Protección contra Eugenio Sebastián Vidal Olea

C.A. de Rancagua Rancagua, tres de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 17 de marzo del año en curso, comparece doña nombre reservado, chilena, casada, profesora, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Eugenio Sebastián Vidal Olea, chileno, soltero, profesor, cédula nacional de identidad N°. RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en su calidad de Fiscal Instructor.

Refiere la recurrente que se desempeña, desde el 17 de julio de 2024, como Directora del Colegio Raúl Ramírez Mayol de la comuna de Quinta de Tilcoco. En ese contexto, el 3 de marzo de 2025, al ingresar al establecimiento educacional, la esperaba el recurrido, quien le indicó que estaba suspendida de sus funciones, sólo señalando que durante el curso del proceso se le informarían los motivos y sin entregarle documento alguno que fundara la decisión, sino que sólo la hicieron firman un documento titulado “suspensión preventiva” que no señala los motivos de la medida.

Alega que nunca fue informada de la existencia de un proceso sumarial en su contra, desconociendo el acto administrativo que lo dispuso, la autoridad que lo firmó y si se trata de una investigación sumaria o sumario administrativo. Señala además que no se le han comunicado los hechos que lo fundamentan ni la calidad en que participa en el procedimiento (investigada, inculpada, testigo, etc.), omisión que tampoco aparece en la resolución que notificó su suspensión preventiva.

Explica que la suspensión preventiva de funciones, regulada en el artículo 134 de la Ley 18.883, solo procede respecto de inculpados, y debe notificarse indicando expresamente en qué calidad interviene el funcionario. En el caso expuesto, la resolución de 3 de marzo de 2025 no señala dicha calidad, ni los hechos que fundamentan la medida. Asimismo, se vulnera el deber de fundamentación de los actos administrativos (arts. 11 y 41 de la Ley 19.880), ya que la resolución no contiene hechos ni razones jurídicas que justifiquen la suspensión, limitándose a una fórmula vaga (“para el éxito de la investigación”) sin explicar qué significa ni por qué resulta necesaria.

En conclusión, estima que la actuación del fiscal resulta ilegal e infundada, por omitir la debida motivación y no precisar la calidad en que el funcionario participa en el proceso sumarial, más aún considerando que no ha sido notificada de resolución alguna.

Considera que lo anterior vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se acoja el recurso y se declare: 1) que la acción del Fiscal Eugenio Sebastián Vidal Olea, consistente en la suspensión de sus funciones como Directora del Colegio Raúl Ramírez Mayol de Quinta de Tilcoco, incoado en un proceso administrativo-sancionatorio desconocido, constituye un acto arbitrario o ilegal al no haber sido notificada previamente del inicio de un sumario o investigación sumaria en su contra, no informarle la calidad en que se le involucra en este proceso administrativo-sancionatorio, por carecer la decisión de suspensión de funciones de una fundamentación legal y motivación y por ser arbitrario al no expresar las razones fácticas que justifican tal decisión, 2) Que afecta dicha actuación ilegal y arbitraria, sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 (igualdad ante la ley) y 3 (La igual protección en el ejercicio de sus derechos - debido proceso) del Articulo 19 de la Constitución Política de la República, de tal forma que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, reestablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto todas las actuaciones efectuadas en este proceso administrativo-sancionatorio, en especial la suspensión preventiva de sus funciones reestableciéndola en su cargo de Directora del Colegio Raúl Ramírez Mayol, con todos los derechos y prerrogativas que son propios de mi condición de docente directiva. Todo lo anterior con expresa condena en costas.

A folio 13, comparece el recurrido, don nombre reservado, quien evacúa el informe requerido.

Señala que el proceso sumarial seguido ante la recurrente se encuentra en etapa investigativa y que los hechos denunciados dicen relación con la aplicación de la Ley Karín. Explica que el 17 de diciembre de 2024 aceptó el cargo de fiscal del sumario administrativo y con fecha 26 de diciembre de 2024 tomó declaración a los dos denunciantes. Posteriormente, el 3 de marzo de 2025 notificó a la actora la medida de suspensión preventiva del cargo.

