Protección contra Tesorería General de la República

SEQ CHAPTER \h \r 1Rancagua, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 13 de noviembre del año en curso, comparece Ignacio Zacarías Barra Wiren, abogado, en representación de Sociedad Agrícola El Pidén Limitada, Rut RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada para estos efectos por doña nombre reservado, RUT. RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, y en contra de Servicio de Impuesto Internos, Dirección Regional de O’Higgins, representada por su Director Regional don Claudio Ambiado Araya, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón que se ha realizado una compensación arbitraria e ilegal por parte de Tesorería, con fecha 24 de octubre de 2017, por las sumas de $50.828.338.-, $94.786.508.-y $39.584.626.- en contra de su representada, causando graves perjuicios económicos y afectando el derecho de propiedad.

Señaló que con fecha 24 de febrero de 2016 su representada tomó conocimiento que el Servicio de Impuesto Internos emitió las Liquidaciones de nombre reservado° 418 a N° 441, que determinan diferencias de Impuesto al Valor agregado por los periodos tributarios comprendidos entre septiembre de 2010 a abril de 2013 y diferencias de Impuesto de Primera Categoría para los años tributarios 2011 al 2013, por un valor nominal total de $619.692.866.-, originado por la no acreditación de los créditos fiscales IVA imputados en contra de los débitos fiscales mensuales por los periodos señalados. Además, en la misma fecha, su representada toma conocimiento de los respectivos giros.- Puesto que todas las actuaciones habían sido notificadas a su contador don nombre reservado, quien si bien poseía mandato al efecto respecto a las actuaciones antes descritas, no comunicó esto ni a su representada ni a su representante legal.

Expresó que se presentó una Revisión de la Actuación Fiscalizadora, el día 04 de abril de 2016, respecto a las liquidaciones por IVA y a las liquidaciones relativas a renta, junto a la solicitud de suspensión de cobros mientras se resolvía dicha presentación, pese a ello, con fecha 21 de abril de 2016, en causa Expediente N°10.027 de Coltauco, Tesorería notifica requerimiento de pago por $1.690.820.057.- (deuda neta o nominal por $619.692.866.-) embargándose 2 propiedades agrícolas y las cuentas corrientes de su representada. Posteriormente, el 11 de mayo de 2016, el Servicio de Impuestos Internos dispuso la suspensión de cobro judicial de los giros en el referido expediente y con fecha 23 de mayo de 2016, mediante resolución exenta N°40, resolvió la revisión, acogiéndola en parte, ya que determinó dejar sin efecto todo lo referente a IVA pero dejaba vigente toda la deuda por renta (neto $104.730.057.-). Se repuso de dicha resolución en la parte pertinente a lo cual, el Servicio de Impuestos Internos no dio lugar.

Manifestó que, en consecuencia, el día 21 de julio de 2016, presentó ante el Tribunal Tributario y Aduanero Región de O’Higgins, un reclamo en conformidad a lo dispuesto en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario, por la vulneración del derecho consagrado en el numeral 20, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en contra del Servicio, respecto a la negativa de revisar las partidas relacionadas con el Impuesto de Primera Categoría para los años tributarios 2011 a 2013. Por lo anterior, con fecha 19 de diciembre de 2016, el tribunal tributario ordenó la suspensión de cobro en la causa expediente N°10.027 de Coltauco, “hasta que se dicte la sentencia definitiva en autos” y con fecha 21 de julio de 2017, el tribunal, resuelve y declara que se ha vulnerado el derecho de propiedad de su representada y en consecuencia, se instruye al Servicio de Impuestos Internos proceder a la revisión de las partidas relacionadas con el Impuesto de Primera Categoría del reclamante de los referidos años tributarios y las respectivas liquidaciones y giros relacionados. Dicho fallo fue apelado por Servicio de Impuestos Internos, dando lugar al ingreso corte Civil 910-2017.

