INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE RANCAGUA

Rancagua, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 17 de abril de 2019 compareció don Mario Vergara Venegas, abogado, en representación de Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz Ltda., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, domiciliada en domicilio reservado, representada por el Inspector Provincial del Trabajo señor nombre reservado o por quien legalmente lo subrogue.

Funda su acción en que con fecha 8 de febrero de 2019 su representada ingresó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua una denuncia por práctica antisindical en contra de los señores nombre reservado y nombre reservado en la causa RIT S-4-2019.

Indica que en dichos autos se solicita se declare la inoponibilidad del fuero laboral que se comunicó a su representada con fecha 8 de febrero de 2019, como sanción a la práctica antisindical alegada, debido a que éste habría sido obtenido con abuso del derecho, al presentar una solicitud reservada para constituir un sindicato ante la Inspección del Trabajo de Rengo.

Sostiene que considerando que el asunto controvertido en dicha causa se refiere a los efectos de la solicitud reservada ante la Inspección del Trabajo, especialmente respecto de la oponibilidad del fuero, su parte solicitó que conforme a lo dispuesto en el artículo 5° letra b) del DFL N° 2 de 1967, se notificara a la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua la existencia del litigio entre las partes de esta causa, lo que ocurrió el 21 de febrero de 2019.

Da cuenta, que con fecha 11 de febrero de 2019 los señores nombre reservado y nombre reservado, ingresaron una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, acusando una supuesta separación ilegal por parte de su representada, fundada en la existencia de fuero laboral por la solicitud reservada de hora para la constitución de un Sindicato Interempresa y posterior conformación de un Sindicato, denuncia que dio origen a la fiscalización N° 0601/2019/211.

Refiere que en el marco de dicha fiscalización, la empresa informó que existía un litigio pendiente respecto de las materias fiscalizadas, cuestión que fue obviada por el funcionario que decidió continuar con la fiscalización, fiscalización que derivó en el Informe de exposición N° 0601/2019/211 de fecha 25 de febrero de 2019, del cual la empresa tomó conocimiento conjuntamente con la notificación de la denuncia.

Indica que en la mediación a la que la empresa fue citada con fecha 26 de febrero de 2019, nuevamente se hizo presente la improcedencia de continuar adelante con el procedimiento por existir juicio pendiente, sin embargo, la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua continuó adelante con el proceso de fiscalización, el que derivó en que con fecha 7 de marzo de 2019 presentó una denuncia por práctica antisindical en contra de su representada en la causa RIT S-8-2019, por los hechos referidos, demanda que le fue notificada con fecha 21 de marzo de 2019.

Refiere que en tal sentido, y conforme al artículo 5° letra b) del DFL N° 2 de 1967, que las funciones del Director del Trabajo y el artículo 73 inciso 1 de la Constitución Política de la República, es evidente que existiendo una controversia entre la empresa y los trabajadores sometida a conocimiento del Tribunal, cuya resolución se encuentra pendiente, la Inspección del Trabajo, órgano dependiente de la Dirección del Trabajo, se encuentra impedida de tomar conocimiento y emitir pronunciamiento alguno sobre los hechos que se encuentran discutidos ante los Tribunales de Justicia, tal y como la propia Dirección del Trabajo lo ha reconocido en una serie de ordinarios. Lo anterior, además si se considera lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880 que establece el principio de inhibición de la administración del Estado respecto de asuntos que se encuentran sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, como ocurre en este caso.

Por lo señalado, la Inspección Provincial del Trabajo, al menos desde el 21 de febrero de 2019, se encuentra legalmente impedida de continuar el conocimiento de la denuncia formulada por los señores nombre reservado, toda vez que la denuncia se basa en los efectos del fuero que emana de la solicitud reservada de hora para la celebración de una asamblea constitutiva de sindicato Interempresa.

Añade que, conforme a lo expuesto, contraviniendo su propia regulación, la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua resuelve, primero, continuar adelante con un proceso de fiscalización pese a que tenía conocimiento de la existencia de un litigio pendiente sobre la misma materia; calificar los hechos como constitutivos de práctica antisindical y presentar una denuncia ante los Tribunales Laborales. Es decir, continuó adelante con el procedimiento administrativo, apartándose de su obligación de inhibición por la existencia de un procedimiento judicial, decisión además que se adopta sin fundamento alguno, como si nunca hubiera tomado conocimiento de la existencia del juicio que se puso en su conocimiento en tres oportunidades distintas, vulnerando la legalidad de los actos administrativos para adoptar una decisión a todas luces ilegal y arbitraria que vulnera las garantías constitucionales de su representada contempladas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, estas son, igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

Por lo expuesto solicita se restablezca a la brevedad el imperio del derecho y se adopten todas las medidas que esta Corte juzgue necesarias al efecto, dejando desde luego sin efecto todos los actos administrativos ejecutados por la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua con posterioridad al 21 de febrero de 2019 en el marco de la fiscalización N° 0601/2019/2011, fecha en la que fue notificada de la existencia de causa RIT S-4-2019 y se disponga, de acuerdo con la ley, que la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua debe abstenerse de continuar con el procedimiento administrativo iniciado por la denuncia de los seres nombre reservado mientras no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se dicte en casusa RIT S-4-2019.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 10 de mayo de 2019 comparece don nombre reservado, en representación de la Inspección del Trabajo de Rancagua, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que resulta errada la aseveración de la empresa en cuanto refiere que la Dirección del Trabajo, estaría impedida de tomar conocimiento y emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de la situación de los trabajadores nombre reservado, por cuanto la norma del artículo 5 letra b) del DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, señala “Al Director le corresponderá especialmente: b) Fijar la interpretación de la legislación y la reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que sobre determinados materias tengan otros servicios u organismos fiscales, salvo que el caso este sometido al pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia este en su conocimiento. Luego, dicha disposición consagra la facultad del servicio, p0ara efectos de proceder a fijar la interpretación de legislación y reglamentación social.

