Protección contra Director General de la Policía de Investigaciones y del Contralor General de la

Rancagua, treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

Con fecha 25 de julio de 2016, comparece doña nombre reservado, funcionaria de Policía de Investigaciones de Chile, asistente administrativo, grado 16°, quien deduce recurso de protección en contra del Director General de la Policía de Investigaciones y del Contralor General de la República de Chile.

Expresa la recurrente que con fecha 16 de marzo de 2016, fue notificada de la Resolución Exenta Reservada N°128, de fecha 27 de febrero de 2016, por medio de la cual se declaró que presenta salud incompatible para el desempeño de sus funciones al registrar un total de 240 días de licencias médicas, en el periodo comprendido entre el 7 de abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

Ante una medida similar, en el mes de mayo del año 2015, interpuso recurso de reposición que fue acogido, concediéndole seis meses para procurar una intervención quirúrgica y su rehabilitación, no obstante existir información oficial en cuanto a que el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, había suspendido las intervenciones quirúrgicas por falta de insumos médicos. No obstante lo anterior, se le notificó la resolución aludida, respecto de la cual interpuso recurso de reposición con fecha 23 de marzo de 2016, el que fue rechazado con fecha 11 de abril de 2016.

Ante este escenario, con fecha 3 de junio de 2016, recurrió a la Contraloría General de la República, recurso que fue resuelto en forma negativa, notificándole dicha resolución con fecha 7 de julio de 2016.

Señala que con dichas actuaciones se ha vulnerado su derecho a la salud y al trabajo.

Solicita se acoja el recurso interpuesto y se impongan las medidas para restablecer el imperio del derecho.

Adjunta documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 19 de agosto de 2016, informa la recurrida Contraloría General de la República de Chile, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, fundado en que la recurrente lo que pretende invalidar es la declaración de salud incompatible para el desempeño del cargo que le fue notificada el día 27 de mayo de 2016.

Luego señala que carece de legitimación pasiva, ya que no intervino en la decisión del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile de declarar la salud de la recurrente como incompatible con su empleo, lo que afectó la expectativa que ella tenía para continuar en la Institución.

Agrega que esta acción cautelar no es la vía idónea para que se declare que la salud de la recurrente es compatible con el cargo que desempeñaba.

Finalmente señala que el artículo 151 de la Ley 18.834, aplicable a la institución policial en virtud de lo consignado en el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N°1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, establece que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Al pronunciarse ellos como unidad de control en su dictamen 47.461 de 2016 acerca de la situación de la recurrente, ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, no siendo su actuar ni arbitrario ni ilegal, se tuvo a la vista la información sobre las licencias médicas presentadas desde el 7 de abril al 2 de diciembre de 2015, las que totalizaron 240 días, que como se advierte, comprendían un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, no apreciándose vicio o arbitrariedad en lo resuelto. Por lo que solicita que se desestime el recurso.

Adjunta documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 25 de agosto de 2016 informa la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, alegando en primer término que el recurso es extemporáneo, ya que lo que se pretende es que se deje sin efecto la resolución N°128, de fecha 27 de febrero de 2016, notificada a la recurrente el día 16 de marzo de 2016, habiendo transcurso el plazo establecido para la interposición del recurso.

En cuanto al fondo señala que el recurso debe ser rechazado por cuanto no basta que la recurrente sólo enuncie las garantías constitucionales supuestamente infringidas, sino que debe constar la relación que estas guardan entre sí, para configurar la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de sus derechos.

Finalmente indica que la declaración de salud incompatible dispuesta mediante la resolución exenta N°128 de 27 de febrero de 2016, y la posterior declaración de vacancia del cargo por salud incompatible de la recurrente, dispuesta mediante la resolución TRA N° 380/17/2016 de fecha 30 de julio de 2016, de la Policía de Investigaciones de Chile, toma de razón de la Contraloría General de la República con fecha 6 de julio de 2016, fueron dispuestas en ejercicio de una facultad discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, conferida por la ley a la máxima autoridad del servicio, las cuales han sido debidamente argumentadas y fundadas, por lo que no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegítimas, por lo que solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Adjunta documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 31 de agosto de 2016, se decreta como medida para mejor resolver, oficiar a la Unidad de Hombro y Codo del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Dipreca, a fin de que informe el tipo y duración de la terapia de rehabilitación de la paciente nombre reservado nombre reservado, si ella cumplió con los requerimientos necesarios para su rehabilitación, si ésta concluyó satisfactoriamente, dándose el alta respectiva o si por causas no imputables a la paciente el tratamiento respectivo se vio demorado, causas y tiempo de la demora.

