Protección contra Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins

C.A de Rancagua.

Rancagua, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 5 de enero de 2023, comparece Daniela León Milla, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, a nombre de doña nombre reservado, funcionaria pública, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, representada por su Alcalde don Gustavo William Arevalo Cornejo, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de Contraloría Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, representada por nombre reservado.

Señala que mediante Resolución Exenta N° PD 00075, de 2021, la Contraloría del Libertador Bernardo O'Higgins, de 15 de diciembre del 2022, proponer respecto de la recurrente, Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santa Cruz, la aplicación de la medida disciplinaria de “suspensión”, consistente en la privación temporal del empleo por dos meses, con goce de un cincuenta por ciento de su remuneración mensual, con una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 120, letra c), en relación con el artículo 122 A de la Ley 18.883.

Explica que dicha sanción se aplicó por la formulación de los siguientes cargos: “CARGO PRIMERO: En su calidad de Directora Subrogante y luego Titular de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en adelante DIDECO, de la Municipalidad de Santa Cruz, fs. 326-335 (páginas 2 y 4), haber ejercido conductas constitutivas de acoso laboral en los términos que dispone el artículo 2°, inciso segundo, del Código del Trabajo, y de falta grave a la probidad en contra de doña nombre reservado, al haber desplegado conductas de hostigamiento reiterado durante el período comprendido entre los meses de mayo de 2017 a junio de 2019; CARGO SEGUNDO: En su calidad de Directora Subrogante y titular de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en adelante DIDECO, de la Municipalidad de Santa Cruz, fs. 326- 335 (página 2 y 4), haber ejercido actos de maltrato y atentatorios contra la dignidad funcionaria constitutivos de falta grave a la probidad, durante el período comprendido entre los meses de marzo y mayo de 2017 y de junio a noviembre de 2019”.

Agrega que mediante Decreto Exento N°4649, de 19 de octubre de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz se notificó a la recurrente, el 20 de octubre de 2022 de manera presencial en dependencias del Municipio, la medida disciplinaria de suspensión, consistente en la privación temporal del empleo por dos meses con goce de un 50% de su remuneración mensual, con una anotación de demerito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente de las calificaciones del año 2022 de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. Luego, dedujo recurso de reposición respecto de este último decreto, por estimar que existe un insuficiente razonamiento y justificación para aplicar la sanción, ya que no se hace cargo de los argumentos esgrimidos al efectuar sus descargos, que dicen relación con la falta de pruebas para acreditar el supuesto hechos ilícitos. Además, argumentó que la sanción debe ser rebajada a una de menor gravedad, puesto dicha sanción es desproporcionada, está basada en cargos que son ambiguos o errados y su conducta puede encuadrarse en una alternativa excluyéndose la imputación de un determinado resultado. Otro sustento de su recurso administrativo fue la errada calificación de los hechos, ya que se basó en la declaración de testigos incongruentes, sin considerar el comportamiento previo de la funcionaria.

Menciona que, en el desarrollo del sumario administrativo, se formula cargos que son imprecisos e ininteligibles vulnerando con ellos el debido proceso.

Alude que el 28 de noviembre del 2022, el Decreto Exento N° 4803 de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, rechazó el recurso de reposición y mantuvo lo resuelto en el Decreto Exento N° 4619 de 19 de octubre de 2022.

Agrega que se han vulnerado los derechos consagrados en los numerales 1, inciso 5° N°3, N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita que se ordene a la Municipalidad de Santa Cruz dejar sin efecto las declaraciones que se contradicen y por lo tanto valore la supuesta infracción cometida y ordene el sobreseimiento a la recurrente, o en subsidio aplique una medida disciplinaria menos gravosa; y que se reintegren los emolumentos dejados de percibir por la actora, con expresa condenación en costas.

Con fecha 1 de febrero de 2023, comparece Sra. nombre reservado, Contralora Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, evacuando el informe solicitado.

Señala que es la autoridad edilicia en quien se encuentra radicada la potestad disciplinaria, ya que el ente Contralor propone a dicha autoridad hacer efectiva la responsabilidad administrativa del funcionario involucrado.

Menciona que por Resolución Exenta PD00075, de 25 de enero de 2021, instruyó un sumario administrativo en la Municipalidad de Santa Cruz, designando fiscal instructor. Luego, el fiscal instructor, previa investigación, formuló dos cargos a la actora con fecha 29 de septiembre de 2021, relacionados con situaciones de acoso laboral y maltrato respecto de varios funcionarios de la municipalidad. En ese sentido, la Contralora Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, en uso de sus atribuciones, a través de la Resolución Exenta N° PD00755, de 15 de septiembre de 2022 notificada el día 20 del mismo mes y año, aprobó la vista fiscal y propuso aplicar a la actora la sanción antes señalada.