Expuso que el mismo día 21 de julio de 2017, el mencionado Servicio dicta resolución exenta N°6020000527, que dejó sin efecto una liquidación y el respectivo giro por constituir una duplicación de una liquidación, correspondiente a un giro de los incluidos en el proceso de vulneración de derechos, lo que dio origen a una nueva cobranza judicial en Tesorería, con grave efecto en su representada pues impidió en dicha fecha presentar las rectificaciones por los años tributarios 2014, 2015 y 2016, mediante las cuales se pedía devolución de impuestos. Además, el Servicio anuló este giro en Tesorería recién el día 10 de agosto del mismo año y si bien las fiscalizaciones por dichos años habían concluido el día 30 de junio de 2017, la tramitación continuó y se le solicitaron nuevos antecedentes, por lo que dichas rectificatorias se presentaron en septiembre de 2017.

Indicó que, además, el 24 de octubre del presente año, Tesorería General de la República, efectúa una compensación por los montos descritos con antelación, esto es, $50.828.338.-, $94.786.508.- y $39.584.626.-, sin que respecto de dicha actuación haya mediado notificación alguna, o alguna resolución fundada que así lo disponga y que haya sido puesta en conocimiento de su representada.

Aseveró lo anterior, por cuanto se desconoce la fundamentación de la compensación, ya que no existe resolución al respecto ni otra comunicación que lo informe y tampoco se han dejado sin efecto en el exceso los cuantiosos embargos realizados a su defendida, los que se mantienen hasta la fecha.

Ahora bien esta parte aún sostiene que la cobranza en la causa al tiempo de la compensación se encontraba suspendida en el Expediente N°10.027 de Coltauco y se reanudó sin dar cumplimiento con el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al estar paralizada la causa por más de 6 meses, aplicable conforme el artículo segundo del Código Tributario, por lo que su representada no ha sido notificada de la reanudación de esta causa, porque de lo contrario no habría solicitado devoluciones de impuestos.

Arguyó que el Servicio de Impuestos Internos al generar liquidaciones y giros duplicados permitió que Tesorería compensara deudas que de manera alguna tienen el carácter de líquidas ni exigibles.

Por último, señaló que aunque se estime que procedía la compensación, igualmente existe una vulneración de derechos señalados ya que Tesorería no ha realizado rebaja alguna al monto total de la deuda supuestamente extinguida. Tampoco su defendida ha podido acceder a la condonación de multas e intereses.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la compensación efectuada con fecha 24 de octubre de 2017, o en subsidio la rebaje al monto que se estime, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, con costas, en caso de oposición.

Con fecha 29 de noviembre del presente año, evacuó el respectivo informe Francisco Moreno Avila, Juez nombre reservado y Director Tesorero Regional de la Región de O´Higgins, solicitando el rechazo de la acción, con costas, por los siguientes argumentos:

Indicó que en la especie el recurso de protección resulta inadmisible, toda vez que el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, regulado en el Libro III, Titulo V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Así, consta en el Expediente Administrativo Rol N° 10027-2016, de la comuna de Coltauco, que se sigue una acción de cobro administrativa, conforme al mencionado procedimiento, por deudas fiscales en contra de la recurrente, la que fue debidamente notificada con fecha 21 de abril de 2016.

Señala que el recurrente hizo valer los derechos contemplados en el Código Tributario al interponer con fecha 02 de noviembre de 2017 una acción de nulidad de lo obrado precisamente referida a la compensación efectuada respecto a la devolución de impuesto a la renta de los años tributarios 2014, 2015 y 2016. Dicha acción se tramitó conforme lo estipulado en las normas referidas al procedimiento de cobro de obligaciones tributarias. De lo anterior, el Sr. Juez nombre reservado, decidió no dar lugar a la incidencia planteada por los latos fundamentos de hecho y de derecho desarrollados en el señalado informe.

Manifestó que el recurso de protección solo procede cuando no existe un procedimiento jurisdiccional en el ordenamiento jurídico que resuelva la contienda en forma inmediata y para la tutela de los derechos que se alegan como agraviados.