Además, con fecha 16 de septiembre de 2016, se decretó oficiar a la Comisión Médica Institucional a fin que informe si es factible la reincorporación de la paciente a la institución en que prestaba servicios.

Con fecha 23 de septiembre de 2016, se recibe informe remitido por el médico nombre reservado de la Unidad de Hombro y Codo Equipo de Extremidad Superior Servicio de Ortopedia y Traumatología Hospital Dipreca, en el que informa que la tardanza en el inicio del tratamiento sugerido a la paciente se debió a la falta de insumos quirúrgicos que afectó al hospital, pudiendo ser operada recién en el mes de agosto del año 2015.

Señala que la patología que afecta a la paciente no la imposibilita para desempeñar su trabajo y, que una vez operada debería haberse reintegrado sin mayores dificultades. En este caso, han ocurrido varias situaciones ajenas a la paciente que han influido en el resultado hasta la fecha.

Con fecha 7 de noviembre del año 2016 en cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada, informa la jefatura de sanidad de Policía de Investigaciones de Chile, mediante informe técnico N°488 de fecha 3 de noviembre de 2016, señalando que la Comisión Médica Institucional se constituyó en dependencias de la Jefatura de Sanidad el día 27 de octubre de 2016, con el fin de informar sobre la situación de la recurrente.

Señalan que en virtud d ela función que cumplen y a petición de la Prefectura Provincia Cachapoal, debido a las licencias médicas presentadas por doña nombre reservado, en varias oportunidades, desde el año 2013, fue evaluada por el médico traumatólogo de esta jefatura de Sanidad, el Comisario de Sanidad el doctor nombre reservado, quien evacuó en cuatro oportunidades “Informe para evaluación de la Comisión Médica”, documentos que fueron analizados por los integrantes de la Comisión Médica Institucional, la última vez el día 19 de enero de 2016, señalando que su diagnóstico tendinopatía mango rotador hombro izquierdo, su aptitud para el servicio aún no se puede evaluar por tener acciones médicas pendientes. Dejándola citada para reevaluación para cuatro meses más. Asimismo se señaló que “sus licencias médicas se encuentran justificadas”.

La referencia efectuada en el citado informe técnico, en cuanto a que las licencias médicas se encuentran justificadas, tiene su fundamento en las disposiciones del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, que impone a la unidad técnica encargada de la fiscalización de las licencias médicas el deber de autorizar o no tales instrumentos y de declarar que el reposo se justifica o no.

Sin embargo, los mencionados pronunciamientos técnicos no constituyen un impedimento para que el Director General, previa comprobación del cumplimiento de las exigencias legales, haga uso de la potestad que le confiere el artículo 151 de la Ley 18.834, como ha precisado la Contraloría Genral de la República en los Dictámenes N°47.461 y 67.255, ambos del año 2016, la superioridad institucional no realiza un análisis de la salud del funcionario, en orden de establecer si ésta es o no recuperable.

Finalmente indica que la recurrente fue citada para ser evaluada el 20 de octubre de 2016, por el traumatólogo institucional Comisario (S) doctor nombre reservado, quien señaló que presenta como diagnóstico “tendinopatía mango rotador hombro izquierdo”, por lo que la Comisión Médica Institucional, al estudio y análisis de su ficha clínica y antecedentes que obran en su carpeta, además, de los informes médicos concluye que doña nombre reservado, se encuentra recuperada de su lesión, sin perjuicio de esto, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del citado estatuto Administrativo, el señor Director General de la Policía de Investigaciones, en ejercicio de su potestad declaró que su salud es incompatible con el desempeño del cargo, lo que fue resuelto mediante resolución TRA N°380/17/2016 de fecha 20 de junio de 2016, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 6 de julio de 2016.

Adjunta registro de licencias médicas de la recurrente.

Con fecha 14 de noviembre del año 2016, se tuvo por cumplida las medidas para mejor resolver decretadas rigiendo el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN.

