ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PLACILLA con CONTRALORIA REGIONAL SEXTA REGION

Rancagua, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos compareció don Rodrigo Fernando Guerrero Román, abogado, actuando en representación de la Ilustre Municipalidad de Placilla, representada por su Alcalde, don Manuel Tulio Contreras Álvarez, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por su Contralor General don Jorge Bermudez Soto y en contra de la Contraloría Regional de la República, Sexta Región, representada legalmente por su Contralor Regional don Marco Troncoso Riquelme.

El Contralor General, por resolución del 1 de agosto del año en curso rechazó la solicitud de reconsideración que había planteado el municipio respecto al Dictamen N° 24.938 y se le ordenó pagar las remuneraciones adeudadas al ex funcionario nombre reservado, acto que conforme al artículo 45 de la ley 19.880, produce sus efecto desde su notificación, el 10 de agosto pasado.

Explica que el señor nombre reservado fue destituido de su cargo de Jefe del Departamento de Salud Municipal en enero de 2009, quedando impaga su cotización por el seguro de desempleo, por lo que reclamó en sede administrativa y ante la Inspección del Trabajo, convalidándose el despido en abril de 2012, fecha hasta la cual la Contraloría estima que debiera pagársele las remuneraciones post despido conforme al artículo 162 del Código de Trabajo, las que suman aproximadamente $75.000.000, pese a que no sólo no ha existido un juicio declarativo previo que así lo determine, sino que, además, existen procesos pendientes donde se discute la procedencia o improcedencia de su pago, como el juicio por jactancia que el municipio inició contra el señor nombre reservado y tres juicios por cobro de cotizaciones previsionales, donde su parte alega la excepción de prescripción o en subsidio, de caducidad.

Resulta arbitrario e ilegal que la Contraloría insista en irrogarse facultades que no tiene, porque la cuestión de que se trata está siendo conocida por los Tribunales ordinarios de justicia, quienes son los naturalmente llamados a decidir sobre el asunto. En efecto, conforme al artículo 6 de la Ley 10.336, se prohíbe a la Contraloría conocer de asuntos litigiosos.

Por otra parte, administrativamente se planteó al Concejo Municipal la necesidad de modificar el presupuesto o incluir en el nuevo esta eventual deuda, petición que el órgano Colegiado rechazó, por estimar que ello debe ser sometida a los tribunales ordinarios como asunto litigioso, oponiendo las alegaciones que correspondan, siendo deber del Alcalde resguardar el erario municipal.

En razón de lo anterior, el municipio ha efectuado las presentaciones pertinentes a la Contraloría, encontrándose aún pendiente un recurso de revisión extraordinario conforme al artículo 60 de la ley 19.880, sin que hasta la fecha se haya resuelto.

Sostiene que con su actuar las recurridas han vulnerado su derecho de propiedad, libertad de opinión, debido proceso e igualdad ante la ley, por lo que solicita se ordene a las recurridas a restablecer el respeto de los derechos vulnerados, ordenando que se deje sin efecto la resolución recurrida y se abstenga de seguir conociendo u observando el cumplimiento de la misma.

Adjunta documentación que se agrega al expediente.

Las recurridas evacuando su informe han alegado en primer término la extemporaneidad del recurso, fundado en que la recurrente lo que pretende es que se dejen sin efecto los pronunciamientos que sobre la misma materia le precedieron al dictamen N° 56.344 de 2016. En efecto, desde hace más de 3 años la Contraloría General, en virtud del razonamiento contenido en el Dictamen N°21.496 de 10 de abril de 2013, ha venido concluyendo que la Municipalidad de Placilla debe pagar al señor nombre reservado las remuneraciones post despido hasta el 11 de abril de 2012, siendo revisado este criterio en cuatro ocasiones por el Nivel Central, y en todas ellas fueron desestimadas las alegaciones planteadas. Por lo que el hecho que afectaría a la recurrente, según sus dichos, no es otro que el pago de una suma que califica como “inalcanzable”, hecho del que tuvo conocimiento, necesariamente, al notificársele el referido dictamen N°21.496 de 2013.

Luego, señalan que la recurrente carece de legitimación activa para interponer la acción de protección, en atención a que las municipalidades son servicios fiscalizados por esta entidad de Control, encontrándose en el deber de someter sus actuaciones a las normas y a la jurisprudencia administrativa emanada de este órgano de Fiscalización.

