Recurso de protección

Rancagua, veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

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Con fecha 8 de noviembre del año 2023, comparece don José Daniel Piña González, abogado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, San Vicente de Tagua Tagua Tagua, compareciendo en nombre y en favor de don nombre reservado, empleado, cédula de identidad RUT reservado , domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección, en contra de doña nombre reservado, técnico en trabajo social, cédula de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en consideración a los antecedentes de hecho y de derecho, que en su presentación expuso.

Señala que su representado ha dedicado más de la mitad de su vida al baile folclórico, participando de concursos nacionales y latinoamericanos, trabajando de monitor de baile y, por varios años, de director artístico del grupo local de Peumo Danzas Folklóricas Gulutrén.

En este último rol, se mantuvo hasta que el día 24 de junio de 2022, a través de una asamblea extraordinaria convocada por sí mismo, comunica al resto de los miembros su voluntad de dejar la cabeza de la agrupación.

La decisión se toma para poder dar cumplimiento a su sentencia condenatoria en causa RIT 377 2020 del Tribunal de Juicio Oral de Rancagua, comunicada en audiencia de lectura de fecha 10 de junio de 2022. Dentro de las penas, se comprende la accesoria del artículo 372 del Código Penal, esto es, la inhabilidad absoluta y perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Plantea que la asamblea, reconociendo la importancia del recurrente en el grupo, dada su trayectoria y conocimiento, acuerda unánimemente que siga en la agrupación, pero enseñando exclusivamente a mayores de edad y coordinando sus ensayos en días diferentes a los grupos con niños, niñas y adolescentes con la voluntad explícita de evitar cualquier tipo de contacto con los menores, de forma de respetar lo establecido en la pena. Así, en el acta tomada de esa Asamblea, se indica: “[…] Interviene el socio nombre reservado diciendo si puede seguir con los mayores, por Interviene el socio nombre reservado diciendo si puede seguir con los mayores, por qué no sigue si el grupo de los pequeños puede quedar a cargo de otra persona y qué no sigue si el grupo de los pequeños puede quedar a cargo de otra persona y tampoco se tampoco se topará con ellos si ensayan en días distintos.

Se propone por parte de los socios tomar esta opción para darle continuidad a las presentaciones que vienen a futuro […]

La Asamblea decide que vota a favor que nombre reservado siga con los adultos, con un total de 21 socios los cuales todos están de acuerdo […]”

Relata que el precitado acuerdo, en lo concreto, implicó que los ensayos y presentaciones se preparen de forma completamente apartada: los viernes es para el grupo de niños, niñas y adolescentes (a cargo de otro instructor del equipo) y el sábado sólo para adultos. Asimismo, en ningún acto se realizan danzas que reúnan a ambos grupos etarios. De esta manera, tanto prácticas, presentaciones y aseo personal en camarines se llevan a cabo de forma absolutamente independiente.

Destaca que es por estos esfuerzos, tanto de su representado como de la Agrupación, que resulta especialmente infundada y abusiva la funa redactada y publicada por doña nombre reservado el día 18 de septiembre de este año.

La publicación, que sigue en línea a la fecha de presentación de esta acción de cautela de emergencia en el perfil público en Facebook de la recurrida, se realiza en los siguientes términos: “Estuve bastante tiempo esperando que alguien hiciera algo y nadie lo hizo… nombre reservado Directo Artístico de Grupo de Danzas Folcloricas fue condenado a una pena en libertad Vigilada por Abuso Sexual Infantil y además a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad (artículo 372, inciso segundo, del Código Penal). Esta sanción supone la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y la incapacidad para obtenerlos de manera perpetua (artículo 39 bis del Código Penal). Para tal efecto, se oficiará a los ministerios de Transportes y de Educación, para los efectos dispuestos precedentemente.

Sin embargo él ha estado desde el primer día incumpliendo su sentencia, yo antes pedí ayuda a varias personas para poder demostrar su rebeldía pero nadie me ayudó realmente.

El mes pasado puse una denuncia en fiscalía, pero como no fue en el momento no pasó mucho…hoy pedí a varias personas que grabaran y fui al lugar, lo grabé y llamamos a los Carabineros y llegaron y quedaron a la espera de la decisión del fiscal de turno si procedía detención o no.

