Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 6 de febrero de 2026, comparece doña nombre reservado, trabajadora, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución N° NUM000 mediante la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica prescrita a la recurrente, lo que atentaría en contra de sus derechos fundamentales reconocidos, por lo que solicita que se acoja la presente acción y se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales vulnerados.

Para contextualizar su acción, indica que el 11 de abril del año 2025 le otorgaron la licencia objeto de esta acción, mediante la cual su médico le prescribió reposo por 60 días, para garantizar la recuperación de su estenosis de arteria carótida, siendo ésta rechazada por las recurridas al considerar que su afección era de naturaleza crónica.

Expone que a pesar de haber acompañado todos sus antecedentes médicos a los recursos que intentó ante los organismos recurridos, éstos mantuvieron su decisión, fundándose aquella en contra de la cual acciona en la presunta extemporaneidad de su recurso, la que refiere no concurre en el presente caso, puesto que fue la misma Superintendencia recurrida la que supeditó la presentación de su reposición, al acompañamiento de su dictamen de invalidez ejecutoriado, el que sólo pudo obtener a fines de noviembre de 2025. Finaliza alegando que la conducta de las recurridas vulneró sus derechos, afectándola económica y emocionalmente, y por ello solicita que se acoja su acoja su acción, dejando sin efecto la resolución en contra de la cual recurre y ordenando el pago de la licencia médica materia de este recurso.

A folio 4, comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé evacuando el informe solicitado a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien alegó, en primer término, la extemporaneidad de la acción de marras, la que sustentó en el hecho de haber tomado conocimiento la actora del rechazo de su licencia médica, al menos el 24 de junio de 2025, fecha en la cual interpuso el reclamo correspondiente ante la COMPIN Metropolitana, para continuar en forma posterior deduciendo recursos administrativos ante la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que confirmó el rechazo mediante dictamen de 22 de julio del mismo año, y agrega que la resolución recurrida corresponde a la decisión que la SUSESO pronuncia sobre un recurso de reposición que la recurrente intentó en forma extemporánea y que no puede ser considerado válidamente para computar un nuevo plazo, circunstancia que da cuenta de la extemporaneidad que alega, desde que la presente acción fue interpuesta sólo el 6 de febrero del año en curso, cuando ya había transcurrido con creces el plazo para ejercerla.

En segundo término, alega la improcedencia de la acción de protección deducida por el recurrente, señalando al respecto que la materia sobre la que realmente versa el presente recurso de protección dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, el que de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución, no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior y en cuanto al fondo, indicó que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados.

Expone que tal como consta en los documentos que acompaña, el dictamen impugnado encuentra sustento en el análisis y estudio previo de los antecedentes de la recurrente, efectuado por los profesionales médicos de la Superintendencia, en particular, el efectuado por la doctora nombre reservado en su informe de 17 de julio de 2025 que, en lo pertinente, concluye: “…52 años, 2135 días aut (más de 5 años). Estenosis stent, sol. 60 días dd.11-04-25, neurocirugía. Reposo prolongado, 2135 días aut. Con ruptura de aneurisma cerebral, en 2 oportunidades, la ultima 2019.Manejada con stent. Solo pudo retornar algunos meses, a su trabajo en 2022, por cefalea y parestesias en hemicuerpo derecho. Resonancia 06/2025: lesión estable. Reposo muy prolongado.

Patología crónica. Rechazar y solicitar trámite de pensión de invalidez”.

Sostiene que la COMPIN y la SUSESO, al resolver como lo hicieron respecto de la licencia de la recurrente, actuaron dentro del marco de sus competencias legales de supervigilancia del sistema de seguridad social, las que se encuentran consagradas en las leyes N°16.395, N°20.691, D.F.L. N°1 de 2005 y D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que no existe algún acto arbitrario y/o ilegal ejecutado por su parte, al emitir en forma fundada y con estricto apego a la normativa vigente, la resolución objeto de la presente acción.

Refiere que en el presente caso, no existen derechos fundamentales vulnerados con el actuar de las entidades recurridas, desde que no existe un derecho de propiedad adquirido sobre el subsidio por incapacidad laboral si no existe una licencia médica válidamente autorizada, haciendo presente, además, que el “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, y destaca que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Finaliza solicitando que se tenga por evacuado el informe solicitado y con su mérito, se rechace la acción deducida, con expresa condena en costas.

