nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
- Fecha
- 9 de abril de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 359-2026, sentencia de 9 de abril de 2026
Resumen
Se rechaza el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones: la demora en resolver la solicitud de residencia definitiva no es imputable como ilegal o arbitraria, y la residencia y cédula del solicitante mantienen vigencia mientras el trámite está pendiente.
Texto íntegro
C.A. de Rancagua Rancagua, nueve de abril de dos mil veintiséis.
Vistos:
Con fecha 5 de febrero del año 2026, comparece nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad colombiana, y domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud de residencia definitiva.
Relata que interpone el presente recurso para obtener su visa definitiva, la que solicitó con fecha 25 de julio de 2025, pero que, hasta la fecha de presentación de la acción de marras, no ha recibido, por parte del recurrido, una respuesta en relación con su solicitud. Arguye, que necesita su carnet vigente para poder optar a una mejor calidad de vida, ya podría obtener asensos en su trabajo, adquirir un vehículo, realizar estudios complementarios.
Agrega que el 22 de agosto de 2025 hizo el pago de los derechos y tuvo que hacer un préstamo a un familiar lo que le generó deudas y una mala calidad de vida. Por lo anterior, pide que se acoja su recurso.
Acompaña antecedentes en que se funda la presente acción.
A folio 4, compareció la Institución recurrida y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de esta autoridad que afecte en forma alguna sus garantías constitucionales, sino que la autoridad administrativa ha ceñido siempre su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que se le han conferido.
Indica, que el actor ingresó su solicitud de permanencia definitiva el día 25 de julio de 2025, la que se encuentra en tramitación, en la etapa de resolución.
Señala la normativa aplicable en la especie y agrega que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo.
Arguye que es de público conocimiento, el aumento exponencial de los movimientos migratorios hacia el país, de carácter voluntarios o forzosos, proveniente de diversos países, pero principalmente de nacionales de Venezuela y Haití, tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad, específicamente, en el periodo comprendido entre el año 2020 y el año 2024, donde el Servicio registró alrededor de 635.000 solicitudes de residencia definitivas.
Señala que la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas y, en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.
Cita jurisprudencia y finaliza solicitando el rechazo del recurso por cuanto, esa autoridad, entiende que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.
2° Que, mediante el presente recurso se reprocha la excesiva dilación del procedimiento administrativo de solicitud de visa de permanencia definitiva iniciada por el actor con fecha 25 de julio de 2025, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, tal solicitud no ha sido resuelta por la autoridad administrativa.
3° Que, la institución recurrida solicitó el rechazo del recurso por cuanto la solicitud del actor se encuentra en tramitación, en la etapa de “resolución”, por lo que no hay afectación a garantías constitucionales ya que cuenta con permanencia regular en Chile, mientras se encuentre en tramitación la petición de permanencia definitiva.
4° Que, el recurrente inició la solicitud de permanencia definitiva el día 25 de julio de 2025, lo que reitera el recurrido en su informe. Sin perjuicio de ello, del análisis de la normativa legal vigente en materia de migración y de la problemática planteada tanto en este recurso como en otros de similar naturaleza, esta Corte procederá a rechazar la presente acción de protección, al evidenciar que la tardanza reclamada no produce una afectación sustancial de los derechos constitucionales del recurrente, por cuanto la cuestionada solicitud ha ido avanzando en su tramitación, encontrándose, actualmente, en la etapa de “resolución” desde agosto de 2025.
En este sentido, si bien es un hecho no controvertido que el procedimiento administrativo destinado a la obtención de la permanencia definitiva ha excedido el plazo de seis meses que establece el artículo 27 de la Ley N°19.880, ello no basta para acoger el presente recurso, en cuanto tal infracción a la normativa legal no trae aparejada una afectación sustancial a los derechos que se reclaman como vulnerados.
5° Que, por otra parte, en cuanto a la igualdad ante la ley, que es la garantía en cuya infracción se sustenta el recurso, esta Corte ha podido apreciar que el gran número de solicitudes de este tipo ha provocado una tardanza generalizada en la resolución de las mismas por parte de la Administración, que afecta a la mayoría de los solicitantes, de manera tal que, quienes pueden ver afectada su garantía de igualdad ante la ley son aquellos interesados que no han recurrido por esta vía y cuyas peticiones se ven preteridas en favor de aquellas que, de contrario, a través de esta tutela constitucional, logran que la autoridad administrativa se aboque con prioridad y preferencia al análisis y resolución de sus requerimientos.
6° Que, en relación con la supuesta afectación a la situación migratoria del recurrente, cabe señalar que ésta no es tal, por cuanto mientras se tramita la solicitud de residencia definitiva, el extranjero mantiene residencia regular en el país, tal como lo dispone el artículo 37 inciso cuarto de la Ley N°21.325, que señala: “La vigencia de la residencia en trámite será prorrogada de forma automática en tanto no se resuelva la solicitud respectiva”.
7° Que, por último, también cabe descartar el argumento utilizado en este tipo de acciones relacionado con la pérdida de vigencia de la cédula de identidad del extranjero en tanto no obtenga un pronunciamiento de la autoridad administrativa respecto de la prórroga o permiso definitivo, toda vez que la nueva ley de migración se encargó de solucionar esta problemática, consagrando en la parte final del artículo 43, lo siguiente: “Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”
8° Que, por las razones anteriores, se concluye que en la especie no resulta procedente otorgar la tutela constitucional de urgencia que supone el ejercicio del recurso de protección.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol I. Corte 359-2026 Protección.
Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.