nombre reservado con BANCO ESTADO DE CHILE Y OTROS

Rancagua, trece de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 21 de abril de 2022 nombre reservado, chileno, pensionado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción de protección en contra de Banco Estado de Chile, representada legalmente por nombre reservado, o por quien ocupe el cargo de Presidente o lo subrogue, con domicilio en domicilio reservado y en contra de 4 Life Seguros de Vida Limitada S.A, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber realizado actuaciones arbitrarias e ilegales, consistente en el rechazo de la cobertura de un seguro de invalidez permanente de 2/3, que produjeron la vulneración de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República en los artículos 19 N°1, N°2 y el N°24. Señala que con fecha 21 de marzo de 2022, se le notifica por vía correo electrónico el rechazo de la cobertura por medio de la Respuesta Carta Impugnación Siniestro N. DV-00129-S0899 y no resultaría procedente que el asunto sea decidido en un juicio de lato conocimiento o bien que sea desestimado por no haberse agotado las instancias administrativas, teniendo presente que existiendo una vulneración de derechos constitucionales deben restablecerse prontamente, ya que por cierto, reiteradamente la Comisión Para el Mercado Financiero se inhibe de pronunciarse en casos como el sublite por exceder de sus competencias.

Indica que entre el Banco del Estado de Chile y el recurrente, durante el año 2014, con ocasión de un crédito hipotecario, se celebró un contrato de seguro de desgravamen con adicional de invalidez total y permanente de dos tercios. Luego, la entidad crediticia, formuló denuncia ante 4Life Seguros de Vida S.A., con fecha 19 de Enero de 2022, solicitando a la Compañía Aseguradora la activación del Seguro de Desgravamen, con adicional de invalidez total y permanente 2/3, por el asegurado, como consecuencia de una Neurosarcoidosis, terapia esteroidal e inmunosupresora permanente, a partir del 7 de julio de 2021. Posteriormente con fecha 18 de diciembre de 2021, cuando adquiere la calidad de ejecutoriado el Dictamen N°007.5429/2021 de la Comisión Médica de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins de la Superintendencia de Pensiones, se acuerda que el actor presenta una invalidez definitiva total con ocasión de un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 86%.

Hace presente que, con fecha 31 de mayo de 2017, se declaró a través del Dictamen N°0007.2198 de 2017 que el cuadro de epilepsia sólo fue motivo para una invalidez parcial que bajo ningún supuesto configuraba el siniestro o contingencia asegurada. Agrega que en el acta de la sesión N°190 de fecha de 17 de noviembre de 2021, del caso N°404062, el Dr. nombre reservado concluye que el recurrente, presenta los siguientes impedimentos: neurosarcoidosis, configurado, de clase V, de rango alto, con un porcentaje de 80%, terapia esteroidal e inmunosupresora permanente, configurado, con un porcentaje de un 10% y a su vez se deja constancia que el recurrente presentaba al 2021 una licencia médica de una data de 2 años por presentar neurosarcoidosis y tumor hipofisiario. Esto con ocasión que durante el año 2019 se sometió a una serie de nuevos estudios neurológicos, siendo diagnosticado finalmente de neurosarcoidosis, y en definitiva, señala que todos los impedimentos son consecuencia de la neurosarcoidosis. Añade que en el año 2008 fue hospitalizado en el hospital clínico de la Universidad de Chile por cuadro de epilepsia secundaria a múltiples lesiones cerebrales multifocales, lo que fue tratado empíricamente por no contar con diagnóstico concluyente, sin contar con un diagnóstico de neurosarcoidosis.

Advierte que en el Informe de evaluación por interconsultor especialista, de neurología, de la Superintendencia de Pensiones, del 5 de noviembre de 2021, se señala que el cuadro de epilepsia secundaria que conllevó la hospitalización en el año 2008 del recurrente, en ese entonces no se encontró causa y se manejó de forma empírica y considera dicho informe que en el año 2019 se realizó una Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro que mostró múltiples lesiones cerebrales de aspecto inflamatorio granulomatoso activo, una de ellas en la región hipofisiaria, por lo que se hospitalizó en el Hospital Regional de Rancagua, se realizó biopsia de lesión temporal derecha, que mostro inflamación inespecífica. Se realizó estudio etiológico sistémico extenso, el cual resultó negativo, se descartó causa infecciosa y requirió tratamiento endocrinológico por hiperprolactinemia severa e hipotiroidismo.