A folio 7, comparece nombre reservado, evacuando el informe solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (COMPIN R.M), quien señala que el rechazo de la licencia médica objeto de la presente acción se sustentó en la falta de antecedentes médicos que justificaran el reposo y su rol terapéutico para la paciente, por lo que estima que las actuaciones realizadas por dicho organismo en el presente caso, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y la normativa vigente, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas. 2° Que, el acto ilegal y arbitrario objeto de la presente acción constitucional de protección corresponde a la Resolución N° NUM000 de 7 de enero del año 2026, mediante la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM001, que le fuera extendida a la actora por un total de 60 días a contar del 11 de abril de 2025, por reposo no justificado, lo que la recurrente considera una grave vulneración a sus derechos consagrados en la Constitución Política de la República. 3° Que, primeramente y en referencia a la alegación de extemporaneidad que fuera opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social, se debe tener en consideración que la resolución que por esta vía se impugna fue dictada con fecha 7 de enero de 2026, mientras que el recurso de protección se interpuso el día 6 de febrero del presente año, antecedente suficiente para establecer que el mismo ha sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia, por lo que, con los antecedentes agregados al proceso no cabe más que rechazar la excepción de extemporaneidad alegada. 4° Que, por otra parte, y en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la Superintendencia recurrida, por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías que se desprende fundan el recurso, se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos.

A mayor abundamiento, resulta pertinente señalar que el argumento en que se sustenta la excepción en estudio carece de fundamento, considerando que este Tribunal, dado el ámbito de aplicación de la acción ejercida, tiene la capacidad de identificar la vulneración de otras garantías establecidas en el artículo 20 de la Constitución, atendida la naturaleza desformalizada del recurso de protección. 5° Que, en cuanto al fondo y en relación con la ilegalidad denunciada, cabe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

Agrega la referida disposición, que: “En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. De lo anterior cabe entonces concluir que los organismos recurridos disponen de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, lo que permite descartar la eventual ilegalidad del acto recurrido en base a la falta de competencia de los organismos recurridos. 6° Que, en cuanto a la arbitrariedad denunciada, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

De lo expuesto precedentemente, cabe abocarse al análisis de la fundamentación utilizada por los organismos fiscalizadores para sustentar su decisión y así determinar la concurrencia de la arbitrariedad denunciada. 7° Que, de la revisión pormenorizada de los documentos acompañados a estos autos, se constata que la Superintendencia recurrida reconoce que la actora tiene una patología invalidante cuya entidad es insuficiente para otorgarle una pensión por invalidez, indicando por otra parte, que no es posible acceder al pago de la licencia médica, por estimar que el reposo prolongado que se produce como consecuencia de tal patología - 2135 días a la fecha en que le fue prescrita la licencia médica objeto sub lite- no se justifica, pues no contribuye a la recuperación de tal dolencia, basándose únicamente en los documentos aportados por la misma recurrente y sin que se haya practicado peritaje alguno a la actora para descartar el rol terapéutico del reposo que le fue prescrito por los médicos especialistas en la dolencia que la afecta. 8° Que, el artículo 4º del Decreto Ley 3500 establece que: “Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo, de al menos, dos tercios, y b) Pensión de invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.”

En el caso de la actora, y como consta del Dictamen N° NUM002 de 29 de octubre de 2025, acompañado a folio 1, ésta padece de un 14% de menoscabo de su capacidad de trabajo y por ello, al no cumplir con los porcentajes exigidos en la norma transcrita, no se le otorgó una pensión de invalidez; sin embargo, tampoco se aprobó el pago de la licencia médica que le fue prescrita el 11 de abril del año 2025, por considerar que el rol terapéutico del reposo no estaba justificado en atención al carácter crónico de la patología que la afecta.

Tal situación deja a la actora desprovista de protección debido al vacío normativo en esta materia, deviniendo en una decisión arbitraria, desde que existiendo una patología que le afecta de forma permanente e irreversible, imposibilitándole trabajar de la manera que se le exige, no se le otorga pensión de invalidez en razón de no reunir el porcentaje requerido para ello, por la ley; pero tampoco se aceptan las licencias médicas que el profesional idóneo le prescribe, afectando de esa manera su derecho a la igualdad ante la ley, garantía protegida por esta acción constitucional. 9° Que, por otro lado, el artículo 30 del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, permite otorgar licencias por sobre el periodo ahí establecido, norma que puede ser aplicable en la especie, en tanto no se haga una nueva evaluación que permita otorgar una pensión de invalidez.

En efecto, la mencionada disposición establece: “Completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la COMPIN autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador.

Cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la Compin podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo. En esta última situación, el trabajador estará obligado a someterse a examen médico cada tres meses, como mínimo.” 10° Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida evidentemente amenaza el derecho de igualdad ante la ley y de propiedad de la actora, protegidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues en el último caso, la afectación dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo, puesto que, además, conforme al mérito de los antecedentes se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

En tal sentido lo ha decidido la Excma. Corte Suprema en un caso similar, en la causa Rol C.S. 134574-2023, que confirma con declaración, la sentencia de esta Corte Rol 17368-2022, cuando señala: “En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.”, todo lo cual justifica acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve que:

I.- Que se rechazan las excepciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción, incoadas por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución N° NUM000, de 7 de enero de 2026, ordenándose a la recurrida realizar las gestiones administrativas necesarias para someter a la actora a un peritaje, efectuado por un médico con especialidad en neurología, para evaluar con su resultado, la pertinencia del reposo que le fuera prescrito en la licencia médicas que tal resolución indica.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte N° 378-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.