nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Rancagua, diez de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por doña nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Fundan su acción en que con fecha 21 de marzo de 2018 se presentaron como candidatos para ser parte de la directiva de la organización sindical de la Empresa San Juan, dicha nómina fue enviada en la misma fecha a la Inspección comunal del Trabajo junto con la solicitud de ministro de fe para la realización de la elección. Añade que, lamentablemente, se publicó en las instalaciones donde trabajaban la nómina de candidatos en el mes de marzo de 2018, lo cual los dejó expuestos ante la empresa sin tener fuero, considerando al respecto que la elección se aplazó hasta el 22 de julio de 2018, pues no cumplían con el año de afiliación que exigían los estatutos.

Indican que esta situación trajo como consecuencia una serie de inconvenientes que derivaron en que fueran despedidos por “necesidades de la empresa”, sin que dicha causal sea justificada, dado que fue en represalia por postularse a formar parte de la directiva del sindicato.

Refieren que el primer despedido fue nombre reservado, con fecha 13 de junio de 2018, momento en el que hizo reclamo ante la Inspección del Trabajo, señalando en esa oportunidad que tenía serias sospechas de que el despido se debía a represalias por la futura elección de sindicato, ante lo cual la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente hizo caso omiso a la denuncia, recomendando al trabajador que firmara el finiquito ya que al estar despedido nada podían hacer.

Luego, con fecha 30 de junio de 2018, fue despedido el segundo candidato en la lista para las elecciones del sindicato don nombre reservado, quien con fecha 3 de julio de 2018 realizó reclamo ante la Inspección del Trabajo de San Vicente, concurriendo con el tercer trabajador en la lista de candidatos, don nombre reservado, quienes señalaron al igual que el trabajador anteriormente despedido, que esto se debía al hecho de ser candidato para la directiva del sindicato; ante esto se indicó por parte de la persona a cargo de la Inspección del Trabajo que ya no podían hacer nada respecto a él, porque había sido despedido, pero que sí podían fiscalizar por la situación de don nombre reservado. Debido a eso, el mismo día 3 de julio él realizó denuncia por prácticas antisindicales, solicitando la fiscalización e investigación por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua. La señora nombre reservado que recibió la denuncia, señaló a los trabajadores que enviarían al día siguiente a un fiscalizador para comenzar con la investigación de los hechos.

No obstante, con fecha 6 de julio de 2018 fue despedido nombre reservado; acto seguido al momento de realizar el reclamo por esa situación en la Inspección comunal del Trabajo recurrida, se le señaló que por estar despedido ya no se podría hacer nada con la denuncia realizada sólo 3 días antes.

A juicio de los recurrentes, el acto u omisión ilegal y arbitrario cometido por la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente se traduce en no haber activado el procedimiento de Fiscalización de los posibles hechos denunciados, generándose un quebrantamiento del derecho que otorga a todos los trabajadores la Constitución Política de la República, principalmente en el artículo 19 N° 19 que señala “La Constitución asegura a todas las personas: N° 19.- El derecho a sindicarse en los casos y formas que señale la ley(...)”

Agrega que el DFL N° 2 del año 1967, fija las funciones de la Dirección del Trabajo y de sus distintos departamentos, dentro de las cuales se encuentran las Inspecciones del Trabajo, señalando en su artículo 1 sus funciones, (dentro de las cuales se encuentra la fiscalización).

Refieren que de acuerdo a lo que indica el referido artículo y los hechos expuestos, existe un claro quebrantamiento a las garantías constitucionales de los actores, ya que no se dio curso a la fiscalización solicitada, incumpliendo su mandato legal.

Agregan, indican que se quebrantó lo dispuesto en el artículo 486, inciso 5 y 6 del Código del trabajo (relativo a las labores fiscalizadoras de la recurrida y su deber de denuncia ante la constatación de infracciones), pues en tres oportunidades denunciaron prácticas antisindicales y represalias por ser parte de un proceso eleccionario en su sindicato, frente a lo que la Inspección omitió la realización de la respectiva fiscalización, y además los orientó de manera deficiente.

