PE Y GE S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

Rancagua, seis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, comparece JULIETA ALEJANDRA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, abogada, en representación de la empresa PE & GE SOCIEDAD ANÓNIMA, rol único tributario número 76.011.079-5, de giro de transporte de carga por carretera y otros, ambas domiciliadas en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS Rol Único tributario número 69.080.300-3, del giro de persona jurídica de derecho público, representada por don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en Plaza de Armas s/, comuna y ciudad de Graneros, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, por la dictación del decreto alcaldicio exento N° 372/2018, de 30 de mayo de 2018, acto arbitrario e ilegal que ha significado una perturbación o privación en el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política.

Funda su recurso en que la recurrida, el día 30 de mayo de 2018, mediante dicho decreto, efectuó una retención en el estado de pago correspondiente al mes de abril del mismo año, por el “servicios de recolección y transporte de residuos sólidos y barrido de calles en la comuna de Graneros”, la cual fue notificada a su parte con fecha 06 de junio del año en curso y cuyo fundamento radica en la existencia de una demanda laboral impetrada en contra de su representada, sin exhibir un decreto administrativo previo, que autorice y permita dicha circunstancia, alcanzando esta retención un monto de $4.500.000.

Señala que con esa misma fecha, la recurrida le informa verbalmente de la existencia de una demanda laboral instada en su contra, la que desconocía, en causa RIT O-271-2018, del Juzgado Laboral de Rancagua, la cual no se le había notificado toda vez que la demandante no habría entregado datos del representante legal de la empresa. En el contexto de esta demanda, que la recurrida, en su calidad de demandada subsidiaria, solicita como medida prejudicial precautoria, la retención de pago a su representada, a la cual el tribunal no da lugar con fecha 31 de mayo de 2018. Sin perjuicio de la negativa del tribunal, la recurrida dicta el decreto alcaldicio señalado, fundamentándolo en el inciso tercero del artículo 183 letra c) del Código del Trabajo, lo que vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, al actuar como comisión especial y privarle de su legítimo derecho a recibir y disponer del pago retribuido por los servicios prestados.

Respecto de la solicitud de retención efectuada ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua, señala que ella se efectuó el mismo día de la retención de los fondos mediante el decreto alcaldicio y antes de que ello fuera resuelto por el tribunal, argumentando que se habría eludido la notificación de la recurrida, cuestión que no es efectiva. Por otra parte, dichos fundamentos carecen de sustento, lo que queda en evidencia por el propio tribunal, al rechazar la petición. Por otra parte, la recurrida solicita esta retención judicial en calidad de demandado subsidiario, pero protegiendo los intereses del demandante, cuestión que no resulta procedente.

En cuanto a las vulneraciones legales existentes en la dictación del decreto exento N° 372/2018, sostiene que este acto administrativo vulnera distintas disposiciones de la ley 19.880 en relación a la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que la decisión adoptada por el recurrido, transmitida de manera verbal a su parte, transcurridos 7 días desde la dictación del acto administrativo, constituye un acto irregular, arbitrario e ilegal, que afecta además lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, señala que el mismo decreto alcaldicio expone que en la causa laboral que fundamenta su dictación “la Municipalidad podría ser condenada al pago de lo demandado por el ex trabajador”, por lo que no existe certeza jurídica de que las acciones que se impetraron en contra de su representada, sean reales y verídicas o solo constituyan meras expectativas del trabajador demandante, cuyo despido además le fue solicitado por la propia recurrida, ya que a la fecha de la presentación del recurso aun ni siquiera habían sido notificadas de dicha demanda laboral.

Indica además que el recurrido realiza una interpretación antojadiza del artículo 183 C del Código del Trabajo, puesto que el órgano publico bajo ningún punto de vista se encuentra facultado para retener del estado de pago respectivo, porque el artículo citado requiere que la empresa no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales o previsionales y la demanda del trabajador aludido es por despido indebido y no por cobro de prestaciones laborales o previsionales, lo que queda demostrado además con el hecho de que según el contrato con la recurrida, para proceder a los estados de pago debe acreditarse el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la empresa, y como se señala en el propio decreto recurrido “no se adeudan a la demandada principal suma alguna por concepto del contrato vigente entre ambas partes”, lo que implica que las obligaciones laborales y previsionales de la empresa se encuentran íntegramente satisfechas.

Finalmente, señala que el derecho de retención sólo podrá hacerse efectivo cuando el contratista o subcontratista no acredite, oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, señalándose además que solo se comprenderán las infracciones referidas a pago de remuneraciones y asignaciones en dinero, de las cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan, no pudiendo esta retención tener fundamento o título distinto al indicado, concluyendo así que no ha existido un hecho que genere la incertidumbre indubitada sobre la objetividad de incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, o comunicación expresa de la precedencia de alguna infracción laboral de parte de los servicios laborales, sea Dirección del Trabajo o Inspección del Trabajo, que permita la procedencia de este derecho de retención.