Señala que dada la complejidad y la falta de diagnóstico e identificación de la causa, se solicitó evaluación a equipo de neuro inmunología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes concluyeron considerando el tiempo de evolución, la parálisis facial antigua del año 2005, la respuesta favorable inicial a los corticoides, la presencia de lesiones de las partes intermedias de la hipófisis y la imagenología de las lesiones el cuadro correspondía a Neurosarcoidosis. La situación descrita consta en la ficha clínica del recurrente, en donde recién el 29 de septiembre de 2020 (página 9 informe), en la respectiva consulta, según consta en la anamnesis, se comunica por su médico tratante la conclusión de que padece neurosarcoidosis, cambiando el diagnostico principal de epilepsia a sarcoidosis.

Luego, el 26 de febrero de 2021 la profesional nombre reservado, refiere epilepsia secundaria a sarcoidosis (p. 18 informe 4); la misma referencia hace la profesional nombre reservado, de encronología adultos, con fecha 11 de mayo de 2021 (p. 23 informe 4) y el 11 de junio de 2021 la profesional nombre reservado, de endocrinología adultos, refiere en la hipótesis principal N°1 Neurosarcoidosis y que, con motivo de dicha enfermedad, se presenta: a) Epilepsia focal de difícil manejo, b) Compromiso hipofisiario.

Recuerda que el año 2020, se ratificó el derecho de invalidez definitiva parcial, sin tener presente el diagnóstico de la neurosarcoidosis, en dicha ocasión tampoco resultaba procedente de buscar la cobertura de los beneficios por no cumplirse la contingencia contratada de desgravamen o invalidez permanente y que, se ordena efectuar una Resonancia Magnética de Cerebro con fecha 25 de noviembre de 2019, por don nombre reservado, Médico Radiólogo, con distinto diagnóstico y resultado que la del 19 de febrero de 2020.

Alega que por ello, no se trata de una invalidez previa, por lo tanto, es jurídicamente improcedente que la recurrida asimile la invalidez transitoria a la definitiva, y por cierto es una conclusión arbitraria carente de cualquier razonabilidad, como tampoco corresponde concluir que los impedimentos son asimilables en circunstancias que son patologías distintas; lo que motivó la invalidez de 2/3 fue una enfermedad recientemente diagnosticada, sin tener conocimiento de ella el asegurado como para declarar dicha enfermedad. Hace presente que la neurosarcoidosis, es una complicación de la sarcoidosis, en la cual se presenta inflamación en el cerebro, la médula espinal y otras zonas del sistema nervioso, y como su denominación médica lo señala proviene de la sarcoidosis, la que ha sido definida por la propia literatura médica como una enfermedad sistémica de etiología desconocida en la que se han implicado agentes infecciosos, polvos inorgánicos o sustancias orgánicas, caracterizada por la presencia de una inflamación granulomatosa no necrotizante. A su vez, señalan que es un enigma envuelto en un misterio, en consideración que no solo se desconoce la etiología, sino que algunos la consideran de causa desconocida.

Indica que infundadamente, con fecha 2 de marzo de 2022, el informe de liquidación que se impugna concluye no dar lugar a la procedencia de la cobertura indemnizatoria a que se obligó la parte aseguradora en el respectivo contrato, sin embargo, dicho informe presentaba graves inconsistencias e inobservó manifiestamente las obligaciones legales y los propios términos del contrato. Añade que con fecha 12 de marzo de 2022, interpuso la respectiva impugnación del informe de liquidación N°284482, del Siniestro N°DV-00129-S0899 de conformidad a lo regulado en el artículo 26 del Decreto 1055 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros y Procedimientos de Liquidación de Siniestros, haciendo presente las diversas inconsistencias presentadas por el referido informe, con el objeto de que la entidad liquidadora reconsiderara su decisión, enmendando la resolución conforme a derecho y, en definitiva, otorgara cobertura al siniestro verificado por resultar fáctica y jurídicamente procedente, de acuerdo con los términos en que fue celebrado el propio contrato de seguro. Pero, con fecha 18 de marzo de 2022, dicha entidad rechazó la impugnación planteada, sin evaluar siquiera los argumentos desarrollados, limitándose a señalar que el siniestro reclamado no reconoce amparo en la póliza contratada, por tratarse, supuestamente, de un caso de preexistencia.