PRIMERO: Que ambos recurridos sostuvieron que el recurso de protección fue interpuesto fuera de plazo legal.

En efecto, la Contraloría General de la República señaló que aquél se dedujo en su contra el 25 de Julio de 2016 , en circunstancias que la Resolución N° 128, de 27 de Febrero del mismo año, de la Policía de Investigaciones, que declaró incompatible la salud de la recurrente para el desempeño de su cargo, le fue notificada el 16 de Marzo de esa anualidad.

Sostuvo que la recurrente impugnó formalmente su Dictamen N° 47.461, de 24 de Junio de 2016- que declaró ajustado a derecho lo resuelto en tal sentido- para que se dejara sin efecto la mencionada declaración, decisión de la que tuvo conocimiento con anterioridad a la emisión de tal pronunciamiento.

Por su parte, la Dirección General de Policía de Investigaciones de Chile sostuvo en similares términos que la interposición del recurso fue en contra de la Resolución N° 128, cuya notificación se hizo en la fecha antes mencionada, por lo que al deducirlo el 25 de Julio de 2016 , ya se encontraba fuera de plazo legal.

Respecto de lo anterior, cabe señalar que según se desprende del texto del recurso, nombre reservado solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento acerca de dicha resolución ,la que habría sido dictada sin tener en cuenta que otra resolución anterior, la N° 161, de Mayo de 2015, dejó sin efecto la declaración de salud incompatible y le concedió un plazo de seis meses para una intervención quirúrgica y su posterior rehabilitación. En el recurso de revisión de legalidad que acompañó a su recurso de protección, hizo presente lo anterior y, además, cuestionó derechamente la procedencia de aquella decisión en base a la norma invocada por la Dirección de Investigaciones, lo que constituiría un abuso de poder y un acto ilegal e inconstitucional.

Mediante el dictamen antes referido, la Contraloría concluyó que tal determinación se ajustó a derecho, lo que motivó que la recurrente, tras ser notificada el 7 de Julio de 2016, presentara el presente recurso de protección el 25 del mismo mes, estimando que al convalidar la cuestionada Resolución N° 128, se habría actuado arbitrariamente, conculcándose las garantías constitucionales indicadas.

En consecuencia, el acto denunciado como arbitrario se habría materializado en definitiva con el pronunciamiento de la Contraloría y, en tal caso, la recurrente habría interpuesto el presente recurso dentro de plazo legal.

Este Tribunal, en razón de lo anterior, rechazará la solicitud de extemporaneidad requerida por ambos recurridos.

II.- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA ALEGADA POR CONTRALORÍA GENERAL.

SEGUNDO: Que, razón tiene la entidad fiscalizadora al sostener en su informe que no le cupo intervención alguna en la decisión adoptada por la Dirección de Policía de Investigaciones, en cuanto declaró la salud de la recurrente como incompatible para el desempeño de su cargo, tras verificar que aquella hizo uso de licencias médicas por 240 días en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.Tal determinación se concretó mediante la dictación de la Resolución N° 128, de 27 de Febrero de 2016, en virtud de la facultad conferida a dicha jefatura por el Artículo 151 de la Ley 18.834.

Si tomó conocimiento de lo anterior, fue sólo a requerimiento de la recurrida, según se dijo, concluyendo que la dictación de aquella se ajustó a derecho conforme a los antecedentes relativos a las licencias médicas ya mencionadas.

Al intervenir y al pronunciarse en la forma que lo hizo, la Contraloría no hizo más que cumplir con la potestad dictaminante que le confiere el Artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, el Artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N° 18.575 y el Artículo 5 de su propia ley orgánica. Tales disposiciones consagran la facultad de cualquier persona que se sienta afectada por un acto ilegal dictado por un servicio público para solicitar dictámenes, por lo que estos se pueden dictar a petición de parte o de jefaturas de servicios o de otras autoridades.

El dictamen es esencialmente " un acto de consulta " o " un acto de respuesta " a petición de un particular o de un funcionario que reclama el reconocimiento de derechos que le sean desconocidos por la administración y siempre que las situaciones que los afecten importen una violación de normas cuyo cumplimiento corresponda fiscalizar al organismo contralor ( Patricio Aylwin " Derecho Administrativo ".Editorial Universidad Andrés Bello, Santiago 1996).

