SUPERMERCADOS CUGAT con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Rancagua, seis de agosto de dos mil dieciocho.

Téngase a la vista, con esta misma fecha, vía sistema SITCORTE, lo resuelto por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones en la causa tributaria Ingreso Corte Rol Nº 1292-2016.

VISTOS:

Que en estos autos de protección, comparece don Mauricio Calvo Arellano, abogado, en representación de Comercializadora Cugat SpA, del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la VI Dirección Regional Rancagua del Servicio de Impuestos Internos, representada por su Director Regional, por encontrare afectada en sus derechos fundamentales, especialmente los tutelados en el artículo 19 N°s 24° y 22° de la Constitución Política de la República en virtud de una actuación ilegal y arbitraria de la autoridad.

Que, para fundar su acción, indica que se recurre de la Resolución Exenta 30-R de 22 de mayo de 2015, notificada el 23 de mayo de este año, la que confirma y hace suyos los fundamentos expuestos por la resolución Exenta N°30 de 3 de abril de 2018, acto por el que también se recurre, pues el plazo de impugnación se encontraba interrumpido, por haberse presentado recursos administrativos. En estas resoluciones, el Servicio rechaza una petición de ejercer la facultad correctiva del artículo 6° letra b) N°5 del Código Tributario en cuanto a dejar sin efecto ocho giros de impuesto que fueron emitidos a la recurrente, indicando que es improcedente la existencia de otros recursos legales. En cuanto al fundamento de hecho, refiere que en 2014 se le notifican 8 liquidaciones, el 10 de abril de 2014, las que cobraban supuestas diferencias de impuestos, que tenían su origen en el reintegro de devoluciones de impuesto al valor agregado, que se habían obtenido en 2008, las cuales fueron reclamadas dentro del plazo legal, con sentencia definitiva de 18 de noviembre de 2016 que ordenó dejar sin efecto en todas sus partes dichas liquidaciones, resolución que fue apelada por el Servicio, lo cual se encentra en estado de acuerdo. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2017 la recurrida procede a emitir los giros de impuestos por los cuales se cobran las diferencias de impuesto determinadas en las liquidaciones reclamadas (Folios 1603991, 1604027, 1604053, 1604055, 1604085, 1604091, 1604093 y 1604099) a pesar que respecto de dichos actos administrativos ya se había fallado que debían ser dejadas sin efecto por parte del Tribunal Tributario y Aduanero, giros que no son reclamables, pues están precedidos de una liquidación de impuestos y se han ajustado al mérito de dichos actos administrativos, siendo la única alternativa para obtener su revisión la petición presentada el 24 de enero de 2018, y que fue rechazada el 03 de abril de 2018 por la autoridad administrativa, notificada al día siguiente y que tuvo por fundamento su rechazo en que los giros habían sido emitidos con posterioridad a la sentencia de primera instancia del procedimiento de reclamo tributario, y que lo procedente era solicitar la suspensión del cobro ejecutivo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua como lo prevé el artículo 147 del Código Tributario. A dicha resolución se solicita reposición, la que a su vez es rechazada basada en que la sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero no se encuentra ejecutoriada, y que terminada la primera instancia se ha reiniciado el cómputo del plazo de prescripción y que se autoriza el giro de los impuestos reclamados una vez dictado el fallo de primera instancia, y en cuanto a la suspensión del cobro, debe impetrarse conforme a derecho. En virtud de lo anterior, al no darse lugar a la petición se incurre en ilegalidad y arbitrariedad, pues es una atribución del Director Regional el corregir en cualquier tiempo los vicios o errores manifiestos, y existiendo un vicio y error en los actos administrativos, era obligatorio ejercer su atribución de corrección, y conforme a ello dejar sin efecto las citadas órdenes de ingreso. Refiere que en este sentido, la sentencia de primera instancia ha dispuesto la eliminación de las liquidaciones reclamadas, por lo que no cabe emitir giro alguno, y en cuanto a la suspensión ante la Ilustrísima Corte, solo procede cuando se haya rechazado total o parcialmente el reclamo, no existiendo la posibilidad de una sentencia que da lugar al reclamo, porque no procede emitir un giro respecto de una liquidación dejada sin efecto, incumpliendo además instrucciones del servicio en el mismo sentido. Indica que de esta forma se ha visto afectado el derecho consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que con el orden de pago de una supuesta deuda fiscal, se amenaza y perturba el patrimonio de su parte y los bienes que lo integran, los cuales pueden ser embargados por el Servicio de Tesorería General de la República dentro del procedimiento de cobro ejecutivo de impuestos. A su vez, se afecta la garantía del numeral 22 del mismo artículo, pues no se le da el mismo trato al de otros contribuyentes en la misma situación, pues el Servicio de Impuestos Internos, mediante circular, ha instruido que en cumplimiento de la sentencia de primera instancia deben girarse la totalidad de los impuestos en el caso que el reclamo haya sido rechazado en su totalidad y los impuestos respecto de los cuales se haya rechazado parcialmente el reclamo, previa reliquidación de las diferencias de impuestos, no correspondiendo así emitir giro alguno, dándose de esta forma un trato diferente a la recurrente. Así, solicita dejar sin efecto las resoluciones recurridas, ordenando al Director Regional del Servicio de Impuestos internos que, acogiendo la petición administrativa presentada por la parte, ordene dejar sin efecto los giros u órdenes de ingreso materia de la presentación, todas emitidas el 3 de noviembre de 2017.

