AGRÍCOLA TOPOCALMA LIMITADA con INTENDENCIA VI REGION Y OTROS

Rancagua, dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 12 de diciembre de 2017, comparece don David Cademartori Gamboa, abogado, en representación de Agrícola Topocalma Ltda. y de Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Ltda., todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Intendencia de la VI Región, representada por el Intendente Regional don Pablo Silva Amaya, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal que supondría la dictación de la Resolución Exenta N° 484, de 9 de noviembre de 2017, que revocó la Resolución N° 1808 de 2013, sin haber dado tramitación previa a procedimiento alguno conforme a la ley y fuera del plazo de dos años; en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la VI Región, representada por doña nombre reservado, por haber concurrido a la dictación y firma del supuesto acto administrativo revocatorio recurrido; en contra de la Gobernación Provincial de Cardenal Caro, representada por la Gobernadora Regional doña Teresa Núñez Cornejo, por el acto ilegal y arbitrario que supondría la dictación de la Resolución Exenta N° 1613, de 27 de noviembre de 2017 (acto administrativo de ejecución recurrido), que concede el auxilio de la fuerza pública a la SEREMI de Bienes Nacionales, para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 484 de 9 de noviembre de 2017; Carabineros de Chile, representado por el Director General don Bruno Villalobos Krumm, por haber amparado vías de hecho que exceden el acto administrativo recurrido; en contra de Manuel Silva Seguel, funcionario público de la SEREMI de Bienes Nacionales; de nombre reservado, Consejero Regional; de nombre reservado; y de nombre reservado, estos dos últimos concejales de la I. Municipalidad de Litueche, todos por haber excedido los alcances del acto administrativo de ejecución y haber incurrido en vías de hecho amparando la destrucción de cercos que no impedirían ni perturbarían el acceso a la playa Topocalma.

El recurrente en lo medular funda su recurso, en que su representada Agrícola Topocalma Ltda. es dueña de las Hijuelas “Hacienda Topocalma”, “El Golf”, “Los Sauces”, “Los Boldos”, “Playa Topocalma”, “Laguna Topocalma”, “El Secreto”, “Playa Los Lobos”, “Alto Los Lobos” y “Michayes”, predios que en conjunto se conocen como Hacienda Topocalma, ubicada en la localidad de Puertecillo, de la comuna de Litueche. Por su parte su otra representada, Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Ltda. es propietaria, en lo que interesa, de los inmuebles denominados Hijuela Alto Puertecillo e Hijuela Puertecillo. Estos últimos predios soportan el acceso fijado en la Resolución 1809 de la Intendencia Regional y de la SEREMI de Bienes Nacionales y, ahora, en virtud de la resolución revocatoria recurrida ha obligado a sus representadas a soportar un segundo camino de acceso a la misma playa vulnerando el artículo 13 de DL 1939 que Fija Normas Sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado (Procedimiento Administrativo de Afectación).

Explica que con fecha 2 de julio de 1984, mediante Resolución N° 5 de la Intendencia Regional y de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Sexta Región, denominado por la recurrente como acto administrativo de afectación I, se estableció el acceso a la playa Topocalma, el que consistiría en un camino interior de carácter gredoso, sinuoso y angosto, afectado constantemente por inundaciones y que atravesaría sectores de riesgo de incendio forestal. Tal acto se mantuvo vigente hasta la dictación de la Resolución N° 1808, de 14 de noviembre de 2013, denominado por el recurrente como acto administrativo de afectación II, que modificó la vía de acceso público a la playa Topocalma y otorgó acceso a las playas Puertecillo y Los Lobos. Así, su parte bajo la confianza legítima que produjo este segundo acto administrativo invirtió un monto superior a RUT reservado de dólares americanos para ejecutar, construir y habilitar una vía de acceso segura, con barreras de contención y que permite el ingreso a la mitad de la playa Topocalma, además de habilitar un sector de estacionamientos con capacidad para 200 autos. No obstante lo anterior, de forma inexplicable para su parte, con fecha 10 de noviembre de 2017 y de una forma que estima inidónea (enviado por correo a la dirección de un abogado que atendió hace años asuntos de sus representadas), su parte tomó conocimiento del Ordinario 1126 de la Seremi de Bienes Nacionales, el que contiene a su vez la Resolución N° 484 de la Intendencia Regional, la que sin seguir el procedimiento administrativo y sin previa audiencia ni conocimiento de su parte, revocó encubiertamente el acto administrativo de afectación II y revivió el acto administrativo de afectación I, sin que hayan desaparecido los motivos de peligro y dificultad de acceso que se tuvieron a la vista en la dictación del acto administrativo I. Tal hecho motivó que sus representadas presentaran con fecha 22 de noviembre de 2017 ante la Contraloría General de la República una denuncia por graves infracciones al deber de probidad administrativa en contra del Intendente de la VI Región, don Pablo Silva Amaya, quien emitió la Resolución N° 484; y envió una carta a Carabineros de Chile, Tenencia de Litueche, advirtiéndole de la ilegalidad del acto administrativo. Pese a lo anterior, la Gobernación Provincial de Cardenal Caro dictó la Resolución N° 1613, la cual concedió el auxilio de la fuerza pública a la Seremi de Bienes Nacionales para dar cumplimiento al referido acto administrativo. Así, con fecha 1° de diciembre de 2017, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, Carabineros de Chile de Pichilemu y Colchagua, concejales municipales, particulares y la prensa convocada procedieron a ingresar al predio de sus representadas para reabrir el acceso a la playa Topocalma.

Hace presente que al tiempo de realizarse el referido procedimiento el camino predial se encontraba abierto, así como el portón que daba acceso al sector sur de playa Topocalma y también se encontraba abierto el camino de acceso fijado en el acto de afectación II; sin embargo, el recurrido don Manuel Silva Seguel, concejales, consejeros regionales y privados ingresaron a sus inmuebles destruyendo cercos y portones de terrenos colindantes que no tienen relación con el camino de acceso a la playa, causando con ello un grave e innecesario daño.

