Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Ser

Rancagua, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

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Con fecha 3 de febrero de 2026, comparecen los abogados integrantes del Programa Mi Abogado de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en su calidad de curadores ad litem de 13 niños, niñas y adolescentes individualizados en autos, todos sujetos de atención del referido programa y con medidas de protección vigentes decretadas por distintos tribunales de familia de la región, quienes deducen acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la región de O’Higgins, tanto en su nivel central como regional, por estimar que dicho órgano ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no dar cumplimiento a resoluciones judiciales firmes que ordenan el ingreso de los representados a modalidades de cuidado alternativo residencial.

Refieren que los niños, niñas y adolescentes en cuyo favor se recurre han sido objeto de graves y reiteradas vulneraciones de derechos a lo largo de sus trayectorias vitales, las cuales comprenden, entre otras, negligencia parental severa, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, abandono, exposición a violencia intrafamiliar, consumo problemático de sustancias en el entorno familiar, desescolarización, vida en contextos de calle y vinculación con entornos delictuales. En razón de dichos antecedentes, los tribunales competentes han decretado respecto de todos ellos la medida de protección de última ratio consistente en su ingreso a un sistema de cuidado alternativo residencial, por haberse agotado las alternativas menos invasivas, tales como intervenciones ambulatorias o acogimientos familiares, sin lograr restituir sus derechos fundamentales.

Sostienen que, no obstante la existencia de resoluciones judiciales reiteradas en el tiempo y en diversos casos reforzadas mediante apercibimientos, multas e incluso la remisión de antecedentes al Ministerio Público por eventual desacato, el Servicio recurrido ha incumplido de manera sistemática su obligación legal de ejecutar dichas medidas, limitándose a informar, de forma reiterada, la inexistencia de cupos disponibles en la oferta residencial, tanto a nivel regional como nacional, junto con señalar la realización de gestiones indeterminadas para su obtención, sin resultados concretos ni plazos ciertos de cumplimiento.

Indican que esta conducta omisiva no constituye un hecho aislado, sino que responde a un problema estructural y persistente del sistema de protección especializada, caracterizado por la insuficiencia de oferta residencial y la falta de mecanismos eficaces de respuesta, lo que ha derivado en la generación de un “nudo crítico” en la ejecución de las medidas de protección, produciendo la prolongación indebida de situaciones de grave vulneración de derechos y la cronificación de las mismas.

En cuanto a las consecuencias concretas de dicha omisión, señalan que los representados se mantienen en contextos de alto riesgo y desprotección, tales como permanencia en entornos familiares altamente disfuncionales o derechamente vulneradores, ausencia de adultos responsables idóneos, hospitalizaciones psiquiátricas prolongadas sin indicación clínica suficiente , utilizadas como medida de contención ante la falta de alternativas residenciales, situaciones de calle, consumo problemático de drogas, exposición a violencia y conductas delictuales, así como descompensaciones emocionales graves, conductas autolesivas e incluso ideación suicida, todo lo cual afecta de manera directa y continua su integridad física y psíquica.

Añaden que, en diversos casos, la falta de ejecución de la medida residencial ha generado efectos particularmente gravosos, tales como la frustración de procesos terapéuticos, recaídas en consumo de sustancias, agravamiento de cuadros psiquiátricos, reiteración de episodios de violencia intrafamiliar, e incluso la mantención de niños, niñas y adolescentes en recintos hospitalarios o en dispositivos inadecuados, por no existir alternativas efectivas de protección, configurándose así un daño actual, concreto y verificable.

Señalan asimismo que, como Programa “Mi Abogado”, han desplegado múltiples acciones tendientes a obtener el cumplimiento de las medidas decretadas, incluyendo coordinaciones permanentes con el Servicio recurrido, solicitudes de información, requerimientos judiciales, participación en mesas técnicas y la interposición de acciones previas, sin que dichas gestiones hayan logrado revertir la situación denunciada, la cual, por el contrario, se ha visto agravada con el paso del tiempo.

