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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3219-202324 ene 2024
Fecha
24 de enero de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 3219-2023, sentencia de 24 de enero de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección del sindicato porque los hechos invocados no son indubitados: la parte recurrida los niega y el conflicto debe resolverse en otras instancias, no en esta acción cautelar.

Texto íntegro

Rancagua, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 16 de octubre de 2023, comparece el Sindicato de nombre reservado, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado.

Indica que se recurre porque se siente gravemente vulnerado en sus derechos constitucionales. Explica que su sindicato tiene más de 35 años de vida y está vigente al día de hoy.

Expone que el directorio vigente consta en el certificado N° 601/2023/1206 RSU 6010063 emitido por la dirección del trabajo, y está constituido por don nombre reservado, como presidente, don nombre reservado como tesorero y don nombre reservado como secretario.

Afirma que en los años de funcionamiento, nunca se les habían vulnerado los derechos de socios. Existe un daño psicológico enorme, quienes se sienten amenazados.

Expresa que el día 4 de septiembre se presentó el interventor sr. nombre reservado, quien no ejerció su labor en forma imparcial. Añade que se le entrega documentación, pero no quiso firmar el acta de recibimiento. Después, el día 25 de septiembre de 2023 llegó con una orden de desalojo para la administración, para don nombre reservado, quien no se encontraba en las oficinas de la Vega, sólo estaba don nombre reservado.

Refiere que se entregó la administración en forma pacífica, pensando en que se realizaría un trabajo en forma conjunto, pero nunca fue así, nunca ha querido escuchar al directorio y asociados.

Indica que las cinco personas mencionadas se apoderaron de la administración, autodenominándose directiva interina suplantando a la directiva con la venia del interventor. Agrega que el interventor está actualizando el listado de socios con personas fallecidas, personas que vendieron sus derechos y muchos casos más.

Expone que no saben qué hacer, están desesperados, quieren trabajar en forma tranquila, sin presión de gente externa, y volver a ser una familia como eran antes.

Con fecha 19 de octubre de 2023, se requiere informe a los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Con fecha 27 de noviembre último, evacuan informe doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, por los recurridos, todos comerciantes, socios del “Sindicato de nombre reservado”.

Refieren que el dinero que se obtiene y que administra el Sindicato ha provocado históricamente conflictos al interior de la organización y más precisamente, en sus dirigentes, que por desconocimiento de las normas que rigen la actividad sindical han realizado hechos que no se encuadran propiamente en las normas laborales, pero que han adoptado como costumbre negativa.

Dan cuenta de una serie de actos que alegan como contrarios a la actividad sindical, entre estos, detalla uno en que aprovechándose de una resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua en causa RIT 3031-2023, se decidió reconocer sólo a 71 personas socios (incluido fallecidos y nuevos integrantes) y elimina de forma arbitraria a 128 afiliados, sin ningún debido proceso y vulnerando todos su derechos.

Puntualizan que así las cosas, ante innumerables amenazas y agresiones del Sr. nombre reservado, secretario del sindicato, provocó que los socios vulnerados se agruparan y realizaran una asamblea para votar la censura del Sr. nombre reservado con fecha 4 de agosto de 2023 y presentaran el día 23 de agosto de 2023 una medida prejudicial precautoria por práctica antisindical, causa RIT S-11-2023 del Juzgado del Trabajo de Rancagua, caratulado “Sindicato de nombre reservado Con nombre reservado”, teniendo como fundamento que los hechos descritos vulneran claramente las letras c y f del artículo 290 del Código del Trabajo.

Sostienen que existen antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado del Trabajo de Rancagua, el que con fecha 31 de agosto de 2023, designó como interventor judicial a don nombre reservado.

Manifiestan que con todos estos antecedentes, finalmente el día 22 de septiembre de 2023, se decretaron nuevas medidas prejudiciales precautorias, las cuales fueron notificadas a la contraria; tomando posesión real de la administración don nombre reservado el día 26 de septiembre de 2023.

Refieren que por estos mismos hechos, diversos afiliados han presentado acciones judiciales, para que se les reconozca su calidad de socios, ordenando el reintegró de ellos, tanto en causa RIT S-10-2023 del Juzgado del Trabajo de Rancagua, como en los recursos de protección en contra del mismo Sr. nombre reservado por expulsiones ilegales, correspondientes a los Roles Protección-17.294-2022 y Protección-201-2023 ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde las sentencias dan cuenta de la inexistencia de debido proceso en las actuaciones de don nombre reservado y se acogen las peticiones por ser actos ilegales y arbitrarios que vulneran los derechos de los actores.

Exponen que en definitiva, las actuaciones del señor nombre reservado y todos los recurrentes, se han traducido en una serie de repercusiones económicas negativas para el Sindicato y violaciones a todos los principios del derecho sindical.

Manifiestan que hicieron una nueva elección el 2 de septiembre de 2023, (dos elecciones sindicales en 37 días) y se restó nombre reservado en ella, incorporando a los recurrentes en una “supuesta directiva” espuria, escandalosamente irregular y sin la fiscalización adecuada.

A continuación, niegan hechos que puedan constituir una eventual vulneración de derechos consagrados en la Constitución de la República de Chile.

Exponen que niega absolutamente que los recurrentes sufran daños psicológicos, o hayan sido amenazados (ellos sí lo hacen), alegando que entregaron la administración en forma pacífica.

