INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE INDUSTRIAL PATRICIO BRAVO FIGUEROA E.I.R.L con DIRECCIÓN NACIONAL DEL

C.A. de Rancagua Rancagua, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS, Que, compareció nombre reservado, en representación de Ingeniería, Construcción y montaje industrial Patricio Bravo Figueroa E.I.R.L. quien dedujo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII) a raíz de la negativa de aprobar la verificación de actividades de su representada, impidiendo el normal ejercicio de su actividad económica. Afirmó que dicho acto es ilegal y arbitrario, y afecta las garantías del artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expuso que el Servicio recurrido ha rechazado de forma sistemática la solicitud de verificación de actividades ingresada por la empresa Ingeniería, Construcción y montaje industrial Patricio Bravo Figueroa E.I.R.L. la que inició actividades el 4 de octubre de 2023. Sin embargo, al presentar la primera verificación el 13 de noviembre de 2024, esta se rechazó debido a que el contrato de arriendo no estaba a nombre de la razón social. Ante ello, al día siguiente se realizó una nueva presentación explicando que el modelo de negocio se basa en subcontratos y adjuntando órdenes de compra de su primer trabajo adjudicado. No obstante, el SII exige actualización de domicilio, la que fue rechazada el 6 de diciembre de 2024, con el fundamento de que las oficinas virtuales no eran compatibles con la actividad declarada.

Luego, el 9 de diciembre fue nuevamente rechazada la verificación por la recurrida, exigiendo un contrato de obra y un domicilio. En respuesta a ello, se presentó un contrato de oficina virtual con autorización para subarrendar, lo que también fue rechazado, según aseguró, sin fundamento válido el día 20 de diciembre de 2024.

Ante esta exigencia, el 1 de enero de 2025 señala que celebró contrato de arrendamiento de un inmueble en Chimbarongo, e ingresó nuevamente la solicitud el 16 de enero. La respuesta llegó el día 24 del mismo mes, señalando el servicio la necesidad de contratos de trabajo como prueba adicional, lo que fue respondido adjuntando un contrato de trabajo, pese a lo cual la solicitud fue rechazada el 27 de enero de 2025.

Posteriormente, el 29 de enero se rechazó la solicitud porque la dirección informada no coincide con la registrada, la que fue aceptada finalmente el 31 de enero de 2025. El 3 de febrero se aprobó la verificación de actividades. Sin embargo, días después, el 18 de febrero se ingresó una nueva observación y bloqueo de facturación, fundado en la incompatibilidad de la actividad y el domicilio declarado.

Aseguró que el servicio le ha generado un perjuicio irreparable, pues se ha visto impedido de desarrollar su actividad comercial, perdiendo contratos y oportunidades de negocio. Señaló que se vulnera el derecho a realizar actividades económicas, dado fue sometido a un procedimiento arbitrario y excesivamente restrictivo, generando un obstáculo ilegítimo; se vulneró el derecho de propiedad al limitar el goce y disposición de sus bienes, y la igualdad ante la ley debido a que se han aplicado criterios dispares e inconsistentes en la verificación de actividades.

Afirmó que el acto es arbitrario e ilegal, ya que impone requisitos no contemplados en la normativa vigente para la verificación de actividades, excediendo sus facultades y restringiendo sin fundamento el derecho a realizar actividades económicas, basándose en criterios cambiantes y desproporcionados.

Solicitó que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y evitar perjuicios irreparables.

En el otrosí requirió orden de no innovar, solicitando la suspensión de los efectos de la negativa a aprobar la verificación de actividades. Dicha solicitud fue desestimada.

El 3 de abril de 2025 el Servicio de Impuestos Internos evacuó el informe requerido. Luego de resumir brevemente el recurso de protección, efectuó una precisión respecto de los hechos que en él se señalan. Indicó que efectivamente el demandante inició actividades el 4 de octubre de 2024, señalando como domicilio “domicilio reservado, pp. 413 Sta. Mari S nombre reservado”, en San Felipe. Luego el 14 de enero el propio contribuyente modificó su domicilio para efectos tributarios a “Miraflores 1168 ST 3 LT 12” en la comuna de Chimbarongo, y finalmente el 31 de enero de 2025 ingresó como sucursal el domicilio de “18 de Septiembre N°543, casa 9” de la comuna de Paine. La recurrente pudo emitir facturas de forma inmediata luego de la verificación, siendo emitida la primera de ellas el día 6 de febrero de 2025.

Indicó que dentro de las fiscalizaciones propias del Servicio, el 18 de febrero de 2025 funcionarios concurrieron al domicilio informado como principal en “Miraflores 1168 St 3 Lt 12”, rol de avalúo N°95-15, estableciendo que el inmueble no tiene acceso por calle Miraflores, debiendo acceder por calle Lo Poblete.

Afirmó que de acuerdo con la Circular N°31 del año 2007 el domicilio que se debe registrar debe coincidir con el lugar donde se realice la actividad provincial del giro. De tal forma, con la dirección que se indicó no se pudo verificar la coincidencia con la actividad informada por el recurrente, ingresando al glosa 46 “domicilio inexistente”, medida que de forma transitoria restringe su emisión de facturas. Esta medida no subsistirá más allá de lo que el contribuyente tarde en concurrir a servicio a despejar la inconsistencia detectada. Negó que el contribuyente hubiere concurrido el 7 de marzo del presente año a la unidad de San Fernando, como señala en su presentación.