Sostiene que el artículo 5 letra b) del DFL N° 2 de 1967, en parte alguna se refiere o afecta lo concerniente a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, la cual está indicada en la letra c) del artículo 5, que refiere: “Velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República”, norma que al no ser citada por el recurrente, entiende que cuestiona dicha atribución.

Manifiesta que la intervención de la Inspección del Trabajo, lo es a partir del requerimiento que surge de dos trabajadores que fueron despedidos de sus labores, y que como cualquier ciudadano precisan de sus labores. Por ello una falta de intervención de sus servicio, siendo requerida su actuación, sería un actuar al margen de la ley, dejando de cumplir una obligación legal. Es decir, se trata tal como lo prevé el numeral 5C de su Ley Orgánica, una actuación destinada a velar por la aplicación de leyes del trabajo en el territorio de la República.

Puntualiza que las causas S-4-2019 y la S-8-2019 versan sobre materias distintas, dado que lo que se busca en la primera, es que se declare la inoponibilidad del fuero laboral que se comunicó a la empresa Mas Errazuriz por parte de los trabajadores Sres. nombre reservado, y en la causa S-8-2019, corresponde a una denuncia que la Dirección del Trabajo está obligada a formular, por así decirlo de manera expresa el artículo 292 del Código del Trabajo, ante hechos objetivos, cual es, la separación ilegal de trabajadores que gozan de fuero laboral.

Sostiene, además, que consta de la presentación de 12 de abril de 2019, realizada en la causa S-4-2019, que el recurrente ya intentó lo mismo que ahora trata de llevar a cabo por esta vía, pues en la referida presentación solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo y del procedimiento de la causa S-8-2019.

Refiere que el tribunal laboral en la causa labora S-4-2019 desestima la mencionada presentación, por improcedente, decisión que es replicable en esta sede.

Al respecto, dice que la denuncia en sede laboral, es el ámbito o el contexto en el cual se debe abrir un debate en torno al actuar de la Inspección, por lo que la utilización de esta vía es improcedente, considerando que el debate es en sede judicial y que incluso consta que la empresa accedió al reintegro de los trabajadores antes mencionados en la causa S-8-2019.

Por lo señalado, sostiene que no ha existido vulneración de ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente y afirma que si lo que se buscaba era fustigar las actuaciones en sede administrativa, debió ejercido los respectivos derechos antes que dicha instancia concluyera, dado que ahora la controversia se encuentra en sede jurídica en la causa Rit S-8-2019, y es en ese contexto donde la empleadora debe intentar hacer valer sus derechos.

Por lo señalado, solicita rechazar la presente acción con costas y mantener la plena eficacia de la cada una de las actuaciones de sus servicios en el contexto de la fiscalización N° 06012019211 Acompaña documentación que se agrega al expediente.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del Derecho.

SEGUNDO: Que la actuación arbitraria e ilegal que busca ser remediada por esta vía, consiste en que la recurrida, en conocimiento que existía una denuncia por práctica antisindical en contra de los señores nombre reservado y nombre reservado en la causa RIT S-4-2019, en la que se solicitó declarar la inoponibilidad de su fuero laboral, continuó adelante con el procedimiento administrativo, apartándose de su obligación de inhibición por la existencia de un procedimiento judicial, realizando una fiscalización que derivó en el Informe de exposición N° 0601/2019/211 de fecha 25 de febrero de 2019, el que fundamentó la denuncia por práctica antisindical presentada contra la recurrente con fecha 7 de marzo de 2019 en la causa RIT S-8-2019. Por lo que solicita a esta magistratura, que la recurrida se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo iniciado por la denuncia de los señores nombre reservado mientras no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se dicte en casusa RIT S-4-2019.

TERCERO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, de los que consta que el procedimiento en sede administrativa ante la Inspección del Trabajo se encuentra agotado, dado que la recurrida realizó una denuncia por practica antisindical ante el Tribunal del Trabajo, un eventual pronunciamiento respecto a la solicitado en la presente acción cautelar, en cuanto a que “la recurrida se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo” carece de oportunidad, dado que el mismo se encuentra radicado en sede judicial, habiéndose agotado la etapa administrativa previa a aquello, tal como consta de los antecedentes acompañados.

CUARTO: Que, a mayor abundamiento, no existen antecedentes para establecer que haya existido ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida. Por el contrario, en los antecedentes se evidencia que se trata de un actuar acorde a la normativa que la rige y que fue realizado por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, y en la forma prescrita por la Ley, sin que se adviertan visos de ilegalidad o arbitrariedad, ya que la recurrida ha cumplido con su obligación legal, no siendo aplicable en la especie la norma contenida en el artículo 5 letra b) del DFL N° 2, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don Mario Vergara Venegas, abogado, en representación de Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz Ltda., y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 3208-2019 Protección.