Indica que el acto de revocación sería ilegal por vulnerar el principio de legalidad que deben observar los órganos de la administración del Estado, por cuanto fue dictado en contravención a diversas normas legales, entre ellas, el artículo 53 de la LBPA, al ser emitido sin audiencia de su parte y fuera del límite de dos años para ejercer la potestad invalidatoria; del artículo 46 de la citada ley, por cuanto no se les notificó el inicio de un procedimiento administrativo; artículo 41 de la Ley 19.880 por no indicar los fundamentos del porqué se estima que habrían desaparecido las razones de peligro e inundación que se tuvieron a la vista en su oportunidad para dictar el acto administrativo N° 2, y afecta también actos consumados como son la inversión en caminos de uso privado e inversión realizada en instalaciones agrícolas y forestales, además de incurrir en vicios de legalidad de conformidad a la Ley 19.880 que regula trámites mínimos del debido procedimiento administrativo (artículo 46 que regula las notificaciones y los principios de contradictoriedad, transparencia y publicidad).

Agrega que, por su parte, el acto administrativo de ejecución, invoca motivos falsos para fundar su decisión, esto es, que el acto administrativo de ejecución se encuentra notificado a su parte, cuestión que no es efectiva, pero además el Intendente no inició el procedimiento administrativo que consagra el artículo 13 del DL 1939 para realizar un procedimiento de afectación.

En cuanto a las denominadas “vías de hecho”, señala que con fecha 1° de diciembre de 2017 Carabineros de Chile; don Manuel Silva Seguel, funcionario de la SEREMI de Bienes Nacionales; don nombre reservado, concejero regional; y los concejales municipales Sres. nombre reservado y nombre reservado, ingresaron con el auxilio de la fuerza pública al predio de sus representadas destruyendo cercos y portones, y abriendo caminos privados emplazados en el predio de su parte que no perturbaban, dificultaban o impedían el acceso a playa Topocalma, y que incluso escapaban al ámbito de actuación fijado en el “acto administrativo de revocación”.

Todo lo anterior, vulneraría las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 numerales 3, 21, 24 de la Constitución Política de la República de sus representadas; y por tanto pide dejar sin efecto los actos administrativos recurridos y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado asegurando la debida protección de los derechos conculcados y se arbitren las medidas a fin de evitar que en el futuro se cometan actos como los descritos en el presente recurso.

Informando el recurrido don nombre reservado, concejero regional, señala que nació, se crió y es residente de la comuna de Litueche; ha sido concejal de dicha municipalidad y también su alcalde, y por tal razón manifiesta tener total conocimiento de los problemas que afectan a la comunidad en cuanto al acceso a la Playa de Topocalma. Desde que tiene conocimiento, todo habitante que quisiera acceder a la Playa de Topocalma lo podía hacer sin problema ni restricción alguna; sin embargo, desde el año 2013, ocurre un hecho calificado por la comunidad como arbitrario, pues se produce el cierre del histórico camino de acceso a las playas de Topocalma, Puertecillo y otras, habiéndose dejado sin efecto por la autoridad competente la Resolución N° 5 de 2 de julio de 1984, y estableciéndose una nueva vía de acceso que resulta muy difícil para cualquier persona, afectando a turistas y trabajadores de la pesca artesanal de la zona, afirmando que con la decisión del año 2013 se benefició un loteo privado destinado a parcelas de agrado. En relación a las supuestas vías de hecho, indica que el primer portón que impedía el libre tránsito a la playa fue retirado voluntariamente, y al llegar al límite con la playa se visualizó un portón cerrado con cadena y candado y el entorno de la playa y laguna cerrado con alambre púa, ante lo cual consultaron al administrador de la Hacienda Topocalma si estaba de acuerdo en sacar o abrir el portón, respondiendo negativamente. Frente a la negativa, el fiscalizador de la SEREMI de Bienes Nacionales procede a ejercer las facultades contenidas en la Resolución y solicita ayuda a los lugareños para proceder al retiro del candado, cadena y portón que impedían el libre acceso a la playa, y de igual forma se procedió respecto de tres portones más. Finalmente indica que su participación en los hechos lo fue en su calidad de vecino de la comuna de Litueche y no como concejero regional, por lo que no ha ejercido atribuciones ni potestades públicas propias de dicho cargo.

Evacuando el informe solicitado, doña Teresa Núñez Cornejo, en representación de la Gobernación Provincial de Cardenal Caro, expone que la SEREMI de Bienes Nacionales mediante Ordinario N° 1152 de 23 de noviembre de 2017 le solicitó el auxilio de la fuerza pública por cuanto se les comunicó que había recobrado vigencia el trazado original de la vía de acceso a Playa Topocalma, acto que se encontraba notificado al dueño del predio, sin que éste le diera cumplimiento, procediendo su parte -una vez acreditados los supuestos legales para su otorgamiento y no disponiendo de ningún antecedente que hiciera presumir su ilegalidad y constatando que el acto que se pretendía ejecutar estaba notificado al interesado (mediante el ordinario N° 1126 de 10 de noviembre de 2017 por parte de Bienes Nacionales)-, a requerir el auxilio de la fuerza pública de acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° letra d) de la Ley 19.175, ejerciendo una facultad otorgada en la ley.

