Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, por el acto consistente en el rechazo de sus licencias médicas otorgadas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2025, por estimar las recurridas que el reposo no se encontraba justificado.

Expone que durante el año 2025 padeció una patología de salud mental diagnosticada, que la mantuvo en tratamiento médico y psicológico continuo, y por el cual le fueron otorgadas las licencias médicas reclamadas en estos autos. Sin embargo, y a pesar de haber acompañado a las recurridas los informes psicológicos clínicos que acreditan su incapacidad laboral temporal, justificando el reposo, aquéllas rechazaron sus licencias médicas.

Reprocha que las recurridas desestimaron los antecedentes clínicos aportados sin fundamentación suficiente, incluso cuestionando un posterior reintegro parcial a sus labores que se debió a sus necesidades económicas, pero que no constituyó alta médica.

Agrega que el 9 de enero del presente año fue desvinculada de su trabajo, y el rechazo de las licencias médicas la privó del subsidio por incapacidad laboral, que constituía su único medio de subsistencia durante el periodo de incapacidad.

Afirma que el acto recurrido infringe lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 al carecer de motivación suficiente y omitir una valoración integral de los antecedentes clínicos. Agrega que también es arbitrario, al desconocer informes técnicos idóneos, generándole un grave menoscabo económico, vulnerando así sus derechos contemplados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se deje sin efecto el rechazo de las licencias médicas individualizadas, ordenando a las recurridas que se realice una nueva evaluación fundada, y que se adopten las medidas para el imperio del derecho.

A folio 4 informó la Compin recurrida que durante el año 2025 la actora presentó 11 licencias médicas, de las cuales se autorizaron 6, con un total de 144 días de reposo. Las 5 licencias restantes se encuentran rechazadas porque los antecedentes aportados en las apelaciones no justifican en reposo.

Indica que solicitó a la usuaria antecedentes médicos que justifiquen el reposo reclamado, sin embargo, el estudio de ellos no logra acreditar incapacidad laboral ni rol terapéutico del reposo, más allá del periodo ya autorizado.

Finalizó señalando que la recurrente apeló ante la Suseso, y dicha entidad ratificó lo obrado por la Compin, manteniendo el rechazo de las licencias médicas.

A folio 8 informó la Superintendencia de Seguridad Social recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso.

Luego de señalar el marco legal regulador de la materia, refiere que con fecha 7 de octubre de 2025 la actora concurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la Compin Región de O'Higgins, confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM000, extendida por un total de 21 días a contar del 15 de septiembre de 2025, por reposo no justificado. Al respecto mediante Resolución Exenta NUM001 de fecha 9 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM000, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 144 días de reposo ya autorizados por la misma patología, agregando que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insatisfactorio, por cuanto no describe suficientemente la sintomatología ni plan de reintegro laboral. Asimismo, el informe no da cuenta de la necesidad de cambio o ajuste de terapia ni de elementos de severidad que justifiquen la prórroga del reposo. Que, asimismo, la afiliada adjunta informe de psicoterapia insatisfactorio, que no aporta información relevante.

Seguidamente, concurrió la Sra. nombre reservado con fecha 14 de noviembre de 2025 ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el dictamen antes señalado, por lo que mediante Resolución Exenta NUM002 de fecha 18 de enero de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió confirmar lo antes resuelto, puesto que el informe médico aportado con fecha 12 de noviembre de 2025 no describe la evolución clínica cronológica de la patología, con una sobreestimación del compromiso funcional descrito según la clínica presentada en el informe. Además, no informa ajustes de fármacos y respuesta a estos que permitan justificar el tratamiento subóptimo recibido, sin estrategias de potenciación o aumentación.

Tampoco aporta un nuevo informe psicológico que describa fecha de inicio de tratamiento, evolución y metas/objetivos terapéuticos, por lo que no se puede desprender un rol estrictamente terapéutico del reposo indicado.

Continúa describiendo lo informado por dos de sus profesionales, quienes sugirieron no acoger la solicitud de la actora, y que le permitieron confirmar el rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto el reposo prescrito no se encuentra debidamente justificado desde el punto de vista médico-psiquiátrico, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, y a los criterios técnico-sanitarios aplicables a patologías de salud mental establecidos por la Superintendencia.

Del análisis integral de los antecedentes acompañados se estableció que la recurrente registra diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada, con 144 días de reposo previamente autorizados. En la presente reclamación se impugnan 21 días adicionales, correspondientes a la tercera licencia médica rechazada, respecto de la cual se interpuso reposición ante la Compin O’Higgins.