Pide tener presente que el artículo 28 del Decreto 1055 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros y Procedimientos de Liquidación de Siniestros, consagra los contenidos mínimos que debe tener el informe de liquidación y, si bien el evacuado en estos autos contiene veintidós páginas, sólo dos de ellas contienen los motivos aparentes y equívocos para la decisión de no dar cobertura, siendo poco claro e impreciso, ya que, en cuanto al primer elemento reseñado de la justificación, afirma equivocadamente que la patología desencadenante de la incapacidad es la epilepsia y parálisis fácil, sin individualizar específicamente el antecedente médico y profesional que concluye aquello, ni muchos menos justifica de manera alguna bajo de qué manera la epilepsia y parálisis fácil ha incidido de la incapacidad del asegurado, solo se remite afirmar aquello sin tener sustento médico ni muchos menos jurídico. Asimismo, lo señalado, permite dejar en evidencia la falta de precisión del informe de liquidación, en el cual, al determinar causas de incapacidad enuncia a la “neurogranulomatosis” enfermedad que no consta en los antecedentes médicos y que, desde luego, es distinta a la “neurosarcoidosis”. Por otro lado, no es preciso, ni cierto, así como tampoco efectivo, que la epilepsia y la parálisis fácil sean los impedimentos declarados por la comisión médica en el respectivo dictamen de invalidez, toda vez que los impedimentos concluyentes tenidos en consideración son la neurosarcoidosis y una terapia esteroidal e inmunosupresora permanente. Tampoco es preciso que el asegurado al año de contratación del seguro, esto es, el año 2014, se encontraba diagnosticado y conocía que padecía de neurosarcoidosis, cuestión que aconteció cinco años después de la contratación, durante el año 2019. Asimismo, es impreciso señalar que la epilepsia fue diagnosticada con anterioridad al año 2014 o al momento de la celebración del contrato, lo cual queda en evidencia en el informe de evaluación por el interconsultor especialista de la Superintendencia de Pensiones, que forma parte de los antecedentes que se acompañaron al presente ente, en él se establece en sus páginas dos y seis, que en el año 2008 se Hospitalizó al asegurado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile por epilepsia secundaria y en esa oportunidad no se encontró causa y se manejó en forma empírica durante varios años, cuyo tratamiento consiste en que se suministra sin disponer de información completa y/o definitiva, a través de un análisis de probabilidad.

Alega que, al constituir un principio general de la contratación, la buena fe resulta exigible para ambos contratantes, estableciéndose parámetros o estándares de comportamiento que deben ser observados por los distintos involucrados en el vínculo obligacional, siendo un estándar de conducta que se exige durante todo el iter contractual y, si bien debe concurrir durante ejecución del contrato, también debe respetarse de forma irrestricta durante las tratativas preliminares, en la propia celebración de la convención e incluso en la interpretación del contrato. Cita el artículo 591 del Código de Comercio, que es claro al indicar “Sólo podrán considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor.” Además de ello, no se encuentra clínicamente probado (tampoco por la recurrida), que las nuevas patologías guarden relación alguna, con la patología preexistente, argumento con el cual la aseguradora, ha pretendido justificar y fundamentar su decisión, al señalar que las nuevas patologías derivan de una preexistencia, por lo demás lo que recién se le diagnosticó fue neurosarcoidosis, viviendo largos años sin un diagnóstico del motivo de sus aflicciones médica, asociando los médicos a enfermedades comunes que no correspondían ser.

Añade que no debe perderse de vista que, a diferencia de la generalidad de las convenciones, en el contrato de seguro la compañía debe dar cobertura a un riesgo que, de verificarse, causa consecuencias perjudiciales para el asegurado, cuestión que, en la especie, se traduce en la declaración de invalidez definitiva total del afectado, con ocasión de una patología de extraña ocurrencia y difícil diagnóstico, que causa graves implicancias para la salud. En este contexto, la buena fe supone, según se ha dicho, considerar no sólo aquellas cláusulas expresamente establecidas en el contrato, sino también todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, como es, precisamente, la circunstancia de ocurrir un evento perjudicial para una de las partes. Adicionalmente, se ha sostenido que, respecto del contenido mismo de lo que el proveedor debe dar o prestar, su determinación no es realizada exclusivamente por el contrato -esto es, lo estrictamente convenido-, dado que el art. 20 de la Ley N°19.496 permite afirmar que existe un ámbito de protección del consumidor con carácter amplio y objetivo, en el sentido que debe darse o prestarse la cosa o servicio ofrecido, más allá de los términos que pudieran haberse pactado.