Agregó que esta Ilustrísima Corte, ya emitió pronunciamiento sobre mismas pretensiones del recurrente, en causa Rol Ingreso Corte 910-2017 caratulada "Sociedad Agrícola El Piden Limitada con nombre reservado", autos fundados en los mismos antecedentes de hecho del presente recurso, pidiendo dejar sin efecto la misma compensación efectuada por la Tesorería Regional de O'Higgins sobre los montos solicitados como devolución por concepto de renta por dicha sociedad, concediéndosele una orden de no innovar al efecto, lo que no implica la nulidad de una actuación válidamente ejecutada por la Tesorería Regional de O'Higgins como es la referida compensación.

Explicó que hubo una correcta aplicación de la compensación, puesto que el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de O'Higgins en causa RIT VD-19-00017-2016-11, determinó la suspensión de cobro de los impuestos seguidos en los autos administrativos 10027-2016 de Coltauco, caratulado "nombre reservado con Sociedad Agrícola el Piden Limitada", hasta que se dicte la sentencia definitiva. Por lo que, con fecha 21 de julio de 2017, se cumplió la condición establecida por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de O'Higgins, al dictar la sentencia definitiva señalada precedentemente, la que fue notificada a la parte reclamante por carta certificada y a la parte reclamada mediante su publicación integra en el sitio de Internet del Tribunal. Así las cosas, refiere que los respectivos certificados de compensación, fueron emitidos el 24 de octubre de 2017, fecha en la que ya no se encontraba suspendido el procedimiento, por lo cual la compensación ha operado correctamente.

Arguyó, asimismo, que la compensación opera de pleno derecho, sin necesidad de resolución y aun sin conocimiento de los deudores, conforme al artículo 1656 del Código Civil, por lo que para que tenga lugar la compensación, no era ni siquiera necesaria la dictación de una resolución y para que la misma produzca sus efectos no es necesaria su notificación, por lo que si se pretende la nulidad de la compensación realizada, ella no puede prosperar, pues ella deriva de la ley.

Sostiene que la facultad que asiste a la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 60 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y reiterada jurisprudencia de los Tribunales de Justicia sobre la materia, ha establecido que los créditos sometidos a un reconocimiento judicial pendiente no son exigibles, ello se ve excepcionado por la norma contenida en el artículo 147 del Código Tributario, que autoriza al Fisco para cobrar los impuestos sometidos a reclamación, a menos que medie la suspensión de tal cobro, dispuesta por el Director del Servicio de Impuestos Internos pertinente, o por los Tribunales de Justicia, de lo que se sigue que si tal cobro es procedente, ello deriva de la exigibilidad de dichos impuestos.

Agregó que no procede en el Procedimiento de Cobro de Obligaciones Tributarias la aplicación del Artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, al no existir ninguna referencia que permita hacer aplicables expresa o supletoriamente las normas del Libro I de dicho texto legal a éste procedimiento, en el que ni siquiera existe la figura del estado diario, lo que demuestra que dicha norma es incompatible con el carácter administrativo de este procedimiento.

Finalmente, precisó que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones en causa Civil Rol 910-2017, resolución notificada a la Tesorería Regional de O'Higgins con fecha 30 de octubre de 2017, y que ordena suspender el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias seguido en contra de la recurrente en el Expediente Administrativo N°10027-2016 de Coltauco a contar del día 30 de octubre de 2017. la Orden de no innovar. En consecuencia, es claro que entre el día 21 de julio de 2017 y el día 30 de octubre de 2017, el proceso se encontraba sin suspensión de cobro, y la compensación se produjo entre el señalado periodo, esto es 24 de octubre de 2017.

Señaló que no es efectivo que los dineros compensados fueron imputados a la deuda fiscal del contribuyente sin las condonaciones establecidas en la normativa legal vigente. Pues, tal como se desprende de los certificados de movimiento extraídos de la Cuenta Única Tributaria del contribuyente Sociedad Agrícola El Piden Limitada, lo montos de dinero compensados, sí han ingresado con la condonación de intereses y multas establecidas en la normativa legal vigente, condonación otorgada de forma automática por el sistema de cobro, lo cual se acredita con los señalados Certificados de Movimiento que se acompañan en autos.