Más allá de que las personas crean o no en su culpabilidad no se puede negar la existencia de la sentencia y de la inhabilidad y desconocerlo es romper la ley y exponer a otr@s niños y niñas”

Agrega que esta funa, ha sido compartida numerosas veces (25 veces sólo en la publicación original) y ha sido viralizada también junto con mensajes en que se incrimina a su representado como un abusador.

Destaca que la situación que vive su representado, mediante las funas públicas de las redes sociales, no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, en donde la recurrida ligeramente expone que su representado no acata lo ordenado por la justicia, en una materia delicada como es el trato con menores de edad, ejerciendo una suerte de “auto tutela digital”, afectando su derecho a la honra y vida privada, al ser acusado públicamente, sin antecedentes, como a su vez, sufrir una afectación a la garantía de debido proceso, frente a una acusación de graves proporciones, sin posibilidad alguna de defenderse, lo que causa irreparables daños en la vida cotidiana del recurrente.

Previas citas legales solicita se acoja el presente recurso de protección ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación y, en definitiva, declarar que la conducta de la recurrida es un acto arbitrario e ilegal que le ha significado, al recurrente, una privación en el legítimo ejercicio de su derecho amparado en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 y N°4 de la Constitución Política de la República, adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y ordenar a la recurrida: 1.- Eliminar todo contenido publicado en descrédito del recurrente, de todo sitio web, especialmente las publicaciones en la red social Facebook; 2.- Abstenerse de realizar publicaciones de este tipo por cualquier vía y por cualquier medio; 3.- Ordenar a la red social Facebook, eliminar la publicación efectuada por la recurrida, incluyendo todas aquellas derivadas de la original, al ser “compartidas” compartidas”; 4.- Disponer cualquier otra medida que V.S.I. estime necesaria a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las afectadas; y 5.- Que se condene en costas a la recurrida.

Con fecha 25 de noviembre del año 2023 compareció la recurrida y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que en ninguna parte del libelo recursivo consta el día en que el adquirente tomo conocimiento de la publicación realizada el día 18 de septiembre, aspecto indispensable que debe constar en autos, por lo que no es posible determinar el día del cómputo del plazo, por lo que debe ser rechazado por faltar uno de los requisitos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que de lo contrario se atentaría contra la necesidad de dar garantías de certeza a las relaciones jurídicas, puesto que si se considera que el día de inicio del cómputo es el de la interposición del presente recurso, nunca sería posible declarar su extemporaneidad.

Agrega que el actor al afirmar que la “funa" de la recurrida consiste en una publicación del portal de consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad" o que en un comentario se le haya tratado de abusador por terceras personas, no puede ser catalogado como arbitrario e ilegal, por cuanto su actuación publicando el texto en redes sociales se ajusta a los límites de la libertad de expresión, ya que su intención fue informar un hecho de relevancia que estaba ocurriendo en la comuna de Peumo, y no de enunciar insultos por mero capricho o en forma antojadiza, ya que solo comunique de un hecho cierto, de la condena que consta en el certificado de inhabilidades en la que se informa que don nombre reservado registra inhabilidades para trabajar con menores de 18 años y con ello no pudiere afectar su honra, ni la de su familia, ya que ello fue ordenado por la lev N° 20.594 que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece el registro de dichas inhabilidades.

Añade que el Registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad, es un registro público y gratuito, que permite saber si una persona esta inhabilitada para trabajar con niños el que está disponible durante todo el año y puede ser consultado por cualquier persona.

Señala que respecto a lo afirmado en libelo recursivo, corresponde a una denuncia efectuada por esta y que motivo a que el recurrente fuere detenido por Carabineros de Peumo por flagrancia del quebrantamiento de la inhabilidad para trabajar con menores de edad antes del 18 de septiembre (RUC 2301013621-0) ya que efectivamente él se encontraba bailando con los niños de la agrupación folclórica, situación que también corresponde a un hecho público, y que no fue publicado con el fin de denostar o afectar la honra del Sr. nombre reservado, sino que solo con la finalidad de informar una situación que ocurrió en la comuna de Peumo.