Refiere que el artículo 3 letra c) de la Ley N°19.496, resulta plenamente aplicable en la especie, al establecer que son derechos básicos del consumidor: “El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios” y la doctrina ha señalado que este derecho se inscribe en una esfera que va más allá de lo meramente patrimonial o económico, dado que, en rigor, el valor que se tutela es la igualdad de las personas ante la ley y la dignidad esencial del ser humano. En este contexto, aquellos actos realizados por el proveedor que impliquen efectuar una distinción de manera infundada, esto es, arbitrariamente, como ocurre en la especie, supone una conculcación del derecho a no discriminación, luego, indica que a lo anterior debe sumarse la seguridad en el consumo a que se refiere la letra d) del artículo antes citado y la infracción que establece el artículo 23 de dicha ley, por los menoscabos debido a las deficiencias del servicio y, adicionalmente, el citado artículo 3 en su letra e) consagra en favor del consumidor el derecho a ser reparado e indemnizado adecuada y oportunamente respecto de todos los daños materiales y morales, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor. Por su parte el artículo 12 de la Ley N°19.496 establece: “Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio”. En efecto, esta obligación se traduce en que, en especial, el proveedor se encuentra en el imperativo de observar estrictamente los términos señalados en el contrato, atendido, precisamente, que éste ha sido quien ha dispuesto sus cláusulas de forma unilateral, limitándose el consumidor a aceptarlas en bloque.

Señala que la declaración de una supuesta preexistencia no puede tener lugar si no existe un diagnóstico médico fidedigno que determine con certeza la concurrencia de la enfermedad y que se encuentre en conocimiento del asegurado de forma previa a la celebración del contrato, pues, si la circunstancia que configura la invalidez es posterior a dicha suscripción, resulta evidente que ésta no se encuentra en el contenido existente al momento de vincularse las partes recíprocamente y no forma parte del aludido efecto obligatorio del contrato.

Concluye que el actuar de la recurrida no sólo es ilegal, sino también arbitrario, toda vez que su determinación carece de una fundamentación adecuada que tienda a explicitar los motivos que llevan a adoptar dicha decisión, esto es, en términos tales de conocer el íntegro razonamiento por parte de la recurrida y en el caso de autos, la recurrida ha efectuado una calificación arbitraria, manifiestamente imprecisa y carente de efectividad y de antecedentes suficientes.

Y, añade que, todo lo anterior vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente al verse privado de la cobertura de un siniestro que le ha impedido desarrollar una vida digna, atendidas las diversas imposibilidades aparejadas con ocasión de la declaración de invalidez. Igualmente atenta contra la igualdad ante la ley, ya que las diversas alegaciones efectuadas por su parte se encuentran entrelazadas en términos tales que una errónea resolución, en términos de negar la cobertura del contrato de seguro no sólo constituye un acto arbitrario e ilegal -al contravenir las diversas normas estudiadas oportunamente-, sino que, además, importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las personas, además, en este contexto, el procedimiento descrito se encuentra amparado por un justo y racional procedimiento, derecho fundamental asegurado en el art. 19 N°3 de la Constitución Política de la República, el cual trae aparejado el derecho a una decisión fundada, en términos tales que el órgano llamado a decidir desarrolle adecuadamente los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su pronunciamiento, lo que no ocurre en la especie, vulnerándose flagrantemente el derecho de igualdad ante la ley. Y, finalmente, lesiona el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pues el actuar arbitrario de la entidad liquidadora, ha privado al actor del derecho que le asiste en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado.

Pide se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, ordenando a la recurrida dejar sin efecto las cartas de respuesta dictadas por la liquidadora, además, hacer efectivo el pago del seguro contratado, se proceda a pagar el saldo insoluto del crédito hipotecario por la invalidez total permanente 2/3 del asegurado y recurrente, conforme lo regulado en las pólizas y el contrato de seguro, con expresa condenación en costas.

Con fecha 26 de abril de 2022 se declara admisible el recurso y se pide informe al recurrido.