Que evacua su informe nombre reservado, Director Regional de la VI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, Rancagua, quien refiere que el recurso es extemporáneo, toda vez que los actos que se impugnan son la resolución exenta N°30 del 03 de abril de 2018, que rechaza la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora, presentada el 24 de enero de 2018 y la resolución exenta N°30-R de 22 de mayo de 2018, que rechazó la reposición de la resolución exenta N°30 ya referida, deducida por la recurrente con fecha 11 de abril de 2018. Así, el plazo para recurrir de protección había expirado el día 05 de mayo de 2018, es decir, con anterioridad a la presentación del recurso de protección, toda vez que la resolución exenta N°30-R es solo la respuesta al recurso de reposición presentado en contra de la resolución anterior, la que no puede entenderse que produce como efecto la interrupción del plazo para presentar la acción cautelar pues ese recurso es solo un reexamen de lo ya resuelto por la entidad, citando jurisprudencia al efecto. Sin perjuicio de lo anterior, lo que en realidad afectaría las garantías constitucionales de la recurrente no son las resoluciones que impugna, sino los giros de impuestos señalados, los que fueron emitidos con fecha 03 de noviembre de 2017 y notificados ese mismo día, por cuanto es en virtud de dichos actos que el Servicio cobra a la recurrente las diferencias de impuesto determinadas en las liquidaciones materia de autos, todas de fecha 28 de octubre de 2013, o que se desprende al tenor del propio recurso. Agrega que además las resoluciones han sido dictadas dentro de la legalidad vigente, encontrándose fundadas, razón por la que no constituyen actos ilegales o arbitrarios, como pretende el recurrente. Por otro lado, refiere que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto, toda vez que el recurso incide en un proceso judicial actualmente en tramitación, el recurrente no ha solicitad la suspensión de cobro en el procedimiento correspondiente, que la emisión de los giros se ajustó en todo momento a la normativa legal vigente, haciendo presente que la circular que ha sido invocada en el recurso no es aplicable al caso de marras, pues estas decían relación con las causas tramitadas ante los tribunales tributarios antiguos, no como el de autos que se reclamó en el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de O’Higgins. Finalmente, agrega que no hubo afectación de garantías constitucionales invocadas, por cuanto el actuar de la repartición se enmarca en todo momento dentro de las facultades que le confiere la ley, no afectándose el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica y el derecho de propiedad. Por lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación, recibiéndose los alegatos de las partes en la audiencia del día treinta de julio último, quedando la causa en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurrido:

