RECURRENTE:KARLA ANDREINA PRATO PEREZ:RECURRIDO:AFP PROVIDA

C.A. de Rancagua.

Rancagua, dieciocho de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 16 de febrero del año en curso, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en la comuna de Rancagua, y deduce acción de protección en contra de A.F.P. Provida, por los fundamentos que expuso.

Relata que el 31 de enero pasado solicitó a la recurrida, la devolución de fondos previsionales mediante la ley N° 18.156, cumpliendo los requisitos que establece dicha norma, y que el 14 de febrero recibió el rechazo a su solicitud fundado en que trabajó en la Ilustre Municipalidad de Coltauco desde el 1 de septiembre de 2016 al 31 de abril de 2021 mediante boletas de honorarios, sin embargo señala, esto no sería así ya que cuenta con el pago de cotizaciones y los respectivos nombramientos, sumando un total de $7.610.106, y que al acudir a la Superintendencia de Pensiones recibió como respuesta atendida la improcedencia por ser funcionaria pública.

Refiere otra acción de protección deducida ante esta Corte de Apelaciones por un ciudadano ecuatoriano en el año 2020 (79.396-2020) en contra de la misma recurrida y solicita en definitiva le sea devuelto el monto cotizado en el periodo antes señalado.

Acompaña anexo contrato de trabajo de fecha 19 de agosto de 2020 acogiéndose a los términos de la Ley 18.156, copia de título de médico, constancia de afiliación venezolana a seguridad social, y certificado de cotización venezolana (desde abril de 2008 – cesante – egresada en agosto de 2016) y correo electrónico con rechazo de la AFP. Decretos de nombramientos N°4024 (9/2016), 4699, 6253, 6374, 6253, 1438, 1437, 1724, 1725, 2374, 2333, 2981, 3074, 3711, 4217, 4793, 7623, 5874, 1517, 3295, 3934, 4374, 4870, 6118, contrato a honorarios de fecha 30 de marzo de 2020 hasta junio 2020, 1934 (julio 2020), 2125, 2690, 3542, 295, 791, 1068, 1933 (pone fin por clausula sexta del contrato 17-7-2020) y 1630.

A folio 6 comparece nuevamente la recurrente haciendo presente que nuevamente ingresó una solicitud ante la recurrida, acompañando el correo electrónico en el cual se le comunica nuevamente su rechazo.

A folio 10 comparece evacuando informe la Superintendencia de Pensiones. Señala que, si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que ésta cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 que le permitan acceder a la devolución de fondos previsionales, refiere que si efectivamente la recurrente tuvo la condición de funcionaria pública, no le es aplicable lo dispuesto en la mencionada ley, ya que ese Servicio ha sostenido que la Ley N°18.156, es de excepción, por tanto, su interpretación debe ser efectuada de modo restrictivo, y en el caso del personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales, y no a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo, la citada Ley 18.156 no recibe respecto de dicho personal ninguna aplicación, puesto que se ha concluido que los contratos de trabajo a que se refiere la ley no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento.

A folio 11 comparece A.F.P. ProVida, evacuando informe. Primeramente, señala que el recurso de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio.

Luego, en cuanto a los hechos referidos en la presente acción, señala que la normativa permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro, por lo cual procedió a reparar la solicitud de la actora. En cuanto a los decretos Alcaldicios del N° 3 de la resolución, no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que no resulta aplicable a las personas que revisten el carácter de funcionarios público. En cuanto al contrato a honorarios individualizado en el N° 4, dicha relación jurídica se rige por las normas del derecho común contenidas en el Código Civil (arrendamiento de servicios inmateriales) que carece de las características propias de una relación laboral regida por las normas del Código del Trabajo. Por último, en cuanto al anexo de contrato de trabajo individualizado con el N° 5, no puede ser considerado atendido a que, entre la documentación acompañada y tenida a la vista, no ha sido acompañado ningún decreto alcaldicio o resolución administrativa que autorice la contratación de la solicitante bajo las normas del Código del Trabajo.

En cuanto al fundamento normativo, señala que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal, esto es:

a) Que detenten la calidad de técnicos.

b) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esta condición la debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile.

c) Que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

En conclusión, solicitó el rechazo de la presente acción, fundado primero, en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto señala que la recurrida, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, limitándose a observar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Acompaña informe con observaciones de ProVida de fecha 27 de febrero de 2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que, la pretensión de la actora consiste en la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, la que se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución, cuyo origen sería la calidad de funcionaria pública.

3° Que, por su parte la Superintendencia de Administradora de Pensiones señaló que, si efectivamente la recurrente tuvo la condición de funcionaria pública, no le es aplicable lo dispuesto en la mencionada ley, puesto que se ha concluido que los contratos de trabajo a que se refiere la Ley N° 18.156 no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento.

4° Que, en cuanto a la normativa aplicable a la especie, la Ley 18.156, en su artículo 7° Señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A su turno, su artículo primero establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

5° Que, como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema previamente (Roles N°30.015-2019 y N°79.396-2020), no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N° 16.744. Adicionalmente, ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador. El aceptarla importaría, al menos para este caso particular, una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora, quien debería esperar hasta cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 para obtener alguna de las pensiones establecidas en dicho cuerpo normativo, lo que no parece razonable si existe una regulación especial que le permite disponer de sus ahorros previsionales, como es el caso de la Ley N° 18.156, de forma tal que el argumento esgrimido por la recurrida a su respecto, será desestimado.

6° Que, sin perjuicio de lo antes señalado, en la especie, los documentos incorporados por la recurrente no le permiten cumplir las exigencias que establece la normativa previsional para obtener la devolución de los fondos de capitalización individual, puesto que el antecedente que acompañó la actora denominado “Constancia electrónica de cotizaciones” indica expresamente que su estatus de asegurado es de “CESANTE”, y señala fecha de egreso en agosto de 2016, lo que impide tener por acreditado el requisito contemplado en el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156, en el sentido de estar cotizando en ambos países, que sería la situación que hace procedente la devolución solicitada, la que no concurre en la especie.

7° Que, por lo dicho, no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de la recurrida, y por tanto la acción intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de AFP Provida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 440-2024-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.