Agregan que, a su juicio, la respuesta reiterada del Servicio -consistente en la falta de cupos- no puede ser considerada una justificación jurídicamente válida para el incumplimiento de resoluciones judiciales, por tratarse de una circunstancia imputable al propio Estado, el cual se encuentra obligado a organizar y proveer los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente tratándose de medidas de carácter urgente y de última ratio.

En este contexto, sostienen que la omisión denunciada vulnera diversas garantías constitucionales de los representados, en particular, el derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al recibir un trato desigual respecto de otros niños que sí acceden a protección efectiva, y el derecho a vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad, todo ello en relación con el principio del interés superior del niño Del mismo modo, invocan la infracción de normas de rango legal y convencional, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño -en particular sus artículos 2, 3, 19 y 20-, la Ley N°21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia, y la Ley N°21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, destacando que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile forman parte del ordenamiento jurídico interno y obligan a todos los órganos del Estado a su respeto y promoción.

Finalmente, sostienen que la acción de protección constituye la vía cautelar idónea y urgente para restablecer el imperio del derecho frente a la omisión denunciada, solicitando que se ordene al Servicio recurrido adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones judiciales que disponen el ingreso de los representados a cuidado alternativo residencial, descartando la falta de oferta como excusa válida y asegurando la debida protección de sus derechos fundamentales.

A folio 7, comparece abogada del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y nombre reservado, quienes evacúan informe, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.

En primer término, plantea la improcedencia de la acción, sosteniendo que los recurrentes pretenden, por esta vía cautelar, sustraer el conocimiento de materias propias de la judicatura especializada de familia, obteniendo un pronunciamiento paralelo respecto de situaciones que actualmente se encuentran sometidas al conocimiento de los tribunales de familia competentes, en el marco de causas proteccionales vigentes.

Expone que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 N°7 de la Ley N°19.968, corresponde exclusivamente a los juzgados de familia conocer y resolver los asuntos relativos a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, incluyendo la adopción, modificación, sustitución y ejecución de medidas de protección. Añade que dicho estatuto normativo contempla mecanismos específicos para asegurar el cumplimiento de tales medidas, entre ellos, la facultad del tribunal para decretar apremios, sustituir medidas y adoptar decisiones conducentes a su ejecución, conforme a los artículos 22, 71, 77 y 94 del mismo cuerpo legal.

En este sentido, sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para exigir el cumplimiento de medidas de protección decretadas en sede de familia, por cuanto el ordenamiento jurídico contempla procedimientos específicos y adecuados para ello, los cuales permiten un debate amplio, contradictorio y con rendición de prueba, lo que resulta incompatible con la naturaleza cautelar, urgente y desformalizada del recurso de protección.

Agrega que acoger la pretensión de los recurrentes implicaría el riesgo de generar pronunciamientos jurisdiccionales paralelos o contradictorios, afectando la coherencia del sistema de protección y, en definitiva, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados, quienes ya se encuentran bajo la tutela de tribunales especializados que revisan periódicamente su situación proteccional.

En cuanto al fondo, la recurrida niega la existencia de una omisión ilegal o arbitraria en su actuar, afirmando que, respecto de todos los niños, niñas y adolescentes individualizados en el recurso, existen causas proteccionales vigentes en etapa de cumplimiento, en las cuales el Servicio ha desplegado de manera constante y sistemática las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, especialmente en lo relativo a la búsqueda y asignación de cupos residenciales.

Sostiene que la alegación de inactividad o pasividad resulta errónea, toda vez que el Servicio ha actuado dentro del marco de sus competencias legales, ejecutando los procedimientos establecidos para la asignación de cupos mediante el sistema interconectado con el Poder Judicial y, en ausencia de disponibilidad regional, activando de manera reiterada mecanismos de búsqueda nacional, a través de memorándums dirigidos a diversas direcciones regionales, sin obtener en múltiples casos respuestas favorables debido a la inexistencia objetiva de oferta programática.

