nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA

Rancagua, treinta de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 29 de marzo de 2020 comparece Pablo Berwart Tudela, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua.

Basa su recurso en que es abogado representante de la Fundación Educacional Saint Paul, la cual fue citada, por correo electrónico, a comparendo de conciliación el 1 de abril del presente a las 11:00 horas, en virtud del reclamo laboral 601/2020/792. Señala que el 26 de marzo del 2020, una vez que la fundación le reenvió dicha citación, éste consultó a la recurrida si la audiencia se realizaría de igual forma en consideración a la pandemia y, de ser efectivo, solicitó le indicaran las medidas a tomar para resguardar la salud. Expresa que el 27 de marzo la recurrida le respondió, indicando que los comparendos se estaban tomando desde afuera de la inspección, por lo que las partes no ingresan a la oficina, sino que solo el conciliador recibe la documentación y la revisa.

Por lo anterior, es que denuncia que se vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 Nº 1 y 19 Nº 3, ambos de la Constitución Política de la República, pues, en el primer caso, los usuarios deben concurrir a los comparendos a entregar la documentación y esperar en la calle, a la intemperie, sin seguridad de que se respetará la distancia social por la aglomeración de personas citadas, poniendo en riesgo la vida, e integridad síquica y física. En segundo término, las acciones de la recurrida evitan una defensa jurídica, ya que eliminan la posibilidad de las partes de tener un acercamiento propiciado por un conciliador, conculcándose el derecho a un juicio racional y justo.

Solicita se ordene a los funcionarios conciliadores tomar efectivamente los comparendos a que citan, entrevistando a las partes en conflicto, tomando medidas de protección para la vida y salud de los usuarios o se ordene la suspensión de dicha audiencias, en tanto rija el Estado de Catástrofe Constitucional, reprogramándolas una vez que éste se alce.

Que, con fecha 23 de abril del 2020, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción. Primeramente, indica que es efectivo lo relativo a la citación a comparendo de la Fundación Educacional a la cual representa el recurrente, añadiendo que el 1 de abril del 2020 solo asistió a las oficinas del servicio la trabajadora reclamante, quien optó por dar por concluido el reclamo en instancia administrativa.

Respecto de las garantías constitucionales alegadas por el actor, indica que el recurso de protección se restringe al artículo 19 Nº3 inciso cuarto (sic) y no al inciso 2° invocado por el recurrente. En cuanto al derecho a la vida e integridad física y síquica, indica que es responsabilidad de los propios ciudadanos el mantener la distancia debida para evitar el contagia de Covid 19, sin perjuicio de ello, los funcionarios de la Inspección del Trabajo igualmente recalcan, a quienes están fuera de sus dependencias, las medidas sanitarias, por lo que han adoptado medidas destinadas para resguarda dicho derecho. Explica que permitir el ingreso de los usuarios a los espacios reducidos de la Inspección Provincial sería un acto irresponsable de no cuidar la vida y salud de las personas.

Añade que la decisión de no desarrollar audiencia de conciliación de modo presencial está instruida desde el nivel central sustentada en las facultades que la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo le concede en su artículo 5, letra d) y f), que autorizan al subdirector u otros funcionarios para dirigir, controlar y coordinar todas las actividades del servicio, pudiendo en el ejercicio de esa facultad dictar todas las resoluciones, circulares, ordenes de servicio e instrucciones que estime necesarias para su mejor administración. En atención a ello es que se dicta la Circular Nº22 del 19 de marzo del 2020, mediante la cual se regula el protocolo de atención en reclamo de conciliación bajo la modalidad remota, a partir del 23 de marzo del presente, en donde se indica que las audiencias no se desarrollaran en forma presencial pero el empleador deberá igualmente hacer llegar la documentación laboral requerida. En caso que el empleador concurra a la oficina, se recepcionará por los funcionarios. Luego, el conciliador debe enviar un acta de comparendo de conciliación a ambas partes, con una conclusión de lo revisado en los documentos allegados, a fin de que aquellas, en un plazo de 2 días hábiles otorguen una respuesta.

Finaliza señalando que el petitorio del recurrente puede generar un perjuicio mayor, ya sea por el aumento de contagio en las audiencias presenciales y porque el trabajador se vería impedido para accionar por la vía judicial, al exceder el plazo del artículo 168 del Código del Trabajo.

Se trajeron los autos en relación.

Con relacionado y considerando.

