RECURRENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. RECURRIDO: INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COLCHAGUA

Rancagua, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 15 compareció José Joaquín Croquevielle Cruz, abogado y mandatario judicial de la Corporación Municipal de San Fernando, persona jurídica de derecho privado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, representada por la Inspectora Provincial doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los siguientes antecedentes:

Que el día 11 de diciembre de 2015 la recurrida cursó una multa de 40 UTM, la cual se notificó a su parte el 15 de diciembre de 2015 respecto de la cual su parte presentó reconsideración administrativa el 28 de enero de 2016, es decir, dentro del plazo de 30 días hábiles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 el Código del Trabajo. Mediante Ordinario N°88 de fecha 29 de enero de 2016 la Inspección no dio curso a su presentación por extemporánea ya que contabilizó los 30 días administrativos como corridos, decisión que fue enviada por correo y timbrado el ingreso el 1 de febrero de 2016, por lo que se debe entender notificado al sexto día hábil, es decir, el 9 de febrero.

Señala que esta decisión de la recurrida es ilegal ya que el artículo 512 del Código del Trabajo prescribe un plazo de 30 días sin señalar si éste es de días corridos o hábiles. Como se trata de un recurso en etapa administrativa, en aplicación de la Ley 19.880 debe entenderse que es de días hábiles, pues así lo dispone el artículo 25 de dicha norma. Por tales motivos la recurrida debió dar curso a su solicitud siendo además su decisión arbitraria ya que no tiene sustento fáctico ni jurídico y va contra la jurisprudencia.

Señala que se ha afectado el derecho a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, consagrados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pidiendo en definitiva se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N°88 de 29 de enero de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración.

Acompaña Ordinario N°88, copia del timbre de correos, escrito de reconsideración y la resolución de multa.

A fs. 23 se declara admisible el recurso.

A fs. 35 nombre reservado, evacúa informe por la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua. Señala que la resolución que aplicó la multa es recibida por correos el 22 de diciembre de 2015 y de acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación se entiende practicada al sexto día y desde allí se debe contabilizar el plazo de 30 días corridos, el que vencía el 21 de enero de 2016, por ello se desestimó por extemporánea.

Señala que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos ya que cuando el Código del Trabajo ha dispuesto plazos de días hábiles lo ha hecho expresamente, cita jurisprudencia de Tribunales y Cortes de Apelaciones que han resuelto en tal sentido, y asimismo un dictamen de la Contraloría General de la República en términos idéntico, por lo que no ha actuado fuera de la ley ni de manera arbitraria, no existe un derecho indubitado ni garantía constitucional conculcada, por lo que el presente recurso debe ser rechazado, con costas.

A fs. 41 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que la cuestión debatida en el presente caso consiste en determinar si el plazo regulado en el artículo 512 del Código del Trabajo, corresponde a días corridos o días hábiles. Mientras que el recurrente sostiene que dicho término debe computarse como días hábiles en aplicación de la Ley 19.880, el recurrido plantea que la contabilización del plazo debe realizarse de forma corrida, pues el cuerpo laboral no manifestó en forma expresa lo contrario, como sí lo hace en otras disposiciones de su normativa.

2º Que el reclamo presentado por el recurrente ante el organismo de fiscalización laboral que fue declarado inadmisible por extemporáneo, se encuentra inserto en la instancia administrativa regulada para impugnar las resoluciones dictadas por el mismo, en cuyo caso, de aparecer vacíos normativos se debe recurrir a la legislación existente al efecto y que contiene los principios que deben informar todo procedimiento administrativo; tales normas se encuentran en la Ley 19.880.

3º Que atento a lo señalado en el motivo anterior, es necesario indicar que el artículo primero de la ley recién citada expresa que su objetivo es regular las bases del procedimiento de los actos administrativos de la Administración del Estado, y, en caso que se establezcan procedimientos especiales, dicha normativa actuará en forma supletoria. Acto seguido, y en su artículo segundo, fija su ámbito de aplicación, incluyendo dentro de su acción a los servicios públicos creados para la función administrativa.

4º Que así las cosas, se aprecia que esta normativa, si bien está dedicada a un ámbito especial del derecho, establece una regulación de carácter general para los procedimientos administrativos. Para el caso concreto, en que el Código del Trabajo sólo establece mínimas disposiciones para la realización del procedimiento de reclamación de sus resoluciones, son plenamente aplicables las disposiciones de la Ley 19.880, por las razones ya expuestas.

5° Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la mencionada Ley y, como lo ha resuelto en el mismo sentido la Excma. Corte Suprema, de forma reiterada (Rol 3.545-2011, 3537-2012), el plazo ha de entenderse de días hábiles, pues precisamente guardando silencio el Código del Trabajo, es procedente recurrir a dicha disposición que define la forma en que deben computarse los plazos.

6° Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, debe entenderse que la reclamación interpuesta con fecha 28 de enero de 2016 fue deducida dentro del plazo de 30 días hábiles, por ello, la extemporaneidad declarada por la recurrida tiene el carácter de ilegal toda vez que desatendió la interpretación sistemática que correspondía realizar, lo que conllevó a negar la tramitación de un recurso que cumplía el requisito formal de temporalidad a fin de ser tramitado como legalmente era procedente. Tal actuar implicó la vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, puesto que dio un trato desigual al apartarse de las formas establecidas por la ley.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 15, en consecuencia, se dispone que se deja sin efecto lo resuelto en el Ordinario N° 88 de fecha 29 de enero de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la resolución de multa N° 3221/15/87, de fecha 11 de diciembre del año 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 386-2016.Prot.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, el Ministro Interino señor Álvaro Martínez Alarcón y la Abogada Integrante señora María Latife Anich.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.