nombre reservado con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA (COMPIN)

Rancagua, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, estudiante, a favor de nombre reservado, auxiliar de aseo, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de COMPIN, Sexta Región.

Relata haber presentado la licencia médica N° 36558828, por 60 días, la que fue remitida por su empleador el día 13 de enero de 2017 y rechazada por la COMPIN el 23 de febrero de 2017, sin la fundamentación que establece la ley, sólo se consigna “R-9 reposo prolongado”. Agrega que, además, la recurrida se negó a entregar el documento denominado “Resolución Licencia Médica”, el que certifica la fecha de recepción y resolución de la licencia, así como el detalle de la causal de rechazo, en cambio entregó un documento singularizado como “Listado Maestro de Licencias Médicas”, el que, si bien incorpora dicha información, lo hace en términos confusos y tecnicismos que sólo serían legibles para los funcionarios de la COMPIN, tanto así que para denominar la resolución que dicta el rechazo, se refiere a ella como “R-9”.

Añade que, por otro lado, la COMPIN no se habría ajustado a los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud y la Circular N° 1588 de 1997 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establecen que de no pronunciarse la COMPIN en 7 días de presentada la licencia médica, se entenderá autorizada y deberá cursarse su correspondiente pago, operando así la autorización tácita de las mismas.

Respecto del motivo de la licencia, señala que la recurrente padece de tendinitis en el hombro izquierdo, síndrome del túnel carpo bilateral en ambas manos y tenosinovitis de Quervain en ambas manos, por lo que se encuentra con licencia desde el mes de septiembre de 2015.

Agrega que el rechazo de la licencia ha infringido las garantías constitucionales de los números 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haberlas rechazado de manera extemporánea, infundada e ilegalmente, por tanto, pide se tenga por aprobada la licencia médica N° 36558828 y se ordene su pago, con costas.

Segundo: Que informa la recurrida solicitando el rechazo del presente recurso.

Señala que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues el Decreto Supremo N° 3/84 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional, los habilita para rechazar licencias. Agrega que el control de las mismas, se efectúa por médicos cirujanos que conforman una comisión técnica especializada, lo que impide considerar que su rechazo sea un mero capricho.

Relata que en el caso de autos se solicitaron informes a los médicos que otorgaron las licencias médicas, informes que en ciertos casos no fueron acompañados y en los otros en que se agregaron al expediente no permitieron alterar la decisión por tratarse de un reposo prolongado sin que existiera ingreso GES, evaluación psicológica, psicoterapia y sin que se especificara tratamiento farmacológico o ingreso a programa de salud mental.

En cuanto a la falta de cumplimiento de los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo 3, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha plateado que si bien el artículo 25 de dicho decreto entiende autorizada una licencia si la COMPIN no se pronuncia de ella dentro del plazo del artículo 24, esa disposición reglamentaria estaría tácitamente derogada por la Ley 19.880, que estableció en su artículo 64 denominado “silencia positivo”, en los actos de la Administración del Estado y, en ese caso, si bien la COMPIN no tramitó las licencias dentro de los plazos legales, el interesado no realizó la denuncia respectiva en la misma comisión, conforme lo establece el artículo 64, por lo que la acción no podría prosperar.

Tercero: Que el primero de los requisitos de la presente acción es la ocurrencia de la acción estimada ilegal y/o arbitraria, en este caso el rechazo de una licencia médica presentada por la recurrente a la recurrida para su pago, hecho respecto del cual no existe controversia, pues esta última ha reconocido dicha acción, basando su defensa en las facultades para adoptar dicha decisión y en la justificación de la misma, como también en la aplicación del artículo 64 de la Ley 19.880.

Cuarto: Que resulta entonces necesario analizar si el referido rechazo pue ser calificado de ilegal y/o arbitrario. Respecto de la ilegalidad, entendida ésta como la actuación en contravención a la ley, sea por que la decisión adoptada no se encuentra acorde con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico o porque la autoridad que la tomó actuó fuera de sus facultades, debe señalarse que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En vista de tal norma, resulta legal la decisión adoptada por la recurrida, pues el rechazo de una licencia médica es una decisión que contempla el ordenamiento jurídico, y que precisamente entrega a la autoridad administrativa recurrida.

