HM SEGURIDAD S.P.A con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO RANCAGUA

Rancagua, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 18 de abril de 2019 comparece don Pablo Javier Huanel Gallardo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en favor de la empresa HM Seguridad SPA, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado, Jefa de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, o quien la supla o subrogue, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Da cuenta que la empresa HM Seguridad SPA, fue notificada de la resolución de multa Nº4477.18.066, de fecha 16 de noviembre de 2018, aplicada por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, en virtud, de la cual le cursaron cuatro multas por un total de 140 UTM, y por las infracciones que en ella se individualizan pero que en resumen corresponden a 1.- No actualización de contrato de trabajo. Multa 30 UTM; 2.- Distribuir la jornada ordinaria semanal en menos de 5 días. Multa 40 UTM; 3.- No otorgar dos de los días de descanso al mes en día domingo. Multa 40 UTM; 4.- No pactar por escrito las horas extraordinarias. Multa 30 UTM.

Refiere que con fecha 25 de enero de 2019, solicita reconsideración administrativa de la multa, fundándose específicamente en la causa de haber subsanado dentro de 15 días de cursada la multa la norma infringida, solicitando la aplicación de a lo menos un 50% menos, según lo mandata expresamente el inciso final del artículo 511 del Código del Trabajo.

Indica que mediante la Resolución Nº 45, de fecha 22 de febrero de 2019, la recurrida, respecto de las infracciones Nº 1,2 y 4, procedió a rebajar las multas de 30 UTM a 18 UTM; de 40 UTM a 24 UTM; y de 30 UTM a 18 UTM, vale decir, en un monto inferior al ordenado en el inciso final del artículo 511 del Código del Trabajo. Y respecto de la infracción N° 3, decidió no rebajarla en ningún valor, en atención a que, supuestamente faltaba un documento para acreditar la corrección de la norma infringida.

Sostiene que, en virtud de lo anterior, la recurrente, con fecha 8 de marzo de 2019, procedió a interponer en contra de la citada Resolución N° 45, recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico, los que fueron rechazados por la recurrida, con fecha 19 de marzo mediante la Resolución Ord 0296, en atención a que, en su opinión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, no proceden tales recursos administrativos en contra de una resolución que se pronuncia sobre el recurso de reconsideración administrativo.

Sostiene que el actuar descrito de la recurrida, es arbitrario e ilegal, arbitrario dado que va en contra de las normas y principios sustanciales que irradian todos los procedimientos administrativos, contenidos entre otros, en la Ley 19.880, como el principio de economía procedimental y de impugnabilidad.

Igualmente, indica que es ilegal, dado que los órganos del Estado, actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la Ley, Art. 7 inciso 1 de la Constitución Política de la República, y en la especie, la recurrida resuelve y rechaza el recurso jerárquico presentado por la actora, actuando fuera de sus competencias, dado que conforme a la Ley 19.880, quien debe resolverlo es el superior jerárquico de quien la dicta, no ella misma, y en este caso el superior corresponde al Director Regional del Trabajo de la Región de O´Higgins, y no la recurrida por sí y ante sí. Lo anterior es del todo ilegal al tenor de lo dispuesto en la mencionada ley y artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y fluye de la documentación que acompaña.

Por lo expuesto, solicita acoger el recurso en todas sus partes con costas, adoptando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta recurrente, en especial: a) Declarar ilegal el actuar de la recurrida; b) Declarar ilegal y dejar sin efecto la resolución N° 0296, de fecha 19 de marzo de 2019, dictada por la recurrida y todas las que de ella deriven o se funden en ella; c) Ordenar que los recursos de reposición y jerárquico presentados por la recurrente sean resueltos nuevamente por funcionario no inhabilitado y competente, y consideren al resolver los antecedentes que constan en el expediente administrativo, sin excluir o ignorar ninguno de ellos.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 17 de mayo pasado evacuó el informe solicitado la Inspección del Trabajo de Rancagua.

Da cuenta que en virtud de Comisión N° [cuenta reservada], procede a fiscalizar a la empresa recurrente HM Seguridad SPA, de lo cual y según se plasma en la resolución de multa 4477.2018.66, se cursan cuatro sanciones administrativas.

Refiere que aplicada la sanción administrativa, la empresa deduce en los términos del artículo 511 del Código del Trabajo, presentación de reconsideración administrativa.

Sostiene que luego de ello, la Inspección del Trabajo dicta la Resolución N° 45 de 22 de febrero de 2019, en cuya virtud se rebajan tres de las cuatros sanciones y se mantiene la restante en su valor original (se rebajan las 1, 2 y 4).