1.- En una sostenida línea jurisprudencial la Corte Suprema ha protegido el derecho de los administrados para interponer recursos judiciales una vez agotada la vía administrativa, entendiendo que a partir del tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº 19.880, una vez deducido un recurso de reposición o reconsideración en contra de una decisión de la Administración, se interrumpe el plazo para deducir el recurso de protección, el cual vuelve a contarse desde la fecha en que se notifiqué al recurrente la resolución que lo resuelva. Este criterio se ha manifestado en los autos Rol Nº 7749-2013, Nº 415-2014, Nº 16162-2014, Nº 8551-2015, Nº 1463-2015, Nº 5736-2015, Nº14574-2015. Sin perjucio de tales fallos, es útil reproducir los argumentos que el Máximo Tribunal expresó en la sentencia de casación Rol Nº 7069-2014, en la cual se explica que la norma aludida en relación con el artículo 59 del mismo texto legal “tienen como sustento el principio de impugnación de los actos administrativos, el cual se encuentra reforzado por la posición legislativa de la Ley N° 19.880 en orden a que la reclamación administrativa es potestativa, es decir, el administrado se encuentra facultado para ejercerla y no constituye una exigencia previa para interponer la acción contencioso administrativa. En efecto, el artículo 54 de la Ley N° 19.880 otorga a los particulares un derecho de opción para utilizar a su arbitrio los procedimientos judiciales o los procesos administrativos de impugnación, según estimen conveniente. Esto significa que el particular puede optar por la vía administrativa o la judicial. Si el administrado elige la vía administrativa de impugnación ello le impone la obligación de agotar tal vía, originándose un impedimento para el ejercicio de las acciones judiciales. En cambio, si el particular opta por la vía judicial, la Administración queda impedida de conocer de una impugnación administrativa.”. Añade el Alto Tribunal que: “Lo expresado trae como consecuencia que si el administrado ha planteado un recurso administrativo, sólo una vez resuelto opera el agotamiento de la vía administrativa y, en tal caso, podrá deducir el reclamo judicial …, quedado interrumpido por aplicación del artículo 54 inciso segundo antes citado, entendiéndose que el tribunal que conoce de la acción resolverá el asunto de fondo referido al acto administrativo original.”

Finalmente, se expresa que: “Lo anterior se refuerza al considerar que el conjunto del sistema recursivo debe interpretarse y aplicarse de manera armónica, favoreciendo el sentido que permita hacerlo eficaz para el administrado; lo cual en el caso propuesto sólo se consigue entendiendo las normas referidas de la forma expresada.”

2.- De esta manera, habiéndose notificado el 23 de mayo de 2018 la Resolución Exenta Nº 30-R de 22 de mayo de 2018, que desestimó la reposición del administrado y confirmó la resolución Exenta N° 30 de 3 de abril de 2018, a partir de esa fecha volvió a contarse el plazo de 30 días para deducir el presente arbitrio de protección, razón por la cual la alegación de extemporaneidad del Servicio Recurrido será desechada.

En cuanto al fondo:

3.- Lo que se reclama como actuación arbitraria e ilegal es la decisión del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de rechazar la petición del recurrente de ejercer la facultad del artículo 6° letra b) N°5 del Código Tributario en cuanto a dejar sin efecto, por error manifiesto, la emisión de ocho giros de impuesto, que se sustentan en ocho liquidaciones de abril de 2014, las que siendo reclamadas en vías judicial, por sentencia definitiva de 18 de noviembre de 2016 del Tribunal Tributario y Aduanero se dejaron sin efecto (causa Rit 19-000034-2014), encontrándose tal decisión en revisión ante esta esta Corte de Apelaciones por apelación deducida por el Servicio, encontrándose en estado de acuerdo (causa Rol 1292-2016). Así, habiendo la sentencia de primera instancia dispuesto la eliminación de las liquidaciones reclamadas, no cabe emitir giro alguno, no pudiendo el contribuyente pedir la suspensión del cobro ante la Ilustrísima Corte, como lo pretende la recurrida, por cuanto ello sólo procede cuando se haya rechazado total o parcialmente el reclamo tributario, cuyo no es el caso, incumpliéndose, además, instrucciones precisas del servicio en el mismo sentido en la Circular Nº 63, violándose el derecho consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y la la garantía del numeral 22 del mismo artículo, en los términos que indica el recurso.

4.- Por su parte, el servicio recurrido solicita el rechazo de la acción, señalando que las resoluciones han sido dictadas dentro de la legalidad vigente, destacando que el recurrente no ha solicitado en el proceso judicial referido la suspensión de cobro en el procedimiento correspondiente, por ende, la emisión de los giros se ajustó a la normativa, haciendo presente que la circular que ha sido invocada no es aplicable al caso de marras, pues decía relación con las causas tramitadas ante los tribunales tributarios antiguos, no como el de autos que se reclamó en el Tribunal Tributario y Aduanero.

