Protección contra recurrente se le informó la denuncia
- Fecha
- 22 de marzo de 2024
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 3015-2023, sentencia de 22 de marzo de 2024
Resumen
Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Rancagua: la orden de demolición se ajusta a derecho porque los cercos ocupan un bien nacional de uso público destinado a área verde, excediendo el loteo aprobado.
Texto íntegro
Rancagua, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.
VISTOS:
Con fecha 10 de agosto del 2023, comparecen don nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, doña nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, doña nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, doña nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y doña nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado.
Señalan lo siguiente: “A través de la presente carta queremos exponer nuestro caso, somos un de familia los cuales debido a la demolición de nuestra antigua viviendas (población Vicuña Mackena) se nos concedió un subsidio como compensación a esto, llegando a comprar la vivienda que habitamos actualmente ubicada en la población Jorge Alessandri, en este proceso de compra SERVIU se hizo cargo de la compra y por ende también se hizo cargo de que todas las viviendas estuvieran legalizadas”.
Añaden “que con el paso del tiempo y a raíz de una denuncia hacia nosotros, llegó una orden de demolición dándonos cuenta que nuestro ante jardín no estaba regularizado ya que estos debían ser parte de un área verde lo cual siempre fue un sitio eriazo, esto traía consecuencias y ponía en riesgo las familias que habitaban antiguamente lo que provoco que se tomara el terreno anteriormente mencionado”.
Solicitan “acoger este recurso de protección para que se revisen los escritos provenientes de bienes nacionales, los cuales han sido enviados seis veces (desde el año 2022-hasta la fecha) sin ninguna respuesta por parte de la municipalidad de Rancagua, también se solicita la paralización de las ordenes de demolición, esto nos permite tener más tiempo para la regularización de esta situación”.
Que para tal efecto acompañó decreto número 2334/2023 de la Ilustre Municipalidad de Rancagua que ordena la demolición al no tomar la línea de cierro del costado norte de su propiedad, en donde actualmente se está ocupando un bien nacional de uso público (con destino área verde) del predio ubicado en domicilio reservado.
Con fecha 21 de septiembre de 2023 comparece nombre reservado, abogado, por la parte recurrida Ilustre Municipalidad de Rancagua.
Señala que tal como indica el documento acompañado por la recurrente, la Ilustre Municipalidad de Rancagua ordena demolición, referente al no tomar la línea de cierro del costado Norte de la propiedad de acuerdo al Plano de Loteo aprobado por la Dirección de Obras, en donde actualmente se está ocupando un Bien Nacional de Uso Público (con destino área verde), manteniendo cierros a la fecha del predio ubicado en domicilio reservado, en virtud del artículo 148-2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Precisa que en cuanto a la propiedad de doña nombre reservado, que corresponde al predio ubicado en domicilio reservado, notificándose al menos en tres ocasiones a la recurrente que el cerramiento efectuado implica ocupar un Bien Nacional de Uso Público, vulnerando la línea oficial indicada en el loteo aprobado por la misma Dirección y en consecuencia se informa que deberá hacerse la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Policía Local y paralelamente se procederá a dictar el decreto de demolición correspondiente. Dichas notificaciones corresponden a las siguientes: - Notificación N° 032 de fecha 12 de mayo de 2021. - Notificación N° 032 de fecha 17 de agosto de 2021. - Notificación N° 032 de fecha 12 de octubre de 2021.
Manifiesta que la Dirección de Obras procede a hacer la denuncia en el Juzgado de Policía Local, tal como consta en denuncia N° 76 de fecha 13 de diciembre de 2021.
Expresa que de los antecedentes, resulta que este procedimiento de notificaciones y orden de demolición responde a requerimiento de la Seremi de Bienes Naciones, quien en Ordinario N° 393 de fecha 22 de marzo de 2021 informa a la Dirección de Obras que vecinos procedieron a cercar área verde, entre otros aspectos. Esta solicitud se funda en que de conformidad a lo dispuesto en la letra c) del artículo 5 de la ley N° 18.695 le corresponde a la municipalidad la administración de estos bienes nacionales de uso público, requiriendo inclusive que se informe a la brevedad las acciones que realice la Municipalidad.