Sostuvo que la solicitud de verificación de actividades perdió oportunidad, pues dicho trámite no se encuentra pendiente, ya que fue aprobado el 31 de enero del presente año. Negó la existencia de actuaciones ilegales o arbitrarias, ya que sus actuaciones se ajustan a las facultades legales y la normativa sobre inicio de actividades e información que debe proporcionar el contribuyente para dicho trámite. En este sentido, señaló que el artículo 68 inc. 4 y 5 de Código Tributario prescribe que en la carpeta electrónica se habilitará un formulario con todos los campos requeridos para el enrolamiento de los contribuyentes, debiendo adjuntarse a ello los antecedentes relacionados con el inicio de actividades, teniendo los contribuyentes la obligación de informar cualquier modificación a la información contenida en el formulario. En este mismo sentido, el artículo 8 Ter del mismo cuerpo legal dispone que la autorización para emitir facturas procederá previa declaración jurada de la existencia del domicilio y la efectividad de sus instalaciones, de acuerdo a la actividad o giro declarado y que permitan el desarrollo de los mismos.

En el caso, si bien existió una verificación de actividad positiva, con ocasión de la visita se registró la anotación 46, toda vez que el domicilio registrado es inexistente para efectos tributarios, ya que no hay coincidencia con lo informado, pues no hay acceso al inmueble por calle Miraflores, ni se advierte la realización de una actividad comercial. Ante tal escenario, debido a la falta de certeza respecto a la dirección ingresada como domicilio principal por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos y en el uso de sus facultades legales, se ingresó la anotación. Una vez que el contribuyente solucione la situación respecto al inmueble registrado como domicilio principal, podrá emitir documentación electrónica sin inconvenientes.

Negó afectación a derechos fundamentales, y reiteró que la anotación es de carácter temporal, dependiendo su mantención únicamente de que el contribuyente indique una dirección que corresponde efectivamente a su domicilio. Negó haber establecido diferencias arbitrarias respecto de la recurrente, y aseguró que la exigencia de contar con domicilio se requiere a todos los contribuyentes por igual. Indicó que la libertad para realzar el ejercicio de actividades económicas supone la sujeción a las normas legales y reglamentarias que regulan dicha actividad, sin que sea válido alegar la afectación de dicha garantía cuando un organismo público, en el marco de su investidura vela por la correcta aplicación de las normas. Finalmente, negó la existencia de una afectación arbitraria al goce y disposición de los bienes del actor. Solicitó el rechazo de la acción. Acompañó la información obtenida del sistema integrado respecto del recurrente y el antecedente de verificación de domicilio realizado el 18 de febrero de 2025.

El 05 de mayo la recurrente indicó nuevos hechos, consistentes en una fiscalización efectuada por el SII en el domicilio de la Calle Miraflores, en la comuna de Chimbarongo el día 5 de mayo a las 16:40 horas, momento en que funcionarios del servicio requirieron ingresar a la propiedad para realizar una fiscalización, pese a que se informó que dicho domicilio solo era una bodega y que las oficinas se encuentran en la comuna de Paine. Hicieron que la persona que se encontraba en el lugar firmara un documento que indica que el acceso fue impedido, constituyendo estos hechos una reiteración de conductas ilegales.

El 08 de julio, la recurrente indicó nuevos hechos, consistentes en la imposibilidad de emitir facturas, pese a tener una importante orden de compra. Solicitó la habilitación temporal de emisión de documentos electrónicos mientras se resuelve el fondo, o en subsidio. Luego solicitó orden de no innovar, con el fin de que se le autorizara a emitir al menos 3 folios de facturas, solicitud que fue rechazada.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO, 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que se ha denunciado como acto ilegal y/o arbitrario el bloqueo efectuado a la recurrida por el Servicio de Impuestos Internos de la posibilidad de emitir facturas electrónicas, ocurrida el 18 de febrero de 2025, solo 15 días después de que se había otorgado la autorización, y luego de varios meses de tramitación.

3° Que, al informar la recurrida, explicó que se aplicó un bloqueo temporal a la recurrente para emitir documentos tributarios, debido a que si bien existió una verificación de actividad positiva, con ocasión de la visita efectuada el 18 de febrero de 2025 se registró la anotación 46, toda vez que el domicilio registrado es inexistente para efectos tributarios, ya que no hay coincidencia con lo informado, pues no hay acceso al inmueble por calle Miraflores, ni se advierte la realización de una actividad comercial.

4° Que al Servicio de Impuestos Internos le corresponde el ejercicio de las facultades de aplicación y fiscalización de los impuestos internos que le conceden las leyes, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 6 inciso primero el Código Tributario, al tiempo que de acuerdo a lo previsto en diversas disposiciones del Decreto Ley N°825 (artículos 53, 54, 55 y 57) los contribuyentes deben emitir facturas y boletas que deben ser timbradas y tener el contenido que en estas disposiciones se indica.

A su turno, el artículo 8° ter del Código Tributario establece que: “Los contribuyentes tendrán derecho a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad. Para ejercer esta opción deberá darse aviso al Servicio en la forma que éste determine.”

Añade el inciso cuarto: “Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas por la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución fundada, cuando a su juicio exista grave causa que lo justifique. Para estos efectos se considerarán causas graves, entre otras, las siguientes: a) Si de los antecedentes en poder del Servicio se acredita no ser el verdadero domicilio o no existir las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado”.

5° Que, conforme a lo anterior, es posible visualizar que el Servicio de Impuestos Internos actuó dentro de sus atribuciones, restringiendo la emisión de documentos electrónicos a propósito de la fiscalización en terreno que impidió acreditar el domicilio o la existencia de instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad en la dirección otorgada por el recurrente.

Adicionalmente, la recurrida ha explicado que la medida no es permanente, sino que se mantendrá mientras el contribuyente regularice su domicilio, existiendo en consecuencia otras vías para resolver el problema de emisión de facturas que aqueja al recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Ingeniería, Construcción y Montaje Industrial Patricio Bravo Figueroa E.I.R.L. en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol I. Corte 368-2025- Protección Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada totalmente.