Con fecha 1 de junio de 2022 Felipe Ignacio Vercellino Jelvez, abogado, por el Banco del Estado de Chile, solicita el rechazo del recurso con costas, pues no aparece una clara y precisa imputación sobre cuál sería el o los actos u omisiones que representarían un actuar arbitrario e ilegal de su parte. En efecto, del propio relato del recurrente, aparece de manifiesto que el Banco del Estado de Chile, sólo tiene calidad de corredor de seguros y mandatario del recurrente para contratar un seguro de desgravamen con adicional de invalidez total y permanente de dos tercios, que exigía la contratación del mutuo hipotecario para adquirir una vivienda. Consta además, que el seguro efectivamente fue contratado y, de igual forma, el recurrente reconoce que a petición de su parte, el Banco recurrido realizó la solicitud de activación del seguro por el siniestro denunciado por el cliente.

Indica que de la exposición del recurrente el supuesto acto ilegal y arbitrario que sirve de fundamento para incoar la presente acción constitucional radica en el informe evacuado por la aseguradora negando dar cobertura a la invalidez que le fuera diagnosticada, por lo que no se puede atribuir responsabilidad a su representada en tales respuestas ni en la negativa que de la liquidadora, que la recurrente solicita dejar sin efecto como medida a adoptar a partir de este recurso de protección.

Señala que la presente acción no es el medio idóneo para resolver este asunto, pues los hechos descritos por el recurrente, y en particular sus peticiones, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y se reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que en definitiva debe ser rechazado. No existe ninguna certeza sobre si ha existido o no una vulneración de los derechos protegidos por medios de esta acción constitucional, por lo cual proceder a acogerlo, solo llevaría al escenario de restablecer un derecho que nunca ha existido en la especie.

En subsidio de lo anterior, expresa de manera categórica que no ha existido ni existe actuación arbitraria o ilegal por parte del Banco del Estado de Chile, la conclusión anterior fluye, por un lado, de los mismos argumentos esgrimidos por el recurrente en esta acción de protección y, por otro, del cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones contraídas por el banco en el contrato de mutuo hipotecario y en el seguro de desgravamen con adicional de invalidez total y permanente de dos tercios, este último contrato en calidad de mandatario del recurrente. indica que ninguna de las acciones en que se funda el recurso son atribuibles al Banco del Estado de Chile, todas ellas acaecieron con posterioridad a la denuncia del siniestro que su representado materializó ante la compañía aseguradora 4Life Seguros de Vida Limitada S.A. y no tienen como origen decisiones, acciones u omisiones imputables al banco. Lo propio ocurre con las supuestas vulneraciones de derechos, todas éstas parten de diversos supuestos en los cuales su parte no tiene participación alguna.

No obstante lo alegado, hace presente la conclusión arribada por la Liquidadora Oficial de Seguros Charles Taylor S.A., en su Informe de Liquidación Nº284482, de fecha 02 de marzo de 2022, Siniestro NºDV-00129-S0899, que realiza un análisis de la cobertura del seguro según los términos indicados en la póliza DV-00129 , que no reconoce amparo en la póliza contratada, ya que, de acuerdo a la evaluación médica efectuada con los antecedentes aportados, la patología desencadenante de la incapacidad fue diagnosticada y era conocida por el asegurado de forma anterior a la contratación del crédito hipotecario, previa al año 2014, por lo que era una enfermedad preexistente y, en consideración a lo señalado precedentemente, recomienda a los aseguradores, rechazar el pago de la indemnización que les fuera reclamada, por configurarse plenamente en los hechos la exclusión de enfermedades preexistentes.

Con fecha 20 de junio de 2022 nombre reservado, mandatario judicial de la sociedad 4 Life Seguros de Vida S.A., alega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia pretendida por el recurrente, más aún cuando fundamenta el supuesto actuar arbitrario de su representada en distintas normas del Código Civil, y de la Ley de protección del consumidor, circunstancia que refleja a las claras, que se trata de una disputa relativa a una discusión contractual, sobre el punto, la jurisprudencia ha sido unánime, especialmente cuando el recurso de protección tiene un fin netamente patrimonial como es el del caso de autos.