Informó igualmente la Intendencia Regional, quien señaló que en el año 1984 a petición del Centro de Pescadores Artesanal, Cultural y Social de Pichilemu, se fijó la vía de acceso a las playas riberanas de la Hacienda Topocalma, lo que se ejecutó a través de la Resolución N° 5 de la Intendencia, lo que no hizo más que formalizar la vía de acceso que desde larga data era utilizada por los pescadores de la zona. Luego, en el año 2013 mediante Resolución N° 1808, a petición de la recurrente, se modificó el trazado, sin oírse a los interesados. Agrega que los motivos que se tuvieron a la vista en el año 2013 fueron “evitar peligros derivados de las labores agrícolas” y “disminuir la potencialidad de ocurrencia de incendios forestales”, todo lo que habría sido “comprobado” (Sic) por las autoridades de la época, en circunstancias que no existe ningún informe que dé cuenta del mayor o menor peligro de incendio de una vía por sobre la otra ni porqué en una zona de la hacienda se realizan trabajos agrícolas “más peligrosos que otros”, afirmando que la única y verdadera razón de la modificación de la vía fue que ella no atravesase la hacienda en el punto en que anteriormente lo hacía ya que existía la intención de lotear dicho sector para parcelas de agrado, apuntando como consumidor a uno que, tal vez, podría verse ahuyentado por la circulación de pescadores, siendo la Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Ltda. una de las co-peticionarias de la modificación.

Agrega que una vez modificada la vía, la nueva fue inmediatamente abierta, lo que no se condice, a su juicio, en cuanto a que se habría realizado una inversión millonaria para adecuarse a la resolución del año 2013, toda vez que el camino existía en forma previa a dicha resolución. Añade que el cierre de la vía histórica para los pescadores de Litueche les implicaba desplazarse más de 20 kilómetros extras de lo que hacían antes y, más importante aún, les impedía llegar hasta el lugar de recolección en vehículo, de modo que lo que la recurrente plantea como un gran beneficio, esto es, que el domicilio reservado llega más cerca del centro de la playa, no es ningún beneficio para los pescadores ya que su zona de pesca está en el extremo de la playa, justamente en el lugar donde llegaba la antigua vía que hoy se ha restaurado, cosa que sumado al hecho de que existe prohibición de circular vehículos motorizados por dunas y playas, transformaba en tremendamente dificultoso para los pescadores poder retirar lo que extraen del mar. En este punto, recalca que la vía trazada en el año 2013 no llega a la playa sino que a una duna, tal como lo señaló esta Corte en causa Rol 193-2014. Así fue como la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Cardenal Caro, Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Topocalma, Juntas de Vecinos del sector, el Club de Surf Puertecillo y otros particulares, realizaron una presentación ante la Intendencia solicitando revocar la resolución del año 2013, petición que dio lugar a variadas reuniones e inspecciones oculares del terreno, constatándose la veracidad de los hechos, resultando evidente que el interés general y el bien común iban por la línea de la revocación, facultad que ostenta su parte, más todavía si la vía de 2013 no llega a la playa sino a una duna intransitable, y así fue como con fecha 9 de noviembre de 2017, mediante Resolución N° 484 se revocó la Resolución N° 1808 de 2013.

Expone que la estabilidad de los actos administrativos está estrechamente vinculada con la procedencia de las potestades revocatorias (artículo 61 de la Ley 19.880) e invalidatorias, la primera de las cuales, a diferencia de la segunda, lleva envuelta consideraciones de interés público en un determinado momento y bajo ciertas condiciones, y en este sentido el acto revocado del año 2013 resultaba inadecuado, porque fueron mal evaluadas las circunstancias y el interés general.

Añade que lo prohibido por el legislador es la revocación de actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos adquiridos legítimamente, impidiendo que los derechos reconocidos o constituidos que hayan ingresado al patrimonio del destinatario sean disponibles para la Administración del Estado; sin embargo en el caso de autos, se trata de una servidumbre que se modifica por otra, siempre constituyendo un gravamen para el recurrente, sin que exista derecho alguno que haya ingresado al patrimonio del actor, por lo que no cabe incorporar en la especie el concepto de derecho legítimamente adquirido.

Por su parte, los terceros coadyuvantes (Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales Cardenal Caro, Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Topocalma, Junta de Vecinos de Paso Soldado y otros particulares que se indican en el informe), hacen presente que han tenido que soportar un camino que no garantiza un acceso libre y expedito a las playas riberanas a la Hacienda Topocalma, toda vez que el acceso que se estableció en el año 2013 no llega a la playa, sino que a una escalera que accede a una densa duna, que dificulta el traslado de los productos del mar. Además, los obliga a movilizarse más de 50 kilómetros para llegar al acceso fijado en la resolución del año 2013, en circunstancias que el acceso del año 1984 tiene una extensión de 10 kilómetros entre la localidad de Paso Soldado y la playa Topocalma. Añade que la Hacienda Topocalma está destinada a ser un proyecto inmobiliario, afirmando que ésta mantiene la actividad ganadera y forestal con el objeto de acogerse a las normas de la Ley 3.516 para la subdivisión de predios agrícolas y de esta forma eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19.300. Finalmente indican que la inversión en caminos a que alude la recurrente se efectuó por éstos en su propio beneficio y no se construyó para ejecutar la Resolución del año 2013, pues ésta es posterior a la construcción del camino.

Informando don nombre reservado, asesor jurídico de Carabineros de Chile, indica que su parte procedió a cumplir un mandato administrativo, constatándose que en el sector de Paso El Soldado existían cinco portones cerrados con cadenas y candados que impedían el libre acceso desde y hacia la Playa Topocalma. El ministro de fe que practicó la diligencia (don Manuel Silva Seguel) se entrevistó con el administrador del predio quien retiró tres de los cinco portones, dejando dos con cerrojo pero sin candado debido a la presencia de animales en los terrenos adyacentes al camino. Hace también presente que en la diligencia de retiro de los portones y descerrajamiento de cadenas y candados no intervino personal de carabineros porque dicha diligencia se realizó sin oposición ni resistencia, suscribiendo el administrador el acta respectiva, dejando constancia de no haberse causado daños ni lesiones.