Afirmó que la actuación del Servicio de Tesorerías, no puede ser considerada ilegal o arbitraria, sino por el contrario, ha actuado por expreso mandato legal, sin que se advierta una conculcación de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas o amenazadas por el recurrente. Por tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada.

Con fecha 4 de diciembre último, doña nombre reservado, Directora Regional (s) del Servicio de Impuestos Internos, evacuó el informe respectivo solicitando sea rechazada la acción, con expresa condena en costas.

Manifestó que o el recurrente de autos no señala claramente la fecha del acto ilegal y arbitrario que imputa al Servicio de Impuestos Internos, pero que si fue el día 27 de julio de 2017, que corresponde a la Res. Ex N°6020000527, la cual paradojalmente anula la liquidación N°562 del 22/07/2015 y posterior Giro folio N°1000731, los anteriores son dos actos administrativos distintos, respecto de los cuales el contribuyente al tomar conocimiento, no utilizó ninguna de las vías de impugnación que la Ley le otorgaba al efecto y la interposición del presente recurso, de fecha 13 de noviembre de 2017, es evidentemente extemporánea.- Agregó, con mayor razón es extemporánea si se estima que la actuación respecto de la cual se recurre, está constituida por la emisión de los giros, contra los cuales se habrían imputado las devoluciones a que tenía derecho el recurrente, pues estos fueron emitidos durante el año 2016.

Expone que en relación a los fundamentos del recurso incoado, el recurrente se limita a describir una serie de antecedentes relacionados con la determinación de la obligación tributaria y del procedimiento de cobro, sin embargo, no explica ni desarrolla la forma como la garantía que refiere, esto es, el numeral 3 y numeral 24 del artículo 19 del texto fundamental, habría sido privada, perturbada o amenazada en su legítimo ejercicio, por los actos referidos.

Señala que es inadmisible el presente Recurso pues se funda en una eventual infracción o vulneración de la norma del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por ésta acción constitucional, a menos que se trate del juzgamiento por comisiones especiales, lo que no ocurre en el caso de autos.

Aseveró que esta acción es reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, lo que hace improcedente la acción de autos al existir un procedimiento de cautela de derechos en actual tramitación conforme al artículo 155 del Código Tributario.

En cuanto al fondo indicó que el Servicio al dictar la Resolución Ex N°6020000527, que habría dejado sin efecto la Liquidación N° 562, se enmarcó en la legalidad vigente y carece de arbitrariedad, siendo la presentación de rectificatorias para los AT 2014 a 2016, perfectamente posible, pero el contribuyente no optó por dicho procedimiento, por propia decisión.

Adicionalmente, señaló que, las liquidaciones en materia de renta y giros a los cuales acceden dichas compensaciones, fueron establecidas dentro del marco legal y el contribuyente tuvo conocimiento e instancias para haber recurrido oportunamente contra ellos, tanto en sede administrativa como judicial, tal como el recurrente reconoce. Así las cosas, el contribuyente intenta cuestionar los efectos de la Liquidación N° 562 de 2015, el que fue revocado de oficio por la propia Administración, mediante la Resolución Ex. 6020000527, de 21 de julio de 2017.

Por otra parte las Liquidaciones que acceden efectivamente a los giros que han generado las compensaciones objeto del presente recurso, son de fecha 20 de diciembre de 2013, es decir las Liquidaciones N°418 a la N°441, respecto a los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado de los periodos septiembre de 2010 a abril de 2013 y del Impuesto a la Renta de los años tributarios 2011 al 2013, que fueron notificadas por cédula el 23 de diciembre de 2013, es decir casi 4 años antes que el recurso intentado en estos autos.