Puntualiza que en la referida resolución 45, se explicitan las razones a partir de las cuales se rebajan 3 sanciones y se mantiene una en su valor original.

Luego de ello, ante la dictación de la resolución 45, la empresa recurrente deduce con fecha 8 de marzo de 2019, presentación ante el servicio, en la cual interpone recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico. Ante ello, la Inspección del Trabajo dicta el ordinario N° 0296, objeto de esta acción de protección, y en la cual se dispone que los recursos, tanto de reposición como jerárquicos no son procedentes contra la resolución 45, que resolvió una presentación de reconsideración.

Da cuenta que dicho Ordinario N° 0296, refiere en lo medular que:” El legislador laboral ha contemplado y sistematizado los medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503 inciso tercero, 506 ter, 511 y 512 todos del código del trabajo, regulando de tal modo la reclamación por la vía judicial y los respectivos procedimientos impugnatorios de la Dirección del Trabajo”.

Añade que la posición del servicio se ampara en los vertidos por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 9494 del año 2007.

Sostiene que acorde a dicho dictamen, los recursos de reposición como jerárquicos, intentados por la recurrente, no tienen cabida cuando se trata de procedimientos reglados por la ley, como ocurre en la especie, dado que ya se han contemplado medios específicos de impugnación. Y para el caso, es el legislador laboral quien de manera expresa prevé en los artículos 503 inciso tercero, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, medios específicos y concretos de impugnación, para una decisión administrativa, cual es la resolución N° 45, que se pronuncia de la reconsideración administrativa.

Afirma que la empleadora sabía y disponía de los medios concretos de impugnación ante la Resolución 45, pero sin embargo, erradamente intenta utilizar herramientas que son sólo supletorias, por expresa disposición del artículo 1 de la Ley 19.880.

Manifiesta que el medio jurídico para impugnar la Resolución N° 45, se encuentra en el artículo 512 del inciso segundo del Código del Trabajo, pues esta resolución es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de 15 días de notificada y en conformidad al artículo 474 (actual 503 de este Código).

Indica que dicha norma prevé el procedimiento específico y concreto ante la resolución de la autoridad administrativa laboral, que se pronuncia de la presentación de reconsideración, lo que deja en evidencia que el cambio jurídico idóneo y que se establece de manera perentoria para ello es el artículo 512 y no los recursos de reposición y jerárquicos.

Conforme a lo señalado no existe acto arbitrario y/o ilegal que sea vulneratorio a alguna de las garantías denunciadas por el recurrente.

Por lo expuesto, solicita rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que el actuar que se denuncia de la Inspección del Trabajo y que busca ser enmendado por esta vía, es la dictación del ordinario N° 0296 mediante cual se dispone que los recursos, tanto de reposición como jerárquicos, que interpuso el recurrente en contra de la resolución N° 45 -que ante una reconsideración presentada respecto a cuatro multas aplicadas por infracción a la normativa laboral rebajó tres de ellas y mantuvo la restante- no son procedentes, dado que el legislador laboral ha contemplado y sistematizado los medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503 inciso tercero, 506 ter, 511 y 512 todos del Código del Trabajo, regulando de tal modo la reclamación por la vía judicial y los respectivos procedimientos impugnatorios de la Dirección del Trabajo.

TERCERO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, de los que consta que la vía administrativa se encontraba agotada y que no se ejercieron los medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503 inciso tercero, 506 ter, 511 y 512 todos del Código del Trabajo, que regulan la reclamación de la multa aplicada por el organismo recurrido, no resultaba procedente ejercer un medio de impugnación que no se encuentra contemplado en nuestra legislación para el caso materia de autos, por lo que malamente el actuar de la recurrida pueda calificarse de ilegal y/o arbitrario.

En efecto, el artículo 1 de la Ley 19.880 prescribe que el: “Artículo 1º. Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria….”, por lo que existiendo un procedimiento especial, tal como se ha expuesto, no podría haberse recurrido conforme a la Ley 19.880.

CUARTO: Que, así las cosas, no existen antecedentes para establecer que haya existido ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida. Por el contrario, en los antecedentes se evidencia que se trata de un actuar acorde a la normativa que la rige y que fue realizado por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, y en la forma prescrita por la Ley, sin que se adviertan visos de ilegalidad o arbitrariedad, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Pablo Javier Huanel Gallardo, abogado, en representación de la empresa HM Seguridad SPA, y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, sin costas.

Regístrese y archívese.

Rol I. Corte 3272-2019 Protección.