Indica que el caso de autos versa sobre la discrepancia entre los beneficiarios y su compañía de seguros, respecto del contrato de seguros celebrado y su aplicación. Es decir el asunto objeto de la litis se encuentra expresamente regulada por leyes especiales, como son los artículos 512 y siguientes del Código de Comercio, modificados por la Ley 20.667, D.F.L. N° 251 de 1931, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, Ley N°21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero, y aquellas aplicables del Código Civil, y otras de rango reglamentario, como son los artículos 25 del D.S. de Hacienda 1055 del año 2012, y numerosas circulares emanadas de la Comisión para el Mercado Financiero. La lectura y análisis de toda esta profusa legislación lleva a la lógica conclusión que, la actuación de las Compañías de Seguros está ampliamente regulada por leyes especiales que entregan competencia para conocer de las disputas generados entre ellas y sus asegurados a la Comisión para el Mercado Financiero, o bien, a jueces árbitros arbitradores o la Justicia Ordinaria según la cuantía de la disputa, frente a los cuales se interpone toda acción destinada a dirimir sobre la aplicación o interpretación de una póliza de seguros, de sus condiciones generales o particulares, sobre cualquier indemnización u obligación que soliciten las partes; hace especial mención a la Ley 20.667 ya que estableció en su artículo 543 el arbitraje para la resolución de este tipo de conflictos.

Agrega que el recurrente contrató la póliza colectiva de desgravamen asociada a créditos hipotecarios inscrita en el registro policial a Superintendencia de valores y seguros bajo los códigos Pol 220130678 y CAD 22031429, las cuales se encuentran debidamente registradas ante la Comisión para el Mercado Financiero y su representada ha cumplido íntegramente con sus obligaciones. En efecto, apenas, se recibió el denuncio del siniestro, de inmediato se le asignó un número de siniestro, se asignó un liquidador oficial de seguros, el liquidador nombre reservado, iniciándose un procedimiento de liquidación, que concluyó con el rechazo del siniestro atendido, que al momento de la contratación del seguro de gravamen con adicional de invalidez totalmente 2/3 el asegurado no declaró condiciones preexistentes de salud, además, rechazado el siniestro, el asegurado ejerció el derecho a impugnar manteniendo el ajustador oficial su respuesta de rechazo del siniestro, por lo que el recurso debe ser rechazado ya que no existen acciones u omisiones arbitrarias de parte de su representada.

Advierte que el recurso se limita a señalar en su petitorio que existió un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el número 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, sin siquiera explicar cómo se vulneran las mismas. En consecuencia, los hechos que indica la recurrente no señalan cómo, ni cuándo, ni de qué manera se producen las vulneraciones, ni bajo qué circunstancias, requisitos indispensables para determinar si la acción u omisión denunciada, es arbitraria o ilegal, motivo que por sí solo, debe llevar al rechazo del recurso. Además, el recurrente no tiene ningún derecho de propiedad, en el mejor de los casos tiene una mera expectativa, esto es particularmente claro ya que el recurso no explicita cual sería el derecho de propiedad conculcado.

En subsidio, indica que el recurso debe ser rechazado por no existir un derecho indubitado, atendido a que en esta sede no puede discutirse la existencia o inexistencia de la indemnización que alega la recurrente. pretensión que por su naturaleza y finalidad debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento.

Con fecha 26 de agosto de nombre reservado, en representación de Charles Taylor Chile S.A., señala que en razón de la asignación de un siniestro por la Compañía de Seguros, el respectivo liquidador comienza con la investigación del siniestro, recolectando los antecedentes necesarios para determinar el riesgo y analizar la cobertura aplicable, todo esto en razón de la póliza siniestrada y una vez obtenidos los antecedentes es posible completar el análisis de cobertura y determinar el valor a indemnizar. Así, al emitir el Informe de Liquidación se recomienda a la Compañía de Seguros el pago del mismo o que se proceda, en caso contrario, al archivo de los antecedentes, en consecuencia, el Informe Liquidación no es vinculante ni para la Compañía de Seguros ni para el asegurado. Además, de acuerdo con el artículo 543 de Código de Comercio, las controversias que se susciten deben ser dirimidas por un árbitro arbitrador y si las disputas entre el asegurado y el asegurador que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 unidades de fomento, el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria.

Indica que los hechos materia del presente recurso fueron conocidos por su empresa de liquidación con fecha 19 de enero de 2022, luego del denuncio realizado por el contratante Banco del Estado de Chile, del siniestro que afectó a don nombre reservado, cédula de identidad N°: RUT reservado, quien es asegurado de la Póliza Colectiva de Desgravamen + Invalidez Total y Permanente 2/3 asociada a Créditos Hipotecarios, contratada con la empresa 4Life Seguros de Vida S.A (Ex Rigel Seguros de Vida S.A), identificado bajo la Póliza N° DV-00129, con vigencia desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2022, asociada a la operación crediticia N° 197114650, la que deviene del otorgamiento de un crédito hipotecario al Asegurado, el que se verificó el día 29/08/2014.