Refieren que la realidad es que existe un juicio que es público, donde sus representados son los demandantes y participan activamente del proceso judicial, donde, existen más de 128 afiliados que han visto vulnerados sus derechos sindicales y van dando cuenta de la causa que se encuentra vigente y sus avances. Además, existe un interventor judicial (del que comentan) que da cuenta al Tribunal de todas sus actuaciones de forma escrita y fundada con los documentos que acreditan cada declaración o situación que ocurre mientras se ejecuta su cargo, tal y como ha prescrito el Juzgado del Trabajo de Rancagua.

Refieren que esto claramente, incluye información contable de ingresos diarios, situación laboral de los trabajadores que prestan servicios al Sindicato, boletas de pagos de servicios, acciones judiciales en contra del Sindicato que han llegado por parte de la Tesorería General de la República, pagos de proveedores, situaciones irregular de cotizaciones previsionales de los trabajadores, hechos ocasionados por terceros que dificultan la labor del interventor, no entrega de información contable, pérdida de libros de actas y libros de socios, en definitiva, todo acto que sea eventualmente fundante de abuso de la administración sindical que realizó el recurrente Sr. nombre reservado desde 14 de diciembre de 2022 a 25 de septiembre de 2023 y hoy también los recurrentes Manifiestan que, por lo demás, el recurso no señala los derechos y la forma en que fueron conculcados y los documentos nada tienen que ver con los hechos descritos, sino más bien dirigen sus reclamos al interventor.

Refieren que, por tanto, el recurso interpuesto debe rechazarse, ya que los antecedentes expuestos y documentos que se acompañan demuestran que no existe derecho alguno que cautelar e imperio del derecho que restablecer y solo da cuenta que el recurso de protección no procede en contra de sus representados, y, además, no se aprecia derecho vulnerado, que pueda resolverse en ésta sede, entendiendo que hay una serie de recursos en los mismos términos y con un mismo objeto, volver a administrar ellos el dinero del que no rindieron durante todo el año.

Agregan que no se ha hecho referencia a la fecha en que habría ocurrido el acto que se reclama, sin perjuicio de que el recurrido señala como último episodio, uno acaecido en el mes de marzo del año 2023, y habiéndose ingresado la presente acción el día 13 de junio de 2023, ella lo ha sido de forma extemporánea.

Luego alegan que el conflicto existente entre las partes no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de sus relatos, que dan cuenta de situaciones o conductas totalmente disimiles, en circunstancias que la acción constitucional de protección supone que la alegación realizada por la recurrente sea indubitada, lo que no acontece en este caso. Luego, lo solicitado en el presente recurso escapa del ámbito de urgencia que requiere la acción de protección, dado que la pretensión planteada no se sitúa dentro del ámbito descrito, toda vez que incluso se pretende obtener prestaciones de carácter patrimonial o pecuniarias.

Afirman que en conclusión, su parte no se encuentra infringiendo ninguna garantía constitucional del recurrente y al no existir una amenaza actual a los derechos constitucionales invocados, y, ante la inexistencia de medidas que puedan disponer el cese de actos ilegales y arbitrarios alegados por la recurrente, es que el presente recurso de protección debe rechazarse con especial condena en costas.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, el acto que fundamenta esta acción consiste en que las cinco personas recurridas, socios del Sindicato de nombre reservado, se habrían apoderado de la administración de dicho sindicato, autodenominándose directiva interina suplantando a la Directiva válidamente elegida, con la venia del interventor. Añaden que el interventor está actualizando el listado de socios con personas fallecidas, o que vendieron sus derechos.

Finalmente requieren trabajar en forma tranquila, sin presión de gente externa y volver a ser una familia como eran antes.

3.- Que, los recurridos niegan los hechos y que éstos puedan constituir una eventual vulneración de derechos constitucionales, puntualizando que existe un interventor judicial que da cuenta al Tribunal Laboral de esta ciudad, de todas sus actuaciones de forma escrita y fundada, con los documentos que acreditan cada declaración o situación que ocurre mientras se ejecuta su cargo, tal y como ha prescrito el juzgado antes mencionado.

Sostienen que el recurso no señala los derechos amagados y la forma en que fueron conculcados y que los documentos acompañados nada tienen que ver con los hechos descritos. Además, existen una serie de recursos con el mismo objetivo de esta acción, es decir, que los recurrentes vuelvan a administrar el dinero del que no rindieron durante todo el año.

Finalmente, alegan que el conflicto existente entre las partes no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de los relatos.

4.- Que, de las presentaciones de la parte recurrente y la parte recurrida, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- la parte recurrida sostuvo que no son efectivas las imputaciones que se le formulan, negando que su actuar constituya una actuación ilegal o arbitraria que hayan infringido alguna garantía constitucional del recurrente -garantías que ni siquiera se precisan por la actora-, puntualizando que existe un interventor nombrado judicialmente y que, por lo demás, existen otros recursos –jurisdiccionales- que tienen el mismo objetivo que la presente acción.

Por lo señalado, la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la parte recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la parte recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos. En consecuencia, el reconocimiento o aclaración de los hechos que en su caso podría permitir acoger el recurso, es propia de una controversia de diversa naturaleza, como la que actualmente se sigue en la causa S-11-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua o aquella que se tramita ante el Tribunal Electoral Regional, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta, tal como se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por el Sindicato de nombre reservado, en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 3219-2023 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.