RECURRENTE: TRICOT S.A RECURRIDO: INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTA CRUZ Y OTRA

Rancagua, cinco de enero de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 10 comparece Christian Alvarado Pérez, abogado, en representación de TRICOT S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santa Cruz, representado por el jefe de Inspección Comunal señor nombre reservado y en contra de la fiscalizadora doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado las resoluciones administrativas Nº 6208/15/48-3 y 6208/15/48-4, que resulta ilegal y arbitraria.

Explica con fecha 9 de octubre de 2015, la fiscalizadora recurrida concurrió a dependencias de su representada, oportunidad en la habría constatado dos infracciones consistentes en no escriturar el contrato de trabajo de dos trabajadoras y en no llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia del personal respecto de dos trabajadoras, lo que derivó en que con fecha 3 de noviembre de 2015, fuera notificada de las resoluciones de multa Nº 6208/15/48-3 y 6208/15/48-4, por montos de 30 y 60 UTM.

Afirma que dichas infracciones se basan en un supuesto vinculo de carácter laboral que niega categóricamente, dado que los servicios de esas dos trabajadoras fueron realizados en sólo dos días, vínculo que en su determinación, es de exclusiva competencia del órgano jurisdiccional. Por tanto, existe una falta de potestad del órgano recurrido para calificar e interpretar la existencia de una relación laboral.

Agrega que adicionalmente se habría infringido el principio non bis in idem, dado que resulta improcedente ser sancionado dos veces por una misma contravención, dado que las multas cursadas se fundan en un mismo y único hecho, esto es, que las prestadoras habrían tenido un vínculo de carácter laboral con su representada.

Sostiene que los recurridos se han arrogado y atribuido facultades jurisdiccionales al calificar e interpretar la existencia de supuestos contratos de trabajo lo que queda plasmado en la resolución de multa impuesta. Añade que lo anterior contraviene la Ley de Bases de la Administración del Estado y los artículos 6 y 7en relación al artículo 73 todos de la Constitución Política y produce la vulneración de las garantías que se aseguran en el artículo 19 Nº 3 inciso 5, artículo 19 Nº 21 y Nº 24 de dicha Carta Fundamental, por lo que dichos actos deben ser dejados sin efecto.

Refiere que la acción de los recurridos importa una grave perturbación al ejercicio del derecho de propiedad, puesto que la sanción es de tipo económica e igualmente se ha infringido el artículo 19 Nº 3 dado que sólo la judicatura del trabajo es la llamada a resolver este caso y finalmente el artículo 19 Nº 21, relativo al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, dado que se le ha atribuido un incumplimiento en su actividad que no es tal.

Por lo señalado, solicita se deje sin efecto o inválido el acto administrativo consistente en las resoluciones de multas administrativas Nº 6208/15/48-3 y 6208/15/48-4, que impone la aplicación de multas por infringir supuestamente ciertas normas de carácter laboral y que se ordene a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de calificar la existencia de relaciones laborales, ejerciendo facultades exclusiva de los tribunales de justicia en materia laboral, con costas de los recurridos.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fojas 88 se evacua informe por los recurridos, señalando que el día 28 de septiembre de 2015, se recepciona en Oficina de Atención a Público de la Inspección comunal, denuncia en contra de la recurrente. Añade que la fiscalización tuvo relación con normas de higiene y seguridad, específicamente, “no mantener el número suficiente número de asientos o sillas”. En razón de aquello, concurre la fiscalizadora nombre reservado nombre reservado a dependencias de la empresa, y en el transcurso de esta fiscalización se detectó que había dos trabajadoras en informalidad laboral. Por lo anterior, se levanta acta de constatación de hechos, en la cual el representante del empleador, jefa de la tienda, se allana y compromete a corregir las infracciones, es decir, escriturar contrato de trabajo y formalizar a estas trabajadoras, lo cual no ocurre el día 15 de octubre de 2015, constatándose el incumplimiento total. Por tanto, finalizada la fiscalización, se constatan cuatro hechos infraccionales, sancionándose a través de la Resolución de Multa 0606.6208.2015.48 Al respecto, dice que un acto administrativo fundado en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de las facultades legales, no puede revestir arbitrariedad e ilegalidad, acto dictado conforme a la legislación vigente, previa fiscalización, en la cual se constataron hechos infraccionales. Añade que se aplicó, incluso previo compromiso del representante del empleador quien se allana a regularizar la situación de las trabajadoras y luego no cumple con ello.

Además de lo anterior, alega la inexistencia de un derecho indubitado, señalando que esta acción no puede ser utilizada para discutir aspectos sustantivos de fondo, cuyo conocimiento requiere de un juicio de lato conocimiento.