5.- Pues bien, de las alegaciones de las partes no hay duda que actualmente entre éstas existe un proceso judicial de carácter tributario respecto de la validez de las liquidaciones que autorizan determinados giros de impuestos, lo que, a la fecha de la presentación del presente arbitrio, se encontraba fallado en primera instancia por el Tribunal Tributario y Aduanero de esta ciudad, en la que resultó perdidoso el Servicio de Impuestos Internos, al dejarse sin efecto las mencionadas liquidaciones, centrándose el punto neurálgico de la discusión en determinar si el recurrente debía solicitar la suspensión del cobro de dichos impuestos ante la Corte de Apelaciones que se encuentra conociendo en segunda instancia la referida causa, lo que al no impetrarse facultaba a la repartición recurrida para girar los impuestos por vía administrativa, decisión que, finalmente, el contribuyente pretende sea corregida a través de las facultades correctivas que la ley confiere al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos dado el error manifiesto en que se ha incurrido.

Tampoco hay duda, dado el mérito de los argumentos esgrimidos y alegatos vertidos en estrados, que el giro de los impuestos se encontraba suspendido durante la tramitación del proceso tributario en primera instancia, a la que se puso término con la dictación de la sentencia definitiva de 18 de noviembre de 2016, en la que, como se adelantara, se acogió la reclamación del contribuyente.

6.- Pues bien, para la correcta decisión del recurso resulta conveniente reproducir la norma que regula la suspensión judicial del cobro de impuestos, a saber, el artículo 147 del Código Tributario, que dispone que:

“Salvo disposición en contrario del presente Código, no será necesario el pago previo de los impuestos, intereses y sanciones para interponer una reclamación en conformidad a este Libro, pero la interposición de ésta no obsta al ejercicio por parte del Fisco de las acciones de cobro que procedan.

Los contribuyentes podrán efectuar pagos a cuentas de impuestos reclamados, aun cuando no se encuentren girados. Las tesorerías abonarán estos valores en la cuenta respectiva de ingresos, aplicándose lo señalado en el artículo 50 cuando proceda.

El Tribunal Tributario y Aduanero podrá disponer la suspensión total o parcial del cobro judicial por un plazo determinado o hasta que se dicte sentencia de primera instancia, cuando se trate de aquella parte de los impuestos correspondientes a la reclamación que hubieren sido girados con anterioridad al reclamo.

Cuando no se presentare reclamación, la facultad mencionada en el inciso anterior podrá ser ejercida por el Director Regional.

Si se dedujere apelación en contra de la sentencia definitiva que rechaza parcial o totalmente una reclamación, en los casos a que se refieren los incisos anteriores, la Corte de Apelaciones respectiva podrá, a petición de parte, previo informe del Servicio de Tesorerías ordenar la suspensión total o parcial del cobro del impuesto por un plazo determinado que podrá ser renovado. Igualmente y también por un plazo determinado renovable, podrá hacerlo la Corte Suprema conociendo de los recursos de casación. El informe del Servicio de Tesorerías deberá entregarse dentro de los quince días siguientes de recibida la petición del tribunal, el cual podrá proceder sin él si no se entrega en el plazo señalado.

Las normas del inciso anterior no serán aplicables a los impuestos sujetos a retención ni a aquellos que por la ley deban ser materia de recargo en los cobros o ingresos de un contribuyente, en la parte que efectivamente se hubiere retenido o recargado por el reclamante.

Ejecutoriado un fallo, el expediente deberá ser devuelto en el plazo máximo de diez días al Tribunal de primera instancia.”

7.- Del tenor de la norma transcrita no cabe duda alguna que, hallándose suspendido el cobro de los impuestos hasta la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia por el Tribunal Tributario y Aduanero, se puede dar lugar a dicho cobro sólo en la hipótesis en que el Servicio de Impuestos Internos resulte ganancioso en el respectivo proceso. Refrenda lo anterior, la clara redacción del inciso quinto de la norma en comento que establece que si se dedujere apelación en contra de la sentencia definitiva que rechaza parcial o totalmente una reclamación la Corte de Apelaciones podrá, a petición de parte, previo informe del Servicio de Tesorería, ordenar la suspensión total o parcial del cobro de impuesto, vale decir, que tal posibilidad se encuentra consagrada para el evento que el contribuyente haya resultado vencido en primera instancia, pues, en dicho caso podrá renovar la suspensión que se había decretado durante la tramitación del juicio ante el tribunal inferior, pero previo informe de Tesorería. Igual derecho se le confiere, asimismo, en caso de recurrir a la Corte Suprema.