Precisa que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, pero no como una vía para pedir que se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada, ni tampoco como una instancia de declaración de derechos.

No es posible calificar de ilegal el dictamen N°56.344 de 2016, puesto que sus conclusiones constituyen el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a la situación planteada por la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y al ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

En cuanto al fondo, señala que la Contraloría es competente para interpretar las disposiciones del Código del Trabajo. En la especie, a través del Dictamen N°56.344 de 2016, que impugna la recurrente, este Organismo Fiscalizador no ha hecho otra cosa que exteriorizar una competencia que la Carta Fundamental y la legislación citada le confieren para emitir dictámenes jurídicos respecto de los servicios sometidos a su fiscalización. El dictamen impugnado por la Municipalidad de Placilla recayó en un asunto de carácter estatutario –término de la relación laboral de un ex funcionario de una municipalidad, regido por el Código del Trabajo, y fecha hasta la cual corresponde el pago de sus remuneraciones- materia que, de acuerdo con los artículos 1° y 6° de la ley 10.336, es de aquella respecto de la cual este Organismo puede emitir dictámenes, acorde con la facultad constitucional para ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración.

El dictamen impugnado no implica ejercer facultades jurisdiccionales, ni intervenir en asuntos que por su naturaleza sean de carácter litigioso, ya que este no hace otra cosa que interpretar, en sede administrativa, disposiciones legales del Código del Trabajo, aplicables a la situación de un ex funcionario municipal –ya que constituyen su estatuto funcional- y en especial, el sentido y alcance de la disposición contenida en el inciso sexto del artículo 162 de ese cuerpo legal, concluyendo que, estando contestes los interesados en que la obligación de pago de las cotizaciones previsionales atrasadas se cumplió el 11 de abril de 2012, ha de entenderse que a contar de la indicada fecha fue regularizado el término del vínculo laboral, según lo resolviera –precisamente en el caso que nos ocupa- el Dictamen 74.211 de 2013.

En cuanto al archivo de futuras presentaciones sobre la misma materia que contengan igual solicitud, no significa incumplir un deber público, sino que, por el contrario, el resguardo de diversos principios, tales como el de seguridad o certeza de las relaciones jurídicas, dueña fe, economía procesal, entre otros.

Finalmente agrega que los juicios a los que hace referencia la recurrente, se iniciaron con posterioridad al Dictamen 21.496 del año 2013, en que se ordenó el pago de las remuneraciones post despido al ex funcionario.

Por lo antes expuesto, solicitan que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos, toda vez que han actuado en ejercicio de facultades constitucionales, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad alguna al emitir el Dictamen N°56.344 de 2016.

Adjuntan documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 19 de octubre del año en curso se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, previo a analizar el fondo del asunto, se debe resolver la solicitud de extemporaneidad formulada por las recurridas, para lo cual se tiene presente que el plazo de treinta días corridos, previsto en el Auto Acordado para la interposición del Recurso de Protección, se cuenta desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales, el que no se suspende ni se interrumpe con la interposición de recursos administrativos impugnatorios, debido a la urgencia y celeridad que exige este proceso de tutela de derechos fundamentales, y la propia naturaleza excepcional de éste, el que no puede ser coartado, limitado, suspendido o interrumpido por disposición legal alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al disponer que este proceso de amparo opera "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

2° Que de los antecedentes aportados por las partes, en la especie, el acto denunciado como arbitrario y/o ilegal se materializa con el Dictamen N°21.496 del año 2013, el cual ordena a la recurrente pagar al señor nombre reservado las remuneraciones hasta el 11 de abril de 2012, siendo revisado este criterio en cuatro ocasiones por el Nivel Central de la Contraloría General mediante Dictamen N°74.211 del año 2013, N°25.094 del año 2015, N°24.928 del año 2016 y N°56.344 del año 2016, siendo en todas ellas desestimadas las alegaciones planteadas, dando cuenta ello que la recurrente hace más de tres años tomó conocimiento del dictamen aludido, fecha desde la cual se debe contar el plazo para recurrir de protección, por lo que no cabe más que acoger la alegación de extemporaneidad planteada por las recurridas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

Que se rechaza por extemporáneo el recurso de protección deducido con fecha 9 de septiembre de 2016, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 4062-2016 Protección.