nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE RENGO

C.A. de Rancagua Rancagua, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 21 de agosto de 2023 comparece nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Rengo, representada por su alcalde Carlos Soto González y, en contra del Departamento de Educación de la comuna de Rengo, representada por nombre reservado, por haber vulnerado sus derechos contemplados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, a fin de que esta Corte adopte las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y se asegure la debida protección de su persona.

Fundó su solicitud contextualizando que con fecha 12 de marzo del año 2018, comenzó a prestar funciones para la I. Municipalidad de Rengo, como trabajadora social, cumpliendo actualmente sus servicios en el establecimiento educacional Huilquío El Cerrillo de la comuna de Rengo, y que en todo este tiempo ha cumplido sus funciones de manera satisfactoria y sin mantener dificultad alguna con su empleador. Sin embargo, con el ingreso del director subrogante don nombre reservado, la situación y condiciones laborales se tornaron bastantes complicadas y difíciles de sobrellevar. Pues bien, las actitudes del director coartaban su libertad personal, ejerciendo sobre la recurrente presión constante, no en relación a su trabajo, sino que a situaciones completamente cotidianas y sumamente personales, llegando a incomodarle profundamente, tanto en su integridad física y psicológica, mermando en consecuencia sus oportunidades en el empleo. Agrega que los hostigamientos, al comienzo verbales, se tornaron en físicos, es así, que a comienzos del año 2019, estaban preparando la fiesta del día del profesor, cuando el director la toma por la fuerza de su suéter, y le zamarrea, indicándole de manera ofuscada, mientras la sostenía ¡¿hasta cuándo, tomas té?! Refiere que esta situación fue presenciada por distintos compañeros de trabajo y profesoras, que se encontraban en el lugar, lo que le provoco una crisis de angustia descontrolada, por no saber afrontar la situación, circunstancia por la cual, terminada la jornada, y luego de llantos incontrolables y crisis emocional, decide ir al doctor, el cual, le otorga licencia médica por lo sucedido.

Arguye que luego del episodio relatado, al reintegrarse a sus funciones el hostigamiento aumentó, ya que el director no le dirigía la palabra, la menospreciaba cada vez que podía, aislándola en su lugar de trabajo, sin otorgarle funciones que ejecutar, efectuando maltrato verbal periódicamente y burlándose frente a sus compañeros de trabajo, quitándole incluso el saludo. Hace presente que dichos maltratos cesaron durante el tiempo de pandemia, ya que no mantenían contacto por no encontrarse trabajando de manera presencial, pero que una vez de vuelta a ésta modalidad de trabajo a fines del año 2021, los hostigamientos continuaron, incluso frente a sus compañeros de trabajo, por ejemplo señalándole entre risas “oye Natalia te tengo trabajo para hoy, para que hagas algo”.

Indica que con el retorno a clases, empeoraron las acciones mencionadas las cuales consistían en, sin que la enumeración sea taxativa, en impedirle el ingreso a los consejos del colegio; no le entrega labores que realizar, es decir, derivaciones cualquiera sea su índole (asistencia, vulneración de derechos, convivencia escolar); le cambia arbitrariamente su horario de trabajo; su espacio y lugar de trabajo lo cambia, dejándole sin un lugar físico, ya sea sin escritorio u oficina para desempeñar sus funciones, otorgándole la calidad de itinerante; le encomienda labores de aseo y ornato en el colegio; no permite intervenir en su trabajo, ni efectuar trabajos con los alumnos, es decir le coartan sus funciones laborales; se burla constantemente de la actora, señalando que no hace nada, situación que él ha propiciado, al prohibirle ejercer sus funciones de intervención escolar; maltrato verbal y psicológico constante y burlas hacia si persona; amenazas constantes de despido, y desacreditación frente a sus compañeros de trabajo y jefes directos; nula respuesta a la denuncia formal efectuada, en contra del director, refrendando actos de discriminación y trato desigual, actos prohibidos por las leyes laborales; omisión frente al hostigamiento; no tomar medidas preventivas, lo que le desencadenó cuadro de estrés y psiquiátrico; incumplimiento de su rol de garante; amenazas de despido, al efecto, respecto al último punto, su empleador, le infunde intencionalmente la incertidumbre de la continuidad del trabajo, con constantes amenazas de despido, excluyéndola arbitrariamente de las reuniones de trabajo, en las que antiguamente participaba activamente, en su calidad de trabajadora social, generando menoscabo y humillación hacia la recurrente; hechos que han implicado un programado, constante y sistemático hostigamiento, por parte del director subrogante, cuya finalidad es desprestigiarla como trabajadora, por simple animadversión, situación que excede a las atribuciones de todo empleador, constituyendo actos arbitrarios y vulneratorios de derechos fundamentales.

Informa que producto de todo lo referido, tomó la decisión de interponer demanda por tutela laboral, correspondiendo a la causa Rol T- 12-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rengo, encontrándose la causa actualmente en estado de fallo.

