Protección contra oficio N° 4

Rancagua, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, domiciliado en domicilio reservado, en representación la funcionaria doña nombre reservado, de su mismo domicilio y deduce recurso de protección en contra del oficio N° 4.797 de 9 de septiembre de 2016, notificado el 14 de septiembre del año en curso, dictado por el Contralor Regional de la Región de O’Higgins, don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado.

Señala que doña nombre reservado durante el año 2015, comenzó a sufrir una patología consistente en afectaciones de salud mental, producto de ser víctima de violencia intrafamiliar, situación que se ha visto agravada con la privación de sus remuneraciones íntegras por parte de la Defensoría Penal, a partir del mes de noviembre de 2015, por concepto de reintegro de licencias médicas rechazadas, lo que la ha obligado a solicitar la ayuda de familiares y amigos para subsistir de un modo más o menos digno.

Indica que la asociada doña nombre reservado, por intermedio de la Asociación de Funcionarios, interpuso recurso de reposición en contra del oficio N° 3422/2016 de la Contraloría General de la República, que se abstuvo de emitir pronunciamiento atendida la extemporaneidad de la presentación, reposición que fue resuelta mediante oficio N° 4797/2016 suscrito por el Contralor Regional, que, a su juicio, es arbitrario, ilegal y vulneratorio de los derechos laborales de su representada, por cuanto ha autorizado la privación del 100% de sus remuneraciones mensuales por parte de la Defensoría Penal, en razón de licencias médicas rechazadas, aun cuando la jurisprudencia administrativa y judicial establece que estos descuentos se limitan como máximo al 50% de las remuneraciones, vulnerando con ello su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, y a la propiedad, garantizados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política, además de normas internacionales de Derecho del Trabajo, en especial, la del artículo N° 10 del Convenio de la OIT de 1949, sobre protección del salario, lo que, finalmente, trasunta en una vulneración de derechos humanos.

Pide, se deje sin efecto el oficio N° 4797/2016 de la Contraloría General de la República, ordenando la reinterpretación de la materia reclamada y que se ordene el cese del descuento del 100% de las remuneraciones de su representada, realizado por la Defensoría Penal, aplicándose el límite del artículo 67 de la Ley 10.336, debiendo dicha institución reintegrar las remuneraciones descontadas en exceso, esto es, por sobre el tope del 50%, desde noviembre de 2015 a la fecha.

Acompaña documentación que se agrega a la causa Que, informando la recurrida, alega falta de legitimidad pasiva, por cuanto, si bien el recurso se dirige en contra de oficios dictados por la Contraloría Regional, se desprende del texto del libelo que las alegaciones van dirigidas a impugnar el actuar de la Defensoría Penal de O’Higgins que, en su calidad de empleadora de la recurrente, realizó los descuentos en sus remuneraciones por concepto de licencias médicas rechazadas, en un porcentaje que no se estima conforme a Derecho. En ese sentido, agrega, la Contraloría solamente se limitó a establecer que la normativa que regula el procedimiento para la materialización de esos descuentos, esto es, el artículo 72 del Estatuto Administrativo, no contempla un límite para las deducciones de rentas motivadas por inasistencias o atrasos injustificados y ellos deben ser calculados sobre el total de las remuneraciones, según corresponda, por lo que en ningún caso afectó la situación de la recurrente. Por otra parte, anota, los descuentos tuvieron como antecedente el rechazo de las licencias médicas de la actora por parte de la Comisión de Medicina Preventiva de la Región de O’Higgins.

En segundo lugar, argumenta que no estamos en presencia de un derecho indubitado de la recurrente, por cuanto, ésta impugna un pronunciamiento emanado de su parte en el oficio N° 4.797, lo que supone necesariamente la realización de un proceso de análisis e interpretación de la normativa que regula la materia en cuanto a la procedencia de contemplar un límite no previsto en la ley.

Expone que, tampoco existe ilegalidad ni arbitrariedad en los oficios N° 3.422 y 4.797 de 2016, desde el momento en que la Entidad Fiscalizadora solamente se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por la Constitución Política y las leyes; es así como en el primero de ellos, se abstuvo de emitir pronunciamiento atendida la extemporaneidad de su presentación y, en el segundo se pronunció sobre la situación de la Sra. nombre reservado, de acuerdo a las facultades que establece el artículo 6 de la ley N° 10.336, que dispone que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización para efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.