Al tenor de lo anterior, cuando la Contraloría se pronunció sobre el caso en cuestión, lo hizo porque la propia recurrente solicitó su parecer acerca de la eventual ilegalidad de la referida resolución, sin que por ello la implicara en modo alguno en la toma de decisión de la mencionada entidad policial.

En consecuencia, queda claro que el órgano contralor no tiene ni puede tener en el presente caso la calidad de legitimador pasivo, por lo que a su respecto no procede recurrir de protección en su contra, razón por la cual se rechazará el recurso.

III.- RECURSO DE PROTECCION CONTRA DIRECTOR GENERAL POLICIA DE INVESTIGACIONES.

TERCERO: Que en cuanto al fondo, resulta necesario señalar que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

CUARTO: Que en la especie se impugnó la tantas veces referida Resolución 128, que, como ya se mencionó, declaró salud incompatible la de la recurrida para el desempeño de su cargo, por registrar un total de 240 días de licencia médica entre el 7 de Abril y el 9 de Diciembre de 2015.

La recurrente no fue muy explícita en señalar si atacó su ilegalidad o su arbitrariedad, pero, al tenor de lo que señaló en el breve texto de su recurso, se desprende que fue este aspecto el que motivó su interposición.

Concretamente, basó su apreciación en el hecho de que con antelación se dictó la Resolución N°161, con fecha 8 de Agosto de 2015,que le concedió seis meses " para procurar una intervención quirúrgica y su rehabilitación " en el Hospital de Dipreca, no obstante que tales intervenciones estaban suspendidas por falta de insumos médicos.

En el recurso no se consignaron mayores antecedentes sobre el particular, por lo que se estará a la información contenida en los documentos que se acompañaron en el segundo otrosí de su presentación.

Al no haberse considerado, entonces, lo anteriormente expuesto,la recurrente estimó que se le habría despojado del derecho " a la salud y al trabajo, entre otras materias ", sin explicitar la forma en que ello habría ocurrido. Por lo mismo, habrá que remitirse a la misma documentación antes referida.

CUARTO: Que la información consignada en aquella da cuenta de lo siguiente:

1.-La recurrente se desempeñaba como Asistente Administrativo en la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Rancagua y con motivo de sus labores en esta dependencia empezó a sufrir dolores progresivos en su hombro izquierdo, concediéndosele por ello diversas licencias médicas por un total de 240 horas, en el período comprendido entre el 7 de Abril y el 2 de Diciembre de 2015.

2.-Como consecuencia de lo anterior, el Director General de Investigaciones, mediante Resolución N° 99, de fecha 14 de Abril de ese año, declaró que la recurrida presentaba salud incompatible con el desempeño de su cargo, decisión amparada en la facultad contenida en el Artículo 151 del Estatuto Administrativo.

3.-La recurrente solicitó y obtuvo que dicha resolución fuera repuesta por la Resolución N° 161, de 8 de Mayo de 2015, la cual- dando por establecido que las licencias médicas prolongadas se encontraban justificadas y que no eran imputables a su negligencia o mala fe, constituyendo un caso fortuito o de fuerza mayor que el Hospital Dipreca no la hubiera atendido por inconvenientes de ese centro -dejó sin efecto la Resolución N° 99. Y para acelerar su proceso de intervención quirúrgica y posterior rehabilitación y retorno a sus labores ,concedió para ello un plazo de seis meses, luego de lo cual la Comisión Médica de la institución debía pronunciarse respecto de su estado de salud y de la posible declaración de salud irrecuperable.

4.-En relación a lo anterior, la Resolución N°161 consiga, entre otros antecedentes, los siguientes:

a) Con ocasión de los dolores que sufría la recurrente, se le diagnosticó un " Derrame Peritendineo Proximal en tendón del Bícep, Braquial. Discreta Tendinosis del Supraespinozo", dolencia que requería una intervención quirúrgica en el mencionado hospital, tras fracasar los tratamientos llevados hasta ese entonces.

b) El médico del Hospital Dipreca, nombre reservado, corroboró que la operación programada no se pudo practicar por estar suspendida la provisión de insumos médicos por un tema económico .Agregó que su dolencia le permitía seguir trabajando en su cargo, que una vez operada debería reintegrarse a sus actividades sin problemas, que las variadas situaciones ocurridas no eran culpa de la funcionaria ni del cuerpo médico tratante, que la patología era frecuente y tratable y tenía recuperación y que las licencias médicas fueron extendidas para evitar el agravamiento de su lesión.

