto a la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución, ya que esta sólo dice relación con la afectación que sufra una persona natural y no una j´ridica como ocurre en la especie.

En cuento el fondo, señala que no existe un acto ilegal, pues las partes celebraron un contrato, los que tenían fecha de término el 21 de marzo de 2015, pero su parte comunicó el 17 de marzo de éste año su término anticipado, lo que fundó en la insolvencia del recurrente. Dicha decisión, la adoptó en base a las facultades que le reconoce las Bases administrativas Generales para contratos de construcción, ingeniería y de servicios generales, en virtud de la cual Codelco puede poner término anticipado al contrato si se presenta alguna de las causales de incumplimiento de la contratista, entre las que se encuentra su insolvencia, lo que circunscribe a la facultad del artículo 1545 del Código Civil.

También depone sobre la inexistencia de un acto arbitrario, ya que la insolvencia es un estado patrimonial en que el deudor padece de impotencia patrimonial para satisfacer sus propias obligaciones que tiene diversas manifestaciones, la que se revela por el hecho de que la actora tiene en sus relaciones comerciales con la recurrida un saldo negativo que oscila entre $300.000.000.- y $380.000.000.- Dicha deuda, se explica por el hecho de que en el año 2013, la recurrente le solicitó que pagara por subrogación las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores, anticipándole el pago de servicios. Además, se suman deudas morosas que constan en los informes comerciales, las que alcanzan $110.000.000.- Expone que no se desarrolla el cómo se produce la vulneración a las garantías que se exponen en el libelo, lo que necesariamente debe llevar a su rechazo.

A fs. 312, se evacua un nuevo informe, y se hace cargo del supuesto acto lesivo, consistente en la omisión de cancelar remuneraciones y cotizaciones a los asociados del sindicato recurrente.

Pide el rechazo del recurso, ya que no existe ninguna fuente contractual que obligue a Codelco a pagar las remuneraciones a los trabajadores adscritos al sindicato, pues ellos son trabajadores de SIRF, no de Codelco, sin que exista fuente legal que genere dicha obligación. Distinto es el caso de que en un juicio laboral, se haga efectiva su responsabilidad, sin que exista arbitrariedad o ilegalidad de su parte.

A fs. 323, informa, en términos similares a los ya expuestos y en cuanto al cobro de las boletas de garantía. A fs. 392, respecto a la negativa a entregar la información requerida, señala que la Ley 20.285, expone que Codelco no tiene la obligación de entregar la información requerida, y en todo caso esta puede ser obtenida desde su página web y a fs. 398, señala que su parte explicó que al recibir la notificación de la orden de no innovar ya había cobrado las boletas, sin que se hubiese ordenado restituirlas.

A fs. 401, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el recurso de protección ostenta como propósito esencial restablecer la vigencia del derecho, ante una acción u omisión irregular y manifiesta, que conculque alguna de las garantías que ampara nuestra Carta fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnere un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado o perturbado.

2º.- Que, para la adecuada resolución del asunto, se deben distinguir la serie de hechos que se denuncian por los recurrentes, y que motivan la interposición de sus acciones. La primera de ellas, dice relación con la declaración de insolvencia que efectuó la recurrida respecto a la situación patrimonial de la actora, lo que en definitiva redundó en que se dejara sin efecto el contrato que ligaba a las partes.

3º.-Que, al respecto, con el mérito de los escritos de discusión, resultó indubitado que las partes se encontraban unidas por un vínculo contractual, y que Codelco informó que puso término anticipado al contrato en cuestión, decisión que fundó en que el contratista –actual recurrente- cayó en insolvencia, causal específica que la autorizaba a actuar en la forma antes descrita. Mucho se esforzó el recurrente, en señalar que lo anterior resultaba arbitrario, pues la medida cuestionada se basó en una declaración unilateral de sólo una las partes contratantes, señalando además, que la insolvencia alegada debía ser declarada judicialmente. A la luz de lo expuesto, fluye, que por esta vía cautelar se pretende que se interprete una cláusula del contrato o el actuar de una de las partes del mismo, fijando el sentido y alcance de un acto jurídico bilateral, fin que excede con creces al objeto de la presente acción. Por lo anterior, corresponde entonces, que tal cuestión sea determinada a través de procedimientos ordinarios, y no por esta vía de conocimiento extraordinario, pues obedece a una cuestión en que primeramente debe determinarse el estado de la relación contractual entre las partes y, luego, la eventual procedencia de los derechos que reclama el afectado. La acción de protección, en cambio, requiere para su aplicación, derechos indubitados, que en la especie no existen.

4º.- Que, algo similar ocurre respecto al segundo y cuarto de los acápites objeto de reproche. Recordemos, en lo medular, se reclama del no pago y retención de remuneraciones y de otros beneficios de carácter laboral. Desde luego, nuevamente se pretende por ésta vía obtener un pronunciamiento que corresponde en forma exclusiva a los Tribunales Ordinarios y propia de un juicio de lato conocimiento, pues para acceder a lo pretendido por los actores, como requisito indispensable, se debe declarar la obligación de la recurrida de responder respecto a los actos que se le imputan, cuestión que nuevamente excede los fines de la acción de protección.

5º.- Que, en cuanto al recurso fundado en la falta de entrega de información, requerida conforme a las normas que dispone la Ley de Transparencia. El recurrido, tal como se constata del documento de fs. 66, respondió a la solicitud, mencionando que su parte no entrega a terceros sus informes internos ni la información de gestión de sus procesos y actividades industriales y tampoco antecedentes contractuales o comerciales establecidos en contratos privados. Así cumplió con la obligación que dispone el artículo 14 de la Ley 20.285.-, respuesta que si bien no satisface las exigencias del recurrente, puede ser objeto de revisión mediante el procedimiento que regula expresamente la norma antes citada. Así, no corresponde mediante esta vía, emitir pronunciamiento sobre una cuestión que puede ser objeto de debate, pues la misma ley mencionada, regula la posibilidad de que las partes rindan prueba en apoyo de sus asertos, lo que en la presente sede no resulta posible, lo que redunda en que la acción de protección no resulte idónea para los fines del reclamante.

6º.- Que, por último, también se acciona por el cobro de unas boletas de garantías, a pesar de que se encontraba vigente una orden de no innovar dictada en estos antecedentes. La recurrida, informando, realizó una presentación formal en la que expuso que el cobro cuestionado se efectuó antes de dictarse la prohibición antedicha, lo que resultó corroborado con los documentos acompañados. Así, el objeto de reclamo ha perdido oportunidad, ya que cualquier alegación que busque la devolución de dichos instrumentos, necesariamente debe estar acompañada a la existencia de una decisión respecto al vínculo contractual que ligó a las partes, resolución que tal como se dijo, corresponde emitirla en sede ordinaria.

7º.- Que, así las cosas y como corolario de las numerosas acciones interpuestas, no se logró acreditar de manera indubitada la existencia de ningún acto arbitrario y/o ilegal por parte de la recurrida, lo que lleva al necesario rechazo de los recursos, tal como se dirá.

De conformidad a lo expuesto, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara: Que se rechazan los recursos de protección deducidos a fs. 4, 150, 199, 250 y 329, en contra de Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente.

Atendido el mérito de lo resuelto se deja sin efecto la orden de no innovar concedida a fojas 40.

Redacción del Ministro Sr. Elgueta.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte 461-2014-Civ.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Señores Ministros Titulares Emilio Elgueta Torres, Carlos Farías Pino y abogado integrante Sra. María Latife Anich.

nombre reservado

Secretaria (S)

En Rancagua, a nueve de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.