El Informe Médico Complementario describe sintomatología ansiosa de carácter disruptivo; sin embargo, consigna expresamente que tales manifestaciones le permiten, la mayor parte del tiempo, mantenerse en su puesto laboral. No se expone una evolución clínica cronológica del cuadro, ni se detallan descompensaciones objetivas o hitos clínicos que justifiquen una nueva interrupción laboral. Asimismo, el compromiso funcional referido aparece sobredimensionado en relación con la sintomatología descrita.

En cuanto al manejo terapéutico, se constata un esquema farmacológico de primera línea, sin que se acrediten ajustes, estrategias de potenciación o aumentación farmacológica, tales como la incorporación de un antipsicótico atípico o el cambio a un inhibidor dual como venlafaxina, frente a la supuesta persistencia sintomática. Tampoco se documenta refractariedad al tratamiento ni evaluación especializada que respalde la necesidad de prolongar el reposo.

Por su parte, el informe psicoterapéutico acompañado únicamente acredita atenciones semanales, sin indicar fecha de inicio del proceso terapéutico, objetivos clínicos definidos, metas de intervención ni evaluación de logros alcanzados, elementos indispensables para valorar la evolución y el impacto funcional del tratamiento.

En consecuencia, los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los 144 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Concluye que, en la especie, no se cumple con los requisitos establecidos en las Guías Clínicas Referenciales contenidas en el Decreto Exento N° 7, para la prolongación de licencias por patologías psiquiátricas y, por ello, se confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, al no acreditarse incapacidad laboral temporal ni finalidad terapéutica suficiente del reposo prescrito, no configurándose acto ilegal ni arbitrario alguno. La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Destaca que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y, en el caso de la recurrente, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada.

Agrega a lo anterior que tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza como indica la contraria, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

En efecto, no se advierte vulneración a las garantías alegadas.

Dado que la decisión cuestionada fue adoptada conforme a criterios objetivos y generales establecidos en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, y en la Ley 16.395, que regulan la procedencia y fiscalización de las licencias médicas. De la revisión integral de los antecedentes, no se constata afectación alguna a otros derechos constitucionalmente protegidos. La decisión administrativa adoptada por la Superintendencia se ajusta a la legalidad, obedece a criterios técnicos objetivos y se enmarca en el ejercicio regular de las atribuciones que la ley le confiere.

Previas citas jurisprudenciales, finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 10, evacuando el traslado conferido en relación con la improcedencia de la acción alegada por la recurrida Suseso, la recurrente solicitó su rechazo e hizo presente la existencia de los autos Rol 1984- 2025 sobre recurso de protección, que daría cuenta de la persistencia del acto recurrido.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2.- Que, la recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM003, de 26 de enero de 2026, mediante la cual la Suseso confirmó el rechazo dispuesto por la Compin de las licencias médicas N° NUM004 y NUM005, extendidas por un total de 35 días a contar del 6 de octubre de 2025, por estimarse injustificado el reposo prescrito. Pretende, en consecuencia, que se ordene su autorización, sosteniendo que los organismos recurridos no ponderaron adecuadamente los antecedentes médicos aportados para acreditar la persistencia de su patología psiquiátrica y la necesidad de mantener el reposo laboral. 3.- Que, por su parte, la COMPIN informó que durante el año 2025 la recurrente presentó 11 licencias médicas, correspondientes a 144 días de reposo, 5 de las cuales fueron rechazadas, al estimarse que los antecedentes acompañados no permitían justificar médicamente los períodos prescritos.

Explicó que la documentación presentada fue sometida a revisión por médicos contralores y que los informes aportados no permitían establecer suficientemente la cronología y evolución del cuadro, ni daban cuenta de elementos objetivos acerca de la funcionalidad de la paciente, mientras que los certificados psicológicos carecían de información clínica y psicoterapéutica bastante para justificar la prolongación del reposo.

A su turno, la Suseso, luego de alegar la improcedencia de la presente acción por tratarse de materias referidas a la seguridad social, sostuvo que las licencias objeto de esta acción fueron examinadas atendiendo a los antecedentes clínicos y administrativos aportados, concluyéndose que éstos no permitían acreditar una incapacidad laboral temporal que justificara extender el reposo más allá del período ya autorizado por la misma patología. Añadió que se observaron inconsistencias respecto del inicio de los controles de salud mental y del esquema farmacológico informado, insuficiencia de los antecedentes relativos a la atención psicológica y ausencia de elementos que acreditaran un compromiso funcional significativo, modificaciones terapéuticas relevantes o un plan de manejo orientado al reintegro laboral, concluyendo técnicamente que no era posible establecer un rol terapéutico del reposo reclamado. 4.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías que se desprende fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos. 5.- Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la Compin, a la Unidad de Licencias Médicas o a la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 6.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado contempla la necesidad de fundamentar las determinaciones adoptadas en materia de licencias médicas, exigencia que, en la especie, se encuentra satisfecha.