Solicita en definitiva, se deje sin efecto el decreto exento N° 372/2018, de fecha 30 de mayo de 2018 y notificado a su parte con fecha 06 de junio del mismo año, se ordene el reintegro inmediato de la suma retenida por la recurrida y se condene en costas al mismo.

Acompaña los documentos que rolan en autos.

Con fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, evacúa informe la recurrida en estos autos, quien solicita el rechazo del recurso intentado en su contra, con costas. Señala que su representada y la recurrente se encuentran vinculadas por un Contrato de Prestación de Servicios de Manejo Integral de Residuos Sólidos Domiciliados y Barrido de Calles para la Comuna de Graneros, suscrito con fecha 13 de Septiembre de 2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 64, de fecha 13 de Septiembre de 2013, el cual fue elaborado en virtud de un proceso de licitación pública.

Indica que el recurso de protección interpuesto es improcedente, toda vez que la recurrente presentó con fecha 11 de junio de 2018, ante esta I. Municipalidad de Graneros, un recurso administrativo de reposición, en virtud del cual se solicitó la restitución de los $4.500.000.- retenidos por Decreto Nº 372/2018, en virtud de los mismos argumentos señalados en el presente recurso de protección, el cual se encuentra pendiente, por lo que conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley 19.880, no podría haber interpuesto el presente recurso mientras no haya sido resuelta la vía administrativa. A mayor abundamiento, la Ley 18.695 establece un procedimiento especial para la impugnación de resoluciones administrativas, como lo es el reclamo de ilegalidad, por lo que la acción presentada no es la vía idónea.

En cuanto al fondo, señala que no es efectivo que la recurrente no haya tenido conocimiento del decreto en la fecha de su dictación, sino que solicitó copia de dicha resolución con una fecha posterior.

Indica que se procedió a la retención en atención a la demanda laboral en causa O-271-2018, del Juzgado del Trabajo de Rancagua, dirigida en contra de la empresa contratista y en contra del municipio, como demandado solidario a las prestaciones laborales reclamadas. En dicha causa, la empresa recurrente ha eludido las notificaciones, no asistiendo a las audiencias programadas en ella, por lo que esta parte ha debido actuar, no en protección de los derechos del demandante, como lo sostiene la recurrente, sino en protección de intereses propios, toda vez que de ser condenados solidariamente a responder a favor del trabajador, el perjuicio sería recibido directamente por el municipio.

Explica que la retención se realizó ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 183 C del Código del Trabajo, el que no corresponde a la medida precautoria a la que alude la recurrente, sino que de un hecho indubitado, expreso e innegable, que corresponde a la vinculación contractual entre las partes. Así, según lo establecido en el N°29.7 de las bases técnicas de la propuesta 4562-35-Lp13 en relación al punto 18 de las mismas, este municipio tiene la facultad de hacer las retenciones que estime convenientes para resguardar los intereses de la Ilustre Municipalidad de Graneros, pudiendo retener hasta el total del valor a pagar.

Señala además que fue con fecha 01 de junio de 2018, fue notificada por la Tesorería Provincial de Maipú de una deuda de la empresa recurrente por $24.461.862, lo que demuestra que ésta carece de la solvencia adecuada para responder de sus obligaciones laborales y tributarias, lo que aumenta el riesgo explicado anteriormente.

Finalmente indica que el hecho que no haya sido acogida la solicitud de retención por el Juzgado del Trabajo de Rancagua, no implica que el órgano administrativo no pueda impetrar el derecho que le asiste en virtud de las bases del contrato que lo vincula con la recurrente.

Acompaña documentos que constan en autos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

2°.- Que conforme a lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar referida la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a derecho-, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto; o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad en el actuar u omitir, circunstancias ambas que contraríen, en definitiva, una o más de las garantías protegidas.

3°.- Que abordando primeramente la solicitud de improcedencia del recurso de protección efectuada por la recurrida, cabe señalar que si bien el artículo 54 de la ley 19.880 en que funda su petición indica que “interpuesta una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”, la jurisprudencia se ha uniformado en relación a la constatación que tal normativa se contrapone a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que permite a cualquier persona deducir la acción de protección en los casos que la misma disposición indica, esto es, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que constituyan una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías que la misma disposición indica, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En base a lo anterior -y considerando el propio debate habido en la comisión correspondiente al momento de su instauración a nivel constitucional-, se indica que la mencionada acción no resulta ser condicional ni accesoria, siendo su objetivo la pronta protección del derecho amagado por un acto arbitrario o ilegal, y de allí que su propia normativa señala que ella lo es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Es así como se concluye que el recurso de protección, entonces, resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional o administrativa dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de tal acción suprema (Excma. Corte Suprema, Rol 1717 - 2006).

4°.- Que conforme a lo anterior, la solicitud de la recurrida en orden a declarar la improcedencia del recurso interpuesto, debe ser desestimado.