Evacuando informe la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y don Manuel Silva Seguel, funcionario de dicho organismo, señalan que la actuación conjunta de la Intendencia, secundada por la Seremi, tiene su fundamento en la Ley de Bases en sus artículos 38 y 39, norma esta última que establece que “Los Secretarios Ministeriales estarán subordinados al Intendente para los efectos del ejercicio de las atribuciones que la ley confiere a éste”. Agrega que en el caso de autos no se trató del retiro de un acto administrativo por causa de ilegalidad; sino que por razones de mérito calificadas en la misma resolución, al alero de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 19.880.

Informando el concejal de la comuna de Litueche don nombre reservado, indica que junto a diversos actores sociales en el mes de junio de 2017 formaron el movimiento Playas Libres Litueche, reuniendo miles de firmas para solicitar la reapertura del acceso histórico a la playa Topocalma, lo que se concretó en la Resolución N° 484 de 2017.

En cuanto a las supuestas vías de hecho que habría realizado para ingresar a la Playa Topocalma, indica que al llegar al final del recorrido se dieron cuenta de la existencia de cercos y portones cerrados con candados, y el administrador de la Hacienda se opuso a su retiro como también a que éste estuviera abierto de forma permanente, y ante ello, los funcionarios de Carabineros de Chile aclararon que ellos no eran los mandatados para retirar dicho portón y que su función y rol era la de auxiliar el cumplimiento de la Resolución N° 484 en caso de que alguien se opusiera a su cumplimiento, y que en caso que esto no ocurriese, ellos velarían por la mantención del orden público; fue ahí donde los funcionarios de la SEREMI de Bienes Nacionales solicitaron la ayuda de los vecinos presentes para retirar dichos portones y cercos, los que quedaron en el lugar a disposición del administrador de la Hacienda.

Por último, Informando don nombre reservado, concejal de la I. Municipalidad de Litueche, señala que la diligencia cuestionada cumplió estrictamente lo señalado en la Resolución 484/2017 y se procedió a retirar cercos y portones cuando impedían el libre acceso a la playa Topocalma y otras, los que quedaron a disposición del administrador de la Hacienda.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2°.- Que conforme a lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar referida la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a derecho-, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto; o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad en el actuar u omitir, circunstancias ambas que contraríen, en definitiva, una o más de las garantías protegidas.

3°.- Que del análisis de los presentes antecedentes aparece que la controversia de autos consiste en determinar si se incurrió en un acto ilegal o arbitrario al dictarse la Resolución Nº 484, de 9 de noviembre de 2017, que repone el trazado de acceso a la playa Topocalma al establecido en la Resolución N° 5, de 2 de julio de 1984.

Para tal efecto, se hizo aplicación de la potestad de retiro de los actos administrativos, dejando sin efecto la Resolución N° 1808, de 14 de noviembre de 2013, que había modificado el trazado inicial, fijado en la señalada Resolución N° 5.

4°.- Que a propósito de la actuación anterior, el recurso de protección en estudio se ha dirigido en contra de diversos organismos del Estado y distintas autoridades, por la intervención que habrían desempeñado tanto en la dictación de la referida Resolución N° 484, como al momento de su implementación material en terreno.

5°.- Que en este sentido, abordando primeramente el recurso enderezado en contra de la Intendencia de la Región del Libertador General nombre reservado O’Higgins y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, puede señalarse lo siguiente:

Conforme aparece de su propio texto, la Resolución N° 484 tiene como antecedente la petición de fecha 17 de agosto de 2007, formulada por la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Cardenal Caro, Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Topocalma, Junta de Vecinos de Paso Soldado, Junta de Adelanto Puertecillo, Club de Surf Puertecillo, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; y de acuerdo a los considerandos de la señalada resolución, el motivo de la revisión de la Resolución N° 1808 - modificatoria del trazado original de acceso a las playas en cuestión fijado por la Resolución N° 5 de 1984-, fue que aquélla fue dictada a petición de las sociedades “Agrícola Topocalma Ltda.” e “Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Ltda.” sin escuchar a la “contraparte”, constituida por los usuarios de la vía en cuestión, en especial sin oír a los pescadores, solicitantes originales de la resolución anterior, y que con la Resolución N° 1808 de 2013 se pasó a modificar.

Se agrega que la Resolución N° 5 coincidía plenamente con la vía histórica utilizada por los pescadores de la zona para desplazarse desde y hacia el Océano Pacífico.

Igualmente, se indica que el motivo para solicitar la modificación de la vía de acceso constituida por la Resolución N° 5, fue evitar peligros derivados de las labores agrícolas que se desarrollaban en el sector de la antigua vía, sumado a disminuir la potencialidad de ocurrencia de incendios forestales, agregándose que, si bien los fundamentos esgrimidos en la Resolución N° 1808 fueron apreciados ocularmente en terreno por el Intendente Regional y el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, con sus respectivos equipos profesionales, ello lo fue sin contar con informes técnicos, como la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Subsecretaría de Pesca, y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, entre otros, que justificaran la medida, circunstancia que afecta la obligación legal de fundar y racionalizar debidamente los actos administrativos que contengan decisiones de autoridad, como lo dispone el inciso 4° del artículo 41 de la ley 19.880.

Se indica, asimismo, que el nuevo trazado de la vía de acceso afecta negativamente las labores de pescadores, turistas y pobladores de la comuna de Litueche, lo que les afecta enormemente en su vida cotidiana; y que en la especie, no resulta previsible el bien común que se tuvo al momento de dictar la Resolución N° 1808 de 2013, fin de interés público al que siempre deben propender los actos de la administración del Estado.