Estos fueron los antecedentes que se consideraron para revertir la decisión de declarar incompatible la salud de la recurrente para el desempeño de su cargo.

QUINTO: Que, en consecuencia, habrá que analizar y establecer si la Resolución 128 fue arbitraria y si conculcó los derechos constitucionales indicados en el recurso, todo ello a la luz de los pormenores antes referidos.

El fundamento de hecho fue que la recurrida acumuló, como ya se dijo,un total de 240 días de licencias médicas durante el período señalado, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional, las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva, ni por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad a que se refiere el Código del Trabajo.

El fundamento legal fue el Artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual señala que "El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de Licencia Médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable ".

En su informe de fojas 109 y siguientes, el Director General señaló fundamentalmente que obró de la forma en que lo hizo porque así se lo permitía la señalada disposición legal, la cual le concede una facultad discrecional y de exclusiva competencia como Jefe Superior, una vez acreditadas las circunstancias de hecho, por lo que bastaría la sola constatación de que un funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en la forma indicada en la norma para ejercer sin más la prerrogativa antes referida.

Tal criterio resolutivo fue confirmado por la Contraloría General en su Dictamen 47461, de 26 de Junio de 2016, según consta a fojas 11 y 12.

En abono de lo anterior, mencionó en su informe un fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 90287-2013), el cual, haciendo referencia a un caso similar, señaló que la ausencia de una funcionaria por el lapso de tiempo estipulado en la ley, carece de aptitud para desempeñar el cargo, lo que impide calificar de arbitraria la decisión del Director General de la Policía de Investigaciones.

Concluyó su informe sosteniendo que en su obrar no hubo arbitrariedad, pues la declaración contenida en la resolución recurrida la dispuso en ejercicio de la facultad discrecional antes mencionada, habida consideración del uso prolongado de licencias médicas por la recurrente.

SEXTO: Que la prerrogativa legal aludida invariablemente por dicha autoridad superior no está en cuestión. Lo que sí se cuestiona es el dispar criterio que se usó para resolver favorablemente y luego desfavorablemente el asunto, existiendo la misma situación de hecho en ambos casos.

Al respecto, cabe recordar someramente cómo el Director General, usando un criterio amplio y abierto, acogió las razones y circunstancias que rodearon la situación médica de la recurrente, no obstante el uso de licencias médicas por un lapso superior al señalado en la ley, concediéndole un plazo de seis meses para que procediera a operarse y rehabilitarse para su pronto retorno a sus labores.

Así consta de la Resolución N° 161, según fojas 1 a 3, la cual, como consecuencia de lo anterior, dejó sin efecto la Resolución N° 99, que había declarado su salud incompatible bajo la misma disposición legal, según consta a fojas 79.

Lo anterior contrasta con el posterior criterio de esta autoridad, quién, haciendo valer esa norma , esta vez de forma perentoria y bajo la sola constatación de que la recurrida estuvo ausente por el período señalado, declaró sin más su salud incompatible, según consta de la Resolución N°128 que rola a fojas 4 .

Lo anterior es lo que exiguamente planteó la recurrida en su recurso de fojas 24 a 26, entendiendo que al resolver posteriormente de otra forma,se habría procedido " en abierta y deliberada conculcación (...) de su derecho a la salud y al trabajo..." SEPTIMO: Que, para establecer si ello es efectivo o no, es necesario tener en cuenta los nuevos antecedentes allegados a esta causa ,que fueron requeridos por este Tribunal para un mejor conocimiento y fallo del presente recurso.

A fojas 159 se agregó el informe médico , de fecha 7 de Septiembre de 2016, evacuado por el Doctor nombre reservado, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Dipreca, en el cual se señala que la recurrente, afectada por el Síndrome de Pinzamiento Subacromial Hombro Izquierdo, fue tratada inicialmente con kinesioterapia, analgésicos y reposo, sin que se obtuviera mejoría. Más tarde, y en forma tardía por falta de especialista adecuado, se le infiltró ese hombro sin resultados positivos por dicha tardanza, a resultas de lo cual en Enero de 2015 se le indicó un tratamiento quirúrgico, que tan sólo en Agosto de ese año se pudo practicar, debido a la falta de insumos. Debido a la persistencia del dolor, se solicitó un estudio para descartar una patología extra articular y una electromiografía de extremidades superiores, ambos exámenes informados como normales.