Explicó que no existe de parte de este organismo ningún acto que afecte, el derecho de propiedad, por cuanto las liquidaciones y giros a los cuales acceden dichas compensaciones fueron establecidos dentro del marco legal y el contribuyente tuvo conocimiento e instancias para haber recurrido oportunamente contra ellos, tanto en sede administrativa como judicial.

En efecto, no se entiende cómo es que la dictación de esta resolución referida afectaría los derechos de la recurrente, como la propiedad o la defensa, ya que las devoluciones solicitadas en las declaraciones de impuestos, están sujetas a la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y al cumplimiento del artículo 21 del Código Tributario.

Cabe considerar que las compensaciones a que se refiere el recurso acceden a giros y sus liquidaciones por diferencias en el Impuesto a la Renta, de los AT 2011 a 2013, que han sido objeto del procedimiento especial de reclamaciones del artículo 155 del Código Tributario en causa RIT VD-19-00017-2016, del Tribunal Tributario y Aduanero de este región, caso que se encuentra actualmente tramitando por vía de apelación con el Rol de Corte N° 910-2017, por lo que no existe ningún derecho indubitado para la reclamante, ni respecto a los resultados del juicio, ni a eventuales devoluciones de impuestos de año posteriores. En este sentido la deuda por los giros de los AT 2011 a 2013, por Impuesto a la Renta, era exigible, ya que, no se ha dispuesto por resolución judicial ejecutoriada su anulación, y tampoco existía orden de suspensión vigente del cobro a la fecha de la compensación y por tanto, ésta se encontraba plenamente vigente hasta antes de la Sentencia Definitiva.

Aseveró que el derecho de propiedad, producto de las actuaciones propias del Servicio de Impuestos Internos, no se ha vulnerado, a la luz de lo extensamente expuesto, especialmente teniendo en consideración que este Servicio ha actuado respetando plenamente las disposiciones que el legislador determinó sobre la materia de autos, existiendo, además, una causa pendiente en sede judicial por los giros de deudas de impuesto por los AT 2011 a 2013.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, en primer lugar, en cuanto a la extemporaneidad de la acción, atendido lo señalado por la recurrida Servicio de Impuestos Internos, esta corte comparte el hecho que no existe certeza real de los actos en que se funda la presente acción, los cuales dicen relación con hechos que se habrían originado con antelación a la compensación alegada como acto vulneratorio. Así, las liquidaciones reclamadas mediante la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) fueron notificadas con fecha 24 de febrero de 2016, mientras que el día 23 de mayo del presente año se dicta la resolución exenta N°40, que acogió en parte la Revisión, motivos por lo que esta corte estima que la parte tomó conocimiento de los actos que en el fondo fundan el presente recurso, a lo más, en 23 de mayo de 2017, esto es, el hecho de no haberse modificado las liquidaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos en relación con las declaraciones de renta, por lo que la acción debió ser incoada en una fecha no superior al 23 de junio del presente, por lo que la alegación de extemporaneidad planteada deberá ser acogida, como se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

3° Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, si bien la acción cautelar que da origen a esta causa considera como actuar arbitrario las compensaciones que se realizaron con fecha 24 de octubre de 2017, éstas se fundan en que se han incluido partidas de impuesto a la renta que se encontraban cuestionados en una Revisión de la Actuación Fiscalizadora, que actualmente se tramita en los autos 910-2017 de esta corte, encontrándose pendiente de resolución. En este sentido, en el fondo, las partidas cuestionadas se encuentran actualmente en discusión, toda vez que ni siquiera se ha dictado sentencia en esta instancia, no encontrándose afinada la resolución que acogió el reclamo por vulneración de derechos, por lo que se estima que respecto a la garantía constitucional invocada que habría sido afectada por la resolución, esto es el derecho de propiedad, al no encontrarse firme y ejecutoriada la sentencia que hace lugar a las pretensiones del recurrente, no existe un derecho indubitado que pueda ser cautelado por la acción de protección que establece la Constitución Política de la República, por lo que tampoco podría prosperar el presente arbitrio.

Y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA la acción cautelar intentada, sin costas.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 3460-2017-Protección.