Es así como se agrega que, entonces, la Resolución N° 1808, de 14 de noviembre de 2013, fue dictada en contravención al marco legal existente, toda vez que no se respetó la previa audiencia de los interesados, no se respetó el principio de bilateralidad, citándose o haciéndose partícipe a la comunidad afectada de la decisión, y en el sector el estudio existía una vía de acceso fijada de acuerdo a la ley vigente, antecedente que impedía a la autoridad administrativa fijar otro trazado.

Hace presente también la Resolución como fundamento para su dictación, que esta Corte de Apelaciones, conociendo del recurso de protección rol 193-2014 ya resolvió que eran “hechos indesmentidos” que el nuevo camino no llega a la playa y que, más todavía, dicho domicilio reservado, toda vez que no permite el tránsito vehicular, lo que es grave, pero que se torna todavía más relevante a propósito de que no permite a los pescadores extraer los recursos marinos que legítimamente están autorizados a extraer.

Lo anterior, se agrega, se relaciona con la aplicación del principio de legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en mérito de lo cual aplica el ejercicio de la facultad revocatoria que prescribe el artículo 61 de la Ley 19.880 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por último, se hace alusión al oficio de la Directora Regional de Pesca y Acuicultura, de 22 de junio de 2017, que informa que en el sector de la Playa Topocalma trabajan 26 personas asociadas al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores de Topocalma, quienes son titulares desde el año 2002 de un área de manejo denominada “Topocalma sector A”; y otras 28 personas recolectoras asociados al Sindicato de Mariscadores y Recolectores de Orilla Independientes “El Farellón”, añadiendo el oficio que en razón de la modificación del trazado de los caminos que estuvieron abiertos por más de 50 años al uso de los pescadores artesanales y al uso público, dichos accesos han sido cerrados, impidiendo la entrada a las playas de Los Lobos, Secreto, Topocalma, Hueso de Ballena, Punta Santo Domingo y Caleta Tumán o Puertecillo, hecho que ha causado un fuerte impacto sobre los sindicatos locales, dado que el acceso definitivo (modificado el año 2013), queda a kilómetros del lugar de trabajo.

6°.- Que la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Cardenal Caro, el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Topocalma, la Junta de Vecinos de Paso Soldado, así como los particulares nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, haciendo suyas las consideraciones de la Resolución N° 484 antes señalada, en presentación que los tuvo como terceros coadyuvantes en los presentes autos, solicitaron el rechazo del recurso interpuesto.

7°.- Que siendo la Resolución N° 484 una decisión escrita y formal de un órgano de la Administración que contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública, tiene la calidad de “acto administrativo” de conformidad al artículo 3° de la ley 19.880 y, en consecuencia, goza de presunción de legalidad -formal y material-, y de imperio y exigibilidad, y por lo tanto, habilita a la Administración para ejecutar su contenido, previa notificación a los interesados.

8°.- Que, de otra parte, cabe consignar que en doctrina se indica que, generalmente, desde el momento de su notificación o publicación, los actos administrativos producen sus efectos jurídicos -positivos o negativos-, incorporando dichos efectos al patrimonio del destinatario, y deviniendo en intangibles e inmodificables para la administración.

La excepción se encuentra dada por la existencia de la potestad de retiro a favor de la administración por razones de mérito, conveniencia u oportunidad, por una parte, o por la existencia de vicios y errores jurídicos que afectan la legitimidad del acto, por otra, lo que permite el ejercicio de las potestades revocatorias o invalidatorias, respectivamente, y que configuran formas especiales de extinción de los actos administrativos.

En la especie, tal es lo ocurrido, desde que la misma institución que dictó la Resolución N° 1808, ha concurrido posteriormente a dejarla sin efecto.

9°.- Que, entonces, la revocación y la invalidación se asemejan en cuanto ambas son formas de retiro, es decir, figuras de extinción voluntarias realizadas por el mismo poder emisor del acto; pero mientras la revocación retira un acto válido y eficaz en razón del interés público -por consideraciones de mérito, conveniencia u oportunidad-, la invalidación consiste en el retiro de un acto inválido en razón de sus vicios.

10°.- Que el análisis anterior permite abordar el principal cuestionamiento efectuado en el recurso en estudio, relativo a una vulneración al principio de legalidad, ya que a juicio de los recurrentes la Resolución N° 484 constituiría una invalidación encubierta, y no una mera revocación.

11°.- Que, ahora bien, conforme al análisis de los presentes antecedentes, a juicio de estos sentenciadores, la referida Resolución N° 484 se inscribe en el ejercicio de la facultad revocatoria de la administración.

En efecto, en ella se califica expresamente el acto administrativo que se ejecuta por su intermedio como el ejercicio de la potestad revocatoria, indicándose en lo relativo al acápite “Mat”, “revocación de Resolución N° 1808 de 2013”, lo que es confirmado en lo resolutivo, al decretarse expresamente “revóquese la Resolución N° 1808 del año 2013, quedando la misma sin efecto, quedando plenamente vigente la Resolución N° 5 del año 1984, estableciéndose que la vía de acceso a las playas ya individualizadas, quedará delimitada en los mismos términos en que se encontraba en la Resolución N° 5 ya señalada”.

Lo mismo indica el Ordinario conductor de la mencionada Resolución N° 484.

12°.- Que la potestad revocatoria de la Administración se encuentra contenida en el artículo 61 de la ley 19.880, el cual si bien ha sido cuestionado por su escueta reglamentación, hay consenso doctrinario y jurisprudencial en cuanto a que la revocación se concreta en una resolución administrativa que pone término a los efectos jurídicos de un acto administrativo determinado, cuando la administración lo estima conveniente al interés general, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, siendo sus únicos límites los que el propio artículo señalado indica, esto es, cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; y cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto.