Sostiene que de esta manera la Seremi fue quien, de conformidad a la legalidad, solicita a la autoridad competente que ejerza las acciones para dar cumplimiento estricto a la legislación vigente.
Sostiene el actuar de la Municipalidad, no resulta arbitrario ni menos aún ilegal, toda vez que se encuentra estrictamente ceñido a la normativa vigente, precisando que la misma Seremi en su oficio indica que el área afectada no se trataría de un inmueble de su competencia, sino que la mantención y cuidado del mismo corresponde a la Municipalidad de conformidad a lo dispuesto en la letra c) del artículo 5 de la ley N° 18.695.
Refiere que en virtud de esta misma norma, de la inspección realizada por la Dirección de Obras Municipales y habiendo verificado el cerramiento de una bien nacional de uso público, se procede a ejercer las facultades que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su Artículo 148 N° 2, el cual disponer que “el Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos: 2.- Obras que se ejecuten fuera de la línea de cierro o en bienes de uso público, sin la autorización correspondiente”.
Afirma que de acuerdo a lo expuesto, resulta claro que el actual de la Ilustre Municipalidad de Rancagua se ajusta a derecho, se ha ejercido dentro de la esferas de sus facultades y actuando de conformidad al procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de corregir una infracción urbanística, la cual a mayor abundamiento, fue solicitada por otra entidad estatal, a saber, Seremi de Bienes Nacionales.
Así, además de ser un acto encuadrado en la legalidad, también no es posible encuadrar dicho acto dentro de la arbitrariedad y así queda constancia que del procedimiento iniciado en contra de la recurrente se le informó la denuncia, se le notificó en tres ocasiones la irregularidad cometida e incluso se informó de la respectiva denuncia ante el Juzgado de Policía Local.
Reitera que el procedimiento se ha encuadrado en la legalidad, respondiendo al requerimiento de otra institución, verificando la denuncia, informando la misma y remitiendo los antecedentes por las vías adecuadas y establecidas en nuestra legislación, todo lo que termina en el decreto que ordena la demolición correspondiente.
Concluye señalando que no se aclara qué derechos serían vulnerados y más bien pretende por medio de este recurso paralizar un procedimiento que ha comenzado el año 2021.
Con fecha 23 de octubre de 2023 informa nombre reservado ZUÑIGA PIÑA, juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua.
Indica que se presentó denuncia respecto de doña nombre reservado con motivo de: “No cumplir con lo instruido por el Director de Obras, referente a no haber tomado la línea de cierro del costado norte de su propiedad de acuerdo al plano de loteo aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Rancagua, ocupando por ello un bien nacional de uso público y mantener cierros en predio ubicado en domicilio reservado.
Agrega que la referida denuncia dio lugar a la causa Rol N° 250.953 ingresa con fecha 13 de diciembre de 2021, y por la que doña nombre reservado quedo citada para concurrir a audiencia al tribunal con fecha 17 de diciembre de 2021, a la que no concurrió. Ante su rebeldía, se le cito a audiencia de prueba para el 25 de enero de 2022, la que a su vez fue suspendida a petición de la referida denunciada, fijándose como nueva fecha el día 28 de marzo de 2022, fecha a la que no compareció.
Expresa que atendido al mérito de autos, el 28 de marzo de 2022, se dictó sentencia en la que fue condenada al pago de una multa de 3 UTM, sentencia que fue debidamente notificada, efectuándose el pago de la misma el 25 de mayo de 2022 dando termino a la causa.
Con fecha 15 de enero de 2024 informa nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Indica que el art. 64 del decreto ley 1939, señala que: “Por decreto dictado a través del ministerio podrán afectarse bienes inmuebles fiscales al uso público. Asimismo, por razones fundadas podrán desafectarse de su calidad de uso público determinados inmuebles. ...” y en el presente caso no existe solicitud de desafectación en trámite, sin embargo, es dable la posibilidad de dar inicio al trámite para lo cual se debe concurrir a la Secretaria Regional Ministerial con el objeto de instruir a los interesados y dar curso al trámite ya señalado.
