RECURRENTE: EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A.. RECURRIDO: INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COLCHAGUA

SEQ CHAPTER \h \r 1Rancagua, veintiuno de marzo de dos mil catorce.

Vistos:

A fs. 23 y con fecha 21 de febrero del año en curso, comparece Emilio Omar Merhe Fernández, abogado, en representación de EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, representada por don nombre reservado y en contra del fiscalizador Félix Rodrigo Fuentes Jiménez, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su acción, en que con fecha 16 de enero del actual, con motivo de una fiscalización, se sancionó a su parte al pago de dos multas equivalentes a un total de 120 Unidades Tributarias Mensuales.

Dichas sanciones, se fundaron en el supuesto incumplimiento respecto al contrato de trabajo de dos trabajadores, reproduciendo el contenido de las respectivas actas de fiscalización, las que se resumen en que excluyó a ciertos trabajadores en el límite de jornada ordinaria de 45 horas y no llevar un registro de asistencia respecto de estos mismos trabajadores, infracciones que según los dichos del recurrente, se generan a partir de una interpretación del contrato, lo que implica un exceso evidente de la esfera de sus atribuciones.

Expone que el fiscalizador no constata una infracción laboral clara y precisa y determinada, sino más bien interpreta un contrato de trabajo, analizando su contenido y evaluando la procedencia de sus cláusulas.

Agrega, que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes de la relación laboral, entendieron que respecto a los trabajadores González y Vidal, concurren los requisitos para excluirlos de la jornada ordinaria de trabajo. Señala que las apreciaciones del fiscalizador son subjetivas y erradas.

Manifiesta que la situación descrita, vulnera el derecho contemplado en el inciso 4º, del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, el que asegura a todas las personas el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Finaliza solicitando, pidiendo que se dejen sin efecto las resoluciones de multa Nº 9965/14/4-1 y Nº 9965/14/4-2, y en general se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fs. 35, se tiene por interpuesto el recurso y se solicitó informe a los recurridos.

A fs. 48, informan los recurridos, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, señala que en el mes de diciembre del año recién pasado, se solicitó una fiscalización por parte del Sindicato en contra del recurrente. Así, se constituyó el fiscalizador Fuentes, el que constató, que no obstante que los trabajadores indicados en la multa desarrollan su función fuera de la empresa, están sujetos a supervisión, lo que corroboró con una entrevista con los trabajadores involucrados. Por lo anterior, señala que los trabajadores desempeñan sus funciones cumpliendo una jornada laboral, además de tener una fiscalización superior inmediata, por lo que estos, no eligen el lugar de prestación de servicios, horario de trabajo, ni forma de prestación de los mismos, sin que exista entonces un error en la aplicación de la multa.

Expone que su función es fiscalizar, reconociéndole la facultad de examinar y sancionar los incumplimientos en los que se incurra con motivo de la prestación de servicios sujetos a la legislación aplicable, por lo que la fiscalización está acompañada con la sanción. En el mismo orden de ideas, la propia institucionalidad, al reconocer las facultades de fiscalización y sanción, establece los órganos y procedimientos destinados al derecho de defensa de los particulares frente a los actos de la administración, no siendo el recurso de protección la vía idónea para ello.

Depone de porqué concluyó que en la especie no se respetaba el límite de jornada, y qué se debe entender por “supervisión superior inmediata”, según la Dirección del Trabajo.

Por lo anterior, expone que no estamos ante un acto arbitrario, ya que las resoluciones que impusieron la multa, no tienen el carácter de arbitrarias, ya que han sido razonadas y fundadas en la constatación de hechos.

Cuestiona, la admisibilidad del recurso, pues lo debatido posee acciones ordinarias, siendo lo discutido no un derecho fundamental, sino más bien la procedencia o improcedencia de la multa aplicada, atendido los hechos en que se funda. Además, expone que apreciar la prueba según las reglas que establece el Auto Acordado que regula el presente recurso, no puede significar que se diluya la presunción de veracidad establecida en el artículo 23 del DFL Nº 2 de 1967, siendo, a su juicio, imprescindible para desvirtuar tal presunción la existencia de un juicio de lato conocimiento.