Alega la extemporaneidad del recurso, porque si bien se impugnada el Decreto Alcaldicio N° 4.803, de 2022, de la Municipalidad de Santa Cruz que le aplicó la medida disciplinaria a la recurrente, es del caso precisar que el recurso resulta del todo extemporáneo respecto de las actuaciones realizadas en el sumario administrativo instruido por esta Contraloría Regional, ello porque cualquier actuación llevada a cabo en el sumario administrativo, por parte de esta Sede Regional, es de data anterior al 15 de septiembre de 2022, y por otra, si lo que se pretende impugnar es el acto trámite emitido por la Contralora Regional proponiendo al alcalde la sanción, dicho acto como se ha señalado, fue notificado con fecha 20 de septiembre de 2022, de manera que al haberse interpuesto el recurso el 28 de diciembre 2022, el plazo para interponer la acción se encuentra latamente vencido.

Argumenta la Falta de legitimación pasiva, ya que el eventual agravio que aduce la recurrente, dice relación con el Decreto Alcaldicio N° 4.803, de 28 de octubre de 2022, de la Municipalidad de Santa Cruz, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 4.649, de 19 de octubre de 2022, que le aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo por dos meses, con goce de un cincuenta por ciento de su remuneración mensual, con una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente. En ese sentido, la proposición de la sanción por parte del ente Contralor no es un acto terminal respecto del sumario, y además de que el recurso de protección no es el medio idóneo para impugnar los procedimientos reglados.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso por no existir un actual ilegal ni arbitrario por parte de la Contraloría Regional.

Con fecha 20 de febrero de 2023, comparece Rodrigo Molina Navarro, abogado, en representación de la Municipalidad de Santa Cruz, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que la recurrente fue objeto por parte de la Contraloría General de la Republica de un sumario administrativo, a raíz de graves hechos de maltrato que ella dirigía en su calidad de Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) contra del personal de Dideco. Dicho sumario fue llevado a cabo por el Fiscal Mauricio Valenzuela Miranda, fue este funcionario de Contraloría quien llevo a cabo todo el proceso investigativo, en el que la Municipalidad no tuvo una participación directa, con la salvedad de participación de los funcionarios que fueron llamados a declarar en sus calidades de testigos.

Explica que, una vez concluido el sumario administrativo y atendida la gravedad de los hechos, la Municipalidad decidió aplicar la sanción sugerida por la Contraloría, dictándose en consecuencia el Decreto Alcaldicio N° 4649 de fecha 19 de octubre de 2022.

Alude que el 26 de octubre de 2022, la actora deduce recurso de reposición en contra del Decreto Exento N° 4649 que aplica la sanción, el que fue rechazado por que los hechos acreditados en el proceso disciplinario llevado a cabo por la Contraloría no pueden ser atacado en la instancia administrativa, y cualquier defecto o vicio de procedimiento se debió haber hecho valer en dicho proceso, y ante quien correspondía, de modo que en esta instancia no se pueden variar los hechos imputados, y la calificación de los mismos. Sin perjuicio de ello, debemos señalar que los hechos en que participó la recurrente en calidad de autora son graves, afectando la integridad física y psíquica de sus colegas, de modo que los bienes jurídicos afectados son equivalentes y proporcionales a la sanción aplicada. Además, se revisó nuevamente el proceso sumarial, no advirtiéndose vicios que afecten su validez, ni tampoco vicios que afecten el debido proceso.

Explica que se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente, dictándose en definitiva el Decreto Exento N°4803 de 28 de octubre de 2022, el que fuera debidamente notificado a la recurrente el 28 de noviembre de 2022. La recurrente recibió la notificación del Decreto conforme, y estampo su firma ante la funcionaria de Recursos Humanos que la notificó con tal fecha.

Alega la extemporaneidad del recurso, ya que el Decreto fue notificado el 28 de noviembre de 2022, transcurrido más de 30 días, hasta la interposición de esta acción.

Con fecha 6 de junio de 2023, se confirió traslado a la recurrente respecto de las alegaciones de extemporaneidad y falta de legitimidad pasiva, deducida por las recurridas, y se ordenó acompañar el sumario administrativo.