Quinto: Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida esta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo antes citado contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Sexto: Que, en el caso de autos, según se advierte de los documentos acompañados, para adoptar la referida decisión se tuvieron en consideración el informe de la comisión técnica especializada, concluyéndose que el reposo de la recurrente era prolongado, en vista de lo cual, la decisión de la recurrida tampoco puede ser calificada de arbitraria, pues ha sido adoptada con el fundamento médico antes señalado.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, tampoco le asiste al recurrente un derecho indubitado al pago de las licencias médicas de que se trata, toda vez que, como ya se dijo, el reposo otorgado fue cuestionado por la recurrida.

Octavo: Que, en cuanto a la aplicación del silencio positivo del artículo 25 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, la Excma. Corte Suprema ha dicho con antelación que la Ley N° 19.880, tiene aplicación por sobre el Reglamento de Licencias Médicas, dada la jerarquía de este último. Por cuanto, el artículo 25 de dicho Reglamento, que le atribuye el efecto de entender autorizada la respectiva licencia médica ante la falta de pronunciamiento por parte de la entidad competente dentro del plazo establecido en el artículo 24 del mismo cuerpo normativo, se encuentra tácitamente derogado por el artículo 64 de la Ley N° 19.880 por tratarse de una norma de mayor jerarquía y dictada con posterioridad.

En efecto, el artículo 64 de la Ley N° 19.880 dispone: “Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas.

Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco días contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido sin más trámite”. (Rol 1550-2012)

Noveno: Que, en consecuencia, el atraso de la Administración en pronunciarse sobre las licencias médicas presentadas no importa que éstas deban entenderse autorizadas ni torna en arbitrarias o ilegales las resoluciones por las que fueron rechazadas, toda vez que no se han configurado los supuestos del artículo 64 antes citado para entender aceptadas las licencias.

Décimo : Que, a mayor abundamiento, el rechazo de la licencia médica puede ser apelada ante la Superintendencia de Seguridad Social tal como se comunica en Resolución Exenta N° 486, de 23 de febrero de 2017, por lo que no existe constancia en autos que la instancia administrativa ha concluido, pudiendo incluso ser revertida la resolución recurrida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Barría, quien estuvo por acoger el recurso en virtud de las siguientes consideraciones:

1.- Que si bien es cierto que el recurso de protección no es la vía idónea para evaluar el mérito de las resoluciones adoptadas por los Órganos Administrativos en el ejercicio de sus prerrogativas, ello no es óbice para que esta Corte en el ejercicio del principio de tutela judicial efectiva revise la razonabilidad de dichas decisiones.

2.- Que pese a que la recurrida afirma en su informe que alteraron la decisión médica “por tratarse de un reposo prolongado sin que existiera ingreso a GES, evaluación psicológica, sicoterapia, sin que se especificara tratamiento farmacológico o ingreso a programa de salud mental”, lo cierto es que la resolución en virtud de la cual se rechaza la licencia médica de la recurrente tan sólo expresa un código denominado R9 asociado a “Reposo prolongado”.

3.- Que de lo expuesto, resulta claro que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez ha emitido una resolución carente de todo sustento objetivo que permita comprender la razones por las cuales se priva o limita a una persona afectada por una contingencia de salud de su derecho – propio de la seguridad social- a ausentarse de su trabajo o a disminuir su jornada laboral en pos de su mejoría.

4.- Que cabe agregar en este contexto, que el ejercicio de facultades legales, como aquélla consagrada en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, en la medida que pueda afectar derechos primordiales de la persona humana, como lo es el derecho a la integridad física, exige se encuentre fundamentado en criterios técnicos objetivos debidamente expuestos, de suerte que no haya duda alguna acerca de su razonabilidad.

5.- Que así las cosas, para este disidente no cabe sino calificar la decisión de la recurrida como arbitraria, debiendo en consecuencia acogerse el recurso impetrado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 408-2017-prot.