SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA con FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

Rancagua, nueve de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 22 de abril de 2020 comparece el SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACIÓN INTEGRA, SINOF, representado por su Presidente, don nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, también denominada Integra, representada por su Directora Regional de O’Higgins, doña Yenny Villanueva Carvallo.

Funda su proceder a favor de 34 trabajadores vinculados con la recurrida, persona jurídica de derecho privado, por contrato de trabajo. Explica que atendida la emergencia sanitaria por Covid 19, la recurrida adoptó medidas para el resguardo de los niños, suprimiendo las actividades con ellos en los jardines infantiles pero no del personal que trabaja en oficinas regionales, facultando solo al personal que se encuentra en los grupos vulnerables a la pandemia a que no asistieran a sus puestos de trabajo. Señala que los demás trabajadores se encuentran desarrollando turnos éticos, lo cual se hace insostenible pues la mayor parte de ellos poseen entre sus familiares personas pertenecientes a los grupos vulnerables, cuestión que se ve agravada por el aumento de los casos contagiados, la pérdida de trazabilidad, el uso del transporte público, la circunstancia de que en la oficina no es posible mantener la distancia de 1 metro entre trabajadores, que las escalas son de espacio reducido y con la necesidad de afirmarse en los pasamanos, el hecho de no estarse realizando análisis de temperatura al ingreso de los trabajadores y que existen trabajadores que han tenido contacto con personas contagiados.

Además, la recurrida ordenó que se dejase de pagar la asignación de colación a trabajadores que efectúen menos de 4 horas de trabajo, vía remota o presencial, cuestión que denuncia como arbitraria pues la recurrida no cuenta con herramientas para monitorear de forma remota cuanto tiempo requieren las tareas. El cese discriminatorio del beneficio de alimentación comenzaría a regir desde el 13 de abril del 2020, pero en atención a las gestiones del sindicato, el beneficio se prorrogó por todo abril. Añade, que se otorga un estatus de resguardo de salud diferente ya que la única forma de percibir estos beneficios será concurriendo a las oficinas y exponiendo su salud, lo que resulta arbitrario considerando que en el contexto actual no existe justificación para una mejor o peor protección de la salud, ya que ésta debe ser igual para todos los trabajadores.

Menciona que la recurrida no proporciona mascarillas, guantes, alcohol gel ni garantiza el espacio de un metro entre personas ni realiza sanitización permanente a los espacios comunes ni control preventivo de temperatura. Destaca que el 18 de marzo del 2020 envió correo electrónico al Director Ejecutivo solicitándole que suspendiera las actividades, haciendo uso de la facultad del artículo 184 bis del Código del Trabajo, sin recibir respuesta alguna.

Denuncia que por lo precedentemente descrito, se han vulnerado las garantías constitucionales del Nº 1 y Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se declare que la recurrida no puede realizar distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, que mientras no proporcione condiciones de trabajo de seguras los trabajadores puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo y cualquier otra medida que se estime pertinente, con costas.

Que, con fecha 29 de mayo del año en curso, la recurrida evacuó informe solicitando el rechazo del recurso. Primeramente, señala que no procede el recurso de protección en atención a que las alegaciones efectuadas exceden las materias que deben ser conocidas en la presente sede jurisdiccional puesto que la recurrente pretende se declare que los trabajadores pueden acogerse a las medidas del 184 bis del Código del Trabajo, que habilita a un trabajador interrumpir sus labores y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que por motivos razonables exista un riesgo grave e inminente para su vida o salud, lo cual no ha sido discutido por la recurrida, pero dicha materia debe ser determinada en sede administrativa y jurisdiccional en los Juzgados del Trabajo. Ahora bien, en cuanto al fondo de lo solicitado, dicha norma establece la obligación del empleador de adoptar las medidas para proteger la vida y salud de sus trabajadores, cuestión realizada al dar cumplimiento a las prescripciones de la autoridad administrativa responsable.

Alega falta de legitimación pasiva toda vez que se interpone en beneficio de los trabajadores de la Oficina Regional de Integra que indica, no obstante, no aclara el recurrente los actos u omisiones concretos por los que recurre, ni señala el modo preciso en que estos afectan los derechos invocados de cada una de las personas en cuyo favor comparece, con especificación de sus situaciones particulares.

Menciona que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas puesto que de los hechos relatados por el recurrente no aparece la certeza y concreción necesarias para determinar que, como consecuencia directa de ella, los trabajadores de Integra están amenazados en su vida o integridad física y psíquica.

Respecto de las peticiones del recurso, expresa no es posible distinguir si está solicitando el cese de la vulneración respecto a los afiliados a la organización sindical que el recurrente preside, o si en cambio, lo efectúa en representación de todo el personal que desarrolla labores en la Oficina Regional O´Higgins, o si inclusive esta acción es omnicomprensiva de todos los trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra. Además, la presente sede jurisdiccional no puede constituirse en una instancia declarativa de derechos ya que ante una eventual infracción de normas laborales es de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, es decir, un procedimiento de lato conocimiento.