En este contexto, detalla que la asignación de cupos residenciales se encuentra sujeta a condiciones técnicas, tales como el perfil del niño, niña o adolescente, su rango etario, necesidades clínicas y disponibilidad efectiva de plazas en los dispositivos existentes, lo que impide una asignación inmediata en todos los casos, no siendo dicha circunstancia imputable a una conducta arbitraria o ilegal del Servicio, sino a limitaciones estructurales del sistema de protección.

Asimismo, expone que, en diversos casos, los niños, niñas y adolescentes ya cuentan con cupos residenciales asignados o en proceso avanzado de asignación, encontrándose pendientes únicamente gestiones logísticas de traslado o coordinaciones interinstitucionales, lo que torna la acción no solo improcedente, sino también inoportuna.

Añade que, paralelamente a la búsqueda de cupos residenciales, el Servicio ha promovido y ejecutado intervenciones complementarias a través de programas ambulatorios, dispositivos de salud mental, programas de tratamiento de consumo problemático de sustancias y coordinación con redes intersectoriales, con el objeto de resguardar la integridad de los niños y adolescentes y evitar la adopción de medidas más gravosas cuando existan alternativas menos invasivas, en conformidad con el principio de subsidiariedad y el carácter de última ratio del cuidado residencial.

En particular, señala que en varios de los casos se han desarrollado mesas técnicas, asistencias técnicas emergentes, coordinaciones con servicios de salud, SENDA y programas de la red, seguimiento semanal de situaciones críticas, hospitalizaciones cuando ha sido necesario y gestiones de intervención familiar, evidenciando un actuar activo, continuo y orientado a la protección de los derechos de los representados.

Destaca además que, en determinados casos, la falta de materialización de ingresos residenciales no obedece exclusivamente a la inexistencia de cupos, sino también a factores asociados a la voluntariedad de los propios adolescentes, dificultades de adherencia a los dispositivos, abandonos de tratamientos, condiciones clínicas que requieren intervenciones previas o evaluaciones técnicas que desaconsejan un ingreso inmediato, lo que debe ser ponderado caso a caso.

En este orden de ideas, afirma que no se configura en la especie una conducta ilegal o arbitraria en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por cuanto el Servicio ha actuado conforme a la normativa vigente, dentro de sus competencias y desplegando las acciones que le son exigibles, sin que pueda imputársele responsabilidad por la insuficiencia estructural de la oferta residencial a nivel nacional.

A folio 11 comparece el Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien evacúa informe.

En primer término, hace presente que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez tomaron conocimiento formal del requerimiento de informe con fecha reciente, no existiendo constancia de notificación previa en los registros institucionales, ni en el sistema de tramitación de la causa, lo que explica la ausencia de actuaciones anteriores por parte de dicha repartición.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que el recurso de protección deducido se dirige en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia -tanto a nivel nacional como regional-, fundado en la supuesta omisión consistente en la falta de asignación oportuna de cupos en sistemas de cuidado alternativo residencial respecto de trece niños, niñas y adolescentes, quienes, según se expone, cuentan con resoluciones judiciales firmes que ordenan su ingreso a dicha modalidad de protección.

En este contexto, el informante se limita a precisar el marco institucional y competencial que regula la relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio recurrido, señalando que, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.530, la Ley N°21.430 y la Ley N°21.302, corresponde a la Subsecretaría de la Niñez ejercer funciones de coordinación, administración y supervisión del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, incluyendo la fiscalización del funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada.

No obstante lo anterior, enfatiza que dicha función de supervisión no implica una relación jerárquica entre la Subsecretaría y el Servicio, sino que se trata de un vínculo de rectoría y fiscalización en el marco del sistema de garantías, manteniendo el Servicio su carácter de órgano público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con competencias propias para la ejecución de las políticas públicas en materia de protección especializada.

Enseguida, precisa que, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley N°21.302, corresponde al Servicio Nacional de Protección Especializada garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, lo que comprende el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño y la prevención de nuevas vulneraciones, siendo dicho organismo el encargado directo de implementar las medidas de protección decretadas por los tribunales de familia.