Ratificando lo informado en Marzo de 2016, según fojas 22, el médico afirmó que hubo efectivamente una demora significativa en realizar el tratamiento indicado, lo que fue atribuido a la falta de recursos e insumos médicos por los que pasó el hospital, lo que a su juicio influyó en el resultado obtenido a la fecha. (Septiembre 2016), como también la espera en resolver su situación institucional.

Finalmente informó que el tratamiento aún no ha concluido, pero una vez terminado, no advertía impedimento para que la paciente retomara su trabajo.

A fojas 186 y siguientes se acompañó el informe de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones, de fecha 3 de Noviembre de 2016,el cual, en lo substancial al caso , informó que la recurrente fue evaluada desde el año 2013 por el traumatólogo Dr. nombre reservado, quién en definitiva señaló que " sus licencias médicas se encuentran justificadas".

Aclaró que los pronunciamientos médicos de esta Comisión no constituyen un impedimento para que el Director General, previa comprobación del cumplimiento de las exigencias legales, haga uso de la potestad que le confiere el Artículo 151 de la Ley 18.834, porque, como lo ha sostenido la Contraloría General en los dictámenes que se indican, la superioridad institucional no realiza un análisis de la salud del funcionario, en orden a establecer se ésta es o no recuperable.

Y respecto a la consulta específica que formuló esta Corte, informó que la recurrente fue citada para ser evaluada por el Dr. nombre reservado el día 20 de Octubre de 2016, tras lo cual concluyó que la recurrente " se encuentra recuperada de su lesión".

OCTAVO: Que, a la luz de este antecedente, entre los otros ya mencionados, el Director General debió haber requerido información al jefe directo de la afectada sobre el avance o progreso de su terapia, puesto que en su Resolución N° 161, de Mayo de 2015, ordenó expresamente que aquél debía mantener " el monitoreo de la situación de salud " de ella. Si lo hubiera hecho, se habría enterado de las múltiples dificultades que la paciente tuvo que enfrentar, como aquellas mencionadas en los informes médicos, que retardaron enormemente su total recuperación, lo que fue constatado y declarado por el médico tratante de la propia institución. Aunque el plazo de seis meses que le concedió para su recuperación no fueron suficientes, nuevamente el retardo en obtener su completa sanación le resultó ajena. Baste recordar que su operación fue programada para Enero de 2015, y por las razones indicadas por el Dr. Quijada, se pudo efectuar recién en Agosto de ese año, retardando con ello todo el posterior proceso de rehabilitación. Al informar a esta Corte en Septiembre de 2016, dicho facultativo mencionó como factores que influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente "la demora significativa en realizar el tratamiento indicado "y " la espera de resolver su situación institucional". Lo cierto es que su recuperación se logró en Octubre de 2016, lo que debió haber estado en conocimiento de la autoridad superior en virtud del monitoreo que él ordenó precisamente para verificar si era o no recuperable la lesión que generó tantas licencias médicas, todas las cuales, al decir del Dr. Jury," se encuentran justificadas ".

Por todo ello, es dable afirmar que la afectada cumplió con todo lo necesario para restablecer su salud en forma compatible para el desempeño de sus labores habituales, no siéndole imputable ninguno de los retardos ocurridos en los sucesivos tratamientos a que fue sometida durante o posteriormente al plazo que se le concedió, según se desprende del informe médico de fojas 159.

NOVENO: Que, entonces, el acto de declaración de salud incompatible debe responder no sólo a la facultad legal, que nunca ha estado en duda, sino además a una racionalidad que justifique el proceder del Director General, para que no derive en un acto arbitrario, como efectivamente ocurrió en la especie.

En efecto, desde que venció el término que permitía la declaración de salud irrecuperable, la misma autoridad había atendido y aceptado las circunstancias ajenas a la voluntad de la recurrente que demoraron su tratamiento, y declinando hacer la declaración que luego sí efectuó- que fue lo que motivo el presente recurso - estableció un plazo de seis meses para que la funcionaria se tratara y recuperara, para que luego se evaluara la posibilidad de que continuara en su función, acorde a su estado final de salud.