5°.- Que en cuanto al fondo, para decidir la materia puesta en conocimiento de esta Corte, corresponde tener presente la siguiente relación fáctica:

a) Que la Municipalidad de Graneros y la empresa PE & GE se encuentran vinculadas por un Contrato de Prestación de Servicios de Manejo Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios y Barrido de Calles para la Comuna de Graneros.

b) Que don nombre reservado, ex trabajador de la empresa PE & GE, dedujo demanda por despido indebido y cobro de diversas prestaciones e indemnizaciones en el Juzgado del Trabajo de esta ciudad en contra de la señalada empresa, y en contra de la I. Municipalidad de Graneros, en calidad de demandado solidario, originándose la causa rol O-271-2018.

c) Que la I. Municipalidad de Graneros fue notificada de la demanda con fecha 23 de abril del presente año.

d) Que la señalada causa se encuentra actualmente en tramitación, a la espera de la audiencia preparatoria, y gestionándose la debida notificación de la empresa principal demandada.

e) Que solicitada con fecha 30 de mayo de 2018 por parte de la municipalidad demandada la retención judicial, como medida cautelar, del estado de pago en actual tramitación a la empresa PE & GE, hasta por la suma de $ 4.500.000.-, suficiente para responder de las resultas de este juicio, el tribunal negó dicha petición, atendido el mérito y estado de la causa.

f) Que con la misma fecha anterior, la I. Municipalidad de Graneros emitió el decreto exento N° 372, por el que dispuso la retención a la empresa PE & GE de la suma de $4.500.000.-, “a fin de garantizar las resultas del juicio laboral por despido indebido, cobro de prestaciones indemnizaciones, Rit O-271-2018”, antes referida, medida que en los considerandos del decreto justifica en el artículo 183-C inciso 3° del Código del Trabajo.

6°.- Que en el referido contexto, puede centrarse la discusión, en lo esencial, en la determinación de la oportunidad en que la empresa principal puede ejercer el derecho de retención de los pagos a la empresa contratista que le reconoce el inciso 3° del artículo 183-C del Código del Trabajo, para lo cual, a su vez, resulta necesario hacer referencia primeramente al artículo 183-B, que establece las obligaciones que surgen del régimen de subcontratación.

Dispone esta norma que “La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral”.

Por su parte, el inciso 3° del artículo 183-C indica que en caso “que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo”

7°.- Que a partir de las normas referidas no existe cuestión respecto a la responsabilidad solidaria de la empresa principal y contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten esta última, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda pagar al término de la relación laboral.

No obstante, de un análisis racional de la misma normativa, también resulta lógico inferir que ello sólo habrá de tener lugar una vez que las señaladas indemnizaciones puedan estar precisamente determinadas, y no a priori, en mera precaución o prevención de una situación futura que puede o no acontecer, máxime si el propio tribunal laboral, pedida la retención desestimó dicha solicitud, justamente atendido el mérito y estado de la causa.

No de otra forma debe interpretarse el término “indemnizaciones legales que correspondan”, en referencia a aquellas que se encuentren pendientes al término de la relación laboral que utiliza el artículo 183-B, y el vocablo “el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo”, utilizado por el artículo 183-C en relación a la facultad de retención que tiene la empresa principal respecto del contratista por las obligaciones laborales y previsionales cuyo cumplimiento no haya acreditado debidamente.

En el presente caso, y ante la ausencia de una orden de retención ordenada judicialmente, será sólo la sentencia dictada en el procedimiento laboral instaurado la que determinará si la demandada principal es responsable o no de algún pago, y su monto, momento que quedará determinada entonces su obligación, como la facultad de retención de la demandada solidaria.

7°.- Que si bien es efectivo que la recurrida, en virtud del contrato con la empresa recurrente, tiene la facultad de efectuar las retenciones que estime convenientes para resguardar los intereses de la municipalidad demandada, su ejercicio no puede ser arbitrario y debe estar justificada y fundamentada en antecedentes serios y no en eventualidades, como en la especie.

8°.- Que así las cosas, al proceder la recurrida I. Municipalidad de Graneros a la retención de los pagos que correspondía recibir a la recurrente -en la forma y oportunidad en que lo hizo-, incurrió en un comportamiento ilegal, desde que no hay norma que la autorice para ello; y es también un actuar arbitrario, porque no hay ninguna razonabilidad en tal actuar, circunstancias ambas que autorizan la protección que por el presente arbitrio ha sido solicitada, pues dicho comportamiento priva al recurrente del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre el pago que tiene derecho a recibir en virtud de la ejecución de los trabajos que le fueron encomendados.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por la empresa PE & GE Sociedad Anónima en contra de la Ilustre Municipalidad de Graneros, debiendo en consecuencia esta última proceder de inmediato a la liberación de los fondos retenidos a la recurrente - ascendentes a la suma de $4.500.000-, y efectuar su debido reintegro a aquélla.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Jorge Fernández Stevenson.

Rol Nº 3439-2018. Protección.