Refiere que se solicitó a la compañía de Seguros4 Life Seguros de Vida S.A. (antes Rigel Seguros de Vida S.A.) la activación del seguro de desgravamen con adicional de invalidez total y permanente 2/3, de acuerdo al Dictamen de Reevaluación N°007.5429/2021, correspondiente la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica de la Región Rancagua, mediante el cual se definió un menoscabo de un 86% de la capacidad de trabajo del Asegurado, Sr. nombre reservado, rut: RUT reservado, como consecuencia de una Neurosarcoidosis, terapia esteroidal e inmunosupresora permanente, a partir del 07/07/2021.

Agrega que entre la información contenida para la evaluación del presente siniestro, se tuvo a la vista copia del Acta de la sesión N°190, en la cual se describe que el asegurado se encuentra con licencia hace dos años (desde el año 2019), por el diagnóstico de neurosarcoidosis y tumor hipofisiario. Detalla además que fue hospitalizado en el Hospital Clínico de la U. de Chile en el año 2008 por cuadro de epilepsia secundaria a múltiples lesiones cerebrales multifocales de aspecto granulomatoso, siendo tratado con corticoides.

Informa que, adicionalmente contó con el Informe de evaluación por interconsultor especialista de la Superintendencia de Pensiones, documento que consigna en la cronología de la evolución, que el asegurado posee antecedentes de parálisis facial izquierda severa desde el año 2005; fue hospitalizado en el año 2008 por cuadro de epilepsia secundaria a múltiples lesiones cerebrales multifocales de aspecto granulomatoso, siendo manejado de manera ambulatoria, con crisis epilépticas aisladas; en el año 2019, comienza con crisis frecuentes de tipo parcial complejo simple, por lo que se estudia, evidenciándose lesiones cerebrales de aspecto inflamatorio granulomatoso activo, una de ellas en hipófisis, y se llegó a la conclusión que se trataba de una neurosarcoidosis. Luego, a fin de realizar el análisis de procedencia de la cobertura solicitada, se revisó la “Propuesta de Seguros desgravamen con adicional de invalidez total y permanente dos tercios e incendio con sismo y adicionales al edificio “Créditos hipotecarios”, debidamente firmada por el asegurado con fecha 25/06/2014 y en la cual se pudo constatar que el asegurado no declaró padecer o haber padecido alguna enfermedad.

Añade que de acuerdo a la evaluación médica efectuada con los antecedentes aportados, la patología desencadenante de la incapacidad (neurogranulomatosis, epilepsia y parálisis facial) fue diagnosticada y era conocida por el asegurado de forma anterior a la contratación del crédito hipotecario (previa al año 2014), por lo que era una enfermedad preexistente. En vista de lo anteriormente indicado, con fecha 02 de marzo de 2022 emitió el Informe de Liquidación N° 284482, mediante el cual se recomendó a los aseguradores, rechazar el pago de la indemnización que les fuera reclamada, por configurarse plenamente en los hechos, la exclusión de enfermedades preexistentes, conforma al artículo 4 letra c) .de la cláusula adicional de pago anticipado del capital asegurado en caso de invalidez total y permanente dos tercios, incorporada al depósito de pólizas bajo el código CAD220131429 Finalmente, indica, con fecha 16 de marzo de 2022 se recibió impugnación al Informe de Liquidación, presentada por el abogado Eduardo Jesús Acuña González, en representación del asegurado y con fecha 21 de marzo de 2022 se dio respuesta a la impugnación manteniendo el rechazo del siniestro, toda vez que el asegurado padecía patologías diagnosticadas en forma previa a la contratación del crédito hipotecario y el seguro asociado, las que no fueron declaradas al momento de la suscripción, pese a que se le consultó expresamente por ellas en la declaración de asegurado (DA), contentiva en la “Propuesta de Seguros desgravamen con adicional de invalidez total y permanente dos tercios e incendio con sismo y adicionales al edificio “Créditos hipotecarios”, debidamente firmada por el asegurado con fecha 25/06/2014.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el actor funda su acción en el rechazo de la cobertura de un seguro de invalidez permanente de 2/3, lo que atenta contra los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 1, N° 2 y el N° 24.