Afirman que dicho actuar de la recurrida resulta ilegal pues no quiso fiscalizar de manera antojadiza, sin perjuicio del mandato legal que la obligaba, lo cual amenaza y perturba el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contenidas en los N° 2, 3, 15, 16, y 19 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, requieren se ordene a la recurrida realizar la fiscalización necesaria respecto a los hechos denunciados, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 30 de agosto de 2018 evacua informe don nombre reservado, abogado de la institución recurrida alegando en primer lugar la extemporaneidad del recurso pues, para el computo del plazo establecido para esta acción, lo que prima siempre es el acto real que causa agravio, y en este caso, la fecha genuina del agravio correspondería, para cada caso en particular a la fecha de la presentación de su reclamo, por parte de cada uno de los trabajadores requirentes.

Es así, como en el caso de nombre reservado, el reclamo y acta de comparendo de conciliación es de 14 de junio de 2018; en lo concerniente a nombre reservado, el reclamo y acta de comparendo de conciliación es de 5 de julio de 2018, y en el caso de nombre reservado, el reclamo y acta de comparendo de conciliación es de 3 de julio.

Luego, sus acciones deben declararse inadmisibles por extemporáneas y por carecer de manifiesta falta de fundamentos.

En cuanto al fondo de la acción, arguye que sólo ha procedido a ejercer y a cumplir con un imperativo legal que está expresamente señalado en la ley laboral y en su estatuto orgánico, por lo que no existe ilegalidad alguna en el accionar de la Inspección comunal del Trabajo.

Puntualiza que la aplicación del Principio de Legalidad a los actos de la Dirección del Trabajo, dice relación con el contenido del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo, el cual en su artículo 1 establece las funciones de esta entidad, sin perjuicio de la demás funciones que leyes generales o especiales les encomienden, las que en la especie ha cumplido.

Agrega que un acto administrativo fundado en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de facultades legales, no puede revestir arbitrariedad.

En otro orden de ideas, indica que las actuaciones de la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, consistentes en actos administrativos, son medidas que deben reclamarse ante los Tribunales, autoridades u organismos competentes que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones, de modo que la acción de protección no puede ser tenido como el recurso procesal subsidiario o supletorio de los procedimientos ordinarios o especiales que existan para dirimirlos.

Luego indica que la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua ha ejercido sus potestades de fiscalización de la legislación laboral, en base al artículo 1 y 23 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, y artículo 505 del Código del Trabajo.

Por ello, al ejercer sus facultades legales, no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

Puntualiza, en cuanto a los hechos expuestos en el recurso, que con fecha 25 de abril de 2018, se recibe en la Inspección de San Vicente TT. nómina de los postulantes a dirigentes sindicales, entre los que figuran los trabajadores requirentes en el presente recurso de Protección.

Luego, con fecha 14 de junio de 2018(nombre reservado), 5 de julio de 2018(nombre reservado) y 3 de julio de 2018 (nombre reservado), concurren los trabajadores referidos e inician procedimiento de reclamo, por despido injustificado; concluyendo los procedimientos, como reclamo conciliado, conciliación parcial y abandonado.

Hace presente que, a la fecha de los despidos de los requirentes, ninguna de ellos ostentaba la calidad de dirigente sindical, pues no cumplían con el requisito de antigüedad en la institución. Además, ninguno de ellos, a la fecha de los despidos tenía fuero.

Finalmente, la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, procede a acoger y disponer los procedimientos de Reclamo solicitados por los trabajadores, en las fechas citadas anteriormente y con todas las garantías legales que corresponden a su labor fiscalizadora.

Sin perjuicio de lo anterior y en el caso del trabajador que interpone denuncia por vulneración de derechos fundamentales, nombre reservado, ésta no se puede acoger, por existir norma expresa al respecto (artículo 489 del Código del Trabajo).