En cuanto al fondo del recurso, indica que el inciso 1° del artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud y el artículo 72 de la Ley 18.834, faculta a los servicios públicos para descontar aquellas rentas provenientes de licencias médicas rechazadas, sin establecer límites para las deducciones efectuadas por el empleador, a diferencia de lo que ocurre con las rebajas ordenadas por el Contralor General de la República, de acuerdo al artículo 67 de la ley 10.336. Agrega que, no existe disposición expresa que determine la época desde la cual puede efectuarse tal deducción, pudiendo materializarse en cualquier momento, dentro del plazo de prescripción de 5 años establecido en el artículo 2515 del Código civil.

En el caso de la recurrente, señala, se generó un pago indebido asociado al haber recibido emolumentos sin existir causa para ello, lo que produjo un enriquecimiento ilegítimo en su favor, y, en consecuencia, surgió para ella la necesidad de reintegrar dichas sumas a objeto de saldar la obligación que tiene con su servicio empleador, siendo deber de éste hacer efectivos los créditos de que sea titular.

En suma, el oficio impugnado no es arbitrario ni ilegal y no ha vulnerado derecho alguno de la recurrente, por lo que debe ser rechazado.

Finalmente, expone que el inciso 4° del artículo 67 de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, permite al Contralor General liberar total o parcialmente de la restitución o pago de las remuneraciones mal percibidas cuando, a su juicio, ha habido buena fe o justa causa de error, lo que se hizo presente a la recurrente mediante el mismo oficio impugnado, sin que a la fecha haya solicitado la condonación o facilidades de pago, momento en el que cesarían los descuentos de sus rentas realizados por la empleadora.

Acompaña documentación que se agrega a la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

1° Que recurre de protección el Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal pública, en representación de la funcionaria nombre reservado, en contra del Contralor Regional de la Región de O’Higgins, don nombre reservado, señalando que éste, mediante oficio N° 4.797 de 9 de septiembre de 2016, autorizó a la Defensoría Penal Pública, a privar a la recurrente del total de sus remuneraciones por concepto de reintegro de licencias médicas rechazadas, sin respetar el límite del 50% de los emolumentos establecido en el artículo 67 de la Ley 10.338, acto arbitrario e ilegal que ha vulnerado sus derechos laborales, su igualdad ante la ley, su derecho a la integridad psíquica y a la propiedad.

2° Que la recurrida alega que carece de legitimización pasiva, pues es el servicio empleador de la recurrente quien ha efectuado los descuentos y, en cuanto al fondo, indica que al emitir el oficio impugnado se limitó a interpretar la normativa aplicable al descuento de remuneraciones, en uso de sus facultades legales, esto es, el artículo 72 del Estatuto Administrativo, que no establece límite para tales deducciones, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna en su proceder.

3° Que, la alegación de falta de legitimación pasiva será acogida, por cuanto es un hecho de la causa que el descuento en las remuneraciones de la funcionaria fue ordenando y determinado en su porcentaje por la Defensoría Penal Pública, quien resulta ser la empleadora de la recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 18.834 y artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, habiéndose limitado la participación de la recurrida a la dictación de dos oficios que simplemente aclararon el marco legal aplicable al caso, dentro de las facultades interpretativas que asisten al Contralor Regional respecto de la normativa que rige a los servicios públicos que se encuentran sometidos su fiscalización, conforme dispone el artículo 6° de la ley 10.366, por lo que ello en nada alteró la situación de hecho de la actora, ya definida por su propia empleadora.

4° ° Que, en ese sentido, los actos impugnados por el interesado no adolecieron de ilegalidad, pues fueron dictados por el Contralor Regional en uso de sus prerrogativas y dentro de la órbita de sus atribuciones, que según la ley le son propias, y por ende, no existe tampoco arbitrariedad alguna en sus actuaciones, aun cuando no se comparta la interpretación que se plasma en el oficio que se impugna a través del presente recurso, debiendo haberse dirigido la recurrente en contra del órgano que ordenó el descuento en una suma que ella estima no se ajusta al límite legal establecido en el artículo 67 de la Ley 10.336 y no contra la recurrida, que no tuvo participación alguna en decisiones que son propias del Jefe de Servicio de la Entidad Pública empleadora.

5° Que, finalmente, la actora no ha agotado la vía administrativa, por cuanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 10.338, tiene la posibilidad de solicitar al Contralor General la condonación o la concesión de pago en parcialidades respecto de la deuda, alegando justa causa de error o buena fe, situación que el mismo Contralor puso en su conocimiento en el oficio impugnado y sin que la parte haya hecho uso de esta prerrogativa, cuya sola interposición suspendería el descuento del 100% de las remuneraciones, efectuado por su empleadora.

De conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se RECHAZA el recurso de protección de fojas 1.

Regístrese y devuélvase.

ROL 4278-2016-PRT