Que el Banco recurrido indicó haber cumplido a cabalidad su rol de corredor de dicho seguro, sin que exista acción u omisión arbitraria de su parte que atente contra tales derechos.

Por su parte la aseguradora sostuvo que, al momento de la contratación del seguro de desgravamen, con adicional de invalidez total y permanente, al recurrente se le consultó sobre las situaciones y enfermedades preexistentes que pudiera padecer, declarando únicamente epilepsia, en circunstancias que la patología en que se funda el rechazo habría sido diagnosticada y era conocida por el actor en forma previa a la contratación del crédito hipotecario, razón por la que, a su juicio, se trata de una enfermedad preexistente.

TERCERO: Que, en consecuencia, la discusión de autos radica en el cumplimiento o incumplimiento del contrato de seguro que unía al actor con la aseguradora, en relación con la presunta enfermedad preexistente no declarada por parte del asegurado, que ha sido la que ha sustentado la negativa de la recurrida para realizar el pago de la indemnización que el seguro de desgravamen conlleva. Por su parte, se aprecia que la empresa de seguros recurrida, para adoptar tal decisión se ha fundado en el criterio del liquidador, habiéndose analizado las fichas clínicas del asegurado y documentos de la disciplina médica, que se han cotejado con las causales de exclusión de la póliza.

CUARTO: Que, el inciso segundo del numeral 6 del artículo 190 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, del Ministerio de Salud, señala: se entenderá que son preexistentes aquellas enfermedades, patologías o condiciones de salud que hayan sido conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato y, por su parte, el artículo 591 del Código de Comercio, es claro al indicar que “Sólo podrán considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor.”

De esta forma para desestimar la cobertura de un seguro como el de autos, se requiere un diagnóstico médico fidedigno que determine con certeza la preexistencia de la enfermedad y, además, que el afiliado esté en cabal conocimiento del diagnóstico antes de la suscripción del contrato respectivo.

QUINTO: Que, resulta no controvertido el hecho de la suscripción, entre el recurrente y la aseguradora recurrida, con fecha 25 de junio de 2014, del contrato de seguro de desgravamen asociado al crédito hipotecario otorgado al recurrente por el Banco recurrido, el que fue activado a requerimiento de la entidad crediticia de acuerdo al dictamen de reevaluación N° 0075429/2021, de la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica de Rancagua, que define un menoscabo de un 86 % de capacidad de trabajo del asegurado recurrente como consecuencia de una neurosarcoidosis, terapia inmunosupresora permanente a partir del 7 de julio de 2021, cobertura que fue rechazada invocándose una preexistencia.

SEXTO: Que, de lo expuesto y antecedentes de autos, no se advierte de parte del banco recurrido una acción u omisión ilegal o arbitraria, pues ha cumplido con su cometido de hacer el denuncio respectivo, dando así curso a la eventual aplicación del seguro contratado.

SEPTIMO: Que, en cuanto al rechazo efectuado por la aseguradora recurrida, en particular de la ficha clínica del recurrente se advierte que durante el año 2019 se realizan exámenes clínicos y neurológicos que derivan en el diagnóstico de neurosarcoidosis, el cual fue comunicado por el médico tratante al actor con fecha 29 de septiembre de 2020, sin que existan antecedentes que den cuenta de que con anterioridad se había realizado un diagnóstico similar conocido por este último.

Además, no se encuentra clínicamente probado, que la nueva patología guarde relación alguna con la preexistente, es más, el informe de liquidación indica, en cuanto a la causa de la incapacidad, una “neurogranulomatosis”, patología que no figura en los antecedentes médicos incorporados en autos.

OCTAVO: Que, de esta forma, el rechazo de la cobertura por parte de la aseguradora, no se sustenta en antecedentes de mérito suficientes y verificables, resultando así injustificada, por lo que deviene en arbitraria.

La conducta descrita conculca los derechos constitucionales del recurrente previstos en el artículo 19 numeral 2 y 24 de la Constitución Política de la República, al negar el pago de las indemnizaciones pactadas en la póliza respectiva, razón por la que la presente acción deberá ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

I. Que se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por el actor en contra del Banco Estado.

II. Que se acoge, sin costas, el recurso deducido por el actor en contra de 4 Life Seguros de Vida Limitada S.A, ordenándose a esta última el pago de las indemnizaciones conforme a los términos de la póliza suscrita por ambas partes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 3357-2022. Protección.