13°.- Que en este sentido, informando la Intendencia Regional al tenor del recurso, indica que en el año 2013, mediante Resolución N° 1808, a petición de la recurrente, se modificó el trazado de acceso a las playas ribereñas de la Hacienda Topocalma que se había fijado mediante la Resolución N° 5 del año 1984, lo que se efectuó sin oírse a los interesados, añadiendo que en ese momento ello no revistió inconveniente alguno para la actora, mientras que al día de hoy, la misma sociedad trata de calificar el acto administrativo contra el que recurre como ejercicio de la facultad de invalidación -y no revocación-, y controvierte la falta de audiencia previa que aquella facultad conlleva (no así la revocación).

Se añade que los motivos que se tuvieron a la vista el año 2013 para la dictación de la Resolución N° 1808 fueron “evitar peligros derivados de las labores agrícolas”, “disminuir la potencialidad de ocurrencia de incendios forestales”, todo lo que fue “comprobado” (Sic) por las autoridades de la época, en circunstancias de que no existe ningún informe que dé cuenta del mayor o menor peligro de incendio de una vía por sobre la otra ni de porqué en una zona de la hacienda se realizan trabajos agrícolas “más peligrosos que otros”. La verdadera y única razón de la modificación de la vía, la cual fue llevada exactamente hasta el límite de la propiedad, fue que ella no atravesase la hacienda en el punto en que anteriormente lo hacía ya que existía la intención de lotear dicho sector para parcelas de agrado.

Continúa el informe indicando que fue así como se cerró una vía histórica para los pescadores de Litueche, mediante una resolución que ellos siempre catalogaron como injusta y/o mal fundada, la que les implicaba desplazarse más de 20 kms. extras que lo que lo hacían antes y, más importante todavía, les impedía llegar hasta el lugar de recolección en vehículo, por lo que el domicilio reservado no representa un beneficio para los pescadores, ya que su zona de pesca está en el extremo de la playa, justamente en el lugar donde llegaba la antigua vía que hoy se ha restaurado, unido al hecho de que existe la prohibición de circular en vehículos motorizados por dunas y playas, impidiéndose de esta manera el acceso de camiones al área de pesca, siendo muy dificultoso para los pescadores poder retirar lo que extraen del mar.

En tal sentido, la vía trazada el 2013 no llega a la playa sino que a una duna, tal cual lo señaló como hecho indesmentido la Corte de Apelaciones de Rancagua en causa rol 193- 2014.

En definitiva la dictación del decreto revocatorio fue sustentado en la petición de diversas entidades que indica en su informe, acompañada de más de 3.500 firmas que apoya la petición, lo que tornó en evidente que el interés general y el bien común iban por la línea de la revocación, más si la vía de 2013 no llegaba a la playa sino que, como se ha señalado, a una duna intransitable.

Concluye la Intendencia señalando que el ejercicio de la facultad revocatoria que ha efectuado no se inscribe en los casos de excepción que señala el artículo 61 de la ley 19.880, toda vez que no se trata en la especie de un derecho adquirido legítimamente, sino que únicamente corresponde a una servidumbre que se modifica por otra, la que sólo se diferencia de la primera en su ubicación y trazado, pero siempre constituyendo un gravamen para el recurrente, por lo que no existe derecho alguno que haya ingresado al patrimonio de la recurrente.

14°.- Que similares consideraciones a las anteriores emanan de la presentación efectuada por las instituciones y personas referidas en el considerando 6° anterior, que avalan las motivaciones del acto cuestionado; siendo además un hecho constatado judicialmente a propósito del recurso de protección rol 193- 2014 que, tal como lo indica la Intendencia Regional en su informe, aun al mes de abril de 2014 no se daba debido cumplimiento a la Resolución N° 1808, dejada ahora sin efecto.

15°.- Que de otra parte, efectuada la inspección personal ordenada en los presentes antecedentes, efectivamente se constató que el camino abierto por la recurrente en conformidad a la Resolución N° 1808 no satisface las necesidades de los usuarios del camino antiguo, amparado por la Resolución N° 5, en especial, los pescadores, pues aun cuando el nuevo camino es más amplio y cuenta con señalización, a su término no dispone de acceso a la playa, pues como muestran las fotografías obtenidas en la señalada diligencia y ha sido también materia de los informes de los recurridos, en el lugar existen dunas de gran envergadura que impiden el tránsito. Igualmente, desde lo alto de la duna ubicada directamente enfrente del lugar donde debería encontrarse el paso a la playa, se advierte que el sitio de trabajo y recolección de los productos del mar se encuentra en el extremo sur de la playa, a considerable distancia, y no existe modo de llegar allí, como no sea transitando por la zona de playa y, como se dijo, sólo en el evento de poder traspasar la duna antes referida. De otra parte, el inicio mismo del nuevo camino se encuentra a considerable distancia -más de 20 km- desde el comienzo del camino antiguo, lo que también representa una exigencia adicional a la extracción de los productos del mar, en el evento de haber sido posible desde el nuevo punto fijado por la señalada Resolución N° 1808.

Desde otro punto de vista, se ha constatado que también este último camino atraviesa sectores forestados, sin que se aprecien cortafuegos.

Por último, se advierte que la recurrente no ha dado cumplimiento a lo ordenado por esta misma Corte en el ya referido recurso de protección rol N° 193-2014, que precisamente le ordenaba dar estricto cumplimiento a la Resolución N° 1808 en el sentido que el camino allí señalado debería extenderse hasta la playa misma de Topocalma, lo que, con la constatación efectuada en terreno, no acontece.

16°.- Que, así las cosas, y conforme lo señalado en los fundamentos precedentes de esta sentencia, se advierte que el ejercicio de la potestad revocatoria de que ha hecho uso la administración en el presente caso se encuentra inserta dentro de sus facultades discrecionales -que le permiten dictar tal acto, sin someterse a supuestos o decisiones previamente establecidas por el legislador-, y cuyos elementos de control han resultado también cumplidos en la especie.

