nombre reservado con BANCO DE CHILE

Rancagua, treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Banco de Chile, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el cierre unilateral de su cuenta corriente en dicha institución N° [cuenta reservada], sin aviso previo ni explicación de motivo, lo que constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 21 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Funda su recurso en que el día 3 de agosto de 2018, luego de una serie de intentos fallidos de girar dinero con su tarjeta desde un cajero automático, concurrió al Banco de Chile para hablar al respecto con su ejecutivo de cuentas, quien le informó que el banco unilateralmente había tomado la decisión de cerrar su cuenta corriente, sin expresarle motivo alguno de esto y sin entregarle algún documento que diera cuenta de aquello, pues solo le señaló que la documentación del cierre de su cuenta y la información sobre el destino del saldo de dinero, aproximadamente 180.000 pesos, le llegaría vía Correos de Chile, hecho que aún no ha ocurrido, ni tampoco ha recibido otro tipo de comunicación que le explique las razones de esta situación.

Señala que el actuar del mencionado Banco ha sido arbitrario, abusivo e ilegal, pues se han amparado en la facultad unilateral para cerrar su cuenta sin expresión de causa alguna, sin embargo, esto infringe gravemente los derechos que le asisten como consumidor y cliente bancario.

Expone que es cliente del Banco de Chile desde agosto del año 2000, durante todo este tiempo su comportamiento ha sido impecable, jamás ha tenido un protesto y lleva sus obligaciones financieras siempre al día.

Agrega que los perjuicios a los que se ve expuesta son enormes, ya que la cuenta corriente es parte de sus herramientas de trabajo, ya que recibe en ella pagos y cubre sus diversas obligaciones financieras, extiende cheques, tiene cargos programados a la cuenta etc., y no dispone de otra.

Manifiesta que en los contratos de cuenta corriente celebrados con el Banco recurrido se ha establecido que éste podrá cerrar la cuenta corriente en cualquier tiempo a su arbitrio. A su vez, el artículo 1º de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques refiere que del contrato nacen derechos y obligaciones, que pueden ser modificados o suprimidos por mutuo acuerdo o causa legal. En este sentido, el artículo 17 letra b) de la Ley 19.496, establece que en los contratos de adhesión de tipo financiero, no pueden existir términos anticipados o unilaterales sin expresión de causa, por lo que toda cláusula que lo permita debe tenerse por no escrita, por lo tanto, los derechos de que es titular la recurrente y que emanan del contrato de cuenta corriente, conforme el artículo 1545 del Código Civil, son de su propiedad y no pueden ser modificados o dejados sin efecto en forma unilateral por el recurrido. Tal circunstancia determina que el acto denunciado no es uno que se encuadre dentro de la expresión “a su arbitrio”, sino que es una arbitrariedad, la que vulnera el derecho de propiedad del recurrente.

Indica que la Excma. Corte Suprema ha resuelto en varias ocasiones que cualquiera sea el motivo que el Banco haya tenido para cerrar la cuenta corriente y productos bancarios del cliente, siempre debe exigirse que haya una razón para ello y que dicho fundamento sea comunicado al cliente, situación que en la especie no ha ocurrido.

Concluye pidiendo que se declare que el actuar del Banco ha sido arbitrario e ilegal, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para poner fin a las actuaciones denunciadas y se disponga la restitución del derecho de la recurrente como cuenta correntista, ordenando la reapertura de la misma.

Acompaña documentos que rolan en autos.

Evacua el informe ordenado el abogado Andrés Pizarro Ortega en representación del Banco recurrido, quien solicita el rechazo del recurso con costas, atendido que no ha existido vulneración alguna de las garantías esgrimidas por la actora, ni de ningún otro derecho de ésta.

Expone que la recurrente fue titular de la cuenta corriente indicada con la entidad que representa, pero ella omite que, además, en representación de la empresa Obras y Servicios nombre reservado Caroline nombre reservado Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, rut RUT reservado, -transformada posteriormente por la recurrente en sociedad de responsabilidad limitada- contrató diversos productos, tales como cuenta corriente, tarjeta de crédito y línea de crédito, obligándose expresamente con el Banco como avalista, fiadora y codeudora solidaria en las obligaciones asumidas por dicha empresa con la institución financiera.

Refiere que difiere con lo expresado y omitido por la actora, ya que el comportamiento comercial de la empresa avalada por ésta, dista de un comportamiento impecable, incurriendo en mora con el Banco, adeudándole las siguientes obligaciones: Línea de crédito en cuenta corriente rezagada, otorgada el 6/7/2018, vencimiento el 9/7/2018, monto impago adeudado $1.340.000.- aprox.; Crédito tarjetas vencida comercial otorgado 15/4/2018, vencimiento 16/4/2018, monto impago adeudado $2.403.000. Lo anterior, contradice lo afirmado por la recurrente en relación a sus obligaciones financieras, circunstancias que son conocidas por ella y que se les explicaron que fueron determinantes en la decisión financiera, racional y legal adoptada por el Banco de Chile en orden a cerrar los productos, tanto de la empresa antes señalada, como los de la actora, cumpliéndose con los protocolos que consignan la ley y los contratos suscritos.