Explica que su último día laboral fue el día 30 de marzo del año 2022, en que se acercó a conversar con el jefe de Recursos Humanos, nombre reservado, a quien le contó todo lo sucedido, quien le escucha y sugiere que acuda a la Mutual de Seguridad, para que la evalúe un profesional, ya que la notó muy afectada emocionalmente, por lo que acudió a la mutualidad mencionada, otorgándosele dos meses de licencia médica. Añade que después de ello no se sentía en condiciones de volver a trabajar y redactó una carta que presentó con fecha 4 de abril de 2022, pidiendo ser trasladada a otro establecimiento educacional, de la que nunca le dieron respuesta hasta la fecha de interposición del recurso, sino que por el contrario, se instruyó un sumario administrativo mediante Decreto N° 530, de fecha 29 de abril de 2022, en contra del director de ese entonces don nombre reservado, por situaciones de maltrato y agobio laboral, sumario que hasta la fecha de su presentación no estaría resuelto, transcurriendo más de 15 meses sin resultados a ese sumario, existiendo desproporcionalidad en el actuar por parte del recurrido.

Refiere que al volver a trabajar pidió dos días de permiso administrativo, los que le fueron negados y además, se le instruyó un sumario administrativo y se le sumó una tercera jornada de trabajo, en circunstancias de que sus horas laborales siempre fueron distribuidas en dos jornadas, o días de trabajo a la semana. Que como consecuencia de esto, con fecha 20 de julio de 2023 fue notificada de manera presencial que el recurso de reposición que había realizado al sumario no fue acogido, notificándole que el Decreto N° 622 de fecha 19 de abril de 2023 debe hacerse efectivo, en el cual le aplican como sanción el término de la relación laboral, por “sus inasistencias reiteradas, y contravenir los deberes de eficiencia y eficacia”, negándole así su derecho a defensa, lo que constituiría una vulneración de la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Arguye que no mantuvo derecho a defenderse en el sumario incoado dado que este nunca le fue notificado, constando únicamente en aquél un comprobante de envío de carta certificada, en circunstancias de que vive en un sector rural, por lo que la misma nunca le llegó; agregando que se le remitió con la misma fecha de la carta certificada un correo electrónico, citándola a declarar, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley N° 18.883, que dispone que dichas notificaciones deben efectuarse de manera personal, y si el funcionario no es habido dos días se debe hacer por carta certificada, pudiendo colegirse de la lectura del sumario que acompaña, que no hubo siquiera un intento de búsqueda o comunicación para notificarle personalmente; aprovechando su empleador que a esa fecha, 14 de febrero de 2023, se encontraba la recurrente haciendo uso de su feriado legal, por lo que no pudo ver su correo sino hasta dos días después, respondiéndolo e informando al investigador que nueve días más tarde tendría audiencia de juicio en la causa por tutela laboral y además retornaría a sus funciones luego de su feriado, y que ocurrido aquello estaría disponible para entregar todos los antecedentes que la respaldan; respondiéndole el investigador el correo de manera casi inmediata, señalándole que el feriado legal sólo la facultada para ausentarse de su trabajo, pero no del sumario administrativo, por lo que igualmente fue citada a entregar toda la información para el día siguiente, 17 de febrero de 2023, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, comunicación de la cual se puede evidenciar la intención maliciosa de perjudicarle, amedrentándola emocionalmente y dejarla sin derecho a defensa, vulnerándose así el debido proceso y su derecho a defensa y la igualdad ante la ley, como lo establece el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, al otorgársele un día para presentar su declaración bajo la amenaza que si no lo hacía, se tendría por no presentada, como se acredita con los correos electrónicos que acompaña, pero sin su firma, ya que no se realizó presencialmente, y posteriormente sin poder formular los respectivos descargos para tener la oportunidad de alegar su inocencia a los cargos que se me imputaban.

Señala que este sumario sólo busca ser el resultado de represalias por su juicio de tutela que aún no se encuentra con sentencia y también el propósito de la destitución es dejarla sin las indemnizaciones que por ley le corresponden, por cuanto se encuentra contratada bajo las normas del Código del Trabajo. Obedece así el sumario a una represalia en su contra, por cuanto es el propio demandado en la causa por tutela, quien le aplica la sanción, luego de la denuncia en su contra.

Manifiesta que siendo los actos objeto del presente recurso la Resolución Decreto N° 1050 (MD) de Rengo de 5 de julio de 2023, junto al Decreto Alcaldicio N° 622 de fecha 19 de abril de 2023 y; la notificación del Sumario de fecha 14 de febrero de 2023, del que recién tomó conocimiento el día 16 de febrero de 2023, estando en periodo de feriado legal; actos que en su conjunto fueron puestos en su conocimiento con fecha 20 de julio de 2023, según constancia que acompaña y; si bien y agotados los recursos normales que un particular posee y sobre todo al negársele su derecho a defensa, es que se recurre a la institución del recurso de protección, porque se requiere de una reparación rápida y eficaz de la situación de vulneración que vive la actora.

