CORPORACION EDUCACIONAL YAÑEZ ORELLANA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CARDENAL CARO

Rancagua, veintidós de enero de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, nombre reservado, en representación de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL YÁÑEZ ORELLANA, ambos con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO nombre reservado, representada por Felipe Aguilera Osorio, Inspector Provincial del Trabajo nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Refiere que con fecha 19 de junio de 2017 la recurrida le cursó una multa, mediante Resolución N° 7810/17/14, la que resultó notificada a su parte el día 04 de agosto de 2017, de acuerdo a la presunción establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo, por cuanto la carta certificada tenía estampada como fecha de ingreso a Correos, el día 27 de julio de 2017.

El día 08 de septiembre de 2017 presenta recurso de reconsideración, el que por resolución de 20 de noviembre, notificada a su parte el 07 de diciembre último, es desechado por haber sido presentado fuera de plazo de legal de 30 días corridos.

Al respecto señala que la jurisprudencia se encuentra conteste en sostener que el plazo en este procedimiento debe contabilizarse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.880, específicamente artículo 25, correspondiendo contar los días hábiles, de lunes a viernes.

A su juicio la actuación de la administración vulnera sus derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución, por lo que solicita se acoja la presente acción, y se ordene dejar sin efecto la resolución que decretó no dar curso a la solicitud de reconsideración administrativa presentado por esta parte con fecha 4 de Septiembre de 2017, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación incorporada a la carpeta digital.

Con fecha 16 de enero del presente, PEDRO FARIÑA CARREÑO, por la recurrida, evacuó el informe solicitado.

Respecto de los hechos expuestos indica que de acuerdo a las directrices impartidas por la Contraloría General de la República, el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de 30 días corridos, por lo que el reclamo de la recurrente de fecha 08 de septiembre de 2017 es extemporáneo.

Por otro lado agrega que la presente acción no es la vía idónea para reclamar de la decisión de declarar extemporáneo el recurso de reconsideración, sino el procedimiento monitorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 504 del Código del Trabajo.

Finalmente solicita el rechazo, con costas, de la presente acción.

Con fecha dieciocho de enero del presente año se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que haciéndose cargo de la alegación planteada por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua en relación a que este procedimiento no sería aplicable por ser procedente el procedimiento monitorio, sólo basta señalar que la presente acción cautelar se constituye como una vía de aplicación genérica que no obsta a recurrir a otras alternativas contempladas en el ordenamiento jurídico.

2° Que la cuestión debatida en el presente caso consiste en determinar si el plazo regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, corresponde a días corridos o días hábiles. Mientras que el recurrente sostiene que dicho término debe computarse como días hábiles en aplicación de la Ley 19.880, el recurrido plantea que la contabilización del plazo debe realizarse de forma corrida, pues el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

3° Que el reclamo presentado por el recurrente ante el organismo de fiscalización laboral que fue declarado inadmisible por extemporáneo, se encuentra inserto en la instancia administrativa regulada para impugnar las resoluciones dictadas por el mismo, en cuyo caso, de aparecer vacíos normativos se debe recurrir a la legislación existente al efecto y que contiene los principios que deben informar todo procedimiento administrativo; tales normas se encuentran en la Ley 19.880.

4° Que atento a lo señalado en el motivo anterior, es necesario indicar que el artículo primero de la ley recién citada expresa que su objetivo es regular las bases del procedimiento de los actos administrativos de la Administración del Estado, y, en caso que se establezcan procedimientos especiales, dicha normativa actuar en forma supletoria. Acto seguido, y en su artículo segundo, fija su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de su acción a los servicios públicos creados para la función administrativa.

5° Que así las cosas, se aprecia que esta normativa, si bien está dedicada a un ámbito especial del derecho, establece una regulación de carácter general para los procedimientos administrativos. Para el caso concreto, en que el Código del Trabajo sólo establece mínimas disposiciones para la realización del procedimiento de reclamación de sus resoluciones, son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, por las razones ya expuestas.

6° Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la mencionada Ley y, como lo ha resuelto en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 4015-2015, el plazo ha de entenderse de días hábiles, pues precisamente guardando silencio el Código del Trabajo, es procedente recurrir a dicha disposición que define la forma en que deben computarse los plazos.

7° Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, debe entenderse que la reclamación interpuesta con fecha 8 de septiembre de 2017 fue deducida dentro del plazo de 30 días hábiles, por ello, la extemporaneidad declarada por la recurrida tiene el carácter de ilegal toda vez que desatendió la interpretación sistemática que correspondía realizar, lo que conllevó a negar la tramitación de un recurso que cumplía el requisito formal de temporalidad a fin de ser tramitado como legalmente era procedente. Tal actuar implicó la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, puesto que dio un trato desigual al apartarse de las formas establecidas por la ley.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge, el recurso de protección deducido por la CORPORACIÓN EDUCACIONAL YÁÑEZ ORELLANA, en consecuencia, se dispone que se deja sin efecto lo resuelto en el Ordinario N° 288 de fecha 20 de Noviembre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la resolución de multa N° 7810/17/14, de fecha 19 de junio de 2017, sin costas.

En cuanto a las costas con el voto en contra del abogado integrante Sr. Barría, quien estuvo por condenar en costas a la recurrida, atendido que esta materia se encuentra zanjada por los Tribunales Superiores de Justicia y no obstante de ello, la Inspección del Trabajo persiste en hacer una interpretación errónea de la Ley.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 3956-2017 Protección-Ant-.