En lo relativo a la asignación de cupos en programas de cuidado alternativo residencial, señala que dicho procedimiento se encuentra regulado en el Decreto N°12 del año 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual establece un sistema de asignación basado en criterios técnicos, tales como el perfil del niño, niña o adolescente, su domicilio, nivel de complejidad, factores de riesgo, intervenciones vigentes y condiciones individuales del caso, correspondiendo dicha asignación al director regional respectivo del Servicio, conforme a un procedimiento que debe ser racional, breve y ajustado a derecho.

A partir de lo anterior, concluye que la Subsecretaría de la Niñez no cuenta con facultades legales para intervenir directamente en el procedimiento de asignación de cupos ni para sustituir las decisiones técnicas adoptadas por el Servicio en el ejercicio de sus competencias, careciendo de potestades para ordenar o imponer la asignación de plazas residenciales en casos particulares.

Con todo, señala que la Subsecretaría ejerce de manera permanente sus funciones de supervisión y fiscalización respecto del Servicio, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares establecidos en la Ley N°21.430, revisando, entre otros aspectos, que los procedimientos de asignación de cupos se ajusten a los criterios legales y reglamentarios aplicables.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1º Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen su ejercicio, debiendo verificarse, para su procedencia, la existencia de una conducta imputable al recurrido que reúna tales características y que produzca un efecto actual susceptible de ser corregido por esta vía. 2° Que, comparecen los abogados del Programa “Mi Abogado” de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en su calidad de curadores ad litem de trece niños, niñas y adolescentes individualizados en autos, quienes deducen acción de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, tanto a nivel nacional como regional, fundado en la omisión de dicho organismo en dar cumplimiento a resoluciones judiciales firmes que ordenan el ingreso de sus representados a sistemas de cuidado alternativo residencial.

Refieren que los niños, niñas y adolescentes han sido objeto de graves y reiteradas vulneraciones de derechos, habiéndose decretado a su respecto medidas de protección de última ratio por los tribunales de familia competentes.

Sostienen que, pese a la existencia de órdenes judiciales expresas, el Servicio recurrido ha incumplido de manera sistemática su ejecución, limitándose a invocar la inexistencia de cupos disponibles, lo que ha generado la mantención de situaciones de riesgo, afectando su integridad física y psíquica, su derecho a la igualdad ante la ley y su desarrollo en condiciones de dignidad, en contravención al principio del interés superior del niño. 3° Que, evacuando informe, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia solicitó el rechazo del recurso, alegando, en primer término, su improcedencia por encontrarse las materias sometidas al conocimiento de los tribunales de familia competentes, los cuales cuentan con facultades para adoptar y ejecutar las medidas de protección pertinentes.

En cuanto al fondo, sostuvo que no ha incurrido en una omisión ilegal o arbitraria, por cuanto ha desplegado diversas gestiones destinadas a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, particularmente en la búsqueda y asignación de cupos residenciales, conforme a criterios técnicos y a la disponibilidad efectiva de la oferta programática, agregando que la falta de cupos constituye una limitación estructural del sistema y no una conducta imputable a su actuar.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez informaron que su intervención se limita a funciones de coordinación, supervisión y fiscalización dentro del sistema de garantías, careciendo de facultades legales para intervenir directamente en la asignación de cupos o sustituir las decisiones del Servicio recurrido, el cual actúa como órgano descentralizado con competencias propias. 4° Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, fundada en la existencia de procedimientos proteccionales en sede de familia, cabe tener presente que, si bien dichos tribunales cuentan con facultades para decretar y supervisar medidas de protección, ello no obsta al ejercicio de la acción constitucional cuando se denuncia una omisión actual de la autoridad administrativa en la ejecución de tales medidas, susceptible de afectar garantías fundamentales, cuestión que corresponde a esta Corte examinar en el ámbito de su competencia cautelar. 5° Que, en cuanto a la oportunidad de la acción, de los antecedentes aparece que la omisión denunciada no se agota en un hecho puntual, sino que consiste en la falta de ejecución de resoluciones judiciales vigentes, situación que se ha mantenido de manera continua y reiterada en el tiempo, incluso con posterioridad a requerimientos judiciales, apercibimientos y otras actuaciones destinadas a obtener su cumplimiento.