Acompaña la documentación que consta en autos.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1º.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°.- Que, la circunstancia de hecho que genera el reclamo del recurrente, consiste en la decisión de cierre de la cuenta corriente, la que califica cómo arbitraria y vulneradora de su derecho a desarrollar una actividad económica y al derecho de propiedad en su calidad de titular de aquella, resolución que fue adoptada por el Banco de Chile, quien se asila en el ejercicio de sus facultades contractuales y legales rechazando la imputación de arbitrariedad en su actuar.

3º.- Que, a fin de resolver lo debatido resulta imprescindible tener presente lo regulado en el Capítulo 2.2. sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en cuanto establece en su numeral 10 que “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco”, estableciendo en su anexo las “Condiciones Generales para las cuentas corrientes Bancarias”, lo siguiente: “El instrumento con las condiciones generales que rijan para los contratos de cuentas corrientes de los bancos, debería abarcar, a lo menos, los siguientes aspectos: Establecer que el banco se reserva el derecho de poner fin a la cuenta cuando lo estime conveniente”. No obstante lo anterior, igualmente, en el artículo 17 letra b) de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, establece que en el contrato de adhesión bancario debe incluirse las causales que darán término anticipado del contrato por parte del prestador.

4º.- Que, en cumplimiento de la normativa antedicha, y según se acreditó con los documentos acompañados por la recurrida, se contiene en el contrato de apertura de cuenta corriente, la facultad expresa del Banco para cerrar dicha cuenta, lo que emana del Contrato de Cuenta Corriente suscrito por la recurrente, en el Capítulo I, A.- Condiciones de Generales de Cuenta Corriente, Nº12, se expresa: “que las parte acuerdan que el Banco podrá poner término al presente contrato y en cualquier momento, en el evento que se produjere, por parte del Cliente, uno o más incumplimientos de las obligaciones que por el presente instrumento contrae. Asimismo el Banco estará facultado para poner término anticipado a este contrato en los siguientes casos: a) Si el cliente incurre en mora o imple retardo en el pago de cualquier suma que adeude al Banco sea en capital, intereses, gastos y otras, sin necesidad de requerimiento alguno”.

5º.- Que, pese al hecho que la relación jurídica existente entre las partes se deriva de un contrato de cuenta corriente, encontrándose enmarcado dentro del principio de la autonomía de la voluntad, dentro de la normativa atingente, resulta que dicho acuerdo no se encuentra exento de la posibilidad de que en el mismo se produzcan situaciones arbitrarias o que se aparten de los límites del referido contrato y la legislación, lo que constituye una razón suficiente para verificar si, en la especie, dicho cierre se ha producido sin un motivo que lo justifique.

6º.- Que, lo cierto es que la recurrida para justificar la medida adoptada en perjuicio del cuenta correntista, en la comunicación dirigida a ésta, no expresa cual es el fundamento de su decisión, solo refiere que le pone término al contrato y demás servicios asociados, sin aportar luces respecto de la motivación de la medida adoptada, lo que demuestra que ejerce la facultad de proceder al término unilateral del mismo que le otorga el contrato respectivo, pero ello lo ejecuta de forma arbitraria, vale decir, desprovista de un fundamento racional, en tanto la referida comunicación carece de motivaciones fácticas e incluso no hace alusión concreta a disposiciones legales o contractuales específicas, de tal forma, que no permite estimar legítimamente fundado el proceder del Banco. Más aún si del tenor del instrumento contractual se desprende que existen causales o circunstancias que le habilitan a dar término al mismo, pero dado que no expresa razones, redunda en que su obrar es totalmente injustificado, no resultando suficiente la referencia a motivaciones más detalladas solo con ocasión del informe requerido en autos a la entidad bancaria.

7º.- Que, así las cosas, si bien el Banco recurrido al informar el recurso indicó que la actora carecía de las cualidades necesarias para seguir formando parte de su cartera de cuenta correntista, basando aquello en las deudas de un tercero, en este caso una persona jurídica, de quien la recurrente es fiadora y codeudora solidaria, de la que si bien aquella formó parte anteriormente, al momento del cierre de los productos por parte del Banco ya no participaba, ello atendido los documentos aportados por la actora referidos a la modificación de aquella sociedad. Así, si bien la cuenta correntista se constituyó en fiadora y codeudora solidaria, no existen antecedentes de que el Banco le hubiere dado noticias de la situación a la recurrente a efectos de realizar las gestiones que evitaran el término abrupto de sus productos contratados, pues, como se ha dicho, del tenor de la carta acompañada por la entidad financiera no se indica el fundamento del proceder de ésta que justifique el cierre de la cuenta corriente de la actora.

8º.- Que los motivos antes expuesto resultan suficientes para demostrar la arbitrariedad e ilegalidad cometida por el ente recurrido, constituyendo una desproporción en la relación contractual, que afecta el derecho de propiedad de la actora, por cuanto se le ha impedido el ejercicio de las facultades derivadas del dominio respecto de los derechos personales derivados del contrato suscrito y de los eventuales fondos depositados en la aludida cuenta por lo que esta Corte necesariamente debe remediar por la vía del presente recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge la acción cautelar deducida nombre reservado en contra de Banco de Chile, disponiéndose que la recurrida deberá dejar sin efecto el cierre de la cuenta corriente de la recurrida y los demás productos asociados a ella, ordenando la reapertura de la misma.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte N°4590-2018 Protección PRONUNCIADO POR ILTMA. CORTE APELACIONES 1° SALA, SUBROGANDO LEGALMENTE A LA 3° SALA