En efecto, mediante la Resolución Exenta N° NUM003, de 26 de enero de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM004 y NUM005, por estimar que los antecedentes aportados no permitían justificar la prolongación del reposo laboral por la misma patología, teniendo especialmente en consideración el tiempo de evolución del cuadro, el período de reposo previamente autorizado y la ausencia de antecedentes clínicos suficientes que permitieran acreditar incapacidad laboral temporal durante el lapso reclamado. En particular, razonó que no se aportaban elementos que demostraran un compromiso funcional significativo, ajustes terapéuticos relevantes ni un plan de manejo que justificara mantener el alejamiento laboral, concluyendo que no se encontraba acreditado un rol terapéutico del reposo prescrito.

A su turno, mantuvo lo anteriormente resuelto, por cuanto la interesada no acompañó nuevos antecedentes fundantes que permitieran efectuar una nueva revisión de su situación, precisando que aquellos ya presentados habían sido ponderados por sus especialistas y que su reiteración no resultaba suficiente para modificar la decisión adoptada.

De esta manera, examinada la resolución recurrida, como antecedentes sucesivos de una misma decisión administrativa, se advierte que el rechazo de las licencias reclamadas y la posterior desestimación de su reconsideración expresan las razones que condujeron a la autoridad a resolver en tal sentido, primero, por no estimarse clínicamente justificada la prolongación del reposo y, posteriormente, por no haberse aportado nuevos elementos que permitieran variar aquella conclusión, de modo que no se aprecia una decisión carente de fundamento o razonabilidad que pueda ser calificada de arbitraria. 7.- Que, las explicaciones proporcionadas posteriormente por la recurrente, en que sostuvo que la intervención de un profesional distinto obedeció a la indisponibilidad económica para su médico tratante; que la ausencia de una cronología farmacológica se explicaba porque durante el período cuestionado se mantuvo el tratamiento previamente prescrito; y que los certificados de su psicóloga acreditaban la continuidad semanal de la psicoterapia, no desvirtúan el fundamento central de las decisiones recurridas, referido a la insuficiencia de antecedentes clínicos objetivos que permitieran acreditar la necesidad terapéutica de prolongar la incapacidad laboral temporal durante los 35 días correspondientes a las licencias reclamadas.

En particular, acreditar la existencia y continuidad de un tratamiento psiquiátrico o psicológico no conduce necesariamente a establecer la procedencia de todo el período de reposo prescrito, desde que lo que correspondía determinar a los organismos técnicos era, precisamente, si la condición clínica de la recurrente le impedía temporalmente desempeñar sus funciones laborales durante aquel período, y si el alejamiento del trabajo cumplía una finalidad terapéutica, cuestión que fue examinada y respecto de la cual se expresaron las razones para concluir negativamente. 8.- Que, tampoco resulta suficiente para atribuir arbitrariedad a la actuación recurrida, la circunstancia de que las conclusiones alcanzadas por los organismos fiscalizadores difieran de la opinión del profesional tratante, puesto que la emisión de una licencia médica no determina por sí sola su autorización, desde que el ordenamiento jurídico entrega precisamente a los organismos competentes la función de controlar su procedencia, lo que comprende la valoración de los antecedentes médicos aportados y la determinación acerca de si éstos justifican la incapacidad laboral temporal y el período de reposo indicado.

En este sentido, tampoco permite arribar a una conclusión diversa el certificado médico psiquiátrico acompañado por la recurrente al interponer esta acción y que, por su fecha, no pudo ser ponderado al dictarse las resoluciones administrativas cuestionadas, y que daría cuenta de su alta médica laboral. Lo anterior, por cuanto dicho certificado no se encuentra suscrito por un médico de la especialidad, lo que también resulta ser un requisito para la emisión de licencias médicas por patología mental, como ocurre en la especie.

En efecto, el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. N° 7 de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las “Patologías Mentales”, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, entre otros requisitos, que el reposo laboral debe ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente) y que cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio. 9.- Que, descartada la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional intentada, resulta innecesario examinar separadamente la afectación de cada una de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso deberá ser rechazado. 10.- Que, en esta forma, ha sido igualmente resuelto por esta Corte, en sus autos Rol 1984-2025, sobre recurso de protección, relación con las restantes licencias médicas reclamadas por la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción, alegada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 347-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia sí reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.