Añade que bajo ésta perspectiva, se han realizado reuniones con los afectados y al mismo tiempo con el Municipio, para efectos de generar un trabajo coordinado, que permita avanzar con el trámite correspondiente de Desafectación, cumpliendo los requisitos indispensables, que dicen relación con la autorización de la Dirección de Obras Municipales.
Expresa que los recurrentes, plantearon su problemática ante ésta Seremi de Bienes Nacionales, y se les dio a conocer el mecanismo de Desafectación, sus implicancias y requisitos, del mismo modo, se le comento la inviabilidad de aplicar el D.L 2695, de saneamiento de la pequeña propiedad raíz, para regularizar los inmueble, por tanto no cumple con los requisitos legales, por encontrarse asentados en un Bien Nacional de Uso Público. Agrega que el inmueble objeto de análisis no reviste la calidad de inmueble fiscal, por tanto, hace dable la posibilidad de desafectación del mismo.
Indica que habiéndose consultado en nuestros registros catastrales de Bienes de Dominio Fiscal, éste, no resulta inscrito a favor del Fisco, por lo que la calificación que realiza la Dirección de Obras Municipales, del inmueble, y el análisis que pueda realizar sobre la eventual prescindencia del mismo, en concordancia con sus instrumentos de planificación territorial, resultan relevantes para actuar como Ministerio de Bienes Nacionales, con el análisis del proceso administrativo pertinente, de Desafectación.
Señala que en base a lo anterior es que se ha consultado vía oficio la calidad del inmueble y las gestiones que se han realizado sobre él, nunca ha existido una animosidad distinta a la que contempla el D.L 1939, en artículo primero inciso segundo y el Ministerio ejercerá las atribuciones que esta ley le confiere respecto de los bienes nacionales de uso público, sobre los cuales tendrá, además, un control superior, sin perjuicio de la competencia que en la materia le asignan leyes especiales a otras entidades.
Complementa su informe con fecha 1 de marzo de 2024 y señala que la solicitud de los vecinos de la población Alessandri, fue ingresada a la oficina de partes con los folios 37687-37935-37936-37937-37938-37940 y 37941, Conductor 610826-613801-613802-613803-613804-613806-613809-613810, respectiva (Enumeración interna de seguimiento).
Añade que no fueron iniciadas legalmente como expedientes de desafectación, porque primero se debe contar con la información de confirmación de la DOM de Rancagua, ya que de acuerdo a los datos proporcionados por los vecinos solicitantes, existía una orden de demolición en curso sobre el inmueble.
Indica que una vez que se obtuvo esa confirmación por la DOM, y un informe de que estaría resolviendo el proceso de demolición de las mejoras introducidas en el lugar, fueron notificados del informe negativo de ese servicio cada uno de los solicitantes de esta situación, a los domicilios registrados en la presentación y que en virtud de esa información (DOM), no se ingresaron como expedientes de desafectación, estando los antecedentes para su archivo, sin más tramite.
Finaliza señalando que la Seremia de Bienes Nacionales que informa da a conocer que existiendo la voluntad favorable de la DOM y los requisitos legales propios del DL 1939 puede procederse con la tramitación o apertura de un expediente de desafectación por el predio individualizado en autos.
El 29 de febrero de 2024 comparece la nombre reservado señalando que no dispone de los antecedentes suficientes y necesarios para evacuar informe acerca de si se ha iniciado o no un proceso de desafectación del inmueble materia de autos.
El 4 de marzo de 2024 comparece por la recurrida I. Municipalidad de Rancagua don nombre reservado quien informa que consultados los antecedentes en los registros de la Municipalidad de Rancagua, no constan nuevos expedientes que informar, distintos a los que conforman decreto exento 2334-2023, sin registrar ingresos para desafectación en la zona donde se ubica Población Alessandri.