En este sentido cabe recordar que, como lo indica la doctrina, “en términos simples podemos decir que la potestad discrecional se dará en los casos en que el legislador le confiere a la Administración un espacio de autodeterminación, un margen o libertad de decisión para elegir entre varias alternativas o soluciones posibles. La adopción de los actos que se dicte en ejercicio de una potestad de esa naturaleza se basará, entonces, en criterios no predeterminados por la norma que concede el margen de decisión, sino en criterios que quedan a la libre consideración de la Administración”.

Los elementos de control, por su parte, dicen relación con los siguientes aspectos:

a) Control de los elementos reglados que integran la discrecionalidad. “Un acto concebido como discrecional puede ser anulado si se dicta sin el amparo en potestad alguna (falta de potestad), o por un órgano que no es concretamente habilitado para el ejercicio de la potestad (incompetencia) o para supuestos de hecho no comprendidos en el ámbito de la potestad, o adoptando medidas no integradas en el contenido material de la potestad, o infringiendo las normas de procedimiento establecidas para el empleo de la potestad, o utilizando la potestad para fines distintos de aquellos para los que la norma la atribuyó”;

b) Control en el sentido de la existencia y realidad del supuesto de hecho que habilita para el empleo de la potestad;

c) Control del fin, esto es que el ejercicio de la potestad discrecional sólo puede ser ejercida para los fines públicos para los cuales fue conferida; y d) Control de razonabilidad de la decisión, esto es que el acto administrativo correspondiente debe explicitarse mediante una relación circunstanciada de sus fundamentos, que demuestre coherencia con los hechos determinantes y con el fin público que ha de perseguirse. (Luis Cordero Vega, “Lecciones de Derecho Administrativo”, Editorial Thomson Reuters, Segunda Edición, 2015, p 83y 86 y 88).

En la especie, como se ha dejado antes expuesto, los elementos anteriores aparecen debidamente cumplidos, y en su conjunto se tradujeron en lo concreto en un análisis del mérito, oportunidad y conveniencia en relación a la dictación de la Resolución N° 484 cuestionada, tal como aparece de los considerandos de la referida resolución, y se constató igualmente en la inspección personal practicada, y como tal goza igualmente de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad.

17°.- Que de otra parte, no se han verificado tampoco las limitaciones al ejercicio de la potestad revocatoria señaladas en el artículo 61 de la ley 19.880, pues las letras b) y c) no resultan aplicables en la especie; y en cuanto a la letra a), referida a “cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente”, la sola circunstancia de retomar la vía de acceso ya existente y que antes se utilizaba, por las razones de conveniencia pública ya anotada, no altera la esfera de derechos del recurrente, puesto que no impone un nuevo gravamen ni una nueva carga que deba soportar sobre su patrimonio, al volverse simplemente a un trazado anterior aun existente; y cualquier estimación de eventuales perjuicios en razón de tal decisión administrativa, no corresponde resolverlo por esta vía.

18°.- Que, en fin, conforme a todo lo señalado precedentemente, la dictación de la Resolución N° 484 aparece dictada dentro de un proceso regular de ejercicio de la potestad revocatoria de la administración, entendida como la extinción del acto administrativo por contrariar el interés general de la población, específicamente afectada en el presente caso por la Resolución N° 1808 del año 2013, la cual en el momento presente se revela inconveniente e inoportuno al interés sobreviniente de la referida población, lo que resulta acorde con los principios generales del derecho administrativo, que permite la extinción de un acto administrativo por razones de mérito, conveniencia u oportunidad, como cabe estimar que ha ocurrido en la especie.

19°- Que, por último, en cuanto a la afectación al principio de la confianza legítima que también la recurrente denuncia en su recurso y que sustenta en la consolidación de las relaciones creadas -amparadas por el principio de certeza o seguridad jurídica-, aquél no se ve afectado en la especie, teniendo presente que las circunstancias que motivaron la revisión del acto administrativo han sido sobrevinientes y no consideradas al momento de entrar en vigor el acto revocado.

Tampoco afecta el procedimiento la defectuosa notificación que se alega de la resolución impugnada, pues pudiendo ser ello efectivo, no ha representado afectación al recurrente, quien ha deducido todas las acciones de diversa naturaleza que ha creído pertinentes al fondo de lo debatido en diversas instancias.

Al efecto debe tenerse presente, en todo caso, que el artículo 47 de la ley 19.880 indica que “aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad”, circunstancia que precisamente es lo acontecido en la especie.

Del mismo modo, no afecta lo obrado la alegación de la falta formal de un expediente, pues él no forma parte del proceso revocatorio, y en todo caso, conforme al artículo 13 de la ley indicada, “el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado”.

En el mismo sentido cabe resolver la falta de citación que también se alega en la especie, la cual no se encuentra contemplada en el proceso revocatorio llevado a efecto por las razones de mérito, oportunidad o conveniencia señalados.

20°.- Que, así las cosas, el acto administrativo correspondiente a la Resolución N° 494 que se impugna por medio del presente recurso, no es ilegal, pues en definitiva lo ocurrido es que la autoridad competente, actuando dentro de sus atribuciones, y con las facultades legales correspondientes, sólo ha retomado el acceso a la playa que fuera inicialmente trazado, buscando con ello satisfacer el bien general de la comunidad que así lo ha solicitado, adecuando las autorizaciones pertinentes a la vía que se desea utilizar -por mayor conveniencia social para acceder al sector de la playa Topocalma-, sin que pueda obviarse, igualmente, el carácter de bien nacional de uso público que conforme a los artículos 594 y 595 del Código Civil tiene el sector de playa.