Asimismo, señala que denuncia el aspecto de “su derecho de propiedad sobre su trabajo” ha sido vulnerado, dado que todo lo ya referido ha llevado a su perjuicio emocional, su integridad física y psíquica, por todo lo que ha significado las diversas persecuciones y que constan en el juicio de tutela que aún se encuentra pendiente.

Finalizó solicitando, previas citas legales, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de protección, admitirlo a tramitación, declarando ilegal y arbitrario el actuar denunciado, acogiéndolo y en definitiva, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a los recurridos, a lo menos, dejar sin efecto la Resolución N° 1050 de fecha 05 de julio de 2023 y Decreto N° 622 de fecha 19 de abril de 2023 y notificada la recurrente con fecha 20 de julio de 2023, que determinó el rechazo del recurso de reposición en contra del decreto Alcaldicio N° 622 ”, ordenando su reincorporación y renovación por todo el año 2023 o, en su defecto, el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido al haber continuado en su cargo y; toda otra medida que esta Corte estime pertinente. Todo lo anterior con expresa condena en costas.

Con fecha 8 de septiembre de 2023 comparece Ricardo Zúñiga Lizama, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Rengo, quien informando al tenor del recurso, solicitó su rechazo, con costas.

Indica que la recurrente tiene pendiente con la recurrida un juicio de tutela laboral seguido ante el Juez del Trabajo de Rengo, tal como lo menciona en su recurso, y en este juicio se ha dictado sentencia desfavorable para aquella, pues no acreditó ninguno de los hechos que lo fundaban y que son los mismos que menciona en la primera parte de este recurso, con el fin de hacer verosímil un clima de hostilidad y de afectación de sus derechos fundamentales que en la realidad no ha existido jamás, lo que le permite sostener fundadamente que la recurrente falta a la verdad en el relato de los hechos expuestos en la primera parte de su recurso.

En cuanto al término del contrato de trabajo de la recurrente, expresa que es efectivo que se puso fin a su contrato por las causales indicadas en los documentos que acompaña y que son los mismos que la actora acompañó en su acción de protección; pero en ningún caso se vulneró con esta decisión, alguna garantía constitucional de la recurrente, en especial aquellas contenidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución.

Refiere que por último, y no menos importante, hace presente que la naturaleza excepcionalísima de esta acción de protección, obliga sólo a utilizarla en los casos en que el recurrente no tenga otras acciones legales de competencia de los tribunales ordinarios de justicia, para revisar y calificar los hechos que denuncia, pero en este caso, la recurrente cuenta con las acciones de despido injustificado y la acción de tutela de derechos fundamentales de competencia del juez del trabajo, para obtener la correcta protección de sus derechos, por lo tanto, este recurso debe rechazarse, con costas.

Finalmente, con fecha 12 de octubre de 2023, se prescindió del informe solicitado al recurrido Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Rengo, por no haber sido remitido en tiempo y forma.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que la acción de protección establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas, que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

2° Que el acto recurrido, consiste en la Resolución Decreto N° 1050 (MD) de Rengo de 5 de julio de 2023, junto al Decreto Alcaldicio N° 622 de fecha 19 de abril de 2023 y; la notificación del Sumario de fecha 14 de febrero de 2023; mediante los cuales se habría tramitado un sumario administrativo contra la recurrente sin respetar el derecho al debido proceso, y que habría culminado con la decisión arbitraria e ilegal de poner término a su relación laboral con la recurrida.

3° Que la recurrida I. Municipalidad de Rengo ha solicitado el rechazo de la presente acción, indicando que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, si bien es cierto lo referido por la recurrente, en cuanto a la existencia de una causa por tutela laboral y de un sumario administrativo seguido contra la actora que culminó con el término de su relación laboral; en este último se cumplieron todas las formalidades y, en aquella se dictó sentencia desfavorable a la recurrente, por no haberse acreditado los hechos denunciados.

4° Que, examinada la materia sometida a la decisión de esta Corte, ésta excede los límites de la acción de protección, que como sabemos, ha sido concebida como un medio rápido, expedito y eficaz, cuya brevedad le ha dotado de momentos jurisdiccionales breves, concentrados, que no permiten etapas de discusión, prueba y sentencia, en la cuales las partes puedan realizar una discusión que asegure en materias de mayor complejidad, como la presente de índole esencialmente laboral, formar opinión acabada y completa a los sentenciadores, mediante el examen pormenorizado de pruebas e incluso, como en algunos procedimientos ocurre, con llamados a conciliar el conflicto.

5° Que, sin perjuicio de lo anterior, del atento estudio del informe evacuado por la recurrida, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos. De esto se sigue que la presente acción no puede ser resuelta por esta vía, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, indiscutible e incontrovertible, situación que no ocurre en autos al estar cuestionados todos y cada uno de sus fundamentos.

Así las cosas, el recurso no puede prosperar, porque el asunto es de lato conocimiento.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, que regula la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Rengo, y el Departamento de Educación de la comuna de Rengo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 3047-2023 Protección.-