En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.
1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.
2° Que, conforme a la documentación acompañada por la recurrente, el hecho que motiva la interposición de la presente acción es el decreto número 2334/2023 de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, que ordena la demolición del predio ubicado en domicilio reservado, propiedad de nombre reservado, por no tomar la línea de cierro del costado norte de su propiedad, en donde actualmente se está ocupando un bien nacional de uso público (con destino área verde). Además, dicho proceso de demolición afectaría también a la nombre reservado, por el mismo motivo.
3º Que, del atento estudio de los informes evacuados por las Instituciones recurridas, resulta que este procedimiento de notificaciones y orden de demolición emitido por la Ilustre Municipalidad de Rancagua, responde a requerimiento de la Seremi de Bienes Naciones, quien en Ordinario N° 393 de fecha 22 de marzo de 2021, informa a la Dirección de Obras que vecinos procedieron a cercar un sector destinado a área verde. Esta solicitud se funda en que de conformidad a lo dispuesto en la letra c) del artículo 5 de la ley N° 18.695, le corresponde a la municipalidad la administración de estos bienes nacionales de uso público, requiriendo inclusive que se informe a la brevedad las acciones que realice la Municipalidad.
Posteriormente, consta comunicación enviada por nombre reservado, director subrogante de la inspección de obras de la municipalidad recurrida quien, al menos respecto de la nombre reservado, “solicita al alcalde se dicte Decreto de Demolición, según el Artículo 148-2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, referente a no tomar la línea de cierro del costado norte de su propiedad, de acuerdo al plano de Loteo aprobado por esta Dirección de Obras, en donde actualmente se está ocupando un Bien Nacional de Uso Público (con destino a área verde), manteniendo cierros a la fecha, del predio ubicado en domicilio reservado, de propiedad de la Sra. nombre reservado”.
4º Que, cabe señalar que el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, establece que el Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, en los siguientes casos: “2.- Obras que se ejecuten fuera de la línea de cierro o en bienes de uso público, sin la autorización correspondiente”.
Así las cosas de la atenta lectura de los antecedentes y documentos agregados al recurso, consta que se dio cumplimiento al artículo recién referido, apareciendo, al menos respecto de una de las recurrentes, el informe del Director (S) de la inspección de obras, dirigido al alcalde y que se ha dictado el decreto de demolición objeto de este recurso.
5º Que, conforme a lo expuesto, no ha existido ninguna conducta ilegal o arbitraria que pueda atribuirse a la recurrida, pues, en primer término, debemos señalar, como elemento fundamental en esta discusión, que los cercos de los recurrentes no tomaron la línea de cierro de acuerdo al plano de Loteo aprobado por la Dirección de Obras, ocupando actualmente un Bien Nacional de Uso Público (con destino a área verde) definido como "aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales- de uso público o bienes públicos. ..." (Art. 589 Código Civil). La naturaleza jurídica de este tipo de bienes indica que su utilización debe estar abierta a toda la comunidad, circunstancia que en este caso parece no se ha cumplido, desde que los propios recurrentes admiten en su escrito que “dándonos cuenta que nuestro ante jardín no estaba regularizado ya que estos debían ser parte de un área verde, lo cual siempre fue un sitio eriazo, esto traía consecuencias y ponía en riesgo a las familias que habitaban antiguamente lo que provocó que se tomara el terreno anteriormente mencionado”, practicándose en los hechos una verdadera apropiación del bien nacional de uso público que carece de justificación.
6º Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta claro que el actuar de la recurrida Ilustre Municipalidad de Rancagua se ajusta a derecho, ya que la dictación de la orden de demolición se ha ejercido dentro de la esfera de sus facultades y actuando de conformidad al procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de corregir una infracción urbanística, la cual fue solicitada por otra entidad estatal, a saber, la Seremi de Bienes Nacionales mediante Ordinario N° 393 de fecha 22 de marzo de 2021.
Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Rancagua.
Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.
Rol Corte 3015-2023 Protección.