Con fecha 9 de junio de 2023, comparece la recurrente, evacuando el traslado conferido.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad y falta de legitimidad pasiva deducido por parte de la Contraloría Regional, se allana.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad de la Municipalidad, señala que no es controvertida la fecha de la notificación del Decreto Alcaldicio, siendo el día 28 de noviembre del año 2022, al término de la jornada laboral, señalando además, que el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido por nuestra legislación vigente con fecha 28 de diciembre del 2022, ingresado erróneamente en el sistema como Contencioso Administrativo, en vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones, bajo el Rol 49-2022, para luego el día 5 de enero del año 2023, resolvió, que se ingrese en el cuaderno correspondiente por parte de la Unidad de Causa de la Corte, por lo que dicha alegación debe ser rechazada.

Con fecha 22 de agosto de 2022, se ordenó a la Municipalidad de Santa Cruz, acompañar el Decreto Exento N°4649, de 19 de octubre de 2022, que aplica la sanción disciplinaria a nombre reservado, y el escrito del recurso de reposición deducido en contra de aquel de fecha 26 de octubre de 2022, lo que se cumplió el 2 de octubre de 2023.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha consiste en el Decreto Alcaldicio N°4803, de 28 de octubre de 2022, de la Municipalidad de Santa Cruz, que rechaza recurso de reposición interpuesto por la recurrente nombre reservado, Directivo Grado 8° E.M., Directora de Seguridad Pública y, en consecuencia mantiene firme lo resuelto en el Decreto Exento N° 4649 de fecha 19 de octubre de 2022, por el cual se aplicó la medida disciplinaria de “suspensión”, consistente en la privación temporal del empleo por dos meses, con goce de un cincuenta por cierto de su remuneración mensual, con una anotación demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 120 letra c) en relación con el artículo 122 A de la Ley 18.883.

3.- Que, en primer lugar, en cuanto el recurso se dirige en contra de la Contraloría General de la República, corresponde acoger tanto la excepción de extemporaneidad como de falta de legitimación pasiva deducidas por el órgano contralor, por cuanto la Resolución Exenta N° PD00075, de 15 de septiembre de 2022, notificada a la actora el día 20 del mismo mes y año, no se trata de un acto terminal, por cuanto sólo propone a la Municipalidad de Santa Cruz imponer una sanción disciplinaria a la recurrente, acto que, por lo demás, atendida su fecha, tampoco puede ser objeto de impugnación por medio de este recurso, atendida la época de interposición del presente arbitrio.

4.- Que, en cambio, cabe rechazar la alegación de extemporaneidad alegada por la Municipalidad de Santa Cruz, por cuanto si bien en este ingreso de protección Rol 44-2023, el recurso figura presentado con fecha 5 de enero de 2023, en realidad éste fue interpuesto el 28 de diciembre de 2022, en el Rol 49-2022 contencioso-administrativo, generándose internamente su traspaso, por lo que, atendido que el Decreto Alcaldicio N°4803, de 28 de octubre de 2022, que se impugna, fue notificado a la actora el 28 de noviembre de 2022, el recurso se dedujo dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado que rige la materia para su interposición.

5.- Que, en cuanto al fondo, la recurrente funda la ilegalidad de la sanción administrativa impuesta, en el sumario seguido en su contra, tanto en que los cargos formulados carecen de la adecuada precisión, como en que la resolución impugnada no razona suficientemente respecto de los descargos y argumentos efectuados por su parte, reclamando, además, que la medida impuesta resulta desproporcionada, solicitando, en definitiva, se decrete el sobreseimiento de la recurrente o, en subsidio, se le aplique una medida menos gravosa.

6.- Que, de los antecedentes acompañados, en la especie, ha quedado establecido que la recurrente fue sancionada con la medida de suspensión de funciones por dos meses con goce de medio sueldo, prevista en el artículo 120 letra c) en relación al artículo 122 A de la Ley 18.883, por las conductas que se tuvieron por establecidas en el Decreto Alcaldicio N° 4649 de 19 de octubre de 2022 de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, las que consisten, en síntesis, en hechos constitutivos de acoso laboral y maltrato y hostigamiento reiterado a dos funcionarios a su cargo, acto en el que se desarrollan de manera detallada las razones que justifican su imposición como también su calificación jurídica.