En tal sentido, tampoco se advierte que el acto administrativo cuestionado sea arbitrario, sin fundamento o carente de razón, puesto que la resolución recurrida está debidamente fundada y razonada conforme a los fundamentos que la sustentan.

Del modo referido, no existe entonces en la especie un acto que carezca de legalidad y razonabilidad, por lo que no hay afectación a las garantías constitucionales enunciadas en el recurso, de modo tal que el mismo no puede prosperar.

21°.- Que respecto del recurso dirigido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, puede agregarse a lo anteriormente referido que esta entidad concurrió con su firma a la resolución recurrida por su presunción de legalidad y en ejercicio del Decreto Ley N° 1939 de 1977, en cuanto dispone que las facultades de adquisición, administración y disposición sobre bienes del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República, las ejercerá por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales; y en cumplimiento asimismo de los artículos 38 y 39 de la ley 18.575, en su texto vigente a la época de la dictación de la Resolución cuestionada, que disponen que los Secretarios Regionales Ministeriales se encuentran subordinados al Intendente para los efectos del ejercicio de las atribuciones que la ley confiere a éste.

22°.- Que en lo relativo al recurso dirigido en contra de la Gobernación Provincial de Cardenal Caro, en cuanto concedió el auxilio de la fuerza pública a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales VI Región para dar cumplimiento a la Resolución N° 484 impugnada, el recurso interpuesto no resulta tampoco ilegal ni arbitrario, pues tal entidad actuó debidamente facultada para otorgarla, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° letra d) de la ley 19.175, y respecto de un acto emitido bajo la condición de presunción de legalidad.

23°.- Que en cuanto al recurso dirigido en contra de Carabineros de Chile, el auxilio prestado por la Institución al efectivo cumplimiento de la Resolución N° 484 lo fue en ejecución de la Resolución Exenta N° 1613 del 27 de noviembre de 2017, de la Gobernación de Cardenal Caro, que resolvió conceder a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a la señalada resolución; y siendo así, como consta del informe evacuado por la Institución policial recurrida, cumpliendo con el mandato administrativo referido, personal de la 3° Comisaría de Carabineros se constituyó junto al ministro de fe designado, Manuel Silva, en el sector de Paso El Soldado, donde efectivamente se constataron cinco portones cerrados con cadenas y candados que impedían el libre acceso desde y hacia la playa Topocalma, sin perjuicio de lo cual no fue necesaria su intervención física, pues el propio administrador del predio determinó retirar tres de los cinco portones; y respecto a los otros dos no interviene personal de carabineros porque dicha diligencia se realizó sin oposición ni resistencia que hubiese hecho necesario el uso de la fuerza, lo que se acredita incluso por la firma que el representante de Agrícola Topocalma señor nombre reservado efectuó del acta respectiva, donde se deja constancia de no haberse causado daños y lesiones, indicando “no tener observaciones”.

De acuerdo a lo señalado, aparece que la actuación de carabineros de Chile no ha sido tampoco ilegal ni arbitraria, pues su actuación se ajustó a sus facultades y obligaciones legales.

24°.- Que respecto del recurso dirigido en contra del funcionario de la Secretaría Regional de Bienes Nacionales Manuel Silva Seguel, cabe indicar que éste sólo actuó bajo el amparo de una resolución que ordenaba un cometido funcionario tendiente a desarrollar una actividad propia de su cargo, por lo que su concurrencia al lugar lo fue para cautelar el debido cumplimiento de las medidas que habían sido decretadas, con lo que no hizo más que actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que “los funcionarios de la Administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Deberán cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico”.

De tal modo, en tal contexto, la intervención que se le reprocha no puede ser considerada ilegal o arbitraria, sustentándose justamente en el cumplimiento de la ley y de las funciones a que está obligado.

25°.- Que respecto del recurso dirigido en contra de nombre reservado, tampoco se ha logrado adquirir la convicción en orden a alguna actuación ilegal o arbitraria, siendo coincidente su versión con la de Carabineros en cuanto indica que los primeros portones fueron abiertos en forma voluntaria por funcionarios de la hacienda y sólo en el límite de la propiedad con la playa se procedió al retiro de los cierres por parte del fiscalizador de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, ejerciendo la facultad contenida en la resolución de ejecución, respecto de lo cual se limitó a observar el proceso, tal como se advierte en la fotografía que adjunta.

26°.- Que tocante al recurso contra nombre reservado, tampoco se ha logrado advertir algún acto de ilegalidad o arbitrariedad que merezca el acogimiento del recurso pues, conforme a los antecedentes que expone -y que son similares a los informes evacuados por las restantes personas naturales e instituciones recurridas-, el retiro de algunos candados a que se alude en el recurso, se efectuó pacíficamente y en cumplimiento de la Resolución N° 484, y su resolución de ejecución, para dar libre acceso a la playa; y no aparece de autos su participación en algún hecho que merezca la calificación que en el recurso se le atribuye.

27°.- Que, finalmente, respecto del recurrido nombre reservado, según aparece de los presentes antecedentes, concurrió a la ejecución de la Resolución N° 484 en su calidad de concejal de la municipalidad de Litueche, la que de acuerdo a los informes precedentes fue cumplida de forma legal y por las personas y los organismos autorizados para ello, sin que se vislumbre alguna actividad ilegal o arbitraria por parte de dicho recurrido, como la que se le imputa en estos autos.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Sr. David Cademartori Gamboa, en representación de Agrícola Topocalma Ltda. y de Inmobiliaria e Inversiones Pirigüines Ltda. en contra de la Intendencia de la VI Región, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la VI Región, la Gobernación Provincial de Cardenal Caro, y Carabineros de Chile; y en contra de los Sres. Manuel Silva Seguel, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Jorge Fernández Stevenson.

Rol N° 3816-2017