Por lo expuesto, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección de autos, con expresa condena en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, cuando por causa de acto u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los numerales que el artículo 19 de la Carta Fundamental señala.

SEGUNDO: Que se ha deducido recurso de protección en contra de la Inspección comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua por no haber activado un procedimiento de fiscalización a la empresa en que trabajaban los recurrentes, ante la denuncia de eventuales prácticas antisindicales, lo que en definitiva derivó en el despido de los recurrentes, por lo que la omisión de la recurrida vulneró derechos constitucionales de los actores, especialmente aquellos contenidos en el artículo 19 N° 2,3,15,16 y 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, a su vez, la recurrida alegó primeramente la extemporaneidad de la acción, atendida la fecha en que los recurrentes presentaron su reclamo ante la Inspección.

En cuanto al fondo, arguye haber actuado conforme a la ley laboral y a su estatuto orgánico, por lo que no existe la ilegalidad ni la arbitrariedad denunciada. Además, señala que la acción de protección no puede ser tenido como el recurso procesal subsidiario o supletorio de los procedimientos ordinarios o especiales que existan para dirimir la cuestiones que se susciten en razón de sus actos administrativos, y que en la especie, se acogió y se dispusieron los procedimientos de reclamo solicitados por los trabajadores, que corresponden a su labor fiscalizadora, salvo en lo que respecto a nombre reservado, por existir norma que impedía darle curso a su denuncia.

CUARTO: Que, previo a analizar el fondo del asunto, se debe resolver la solicitud de extemporaneidad formulada por la recurrida, para lo cual se tiene presente el plazo de treinta días corridos, previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En efecto el artículo primero del referido auto acordado establece: “1º.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

QUINTO: Que, al respecto, caber reiterar que lo que se reprocha de la recurrida es no haber activado un procedimiento de fiscalización a la empresa en que trabajaban los recurrentes, ante la denuncia de eventuales prácticas antisindicales, lo que en definitiva derivó en el despido de los recurrentes.

En tal sentido, para determinar si la acción del caso sublite fue deducida en tiempo oportuno, debe tenerse presente las fechas en que se realizaron los respectivos reclamos por despido injustificado ante la Inspección, y la denuncia por practica antisindical, al respecto se indica por los actores, que respecto a don nombre reservado, el reclamo fue realizado con fecha 13 de junio de 2018, en el caso de don nombre reservado el día 3 de julio de 2018, y finalmente, en lo relativo a nombre reservado, el 3 de julio realiza la denuncia por práctica sindical requiriendo la fiscalización de la recurrida, siendo luego despedido este trabajador con fecha 6 de julio de 2018, sin que la recurrida procediera a la fiscalización por los hechos que se denunciaban, que hubiera impedido el despido.

SEXTO: Que, teniendo presente las mencionadas fechas, en las cuales los recurrentes solicitaron el accionar de la recurrida, sin que ella realizara el proceso de fiscalización, que a juicio de los actores correspondía, resulta evidente que la acción deducida con fecha 7 de agosto de 2018 resulta extemporánea, al haberse ejercido luego de transcurrido 30 días desde las omisiones que se denuncia, por lo que no cabe más que acoger la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no se vislumbra en el presente caso quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse mediante la acción de protección intentada, dado que a la época de la denuncia ante la Inspección, ninguno de los actores ostentaba la calidad de dirigente sindical, pues no cumplían con el requisito de antigüedad en la institución, y en esta situación, inoficioso resulta el análisis de las garantías que el recurso menciona vulneradas, desde que no se ha demostrado que la omisión que se impugna ha sido ejercida en contravención a la ley y sin fundamento razonable, lo que resulta bastante para desestimar el recurso.

De cualquier modo, al haber sido despedidos los trabajadores recurrentes, la acción por vulneración de derechos fundamentales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, corresponde exclusivamente al trabajador afectado, por lo que la Inspección carecía de atribuciones para los efectos de fiscalizar dicha vulneración.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección interpuesto con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 4122-2018 Protección.