Indica que las actuaciones de Fundación Integra se han ajustado a derecho, pues mediante Resolución Exenta Nº 180, de fecha 16 de marzo del 2020, del Ministerio de Salud se dispuso la suspensión de las clases de los jardines infantiles, por lo que se estableció el desempeño de carácter presencial por parte de un grupo limitado de sus trabajadores, de forma excepcional, transitoria y para actividades esenciales en horario de 08.30 a 13.30 horas, destinadas a garantizar el pago de las remuneraciones de los trabajadores, el pago a los proveedores, la contratación de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento de la institución, la entrega de alimentos a los niños más vulnerables que son atendidos en sus establecimientos y el soporte tecnológico que permita a la generalidad de los trabajadores el cumplimiento de sus funciones mediante teletrabajo.

Expresa las medidas adoptadas a nivel nacional como regional en materia laboral ante la emergencia sanitaria decretada, entre las que se menciona la entrega de implementos de seguridad como dosificadores de alcohol gel, mascarillas, separación de acrílico, desinfección diaria de superficies de uso frecuente, sanitización y ventilación de las dependencias. Además, respecto de los 34 trabajadores recurrentes, especifica la forma en que se encuentran desarrollando sus funciones, esto es, presencial o por teletrabajo, de los cuales 21, de forma esporádica han debido acudir a las oficinas por casos específicos con el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Con relación a la alegación de un supuesto no pago del beneficio de alimentación a trabajadores de la Fundación que no hayan podido prestar sus servicios mediante teletrabajo, expresa que pagó en los meses de marzo y abril del año 2020, a todos y cada uno de los trabajadores, la asignación por colación sin distinción alguna respecto a la modalidad en que se encuentra laborando el personal de la oficina regional y sin distinción entre aquellos trabajadores que efectivamente han prestado servicios y aquellos que no lo han hecho.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando.

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2º.- Que, el recurrente centra sus alegaciones en la existencia de turnos éticos presenciales realizados en la oficina regional de la recurrida por parte de los trabajadores, sin que aquella le proporcione los elementos de protección personal que disminuyan el riesgo de contagio de COVID 19, encontrándose amenazado el derecho a la vida e integridad física, por lo que solicita se ordene suspender las actividades conforme al artículo 184 bis del Código del Trabajo. Asimismo, impugna la decisión de la contraria de no pagar el bono de asignación de colación a aquellos trabajadores que no realicen trabajo por al menos 4 horas, por ser ésta una medida discriminatoria.

3º.- Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la recurrida, ésta deberá ser rechazada en atención a que, revisado el libelo pretensor, se constata que en él se individualiza a los 34 trabajadores a favor de los que se recurre, describiendo la situación fáctica que se impugna, compartida por todos al ser dependientes de la recurrida y explicitando la forma en que se amenazan o perturban las garantías constitucionales invocadas, considerando, por lo demás, que la recurrente, en cuanto a organización gremial, tiene la facultad de representar a los trabajadores que la componen.

4º.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso de protección, es necesario considerar el tenor de la petición concreta solicitada por el actor, la cual dice relación con la aplicación de una norma específica de protección en materia laboral que habilita a un trabajador a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar su lugar de trabajo, cuando considere por motivos razonables que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud, estableciendo en tal caso que el trabajador que interrumpa sus labores deberá comunicar ese hecho a su empleador en el más breve plazo e informar de la suspensión de las mismas a la Dirección del Trabajo. Sin embargo, dicha cuestión excede el ámbito de tutela de la presente acción, no correspondiendo que esta judicatura se pronuncie respecto a ello, pues el ejercicio de esta facultad tiene establecido tanto un procedimiento administrativo como jurisdiccional, ante un servicio público y tribunal especial, respectivamente, que no corresponde ser suplido en esta instancia.

5º.- Que, sin perjuicio de lo anterior, respecto de las medidas adoptadas por la recurrida en atención a la contingencia sanitaria, ésta acompañó fotografías, protocolos de prevención frente a la pandemia y facturas electrónicas que dan cuenta de la compra de insumos tales como mascarillas y alcohol gel, de lo que se advierte que la recurrida ha adoptado una serie de medidas con el objeto de resguardar la salud de los funcionarios, liberando de cumplir sus funciones presenciales a aquellos que pertenecen a la población de riesgo y estableciendo turnos de trabajo presenciales para los que no están en dicha condición, en horarios acotados y con los elementos de protección para prevenir el contagio del virus Covid 19, los cuales deben ejecutarse a fin de mantener en funcionamiento los servicios básicos e indispensables para la labor de la Fundación Integra. En este sentido, la recurrida, informó, de manera pormenorizada, respecto de los 34 trabajadores que a su favor se recurre, precisando que 21 de ellos han debido asistir de forma presencial y ocasional a su trabajo, entregando los elementos de protección correspondientes, por lo que a juicio de esta judicatura aquellas medidas parecen ser racionales en atención a la contingencia nacional y la necesidad de seguir funcionando en las labores esenciales que desarrolla la Fundación Integra, descartándose así una actuación u omisión arbitraria o ilegal.

6º.- Que, por último, respecto del no pago del bono de colación por no realizar labores superiores a 4 horas, ya sea vía remota o presencial, aquello no corresponde ser discutido en esta instancia, atendido que lo solicitado se enmarca dentro de las prestaciones propias del contrato de trabajo, encontrándose impedida esta Corte de resolver dicha solicitud, en el marco de esta acción cautelar, pues para ello el ordenamiento jurídico ha previsto el ejercicio de acciones jurisdiccionales ante los Juzgados del Trabajo, generalmente de lato conocimiento, razones que abonan el rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de falta de legitimidad activa opuesta por la recurrida.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso intentado por el SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACIÓN INTEGRA, en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 4429-2020 Protección.