A folio 26, se solicitó al recurrido que complementara su informe el sentido de precisar la época de inicio del sumario materia de autos, fecha de su notificación, estado en el que se encuentra y si está sujeto a reserva, señalando expresamente las razones de ello. Asimismo, deberá adjuntar el decreto alcaldicio o acto administrativo que ordena instruir sumario en contra de la recurrente, siempre que no estuviere sujeto a reserva.

A folio 33, en cumplimiento de lo anterior, el recurrido precisa que el proceso disciplinario se inició mediante el decreto alcaldicio N°1284 de fecha 7 de noviembre del 2024, siendo notificado el Fiscal el 17 de diciembre de 2024. Agrega que se encuentra en etapa de investigación y reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 inciso final de la Ley 18.883, toda vez que aún no se formulan cargos.

A folio 36, respecto de lo anterior, la parte recurrente hace presente que no ha sido notificada de la investigación seguida en su contra, toda vez que el Fiscal sólo indica la fecha en que él fue notificado de su designación. Además, el proceso se ha extendido de manera injustificada por un periodo más allá del razonable y reitera los argumentos señalados en su recurso.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, se recurre en contra de Eugenio Sebastián Vidal Olea, en su calidad de Fiscal Instructor de un sumario seguido en contra de la recurrente, por cuanto expone que, siendo Directora del Colegio Raúl Ramírez Mayol desde julio de 2024, el 3 de marzo de 2025 fue notificada verbalmente de una suspensión preventiva de funciones por el fiscal administrativo, sin que se le informaran los motivos, la autoridad que dictó la medida ni la calidad en que participaba en el procedimiento. Sólo se le hizo firmar un documento genérico titulado “suspensión preventiva”, sin fundamentación ni referencia a hechos concretos. A su juicio, ello vulnera el artículo 134 de la Ley 18.883, que exige que la medida se notifique indicando la calidad de “inculpado”, y también los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, que imponen el deber de motivación de los actos administrativos.

En este contexto, sostiene que la actuación del fiscal carece de sustento legal y resulta arbitraria, pues omite precisar los hechos que justifican la medida, la calidad en que se le cita y las razones concretas que harían necesaria la suspensión preventiva, reduciéndose la resolución a una fórmula vaga y sin respaldo jurídico, lo que configura una vulneración a las garantías del debido proceso e igualdad ante la ley.

3° Que, al evacuar su informe el recurrido, señala que ha actuado en conformidad a la normativa vigente y que la investigación seguida en contra de la recurrente es secreta, toda vez que aún no se formulan cargos en su contra.

4° Que, en primer lugar, se debe considerar que el inciso primero del artículo 127 de la Ley 18.883, dispone: “El sumario administrativo se ordenará por el alcalde mediante decreto, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo.” Respecto de esto, consta a folio 33, el Decreto N°128, de 7 de noviembre de 2024, dictado por el alcalde de Quinta del Tilcoco, quien dispone iniciar un sumario administrativo en contra de la recurrente, designando como Fiscal del mismo a don Eugenio Sebastián Vidal Olea 5° Que, por otra parte, el propio Fiscal recurrido reconoce que fue notificado de dicha resolución el 17 de diciembre de 2024, constituyéndose el día 19 del mismo mes y año. Conforme a ello, cabe recordar lo dispuesto en el artículo 133 inciso tercero del mismo cuerpo legal antes citado, en cuanto refiere: “La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días.”

En este sentido, del mérito de los antecedentes, se advierte que la investigación se ha extendido más allá del plazo previsto en el artículo transcrito, sin que conste resolución que prorrogue fundadamente el término de veinte días allí establecido, por cuanto la sola invocación de la complejidad del caso o la mención genérica de la Ley N°21.643 (“Ley Karin”) no constituye fundamento suficiente para justificar una dilación de tal magnitud. La prolongación injustificada de la etapa indagatoria importa desconocer el principio de celeridad y el derecho de defensa de la funcionaria sumariada.

6° Que, además de las reglas generales expresadas en el motivo anterior, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, se ha de considerar que la Ley N°21.643 (“Ley Karin”), que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, incorporó el artículo 211-B del citado código, en el que expresamente se estableció que los procedimientos de investigación deberán sujetarse, entre otros, al principio de celeridad y perspectiva de género.