De hecho, con solo acudir al axioma jurídico a contrario sensu, se concluye que esta posibilidad no ha sido contemplada para el evento que la sentencia de primera instancia acoja totalmente la reclamación del contribuyente, de lo que se sigue que en dicho escenario se mantiene suspendido el giro del impuesto, toda vez que hay un fallo judicial que impide llevarlo a efecto, pues si, como ocurre en la especie, la sentencia de primera instancia dejó sin efecto las liquidaciones de impuestos practicadas por el Servicio de Impuestos Internos mal puede esta repartición girar el cobro de los mismos, no requiriéndose una declaración expresa en dicho sentido, pues resulta lógico y forzoso arribar a dicha conclusión.

8.- Ahora bien, la norma en análisis, sin duda, constituye un beneficio para el contribuyente que acudiendo a la vía judicial reclama por la validez de un liquidación practicada por el Servicio, en virtud de la cual, mientras se tramita el juicio tributario se puede paralizar el giro de los impuestos que derivan de ella, suspensión que se mantiene sólo hasta la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia que rechaza su pretensión, en cuyo caso la Entidad Impositiva se encuentra plenamente facultada para girar los impuestos adeudados, concediéndosele, en todo caso al contribuyente, el derecho de renovar la suspensión en segunda instancia, a solicitud expresa de parte y previo informe de Tesorería.

9.- A mayor abundamiento, el precepto transcrito coincide con la regla general en materia de recurso de apelación, en cuanto que su concesión es en el sólo efecto devolutivo, de suerte que, la interposición del recurso no suspende los efectos de las sentencias de primera instancia, las cual se puede cumplir. Por ello, habiendo una resolución favorable al contribuyente que deja sin efecto las liquidaciones practicadas por el Servicio de Impuesto Internos, nada puede cumplir este órgano, o dicho en otros términos nada puede girar, pues el fundamento del cobro de los impuestos ha desparecido. Por el contrario, si la sentencia es desfavorable para el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos puede llevarla a efecto girando los impuestos sobre la base de las liquidaciones consideradas válidas por el órgano jurisdiccional, a lo cual el contribuyente podrá oponerse, ejerciendo el derecho consagrado en el precitado artículo 147 del Código Tributario.

10.- Así las cosas, asiste la razón al recurrente cuando afirma que la única vía que tenía para reclamar de la decisión de emitir el giro de los impuestos respecto de las liquidaciones practicada en abril de 2014, por las diferencia en el pago del impuesto al valor agregado, que se encontraban suspendidos dada la existencia de un juicio tributario en actual tramitación, era impetrar el ejercicio de las facultades correctivas por parte del Director Regional del Servicio de Impuesto Internos; autoridad que al decidir no ejercer la atribución conferida en el artículo 6 letra b) Nº 5 del Código Impositivo ha incurrido en un acto ilegal, pues es de toda evidencia que la antedicha repartición se encontraba impedida de girar los impuestos que pretende, dada su condición de litigante perdidoso en primera instancia en el juicio en que –precisamente- se discute la validez, fundamento o mérito de las liquidaciones de impuesto que justifican el cobro de los mismos.

11.- De otro lado, también asiste la razón al recurrente cuando sostiene que la aludida repartición pública va en contra de sus propios actos, toda vez que, la Circular Nº 63 del Servicio del año 2000, ha instruido que en cumplimiento de la sentencia de primera instancia deben girarse la totalidad de los impuestos en los casos que las reclamaciones hayan sido rechazadas en su totalidad o parcialmente, es decir, todo lo contrario a lo que ocurre en la caso sub judice en que al recurrente se le acogió en primera instancia su reclamo tributario, no constituyendo un argumento valedero que la mentada orientación sólo tiene aplicación tratándose de los antiguos tribunales tributarios, ya que no se han alterado las razones que fundamentaron la dictación de dicha directriz, careciendo de toda significación que hoy en día las reclamaciones tributarias san conocidas y resueltas por un tribunal independiente, cual es el Tribunal Tributario y Aduanero.