1°.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2º.- Que, el actuar impugnado consiste en que la recurrida decidió tomar los comparendos, sin recibir a los usuarios, los que, sin embargo, deben entregar la documentación al fiscalizador y esperar en la calle, a la intemperie, sin seguridad de que se respetará la distancia social por la aglomeración de personas citadas, poniendo en riesgo la vida, e integridad síquica y física. Pide que se ordene a los fiscalizadores tomar efectivamente los comparendos a que citan, entrevistando a las partes en conflicto o bien que se ordene la suspensión de dicha audiencias, en tanto rija el Estado de Catástrofe, reprogramándolas para una vez que éste se alce.

3º.- Que, la recurrida informó que el procedimiento adoptado para efectuar los comparendos de conciliación en el actual estado de emergencia sanitaria, fue definido por la Circular Nº22 de la Dirección del Trabajo de 19 de marzo del presente, aplicable a las denuncias o reclamos formulados a partir del día 23 de marzo, la que fue dictada en virtud de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo en su artículo 5°, letra d) y f), sosteniendo que el acto impugnado no es ilegal, pues se basa en las normas jurídicas citadas, ni tampoco es arbitrario, al poseer sustento fáctico en la declaración de pandemia y el Estado de Excepción Constitucional.

4º.- Que, de la revisión de la circular en comento, consta que el procedimiento adoptado es el siguiente: una vez que ingresa el reclamo, el cual se realizará bajo modalidad remota, remitiendo el mismo a una casilla de correo electrónico, éste es revisado por un funcionario conciliador, quien deberá ponerlo en conocimiento del reclamado, mediante vía electrónica o telefónica, dependiendo de los datos informados. Luego, el empleador debe remitir la documentación pertinente, mediante correo y así, el conciliador, con la revisión de los antecedentes, emita acta de comparendo de conciliación con una propuesta para las partes, quienes en un plazo de dos días deberán responder.

5º.- Que, en la especie, consta que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se recibió con fecha 2 de marzo de este año, fijándose comparendo para el uno de abril de 2020, a las 10.00 horas, reclamo que se notificó al empleador recurrente con fecha 25 de marzo por correo electrónico, respondiendo la recurrida, ante la consulta del abogado Sr. nombre reservado, que el comparendo se realizaría “desde afuera de la inspección, las partes no ingresan a la oficina, el conciliador recibe la documentación y la revisa, por lo cual las medidas de seguridad que debe tomar son las mismas que recomienda la autoridad sanitaria”.

El día uno de abril de 2020 sólo compareció a la Inspección del Trabajo la trabajadora reclamante, quien optó por dar por terminado el reclamo en la sede administrativa y proseguir la vía judicial.

6°.- Que, conforme a lo anterior, queda en evidencia que en el presente caso la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, no dio cumplimiento al procedimiento contenido en la Circular 22 de la Dirección del Trabajo, por cuanto en el correo que le envío a la empleadora el 25 de marzo, no le requirió documentación ni le indicó el nombre del conciliador, a lo que se suma que en la respuesta de fecha 27 de marzo, se le señaló al abogado de la empleadora que el comparendo se tomaría desde afuera de la inspección, es decir, exigiendo que las partes concurrieran presencialmente a dejar la documentación para entregarla al conciliador, las que, sin embargo, no ingresarían a la oficina, proceder que no es el indicado en la letra e) del acápite “revisión del caso” de la referida circular, en el que claramente no se exige la concurrencia a las oficinas de la Inspección, sino el envío de la documentación mediante correo electrónico, la revisión de los mismos por el conciliador en ausencia de las partes y el envío de una propuesta por el conciliador también por correo electrónico, todo lo cual no fue cumplido en el presente caso.

7° Que, sin perjuicio de lo anterior, no obstante que se constató que la recurrida incumplió su propia normativa y que con ello impidió de que las partes tuvieran una posibilidad real de llegar a una conciliación en dicha etapa administrativa, el presente recurso de protección no puede prosperar por falta de oportunidad, por cuanto consta que la trabajadora reclamante concurrió personalmente a la Inspección del Trabajo al comparendo de fecha uno de abril de 2020, ocasión en la que ante la falta de comparecencia de la reclamada, solicitó cerrar la etapa administrativa y continuar en el tribunal. De este modo, dado que la continuación del reclamo administrativo depende efectivamente de la voluntad de la trabajadora y habiendo ésta decidido poner término al mismo, esta Corte no puede adoptar ninguna medida cautelar tendiente a mantener vigente la fase administrativa, siendo éste el único motivo que justifica el rechazo de la presente acción constitucional, lógicamente sin costas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Berwart Tudela, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 3432-2020 Protección.