En efecto, se trata de una omisión de carácter permanente, cuyos efectos se renuevan mientras no se materialice el ingreso ordenado, manteniéndose los niños, niñas y adolescentes en contextos de riesgo y desprotección, de modo que la acción deducida debe estimarse interpuesta oportunamente, conforme al criterio sostenido por la Excma.

Corte Suprema en casos análogos. 6° Que, en cuanto al fondo, no resulta controvertido que los niños, niñas y adolescentes individualizados en autos cuentan con resoluciones judiciales firmes que ordenan su ingreso a cuidado alternativo residencial, ni tampoco que, en diversos casos, dichas medidas no han sido materializadas, manteniéndose en la actualidad en situaciones que motivaron precisamente la intervención judicial. 7° Que, si bien la recurrida ha informado la realización de diversas gestiones destinadas a la búsqueda de cupos residenciales, tanto a nivel regional como nacional, así como la existencia de limitaciones en la oferta programática disponible, tales circunstancias no desvirtúan la existencia de la omisión denunciada, desde que lo relevante para efectos de esta acción es la falta de ejecución efectiva de las medidas decretadas, cuya finalidad es resguardar la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

En este contexto, consta además que la falta de ejecución de las medidas de ingreso residencial ha sido reiterada en el tiempo y, en algunos casos, reforzada mediante apercibimientos, multas e incluso la remisión de antecedentes al Ministerio Público por eventual desacato, lo que da cuenta de la persistencia del incumplimiento y de la ineficacia de los mecanismos ordinarios para lograr su materialización. 8° Que, asimismo, de los antecedentes se desprende que los niños, niñas y adolescentes se mantienen en contextos de alto riesgo, tales como permanencia en entornos familiares vulneradores, ausencia de adultos responsables idóneos, hospitalizaciones prolongadas sin indicación clínica suficiente, situaciones de calle, consumo problemático de sustancias, exposición a violencia y conductas delictuales, así como descompensaciones emocionales graves, circunstancias que afectan de manera directa y continua su integridad física y psíquica. 9° Que, en estas condiciones, la omisión consistente en no ejecutar resoluciones judiciales firmes que disponen el ingreso a cuidado alternativo residencial configura una conducta ilegal, por cuanto importa el incumplimiento de decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional competente en el ejercicio de sus atribuciones, y arbitraria, desde que carece de una justificación suficiente frente a la entidad de los derechos comprometidos, no siendo la falta de disponibilidad de cupos, por si sola, una excusa válida para eximirse del cumplimiento de tales resoluciones. 10° Que, en efecto, el deber del Estado de protección respecto de los niños, niñas y adolescentes -especialmente aquellos que se encuentran bajo medidas de protección- implica la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la restitución efectiva de sus derechos, no pudiendo trasladarse a éstos las consecuencias de deficiencias estructurales del sistema, cuya organización corresponde a los órganos administrativos competentes. 11° Que, en consecuencia, la omisión denunciada importa una perturbación y amenaza al derecho a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, así como una afectación al derecho a la igualdad ante la ley, en cuanto no todos los sujetos en igual situación acceden a una protección efectiva, quedando algunos expuestos a la persistencia de condiciones de vulneración. 12° Que, en este escenario, y atendida la naturaleza cautelar de la acción deducida, corresponde adoptar medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, disponiendo que la autoridad recurrida adopte las acciones necesarias para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones judiciales vigentes, dentro de un plazo razonable y bajo criterios técnicos, debiendo informar periódicamente a esta Corte acerca del estado de cumplimiento de dichas medidas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados del Programa Mi Abogado de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en su calidad de curadores ad litem de 13 niños, niñas y adolescentes, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la región de O’Higgins, sólo en cuanto se ordena a éste último desplegar las acciones administrativas pertinentes, tendientes a asignar cupo residencial inmediato y urgente en favor de los niños y adolescentes de autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 320-2026 Protección Se deja constancia que esta sentencia si reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.