12.- Sin perjuicio de lo argüido precedentemente, más allá de la aplicación o no de la referida circular al presente caso, lo cierto es que la actuaciones o decisiones de la Administración, además de ser motivadas, conforme a los actuales principios que establece la Ley Nº 19.880, requieren estar revestidas de razonabilidad, es decir, deben ser acordes con la razón. La razonabilidad exige la compatibilidad entre los hechos y el derecho que pretende aplicar la Administración en una determinada decisión, o dicho de otro modo, cómo se conjugan los hechos del caso concreto a la preceptiva aplicable. Esta exigencia de las decisiones de los órganos públicos busca preservar la correcta aplicación de las normas jurídicas evitando decisiones arbitrarias, abusivas o desproporcionadas, asegurando la coherencia de la decisión administrativa con los fines de la misma. En este contexto debemos tener siempre presente que el Derecho, entre éstas las normas de rango administrativo, tiene como principal objetivo estar al servicio de la persona humana, razón por la cual la actividad administrativa debe ser legítima, legal y sobre todo razonable y así, por lo demás, emana del artículo 1 inciso 3º , 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

13.- Conforme a lo anterior, no resulta razonable ni prudente que el Servicio de Impuesto Internos haya procedido a girar el cobro de impuestos sobre la base de ocho liquidaciones de impuesto que fueron dejadas sin efecto en primera instancia por el Tribunal Tributario y Aduanero de esta ciudad que conoció de la reclamación judcial de aquéllas, encontrándose además suspendido el cobro de los mismos y pendiente su resolución ante este Tribunal de Alzada, a la fecha de la emisión de los giros (3 de noviembre de 2017).

14.- En último término, cabe agregar que el pasado 30 de julio la Corte de Apelaciones dictó sentencia de segunda instancia en el reseñado proceso tributario, causa Rol I.C. 1292-2016, tenida a la vista digitalmente con esta misma fecha, la que si bien revocó la decisión del tribunal de primer grado, en cuanto había dejado sin efectos las liquidaciones de impuesto por aspectos formales, ordenó a su vez que tribunal no inhabilitado resuelva el fondo de las mismas de acuerdo a las alegaciones planteada por las partes del proceso; resolución que, en caso de quedar firme, conlleva que la discusión vuelve a quedar radicada en primera instancia, razón por la cual el giro de los impuestos nuevamente quedarán suspendidos hasta la dictación de la sentencia, conforme el tenor del artículo 147 del Código Tributario, lo que no viene sino a ratificar todo lo expuesto anteriormente.

15.- En suma, por cuanto se ha venido diciendo no queda sino acoger el presente recurso de protección, toda vez que la decisión de la recurrida de no corregir de oficio la decisión de girarle impuestos al recurrente, dejando sin efecto dicho cobro, no obstante el error manifiesto en ello, a lo menos, amenaza el derecho de propiedad de este último y a su vez, el no aplicar a su respecto las directrices que la propia institución ha instruido para casos similares vulnera la garantía establecida en el artículo 19 Nº 22 de la Carta Fundamental, al ser tratado en forma diferente que el resto de los contribuyentes, sin que ello aparezca justificado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia se decide:

En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

I.- Se RECHAZA la alegación de extemporaneidad impetrada por el Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto al fondo:

II.- Se ACOGE el recurso de protección interpuesto por Mauricio Calvo Arellano en representación de Comercializadora Cugat SpA en contra de la VI Dirección Regional Rancagua del Servicio de Impuestos Internos, dejándose sin efecto la Resoluciones Exentas Nos. 30 y 30 R, de 03 de abril 2018 y 22 de mayo de 2018, respectivamente, por medio de las cuales se rechazó la petición del recurrente en orden a corregir de oficio y dejar sin efecto ocho giros de impuesto que le fueron emitidos a la recurrente, con fecha 03 de noviembre de 2017, sobre la base de liquidaciones de impuestos cuya validez se encuentra sometida a decisión judicial, encontrándose a dicha fecha suspendido el cobro de los mismos, debiendo la mencionada Dirección Regional dictar las resoluciones que en derecho corresponda a fin de que no se cobren tales impuestos, que se encuentran singularizados bajo los Folios Nos. 1603991, 1604027, 1604053, 1604055, 1604085, 1604091, 1604093 y 1604099, sin costas por estimar esta Corte que la recurrida tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Barría.

Rol Nº 3268-2018-PRO.-