Si no hubiere sido sorprendido en flagrancia del quebrantamiento, no hubiere sido detenido.

Hace presente que lo anterior no corresponde a una situación aislada de parte del recurrente, ya que incluso el día 24 de junio de 2022 en que se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de la Agrupación en que se acordo que trabajaría solo con adultos, estaba quebrantando la inhabilidad ordenada por la sentencia judicial que lo condeno, puesto que don nombre reservado, quien aparece suscribiendo el acta adjuntada como medio de prueba del presente recurso, era menor de edad, tenía 17 años con 7 meses de edad.

Es por ello que su actuar no ha sido ilegal o arbitrario, sino que en el ejercicio de su libertad de expresión, y que corresponden a hechos que efectivamente ocurrieron y que son públicos, por lo que no se vulneran las garantías constitucionales del pretensor de autos.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha a la recurrida de marras, es subir a la red social Facebook, el día 18 de septiembre 2023, una publicación acusándolo injustamente, de conformidad al siguiente tenor: “Estuve bastante tiempo esperando que alguien hiciera algo y nadie lo hizo… nombre reservado Directo Artístico de Grupo de Danzas Folclóricas fue condenado a una pena en libertad Vigilada por Abuso Sexual Infantil y además a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad (artículo 372, inciso segundo, del Código Penal). Esta sanción supone la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad y la incapacidad para obtenerlos de manera perpetua (artículo 39 bis del Código Penal). Para tal efecto, se oficiará a los ministerios de Transportes y de Educación, para los efectos dispuestos precedentemente.

Sin embargo él ha estado desde el primer día incumpliendo su sentencia, yo antes pedí ayuda a varias personas para poder demostrar su rebeldía pero nadie me ayudó realmente.

El mes pasado puse una denuncia en fiscalía, pero como no fue en el momento no pasó mucho…hoy pedí a varias personas que grabaran y fui al lugar, lo grabé y llamamos a los Carabineros y llegaron y quedaron a la espera de la decisión del fiscal de turno si procedía detención o no.

Más allá de que las personas crean o no en su culpabilidad no se puede negar la existencia de la sentencia y de la inhabilidad y desconocerlo es romper la ley y exponer a otr@s niños y niñas”.

A lo anterior se suma la circunstancia de que dicha publicación fue compartida en múltiples ocasiones, virilizándola y, además, en la sección de comentarios se le habría tratado de abusador, lo que en su concepto habría conculcado las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitó su eliminación. TERCERO: Que, informando, la recurrida reconoció la autoría de la publicación, agregando que la supuesta “funa", consiste en una publicación del portal de consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad, el que no puede ser catalogado como arbitrario e ilegal, por cuanto su actuación, publicando el texto materia de controversia en redes sociales se ajusta a los límites de la libertad de expresión, ya que su intención fue informar un hecho de relevancia que estaba ocurriendo en la comuna de Peumo y no de proferir insultos por mero capricho o en forma antojadiza, ya que solo comunicó un hecho cierto, esto es, la condena que consta en el certificado de inhabilidades.

CUARTO: Que, al respecto, cabe señalar que la libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática y sólo puede restringirse en la medida que su ejercicio afecte otros derechos como la honra, hipótesis que no ocurre en este caso, por cuanto en las expresiones contenidas en la publicación que se reprocha, no es posible vislumbrar un ejercicio de la libertad de expresión que resulte abusivo, jactancioso o arbitrario, por cuanto la recurrida se limita a compartir el contenido de una sentencia y registro cuya naturaleza es pública, sin que contenga calificaciones subjetivas del comportamiento del recurrente, sino que una opinión respecto del cumplimiento de la sentencia, que no puede ser censurado a través de esta vía, lo que justifica el rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, quien estuvo por acoger el recurso, para el sólo efecto de ordenar se elimine de la publicación que se reprocha, aquella parte que da cuenta de un supuesto incumplimiento por parte del recurrente de la sentencia a la que se alude en aquélla, por cuanto se le estaría atribuyendo el delito de desacato, lo que resultaría vulneratorio de la garantía del N° 4 el artículo 19° de la Constitución Política de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte N° 3301-2023 –Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.