Luego, conforme a lo expuesto, sostiene que no se han infringido ninguno de los derechos constitucionales alegados por el actor, por lo que solicita se declare inadmisible el recurso o se le rechace en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fojas 103se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.-Que, la recurrente fundó su acción en que la Inspección Comunal del Trabajo de Santa Cruz le aplicó multas de 30 y 60 UTM por infracciones que se basan en un supuesto vinculo laboral que ella niega y que, por lo demás, su determinación es de exclusiva competencia del órgano jurisdiccional. Por tanto, a su juicio existiría una falta de potestad del órgano recurrido para calificar e interpretar la existencia de una relación laboral. Además con su accionar se habría infringido el principio non bis in idem, dado que se habría sancionado dos veces por una misma contravención, pues las multas se fundan en un mismo y único hecho.

2.- Que la recurrida basó sus descargos en que acto administrativo se fundó en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de las facultades legales, y se aplicó previo compromiso del representante del empleador quien se allana a regularizar la situación de las trabajadoras y luego no cumple, por lo que las resoluciones de multas dictadas no pueden revestir arbitrariedad e ilegalidad.

3.- Que, como lo ha resuelto en reiterados fallos la Excma. Corte Suprema, entre otros por sentencia de fecha trece de agosto de 2014, en los autor Rol N° 13.332, ” el artículo 2º del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, asimismo, de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral. Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas. La Inspección recurrida ha interpretado jurídicamente los hechos que dice haber constatado, calificando como de naturaleza laboral la relación entre XXX y los 31 conductores señalados, a pesar de la oposición del recurrente que alega la inexistencia de dicho vínculo, pues el empleador de los conductores son los propietarios de los buses. Lo anterior constituye una cuestión que excede a las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por los artículos 474 y siguientes del Código de esta especialidad, la que debe ser resuelta por la judicatura especial que conoce de estos asuntos.”

3.- Que, en el caso de autos la recurrida ha establecido la existencia de una relación laboral entre la empresa sancionada y las trabajadoras que en la resolución de multa se indican, llegando a dicha conclusión, según se expresa en documento agregado a fojas 78 y 79 y denominado informe de exposición, por estimar que “Analizada la situación de éstas trabajadoras, se concluye que si realizan un trabajo bajo subordinación y dependencia, pues deben cumplir una jornada de trabajo, reciben instrucciones del jefe de bodega y se les paga una remuneración por las labores prestadas. Se le informa esta situación a la empresa, la que informa que sólo van en forma esporádica al local, son “de llamado”, lo que precariza aún más su situación laboral.”

4.- Que, la calificación jurídica que la recurrida realiza de los hechos que constata, excede sus atribuciones y potestades, pues dicha calificación corresponde en forma exclusiva y excluyente a los Tribunales de Justicia conforme lo dispone el artículo 420 del Código del Trabajo y tal como de manera reiterada lo ha establecido la jurisprudencia de nuestros Tribunales.

El hecho de que la empresa sancionada a través de su jefa de tienda se haya allanado y comprometido a corregir la infracción señalada, según consta del documento que se agrega a fojas 80, en nada altera lo que se viene diciendo, primero, porque quien lo suscribe no es quien según la propia Inspección Comunal representa a la empresa según el artículo 4° del Código del Trabajo, a quien individualiza en el punto I del mismo documento como nombre reservado, y segundo, porque en definitiva no dio cumplimiento a lo sugerido por la recurrida, justamente por estimar que la contratación de las trabajadoras lo había sido de conformidad a las normas generales del derecho civil, sin que exista una relación laboral entre ellos, según dan cuenta las boletas de honorarios que se acompañaron en estos autos, cuestión en todo caso que deberán resolver los Tribunales de Justicia correspondientes.

5.- Que, por lo dicho aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, puesto que la Inspección recurrida asumió, en la práctica, la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, lo que sin lugar a dudas corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curso de un proceso jurisdiccional.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 10 por Tricot S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santa Cruz, y en consecuencia, queda sin efecto la resolución de multa N° 6208/15/48 de fecha 15 de octubre de 2015, sólo en sus números 3 y 4, quedando vigente en lo demás, sin costas, por haber litigado la recurrida con motivo plausible.

Regístrese y comuníquese.

Rol I. Corte 3942-2015. Civil Pronunciado por la Iltma. Corte de Apelaciones Primera Sala integrada por el Ministro Titular Sr. Ricardo Pairicán García, Ministro Interino Sr. Michel González Carvajal y Abogada Integrante señora María Latife Anich.

nombre reservado

Secretaria (s)

En Rancagua, a cinco de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.