7.- Que, al respecto cabe precisar, que el recurso de protección no puede ser utilizado para revisar la suficiencia de la prueba recabada para sustentar los cargos formulados en un sumario administrativo como tampoco para cuestionar el análisis del mérito de tales probanzas efectuado por los órganos encargados de resolver la aplicación de las sanciones administrativas, sino que únicamente es posible controlar la legalidad del procedimiento y el cumplimiento del deber de fundamentación de todo acto administrativo.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los Roles N°32003-2022 y N°1237-2022, han señalado que esta acción constitucional no resulta idónea para efectuar una nueva revisión sobre el mérito de los antecedentes considerados para aplicar una medida de destitución en el marco de un sumario administrativo seguido conforme a la ley.

8.- Que, en la especie, tal como consta de la lectura del Decreto Alcaldicio impugnado, así como de la revisión de la Resolución Exenta de la Contraloría General de la República que aprueba el sumario administrativo y la vista fiscal respectiva, proponiendo la sanción cuestionada, se concluye que se cumple a cabalidad con el deber de fundamentación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, por cuanto se describen los cargos que fundamentan la sanción y la prueba que sustenta su acreditación.

Por otra parte, de la sola lectura de los cargos por los que se sancionó a la recurrente, no se advierte la pretendida falta de precisión que se reclama en el recurso, constatándose, en cambio, que éstos resultan claros y precisos, permitiendo así el ejercicio del derecho de defensa.

Por último, de los antecedentes allegados a la causa, se constata que la afectada contó con defensa letrada en el sumario administrativo, pudo ejercer todos los recursos que la legislación contempla respecto de las decisiones adoptadas durante su transcurso, declaró, contestó los cargos precisos que le fueron formulados, no requirió la realización de otras diligencias probatorias y, en definitiva, tuvo la oportunidad efectiva de velar, durante su desarrollo, por sus derechos y garantías, por lo que, en definitiva, la aplicación de la sanción que hoy reclama no es sino el producto del ejercicio de las facultades de la autoridad, surgiendo entonces que la actora busca demostrar por esta vía, que en el proceso no fueron ponderados adecuadamente los antecedentes que constan en el expediente del sumario administrativo llevado ante la Contraloría General de la República, conforme a los cuales se le atribuye la conducta sancionada, revisión o nueva valoración de los hechos que no se justifica en esta sede, frente a un procedimiento llevado adelante en plena observancia de las normas legales previstas en la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionario Municipales, con pleno respeto de la garantía del debido proceso, en un procedimiento racional y justo, que en definitiva culminó con la suspensión de la funcionaria, para un caso en que se configuró la causal de infracción al principio de probidad administrativa.

9.- Que, finalmente, en relación a la calificación de gravedad de los hechos que permitieron configurar la falta a la probidad administrativa, en una entidad que habilita la sanción adoptada, cabe apuntar que el artículo 120 letra c) de la Ley N° 18.883 establece expresamente la sanción de suspensión, en relación al artículo 122 A del mismo cuerpo legal, que establece “La suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

Se dejará constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente.”

En este sentido, aun cuando el legislador no entrega una definición precisa de probidad, sí se encarga de señalar circunstancias que nunca pueden dejar de ser consideradas en su conceptualización y según previene el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo “implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”. Un concepto similar se registra en el artículo 54 de la Ley N° 18.575.

En este caso, las conductas de acoso laboral y maltrato y hostigamiento reiterado conllevan una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en los artículos 3, 13, 52 y 53 de la ley N° 18.575 y 8° y 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al constituir dichas conductas un acto atentatorio a la dignidad de las personas y a la dignidad de la función pública, toda vez que la inculpada no observó una conducta funcionaria intachable con preeminencia del interés general sobre el particular, así como tampoco ejerció sus facultades de una manera recta y correcta, lo que guarda relación con el criterio contenido en Dictamen N°61.816, de 2012.

10.- Que, desde esta perspectiva, asentada la afectación grave del principio de probidad administrativa y la debida proporcionalidad de la medida aplicada en relación a la conducta constatada, no resulta posible asignar un resultado diverso al caso, por la valoración de circunstancias atenuantes de responsabilidad, desde que la sanción correspondiente al caso no admite graduación, por lo que el Decreto Alcaldicio impugnado, no es un acto arbitrario o ilegal de parte de la autoridad administrativa, siendo rechazado el recurso de protección impetrado.

Por estas consideraciones lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se acoge la alegación de extemporaneidad y falta de legitimación pasiva en contra de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, se rechaza el recurso de protección a su respecto.

II.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad deducida por la Municipalidad de Santa cruz.

III.- Que se rechaza el recurso de protección deducido por Daniela León Milla en favor de doña nombre reservado en contra la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte N° 44-2023 Protección.

Se deja constancia que, por no reunirse los presupuestos previstos en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema, la presente sentencia no debe ser anonimizada