Informa, que la Dirección del Trabajo, no ha invadido el ámbito reservado a la jurisdicción, constituyéndose en una comisión especial y sólo ha ejercido las facultades que la propia ley le reconoce, sin que las resoluciones de multas administrativas sean el ejercicio de una actividad jurisdiccional.

A fs. 54, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

1. Que, como cuestión previa conviene hacerse cargo de las alegaciones del recurrido, en cuanto a la procedencia y admisibilidad de la acción. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala, en lo que nos interesa, que el recurso de protección procede "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el afectado) ante la autoridad o los tribunales correspondientes", de manera que la circunstancia que existan procedimientos de reclamo establecidos en el Código Laboral no es óbice para deducir la acción que nos convoca. En cuanto a la presunción de veracidad que emana de los hechos constatados por el Inspector del Trabajo, se ha dicho en otras oportunidades, tanto por las distintas Cortes de Apelaciones como por la Excma. Corte Suprema, que las facultades legales de la Inspección del Trabajo, como ente fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales, deben ejercerse sólo cuando se sorprendan claras infracciones a las referidas disposiciones, de modo que si se denuncia que la labor de fiscalización se excedió en este límite, claramente la presente acción resulta procedente.

2. Que en cuanto al fondo del asunto, aparece de los antecedentes que la Inspección del Trabajo ha procedido a imponer determinadas multas administrativas por estimar que la recurrente no cumplió con las disposiciones legales relativas al horario de los trabajadores que laboran en sus dependencias.

3. Que, sin embargo, teniendo a la vista los correspondientes contratos de trabajo de cada uno de los trabajadores en los que se constató la existencia de la infracción que impuso la multa, en ellos se observa que en atención a sus particulares funciones de vendedores en terreno que ellos ejercen, se encuentran excluidos de la limitación de jornada de trabajo a que se refiere el artículo 22 del Código del Ramo.

4. Que, de esa forma, al imponerse la multa en las condiciones ya referidas en la parte expositiva de ésta sentencia, la Inspección del Trabajo objeta esa modalidad concreta de contratación, esto es, estima que esta dentro de sus facultades evaluar una determinada situación de tipo laboral, imponiendo su particular criterio.

5. Que, resulta pertinente destacar, que de acuerdo con la naturaleza de las labores que cumplen los trabajadores y que realizan fuera del recinto físico en donde tiene su sede su empleadora-recurrente, resulta lógico que se encuentren exentos de cumplir una jornada laboral ordinaria, por lo que al imponer la Inspección del Trabajo un determinado criterio en cuanto a una jornada laboral, sin considerar que el propio artículo 22 establece algunas excepciones a una jornada de trabajo ordinaria, y habiéndose expresado de esa forma en el respectivo contrato de trabajo, resulta que se ha extralimitado en sus facultades, al imponer un criterio que va mas allá de la propia voluntad de las partes, quienes tienen autonomía suficiente para suscribir otras modalidades en cuanto al horario.

6. Que, así las cosas la Inspección del Trabajo ha procedido a actuar como un verdadero Tribunal del Trabajo, quien es el único que tiene la facultad exclusiva y excluyente de interpretar las normas laborales en un caso concreto y determinado y que corresponda a su conocimiento, toda vez que ha impuesto una multa sin haber escuchado a los afectados por ella, actuando como una verdadera comisión especial en que procede a calificar una determinada situación laboral sin escuchar a las partes involucradas.

7. Que en virtud de las consideraciones anteriores, y al haberse establecido que los recurridos han infringido la garantía constitucional ya mencionada, con la dictación de la resolución objeto de este recurso, la acción constitucional interpuesta será acogida.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se Acoge el deducido en lo principal de fs. 23 por Emilio Omar Merhe Fernández, abogado, en representación de EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A, dejándose sin efecto las resoluciones de multas administrativas signadas bajo los números 9965/14/4 - 1 (por 60,00 Unidades Tributarias Mensuales) y la 9965/14/4 – 2 (por 60,00 Unidades Tributarias Mensuales).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte: 308-2014 Civil.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Señores Ministros Titulares Fernando Carreño Ortega, Ricardo Pairicán García y Carlos Farías Pino.

Paola González López Secretaria En Rancagua, a veintiuno de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.