7° Que, asimismo, se contempló en forma expresa, en su artículo 211-C, que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, lo que encuentra su fundamento en la gravedad de las conductas denunciadas por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. Esa misma disposición establece que cuando se opta por una investigación interna, como es el caso de autos, esta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos.

8° Que, en tal sentido, no resulta inocua la omisión denunciada, esto es que, desde el 3 de marzo de 2025 la recurrente se ha mantenido suspendida de sus funciones, medida adoptada en carácter de suspensión preventiva en el marco de una investigación sumaria, ignorando los cargos y sin haber podido, hasta la fecha, ser oída ni aportar antecedentes en su favor, lo que la ha mantenido, hasta la actualidad, en la incertidumbre no sólo acerca del tiempo en que las medidas cautelares adoptadas al inicio de dicho procedimiento deberían mantenerse vigentes, sino que, además, ha permanecido pendiente la resolución del conflicto sometido a su decisión muy por sobre los acotados plazos establecidos en la referida “Ley Karin”.

9° Que, de conformidad con lo expresado hasta ahora, la ilegalidad denunciada se ha configurado toda vez que, tratándose de una materia de suyo urgente, en la que el legislador con la finalidad de impedir conductas que socialmente, hoy, aparecen como inaceptables en el plano laboral, ha previsto un plazo perentorio para resolver la investigación puesta a su cargo. Así, habiendo preterido lo dispuesto en el artículo 211-C antes mencionado, ha incurrido en la referida ilegalidad, pudiendo inferirse que dicha conducta acarrea perjuicio, tanto para el denunciante como para el denunciado.

10° Que, a mayor abundamiento, en lo que atañe a la suspensión preventiva de funciones decretada con fecha 3 de marzo de 2025, es preciso recordar que el artículo 134 del mismo Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece que esta medida sólo procede respecto de funcionarios en calidad de inculpados, lo que exige que, al momento de notificarse, se les precise dicha calidad y los hechos que la motivan. En el presente caso, ello no aconteció, limitándose la autoridad a entregar un documento titulado “medida preventiva” (suspensión) carente de fundamentación fáctica y jurídica, en abierta contravención con los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que imponen el deber de motivación de los actos administrativos, lo que deviene necesariamente el acto no sólo en ilegal sino también en arbitrario.

11° Que, en consecuencia y como se viene adelantando, la medida impugnada carece de sustento legal y deviene en arbitraria, por cuanto, priva a la recurrente del legítimo ejercicio de su cargo sin observar las exigencias mínimas que la normativa impone en materia disciplinaria, esto es, la debida notificación del inicio del proceso, la determinación expresa de la calidad en que se ve afectada y la fundamentación fáctica y jurídica que respalde la resolución. Tales omisiones no son meros vicios formales, sino que inciden directamente en el núcleo esencial del derecho al debido proceso administrativo, pues impiden a la funcionaria conocer los hechos que se estarían investigando, ejercer una defensa adecuada y controvertir las razones de la medida adoptada.

12° Que, en estas condiciones, la suspensión preventiva decretada afecta de manera directa e inmediata las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 de la Constitución, en cuanto impone un trato desigual frente a otros funcionarios sometidos a procedimientos disciplinarios en que se respeta la normativa, y en el artículo 19 N°3 inciso quinto, al lesionar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en particular las exigencias de un debido proceso justo y racional. Todo lo anterior configura el supuesto de procedencia del recurso de protección, que busca precisamente restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales y arbitrarios de la Administración.

13° Que, por lo expuesto, corresponde acoger la acción interpuesta, disponiendo la inmediata reincorporación de la recurrente a su cargo, sin perjuicio de las acciones de caducidad que pudieran ser procedentes en este caso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Eugenio Sebastián Vidal Olea, solo en cuanto se deja sin efecto la medida de suspensión preventiva decretada en contra de la recurrente con fecha 3 de marzo de 2025 y se dispone la inmediata reincorporación de la recurrente en el cargo de Directora del Colegio Raúl Ramírez Mayol de la comuna de Quinta de Tilcoco, con todos los derechos y prerrogativas que le corresponden.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrido deberá adoptar todas las medidas conducentes a dar pronto término al procedimiento disciplinario incoado en contra de la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 402-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.