Pues bien, aunque ese plazo transcurrió, si nuevamente la falta o tardanza en la recuperación completa resultó ajena a su voluntad, según se colige de los informes médicos recabados por esta Corte, y si un estado de salud compatible con el servicio era recuperable, como en efecto lo era, según lo afirmado por su médico tratante del Hospital Dipreca, entonces nada cambió respecto de las circunstancias que motivaron la primera resolución N° 161, 8 de Mayo de 2015 ,que dispuso no ejercer la facultad de separar a la recurrente del cargo que desempeñaba. Pero, al proceder ahora de manera opuesta, al declarar su salud incompatible por Resolución N°128, de 27 de Febrero de 2016, el Director General obró de manera manifiestamente arbitraria, pues contradijo su propio predicamento que originariamente fue justo, prudente y razonable, manifestado en su primera decisión antes mencionada.

DECIMO: Que, en suma, si la salud de la recurrente estuvo afectada y se recuperó de su lesión, y si la demora en todo ello no le fue en absoluto imputable, no se advierte razón alguna para separarla del cargo y menos estimarse justificada la declaración de salud incompatible, puesto que efectivamente no es incompatible, si se entiende por salud el estado definitivo que ella puede alcanzar y que alcanzó efectivamente cuando terminó con éxito su tratamiento final, que , valga la redundancia, no fue demorado ni retardado por hecho ni culpa suya.

Esto hace que- como se dijo- el acto que la separó de su función sea completamente arbitrario, por más que no haya sido ilegal.

UNDECIMO: Que por obra de lo anterior, existen derechos constitucionales que fueron amagados con el acto que se impugnó. Desde luego, la salud física y psíquica de la recurrente, pues se acreditó con el informe médico que la situación laboral que motivó el reclamo incidió negativamente demorando su recuperación, siendo entendible que así haya sido, porque indudablemente el estado de ánimo tuvo que haberse afectado ante la amenaza cierta de tener que perder su trabajo, lo cual tiene una directa y hasta decisiva influencia en el curso de la recuperación de una enfermedad física cualquiera.

A lo anterior hay que agregar que la última declaración de salud incompatible, por sí misma tiene que haber afectado de modo directo la salud psíquica de la recurrente, que no tenía por qué ver en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible, según se explicó en los motivos precedentes .

DUODECIMO: Que, además, el acto impugnado atentó contra el derecho a la igualdad ante la ley, ello porque en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de personas que están en tratamiento médico con pronóstico de recuperable, cuando ellas no retardan maliciosa o culpablemente su propia mejoría.

En el presente caso, claramente se advierte el trato desigual de que fue objeto la recurrente, cuando en la primera ocasión el Director General se pronunció favorablemente en pro de su tratamiento y recuperación con miras a su reintegro, y posteriormente obró de forma opuesta, declarando su salud incompatible y luego la vacancia de su cargo, según consta a fojas 103. Esto último demuestra que esta vez la recurrente tuvo un trato injustificadamente desigual.

Del modo expuesto, este tribunal asume la convicción de que la actuación del Director General de Investigaciones fue completamente arbitraria al dictar la Resolución N° 128, de 27 de Febrero de 2016, por lo que se acogerá el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo establecido en los Artículos 19 N°2 y 9 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre la materia ,se declara I.- Que el presente recurso de protección no es extemporáneo.

II.- Que se rechaza el presente recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Contralor General de la República.

III.- Que se acoge el presente recurso de protección interpuesta por aquélla contra el Director General de Policía de Investigaciones de Chile , y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 128, de 27 de Febrero de 2016, de fojas 4, que declaró que ella presenta salud incompatible con el desempeño del cargo y todo lo que se hubiere obrado posteriormente con respecto a dicha resolución, ordenándose su inmediata reincorporación a las funciones que desempeñaba como Asistente Administrativa, grado 18, de la dotación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Rancagua, con el pago de sus remuneraciones devengadas si éstas no fueron solucionadas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte: 3134-2016 Protección.

Redactó el Abogado Integrante Sr Juan Guillermo Briceño Urra.

No firma el Ministro señor Michel González Carvajal, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.